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¿Qué pasa con las megacárceles en América Latina?

BRASIL / 25 NOV 2022 POR RAQUEL BALLESTIN ES

Una mezcla de políticas gubernamentales de mano dura, falta de financiamiento y corrupción ha llevado a que las cárceles de América Latina sean focos de violencia e incubadoras de actividades delictivas. Las megacárceles, que albergan a decenas de miles de prisioneros en un solo lugar, solo parecen empeorar las cosas.

En El Salvador, la represión del presidente Nayib Bukele, que ha llevado al encarcelamiento de más de 57.000 presuntos pandilleros, ha llevado a las cárceles del país al límite. Parte del plan para aliviar esto es la construcción de una nueva instalación gigantesca, que se abrirá a principios de 2023.

Mientras tanto, en Ecuador, donde las masacres carcelarias se han convertido en algo muy común, el presidente Guillermo Lasso ha vuelto a abrir una prisión insalubre como parte de su plan para contener la violencia.

Pero con el hacinamiento en las cárceles de toda la región en cerca del 200%, es poco probable que estas megacárceles mejoren la situación.

InSight Crime analizó cuatro de las penitenciarías más grandes de América Latina, que han fracasado o podrían estar a punto de hacerlo, para ofrecer una ventana a los desafíos para la reforma penitenciaria.

Centro de Confinamiento del Terrorismo, Tecoluca, El Salvador

Este centro se prepara para albergar a 40.000 reos que se enfrentarán al régimen “más severo”, afirmaba Osiris Luna Meza, director de Centros Penales del país, a través de su cuenta de Twitter. Se anunció en junio de 2022 con miras a estar listo a finales de año o inicios del 2023.

VEA TAMBIÉN: Cárceles de Petú y Chile enfrentan el desafío del Tren de Aragua

Las encarcelaciones masivas y el endurecimiento de leyes contra los pandilleros hacen presión sobre las hacinadas prisiones. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo, la policía y el ejército han detenido a más de 57.000 presuntos pandilleros, sumados a los más de 16.000 ya encarcelados. El 2% de la población adulta está ahora tras las rejas.

Esta política de mano dura del Presidente Nayib Bukele ha traído consigo otras consecuencias, como la aparición de nuevas economías ilegales como la extorsión a familiares desesperados; el fomento de nuevos nichos de control en las prisiones; y la limitación de mantenimiento de los presos en un país empobrecido, donde los costos diarios para los presos están aumentado. Y no hay señal de que Tecoluca vaya a remediarlo.

Peor aún, en realidad traerá un problema completamente nuevo: es tan grande que representa una amenaza para el medio ambiente.

Penitenciaría del Litoral, Guayaquil, Ecuador

Oficialmente llamado El Centro de Rehabilitación Social de Varones N. 1 de Guayaquil, la cárcel más grande de Ecuador, es parte del Complejo Penitenciario del Guayas. Originalmente se inauguró en 1958 con capacidad para 1.500 presos, y para 2021 ya contaba con alrededor de 8.000 reos hacinados entre sus muros.

Los lamentables hechos que sucedieron en el penal marcaron la historia del sistema penitenciario del país. Dos masacres dentro del centro carcelario que dejaron 190 muertos en el 2021 por las luchas de poder entre organizaciones criminales, y una ola de ataques desde inicios de noviembre del 2022 desatados por los traslados de líderes de los Lobos y los Tiguerones, dos de las grandes pandillas criminales del país.

Las severas políticas antidrogas contribuyeron a la superpoblación. La penetración de la corrupción fomenta la gobernanza criminal de las pandillas, y el presunto modelo de gestión sobre el intercambio de información por privilegios con los prisioneros promueve la violencia de pandillas y la pérdida de control en la penitenciaría.

Frente a esto, las acciones de trasladar a los presos acusados de participar en motines a centros más pequeños como La Roca, cárcel de máxima seguridad en Guayaquil, no ha sido una solución para la estabilidad de las cárceles.

Carandiru, Sao Paulo, Brasil

Oficialmente nombrada La Casa de Detención de Sao Paulo, fue construida de acuerdo con las normas del Código Penal Republicano de 1890 y el llamado "Derecho Positivo", vendida como una “cárcel modelo”. Llegó a ser la más grande de América del Sur, albergando a más de 8.000 reos, casi el triple de su capacidad oficial en 1990.

El modelo empeoró, en parte, por su ambiciosa ampliación, y el descontrol desembocó en una serie de motines que culminó con la masacre de Carandiru, sufrida dentro de sus muros, y que dejó 111 presos muertos a manos de la Policía Militar de Sao Paulo en 1992.

VEA TAMBIÉN: La guerra de pandillas impulsa récord de homicios en cárceles de Ecuador

La matanza de Carandiru se tomó como una consecuencia de las carencias que sufría el sistema penitenciario. Entre ellas, las condiciones inhumanas de reclusión, la violenta dinámica de “Atira primeiro e pergunta depois” (dispara primero y pregunta después) de la policía de Sao Paulo, y el endurecimiento de las leyes antipandillas que potenciaron aún más el aumento masivo de la población carcelaria.

Lejos de completar su misión de ser una “carcel modelo”, Carandiru fue escenario de revueltas que reclamaban justicia y mejores condiciones carcelarias; el origen de organizaciones criminales como el Primer Comando Capital (Primer Comando da Capital, PCC), una de las más influyentes a nivel regional; y el reflejo de un sistema penitenciario fallido, que no cesó tras su cierre en 2002.

Penal de Lurigancho, Lima, Perú

El penal de Lurigancho es el más poblado de todo el país, triplicando su capacidad de población penitenciaria, albergando una cuarta parte del total de reos de Perú. Para 2019, ya albergaba 7.650 internos. Se inauguró en 1974 con el fin de encaminar un cambio de conducta positiva, de superar los clásicos conceptos de castigo y represión en el sistema penitenciario, que no proliferó.

Un suceso que marcó el sistema penitenciario fue el simultáneo amotinamiento que se vivió en tres cárceles del país en 1986 con el fin de exigir mejores condiciones carcelarias y en protesta por el traslado de presos de la histórica y extinta organización criminal de Sendero Luminoso, lo que desembocó en “la masacre de los penales de Lima”, que dejaba casi 300 internos asesinados, 124 en Lurigancho.

Como consecuencia, se entregó a la Guardia Republicana, (actualmente la Policía Nacional) el control de los penales, y hasta 2017 no se entregó al Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).

Por el camino, el penal de Lurigancho ha sido escenario de revueltas, muertes, violaciones de los derechos humanos y testigo de un variado mercado ilícito de armas y drogas, entre otros. Pese a los intentos de mejorar el ambiente en el penal, la superpoblación en las cárceles del país representa el principal problema del sistema penitenciario. 

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