La actual crisis política en Colombia ha dado pie a duros enfrentamientos entre la policía y manifestantes en las grandes ciudades del país. Pero las medidas tomadas por las fuerzas de seguridad podrían tener un grave impacto en su legitimidad para enfrentar a grupos criminales en el futuro.
El 5 de abril, el gobierno anunció un controvertido plan de reforma tributaria. Luego de semanas de debate, el 28 de abril miles de personas salieron a las calles para declarar un paro nacional. La respuesta violenta de la policía, y de civiles armados que presuntamente atacaron a los manifestantes, deja hasta el momento por lo menos 47 muertos entre el inicio del paro y el 9 de mayo, según la organización de la sociedad civil Temblores, dedicada al activismo social.
Aunque el presidente Iván Duque retiró el proyecto de ley, la violencia policial no ha parado. Además, el presidente ordenó el despliegue de tropas del ejército en las calles de varias ciudades para contener a los manifestantes. Las denuncias de brutalidad policial son pan de cada día en Twitter e Instagram, con videos en los que pueden verse ataques desproporcionados de las fuerza pública contra civiles.
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La policía de Colombia ha enfrentado una larga lista de denuncias de abusos en los últimos años. En noviembre de 2019, en medio de otra fase del descontento social y político en el país, la represión violenta de las protestas también ocasionó varias muertes, entre las que se destaca la del joven de 17 años Dilan Cruz, quien recibió un tiro en la parte posterior del cráneo.
La policía también ha sido asociada con violencia contra migrantes venezolanos, uso excesivo de fuerza y detenciones arbitrarias, según Human Rights Watch.
Análisis de InSight Crime
El uso generalizado de abusos de fuerza por parte de la policía colombiana, que muchas veces terminan con lesiones o la muerte de miembros de las comunidades más vulnerable del país, ya ha socavado la legitimidad de la institución para ejecutar operativos contra amenazas más graves para la seguridad nacional.
En años recientes, la policía colombiana ha tenido una participación activa en la lucha contra el narcotráfico y la investigación de asesinatos de excombatientes guerrilleros y líderes sociales. Incluso se presentó como modelo internacional para otros cuerpos de policía y ha asesorado a sus contrapartes en otros lugares del mundo.
Pero la percepción del público colombiano sobre la policía, y también sobre el ejército, se ha desplomado. En junio de 2020, una encuesta de Gallup, citada por el periódico El Espectador, halló que la aprobación de la policía bajó de 75 a 40 por ciento en un año, luego de las protestas de 2019. Los repetidos escándalos llevaron la buena reputación del ejército de 85 a 48 por ciento, y dada la actual situación es poco probable que esto mejore.
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Esto hará mucho más difícil para la policía y el ejército, así como para sus comandantes, generar confianza frente a la delicada y compleja tarea que Colombia requiere en materia de seguridad. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) se ha convertido en uno de los grupos criminales dominantes en Latinoamérica. Las disidencias derivadas de las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se están fragmentando. El número de asesinatos de líderes sociales y excombatientes de las FARC desmovilizados es cada vez mayor. Y la violencia continúa a lo largo de las fronteras con Venezuela y Ecuador, por citar solo dos lugares.
El país no puede permitirse perder la confianza que aún tiene el público en sus fuerzas de seguridad.
Varias organizaciones internacionales han pedido cambios. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado el “uso de fuerza excesivo e innecesario”, y José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para el continente americano exigió explicaciones al Ministerio de Defensa por los tanques que fueron vistos disparando lanzadores de proyectiles múltiples contra los manifestantes.
“Esperábamos ver sanciones contra [los agentes de policía] implicados en la violación de derechos humanos”, dijo Luis Fernando Trejos, analista político de la Universidad del Norte, de Colombia, en conversación con InSight Crime. Añadió que los llamados a una reforma de la policía y su desmilitarización han sido constantes desde 2019.
Pero el gobierno no parece inclinado a reformar su cuerpo policial. Como respuesta, Duque ha mantenido el despliegue de fuerzas y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha desestimado algunas de las inquietudes como “pronunciamientos externos sin objetividad”.
Sumado a lo anterior, hay denuncias de grupos de autodefensas armados, que al parecer también atacan a los manifestantes. Las fuerzas de seguridad de Colombia tienen una relación de larga data con grupos paramilitares, conformados por simpatizantes civiles, que han sido vinculados a miles de ejecuciones extrajudiciales.
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