Datos publicados recientemente muestran que la deforestación se disparó en el último año en Colombia, y apunta a las diferentes actividades ilegales que están detrás de la pérdida de masa forestal.
Cifras anuales del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM) revelan que a lo largo de 2020, se destruyeron en todo el territorio colombiano 171.685 hectáreas de selva, un incremento de cerca de 8 por ciento en comparación con 2019.
Cerca del 70 por ciento de la deforestación se concentró en solo cinco departamentos (Meta, Caquetá, Guaviare, Putumayo y Antioquia) según las cifras del 2020 del Instituto. Con excepción de Antioquia, cada uno de estos departamentos se encuentra en la región amazónica colombiana, la más afectada a la fecha.
Ante el cada vez mayor sobrelapamiento del crimen organizado con los delitos ambientales, InSight Crime analiza las principales actividades que promueven la deforestación en Colombia.
Apropiación de tierras
Cada una de las causas de deforestación reconocidas por el IDEAM tiene que ver con la apropiación de tierras. El despeje de tierras para el pastoreo, las malas prácticas asociadas a la ganadería; la expansión de la frontera agrícola en zonas prohibidas; la construcción irregular de infraestructura; los cultivos ilícitos; la minería y las talas ilegales están todas ligadas a la primera.
Los departamentos de Guaviare, Caquetá y Meta en la Amazonía colombiana son las más afectadas por el aumento desproporcionado de la deforestación. El IDEAM informó que entre enero y marzo de 2020, se destruyeron 64.000 hectáreas de selva en los tres departamentos. Esto supuso un aumento superior al 80 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019.
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Por lo general, se deforestan ilegalmente grandes extensiones de selva para luego reclamarlas en zonas como el Parque Nacional Natural Tinigua, en Meta, para abrir paso a la cría de ganado, la siembra de coca y la agricultura. Luego de un tiempo de ocupación y uso productivo de la tierra, se intenta “legalizar” la misma.
La apropiación de tierras es especialmente difícil de combatir, pues con frecuencia está coordinada por poderosas redes de empresarios y políticos “invisibles”, que dependen de la corrupción. Más aún, muchas veces los residentes locales tienen mucho miedo para denunciar a los responsables del delito.
Vías ilegales
El IDEAM mapeó cómo la construcción ilegal de carreteras ha sido un motor de la deforestación en la periferia del Parque Nacional Chiribiquete, en la Amazonía colombiana.
Imágenes satelitales también muestran cómo los senderos ilegales siguen afectando la reserva indígena Llanos del Yarí-Yaguara II, ubicada entre los municipios de San Vicente del Caguán (Caquetá), La Macarena (Meta) y Calamar (Guaviare).
San Vicente del Caguán, el municipio más deforestado de Colombia, exhibió un aumento de cerca del 15 por ciento de su masa forestal en 2020, según los hallazgos del IDEAM. En todo el municipio, se observa un número cada vez mayor de senderos ilegales e informales que atraen a proyectos agrícolas, ganaderos e industriales.
Estas vías elevan el valor de las tierras circundantes. También preparan el terreno para la introducción de otras actividades, como el cultivo de coca, y la tala y la minería ilegal, al facilitar el acceso a esas zonas remotas.
Por largo tiempo, grupos criminales y políticos corruptos han promovido la construcción de infraestructura irregular en departamentos del Amazonas, como Guaviare. Como lo señaló InSight Crime, los exalcaldes de Calamar y Miraflores, Pedro Pablo Novoa Bernal y Jhonivar Cumbe, respectivamente, fueron capturados al revelarse que durante su periodo, habían promovido la deforestación ilegal para construir una carretera de 138 kilómetros entre sus dos poblaciones.
Cultivos ilícitos
La siembra de cultivos ilícitos fue otro factor promotor de la deforestación observado por el IDEAM. En 2020, se talaron unas 13.000 hectáreas de selva para sembrar coca en Colombia. Esto representa no más del 8 por ciento de la tasa de deforestación total en el país, según el informe.
También se desmonta la tierra alrededor de las parcelas de coca para facilitar su acceso. Más del 20 por ciento de la deforestación total en Colombia en 2020 afectó a lugares ubicados a menos de un kilómetro de plantaciones de coca.
Putumayo y Antioquia se cuentan entre los departamentos más afectados por la siembra de cultivos ilícitos en Colombia. En 2020, Antioquia registró un incremento de 27.5 por ciento de hectáreas afectadas por sembrados de coca en comparación con 2019, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD). Entre tanto, Caquetá y Putumayo siguen enfrentando los cultivos ilícitos pese a las campañas de erradicación durante la cuarentena por la pandemia de COVID-19.
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Las disidencias de las FARC bajo el mando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, han estado ordenando a las comunidades locales que corten casi una hectárea a la vez y quemen árboles en Meta, el departamento más deforestado del país. Luego se ordena a esas comunidades que siembren coca dentro de los territorios protegidos.
Minería ilegal
La minería ilegal sigue siendo un problema, especialmente para las regiones Andina y Pacífica del país.
En 2019, la Contraloría General de la República informó que casi un 60 por ciento de la minería ilegal de oro aluvial se concentraba en tres departamentos: Chocó, Cauca y Antioquia.
Los recientes hallazgos del IDEAM mostraban que en 2020 la deforestación bajó en focos de minería como el departamento de Chocó, noroeste del país. Pero Antioquia sigue siendo uno de los departamentos más deforestados del país, e incluso registró un leve aumento de pérdida de masa forestal en el año en cuestión.
Como lo señala InSight Crime, en algunos puntos del departamento, los árboles son talados y reemplazados por minas, y se encuentran bandas criminales en pueblos semejantes al viejo oeste por la fiebre del oro, como Buriticá, en Antioquia. Allí, los mineros ilegales también invaden explotaciones legales controladas por empresas extranjeras.
Esa actividad se ha convertido en una importante fuente de ingresos para los grupos criminales que operan en el país, pues el precio del metal se ha disparado, superando por mucho el de la cocaína.
Tráfico de madera
El IDEAM también informó que la tala ilegal sigue impulsando la deforestación en Colombia, en especial en las regiones de la Amazonía y el Pacífico. La actividad representa cerca del 10 por ciento de la deforestación total en el país.
Los departamentos de Putumayo, Amazonas y Caquetá, en la Amazonía, se encuentran entre los más afectados. Como lo demuestra una investigación de InSight Crime, redes criminales coordinan la extracción ilegal, el transporte y el tráfico de especies madereras protegidas hasta prósperos mercados internacionales.