La reciente desarticulación de una red de tráfico de migrantes revela las rutas, redes de corrupción y el modus operandi de una organización que condujo a miles de migrantes a través de Colombia.
Los diez integrantes de la red están acusados de traficar migrantes desde la frontera sur de Colombia, con Ecuador, hasta Necoclí, población sobre la costa Caribe, al norte de Colombia, que se ha convertido en trampolín para los migrantes que se dirigen hacia Panamá.
El presunto líder de la red, identificado por los fiscales como Armando Wilson Meneses Tucanez, alias “Poli”, coordinaba las operaciones desde su casa, donde se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser condenando por tráfico de personas en 2017, según un comunicado expedido por la Policía Nacional de Colombia el 21 de septiembre.
Las capturas se realizaron luego de que un agente de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional (Dijin) logró infiltrarse en la red haciéndose pasar por un migrante cubano. Fue así como el agente encubierto logró identificar a los miembros de una organización criminal conocida como Los Errantes. El Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos también apoyó el operativo.
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La red de traficantes —desarticulada a finales de septiembre— dependía de coyotes ecuatorianos, administradores de hoteles, conductores de autobuses interdepartamentales y conductores de lanchas en la costa Caribe.
Según las autoridades, los migrantes debían pagar enormes sumas de dinero y estaban expuestos a diversas formas de abuso, como la retención de sus pasaportes y equipajes y el encierro en hoteles.
Los migrantes en el esquema, que ascendían a más de 1.500, incluían un gran número de nacionalidades, de origen haitiano, africano y asiático.
La versión más extendida es que iniciaban su travesía en Ecuador antes de pasar la frontera a Colombia por el municipio de Ipiales en el departamento de Nariño, sur de Colombia. Luego, a lo largo de unos 250 días, eran llevados por una ruta que conectaba a Ipiales, con Bogotá y Medellín hasta el municipio de Necoclí, Antioquia, en la costa Caribe.
Según la policía, funcionarios corruptos proporcionaban documentos falsos a la red de tráfico de migrantes. El grupo también alojaba a los migrantes en reservas indígenas en Nariño. No se sabe si esas comunidades tenían conocimiento de las actividades del grupo.
En las audiencias preliminares, los fiscales colombianos acusaron a los diez miembros de la red por concierto para delinquir con fines de tráfico de migrantes, falsedad en documento público y violación de medidas sanitarias (contra el COVID).
Análisis de InSight Crime
Con la oleada de migrantes que pasan por Colombia con rumbo hacia Norteamérica, es lógico que los traficantes busquen sacar provecho de la situación.
Colombia sirve como país de tránsito para muchos migrantes que buscan llegar a Estados Unidos o Canadá. En agosto, la oficina de Migración Colombia, del Ministerio de Relaciones Exteriores, reportó más de 32.000 migrantes indocumentados en el país.
Los migrantes a quienes se niega el ingreso a Colombia llegan muchas veces a Ecuador. Luego cruzan la porosa frontera entre Carchi, provincia del norte de Ecuador, y el departamento colombiano de Nariño, en la frontera sur. Es sabido que a ambos lados de la frontera operan grupos dedicados al tráfico de migrantes.
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Según la Fiscalía General de Colombia, los grupos criminales cobran entre US$30 y $40 por persona, y US$10 por cada pieza de equipaje, y hasta US$65 por documentos falsos, como documentos de identificación o visas.
Al llegar a territorio colombiano, los migrantes son llevados por rutas terrestres hasta Urabá, región que limita con el Caribe. A continuación los viajeros son llevados en lancha desde Necoclí y Capurganá hacia el Tapón del Darién, una peligrosa región selvática en límites con Panamá, donde inician una travesía de ocho días a pie.
En lo corrido del año, se han hallado los cuerpos de 41 migrantes a lo largo del selvático pasó, que se usa para atravesar de Colombia a Panamá. En el trayecto, los migrantes también corren el riesgo de ser víctimas de extorsión, trata de personas y abuso sexual, en una región controlada por grupos criminales.
A pesar de estos riesgos, las autoridades estiman que hasta 650 migrantes emprenden cada día el paso por el Tapón del Darién.
Los métodos de tráfico usados por la red no parecen alejarse de lo común, con excepción del uso de reservas indígenas para ocultar a los migrantes y evadir a las autoridades.
Se sabe que la delincuencia en Colombia trata de aprovecharse de la compleja relación entre los sistemas judiciales y de policía del gobierno nacional y las comunidades indígenas. Para citar un ejemplo, es facultad de las comunidades negar legalmente el ingreso de la policía a sus territorios, ya que están fuera de la jurisdicción de la Policía Nacional.
Nariño, donde se descubrieron las casas de seguridad en territorios indígenas, alberga a diversos actores armados ilegales, que han intimidado y amenazado a estas comunidades.
También es notable que un agente colombiano infiltrara el grupo, lo que demuestra que las autoridades están haciendo claros esfuerzos por detener el tráfico de migrantes en su movimiento masivo hacia Estados Unidos.
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