Una propuesta del gobierno para que Perú compre toda la producción de coca del país ha generado un álgido debate, y su factibilidad es cuestionada por los expertos.
En su primer año en el poder, la administración del presidente Pedro Castillo ha abogado por la legalización e industrialización de la coca. El jefe del gabinete presidencial, Aníbal Torres, dio un paso audaz recientemente al declarar que el gobierno de Perú debería comprarles la coca a los cultivadores tanto legales como ilegales.
“Es indispensable, para prevenir la conflictividad social al menos durante un año, comprar hoja de coca a los actuales productores empadronados y a los que defina el nuevo padrón a construir”, afirmó Torres durante una reunión de gabinete el pasado 27 de abril.
Tras el anuncio de Torres, medios locales informaron de un plan para que la Empresa Nacional de la Coca (ENACO) compre coca por encima de las 2.500 toneladas de hojas que ya les compra cada año a 95.000 productores empadronados. La coca que vende ENACO, que comercializa coca en Perú desde 1982, se utiliza para fines tradicionales, como hojas para masticar y productos como tés, harinas e incluso licores.
Sin embargo, ENACO compra solo una parte de la coca que se cultiva en el país. Hay unos 400.000 productores no empadronados en Perú, que producen unas 160.000 toneladas de hojas por año, según información reportada por el medio peruano Gestión, tras una entrevista con Rubén Vargas, exdirector de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).
Mientras que una parte se vende y consume con fines tradicionales, se estima que el 90 por ciento de la coca se refina para producir cocaína, lo que fomenta el tráfico de drogas, según la información que Vargas le proporcionó a El Comercio. En 2020, la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), de la Casa Blanca de Estados Unidos, estimaba que la producción de cocaína en Perú era de aproximadamente 810 toneladas métricas, lo que lo convierte en el segundo mayor productor de coca del mundo después de Colombia.
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La compra de coca ilegal pretende ser un paso adelante para que los productores ilegales del país se distancien de dichos cultivos. Según Torres, a cambio de invertir en desarrollo alternativo y programas sociales y otros servicios públicos en las regiones cocaleras, los cultivadores en estas áreas deben comprometerse a no plantar nuevos cultivos de coca ni participar en actividades ilícitas. El objetivo es que los cocaleros reduzcan los cultivos en unas 1.000 hectáreas durante el primer año.
La reciente propuesta frente a la coca se produce después de las declaraciones oficiales sobre los cambios en las labores antidrogas de Perú en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), una de las principales regiones productoras de coca del país. El ministro del Interior de Perú, Luis Barranzuela, dijo en octubre que se suspenderían los trabajos de erradicación de coca en el VRAEM.
Por su parte, el gobierno de Castillo también propone la desmilitarización de esta región selvática, donde aún hay presencia del grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso.
A fines de abril, el ministro de Defensa de Perú, José Luis Gavidia, dijo que el gobierno planea cerrar unas 40 bases militares en el VRAEM. El gobierno de Castillo ha abogado por trasladar las tropas de esta zona a Madre de Dios, una región en el sureste de Perú plagada de minería ilegal.
Análisis de InSight Crime
Las entrevistas con diversas partes interesadas y conocedoras de las políticas de coca en Perú y los esfuerzos contra las drogas dejan claro que el gobierno puede tener dificultades para poner en práctica esta propuesta.
La Empresa Nacional de la Coca no cuenta con los recursos para comprar toda la producción de hoja de coca del país, como señala Nicolas Zevallos Trigoso, ex viceministro de Seguridad Pública de Perú y director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia. Un activista de la industrialización de la coca, que solicitó el anonimato por razones de seguridad, coincide con esta afirmación.
Dependiendo de la calidad de la hoja, ENACO supuestamente les paga a los productores entre US$18 y US$26 por sacos de hojas de coca que pesan poco más de 11 kilogramos.
Si ENACO les pagara a los cultivadores no registrados el mínimo de lo que actualmente les paga a los cocaleros registrados, significaría que la empresa estatal estaría desembolsando casi US$234 millones por la cosecha de coca del país, según cálculos de InSight Crime.
El activista de la industrialización de la coca señala que ENACO no cuenta con la infraestructura para transformar en productos todas las hojas de coca y reconoce que el mercado interno de Perú no es lo suficientemente grande para la cantidad de coca que se cultiva en el país. Sin un mercado de exportación internacional, la demanda no sería lo suficientemente grande como para que el plan funcionara como una política antidrogas.
“¿Qué van a hacer con la coca? ¿La van a guardar?”, se pregunta el activista.
La coca que se vende en el mercado negro también es más rentable para los productores, como señala el activista, quien afirma que ENACO paga mucho menos que otros compradores de coca utilizada para fines tradicionales y comerciales. Pero dichas compras son ilegales, afirma, “porque nosotros le compramos directamente al cocalero, entonces no entra al ENACO”.
Señala además que los traficantes también pagan más que ENACO.
Rómulo Ramos, el Secretario General de la Federación Provincial de Campesinos La Convención Yanatile Lares-Cusco (FEPCACYL), integrada por cocaleros tradicionales, dijo en comunicación con InSight Crime que ENACO les debe dinero a algunos de sus productores y les está pagando menos.
Ramos dice que los cultivadores tradicionales que venden hojas de coca en el mercado informal, para fines como masticar hojas o preparar tés, pueden ganar hasta US$210 por la misma cantidad de hojas que ENACO compra por US$18.
Ramos agrega que la política de comprar toda la coca es injusta con respecto a los cocaleros tradicionales registrados en ENACO, quienes durante muchos años han pagado impuestos sobre sus ingresos.
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Un exintegrante de las fuerzas armadas en el VRAEM, que pidió el anonimato porque no está autorizado para hablar con la prensa, dijo que Castillo carece del poder político para impulsar esta política de compra de coca. Pero advierte que la confluencia de este tipo de políticas con la desmilitarización del VRAEM y la suspensión de los trabajos de erradicación de coca es un coctel peligroso que podría impulsar el narcotráfico.
Del mismo modo, Zevallos le dijo a InSight Crime que la política de compra de coca a cultivadores tanto registrados como no registrados puede dar como resultado un auge de la coca, dado que la gente puede comenzar a cultivar coca con el fin de recibir subsidios y otros beneficios del gobierno.
Entretanto, las improvisadas discusiones del gobierno sobre el cultivo de coca han llevado a que los productores estén “plagados de mensajes contradictorios”, como dijo Zevallos a InSight Crime. “Y los que pagan las consecuencias son los cocaleros —tanto tradicionales como no tradicionales— cuyas expectativas están en juego”, dijo.
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