La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela el pasado septiembre fue recibida como un paso importante para debilitar economías criminales transfronterizas, como el contrabando, pero cualquier reducción del delito podría tardarse.
Desde que se reabrió la frontera el 26 de septiembre, se han hecho varios grandes decomisos de contrabando. Las autoridades venezolanas anunciaron el 17 de octubre la incautación de 54 toneladas de víveres de contrabando procedentes de Colombia. Tres venezolanos habían introducido la mercancía de contrabando por medio de pasos fronterizos ilegales, conocidos como trochas, que se multiplicaron después del cierre de la frontera entre ambos países en 2015, según medios de información colombianos.
Además, las autoridades venezolanas decomisaron 5.000 litros de gasolina de contrabando el 17 de octubre, y 36 kilos de cocaína el 28 de septiembre. Han detenido a varios sospechosos acusados de contrabando y tráfico de migrantes al otro lado de la frontera al menos en dos oportunidades desde la reapertura.
“Estamos viendo casos de extorsión y contrabando a lo largo de toda la frontera”, señaló Juan Pablo Guanipa, exgobernador del estado fronterizo de Zulia en Venezuela, en entrevista con InSight Crime.
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Esa frustración la comparte con un líder social que vive cerca de la frontera y declaró a BBC Mundo que “la reapertura de la frontera es risible junto a la violencia y la ilegalidad que vemos a diario, que no hace más que empeorar”.
Algunas autoridades han insistido que la reanudación del comercio legal ofrecerá oportunidades de empleo para los residentes de ambos lados, y reducirá su necesidad de usar las trochas o de participar en economías criminales.
“Podemos decir que se ha iniciado una nueva era en la relación fronteriza entre Colombia y Venezuela”, dijo Vladimir Tovar, secretario del Sindicado de Transporte de Carga Pesada del estado fronterizo de Táchira, en conversación con InSight Crime.
Análisis de InSight Crime
Desde que Venezuela decidió cerrar la frontera en 2015 después de años de deterioro de las relaciones bilaterales, el contrabando ha gozado de una bonanza. El restablecimiento del comercio legal puede reducir esto con el tiempo, pero la reapertura de septiembre no sería una solución inmediata.
A ambos lados, los políticos presentaron la reapertura como una oportunidad de acabar con las bandas criminales y la migración ilegal, pero la infraestructura, tanto física como institucional, necesaria para la reconstrucción requerirá tiempo e inversión, según los expertos.
“No están listos los protocolos de seguridad, migración y desplazamiento fronterizo”, señaló Sebastián Zuleta, experto en seguridad y negociaciones de paz con especialidad en la frontera entre Colombia y Venezuela, en entrevista con InSight Crime. “Hubo falta de planeación, por lo que la gente sigue prefiriendo usar las trochas”.
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El proceso se complica con la presencia de organizaciones criminales y funcionarios fronterizos corruptos, de quienes se espera que saboteen una reapertura que afecte sus rentas criminales.
Aun si la frontera Colombia-Venezuela entra en operación completamente, es improbable que puedan eliminarse por completo las trochas, usadas por quienes eluden los controles aduaneros y por los traficantes de mercancías ilícitas, como drogas y minerales extraídos ilegalmente.
“Todo se está retrasando”, dijo Nelson Urueña, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales del Táchira, entrevistado por InSight Crime. “Sabíamos que iba a ser un proceso muy difícil […] la informalidad se ha vuelto un hábito”.
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