Casi siete años después de que Bolivia invirtiera US$215 millones en radares para apoyar la lucha contra el narcotráfico, obstáculos legales y falta de recursos siguen impidiendo que entren en operación.
En agosto de 2016, Bolivia adquirió 13 radares a la firma francesa Thales, siete de ellos para uso militar. Uno de los radares debía usarse específicamente para detectar aviones que transportaran drogas, según reportó El Deber. Mientas tanto, el ministro de defensa Edmundo Novillo anunció que los encargados del proyecto estiman ponerlos en operación en septiembre de 2023.
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Sin embargo, algunos observadores dudan de la viabilidad de que los radares entren en funcionamiento para esa fecha, como lo indicó Iván Paredes Tamayo, periodista que ha seguido este tema.
“Hace un mes, [Novillo] nos dijo [en el Senado] que iban a funcionar en una semana, en unas semanas más”, comentó Paredes a InSight Crime.
Tras el hallazgo de un avión que llevaba media tonelada de droga procedente de Bolivia y que luego se encontró en España, Novillo afirmó a comienzos de junio que los planes para poner en operación los demás radares estaban listos en un 95%. Sin embargo, otro alto funcionario había hecho exactamente la misma predicción en enero de 2022.
Y mientras los radares se retrasan, el problema del país con los “narcoaviones” se agudiza. En 2022, Bolivia confiscó 95 avionetas conectadas con el narcotráfico, una cifra que excedía de lejos el récord del año anterior de 18 aeronaves. Solamente en marzo de 2023 se confiscaron 66 narcoavionetas más en un solo operativo en un aeródromo privado, y se descubrieron varios más abandonados. Otras salen del país sin ser detectados, como varias que se descubrieron en Paraguay y Argentina.
Análisis de InSight Crime
La falta de cooperación institucional y de legislación adecuada podría ser la combinación que ha puesto en riesgo el uso de esta costosa tecnología para combatir el crimen organizado.
Para usar los radares, deben hacerse enmiendas a la legislación aeroespacial de Bolivia, de manera que la policía quedara facultada para coordinar con la fuerza aérea la vigilancia de vuelos clandestinos, como informó El Deber. Novillo ha criticado el hecho de que las regulaciones actuales no permiten a la fuerza aérea interceptar vuelos clandestinos y dice que por esta razón no se han puesto en uso los radares.
La imposibilidad de enmendar protocolos y leyes da a entender que hay problemas institucionales que limitan a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, según Paredes.
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Pero también hay dudas sobre si estos cambios legales son en realidad un obstáculo. Que haya problemas legislativos que impidan la operación de los radares es simplemente una excusa para el retraso en la entrega de los equipos, afirmó el consultor de seguridad independiente Samuel Montaño en diálogo con InSight Crime.
“Se supone que esto [las regulaciones] podía haberse salvado en menos de 30 días”, señaló. “Es así de fácil".
Aun si se ponen en marcha los radares, su efectividad puede verse entorpecida por la falta de personal entrenado y de aeronaves.
“¿Exactamente para qué nos va a servir una red de radares, cualquiera sea su capacidad, si la Fuerza Aérea Boliviana no tiene el mínimo, ni siquiera aviones de caza para poderlos interceptar?”, cuestionó Montaño.
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