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Reclutamiento de menores continúa en Colombia a pesar de los acuerdos de paz

COLOMBIA / 22 FEB 2022 POR SCOTT MISTLER-FERGUSON ES

Un reciente informe señala que los jóvenes de Colombia continúan siendo reclutados por diversos grupos armados utilizando todo tipo de estrategias, desde sobornos hasta amenazas de muerte, para obligarlos a ingresar a sus filas.

El informe, publicado en febrero de 2022 por el Observatorio Colombiano de Crimen Organizado, una alianza entre InSight Crime y la Universidad del Rosario, de Bogotá, analiza la magnitud del reclutamiento de menores en Colombia, en donde se registraron casos en todos los departamentos, excepto en dos, entre 2017 y 2020.

El autor del informe, Mathew Charles, señala que el reclutamiento de menores ha estado aumentando desde 2016, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que por entonces era el grupo guerrillero más grande del país.

Para su investigación, Charles realizó un extenso trabajo de campo y utilizó bases de datos de varias organizaciones no gubernamentales, así como registros publicados por los gobiernos locales y la policía.

El reclutamiento de menores ha empeorado debido a la pandemia, que llevó al cierre de las escuelas y suspendió otras actividades, lo que les permitió a los grupos armados irregulares tener un mayor control de los territorios, debido a la redistribución de los recursos.

A continuación, InSight Crime presenta las cinco principales conclusiones de la publicación.

Las cifras

Durante los cuatro años del estudio, los grupos armados habrían reclutado 1.029 menores, sobre todo entre las edades de los 12 y 15 años, aunque dicha cifra es sin duda mucho mayor, si se tiene en cuenta que muchas víctimas y sus familias optan por no denunciar esta práctica.

Los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, afectados por el conflicto debido a que están ubicados en las rutas de suministro de drogas, representan casi la mitad de los casos registrados.

Las comunidades indígenas y afrocolombianas corren el mayor riesgo de reclutamiento de menores. Según el informe, los menores son utilizados como guías locales o bien como combatientes adicionales.

Principales factores promotores de reclutamiento

No hay duda de que la competencia por el control territorial es el principal catalizador del reclutamiento ilegal, dado que los grupos armados recurren a los niños, niñas y adolescentes para engrosar sus filas.

VEA TAMBIÉN: La continua crisis del reclutamiento de menores en Colombia

Uno de los conflictos que han llevado al reclutamiento ilegal es el enfrentamiento entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el grupo narcotraficante Los Urabeños en el departamento de Chocó, al occidente del país. Por su parte, los disidentes de las FARC utilizan menores de edad en su lucha contra las fuerzas militares en el departamento del Meta.

El informe señala que esas rivalidades no tienen que ser necesariamente violentas para generar reclutamiento de menores. Por ejemplo, en el municipio de San José del Guaviare, los disidentes de las FARC compiten con Los Urabeños y otros grupos armados por el control de valiosas rutas del narcotráfico hacia Venezuela y Brasil. En dicha zona existe un acuerdo de paz tácito, pues los grupos se han repartido las diversas rutas; sin embargo, el área sigue siendo uno de los cinco municipios colombianos donde más se reclutan menores.

Estrategias de los reclutadores

La coerción y las amenazas de muerte continúan siendo formas comunes de reclutamiento, especialmente en áreas donde los actores armados carecen de las herramientas o el tiempo para atraer a los jóvenes. El modus operandi de dichos actores depende de la región, según los recursos y el nivel de control social que ejerzan sobre determinada comunidad.

Los métodos empleados por los grupos armados incluyen ofertas de dinero, drogas, alcohol, ropa, motocicletas o armas, e incluso la organización de torneos de fútbol. Además, los adultos de los grupos armados les hacen propuestas sexuales tanto a niños como a niñas.

Un joven que fue reclutado lo expresa así: “Vi que vivían muy cómodos, con motocicletas y dinero. Por eso decidí irme con ellos para el monte”.

De hecho, los incentivos financieros parecen haber aumentado; el pago promedio para los jóvenes reclutados solía rondar los US$380 (cerca de $1.500.000 pesos colombianos), pero el informe señala que dichos pagos han aumentado hasta aproximadamente US$964 (unos $3.800.000 pesos) en Tumaco, municipio del departamento de Nariño.

En regiones donde los jóvenes cuentan con pocas alternativas debido a la pobreza y la poca presencia estatal, dichos incentivos pueden ser más que suficientes para animarlos a unirse a los grupos armados.

No solo en los campos

Aunque el reclutamiento de menores aparece como un problema predominantemente rural, también se presenta en las zonas urbanas. Montería y Medellín se encuentran entre las diez primeras ciudades en cuanto a reclutamiento a nivel nacional.

Los vínculos entre grandes organizaciones narcotraficantes y pandillas locales generan este reclutamiento.

“Los grupos armados violentos no estatales están estableciendo cada vez más alianzas con pandillas urbanas para que los ayuden a traficar y vender drogas”, señala el informe.

Agravado por la pandemia

La pandemia de COVID-19 creó las condiciones perfectas para que los grupos armados atrajeran a menores a sus filas.

La crisis sanitaria y los prolongados confinamientos debido a la pandemia aumentaron la pobreza y les permitieron a los grupos armados aumentar su control social en muchas comunidades.

El cierre de las escuelas en las zonas rurales implicó que los menores, muchos de los cuales carecían de acceso a internet y computadoras, quedaran con mucho tiempo libre. Esto, sumado a la falta de supervisión por parte de los mayores, creó grandes oportunidades para que los menores realizaran tareas para los grupos armados.

VEA TAMBIÉN: Cómo la cuarentena creó condiciones para el reclutamiento de niños en Colombia

El informe menciona un caso en el departamento de Córdoba, en el que el grupo narcotraficante Los Urabeños presuntamente robó computadoras portátiles que habían sido enviadas a una escuela local, con el fin de evitar que los estudiantes recibieran sus clases en línea.

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