Una gran operación antinarcóticos en un aeródromo de Bolivia ha llamado la atención sobre el papel de las pistas aéreas privadas en el corredor de tráfico de cocaína del país.
El 27 de marzo, agentes de la policía anticorrupción de Bolivia allanaron el aeródromo de La Cruceña, justo al este de la ciudad de Santa Cruz. Fueron repelidos por una ráfaga de disparos, según informó El Deber. En total, detuvieron 38 personas de origen boliviano y brasileño, al menos tres de las cuales tenían antecedentes penales por tráfico de drogas.
Según un comunicado del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el allanamiento tuvo como objetivo precintar 29 hangares y 66 aviones. Se descubrió que algunas aeronaves tenían placas clonadas, y a otras se les habían extraído los asientos de los pasajeros, lo que llevó a las autoridades a sospechar que habían sido utilizadas para transportar drogas o combustible. Se incautaron además armas de fuego, municiones, combustible de aviación, equipos de comunicaciones y sustancias químicas no especificadas.
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Esta es la tercera incursión de este tipo que se realiza en el aeródromo de La Cruceña en el mismo número de años. La pista fue allanada dos veces en 2019 (cuando era conocida como Mundaka), en los meses de julio y noviembre; en ambos casos fueron arrestadas unas 15 personas y se incautaron varias aeronaves. Y en ambas ocasiones las investigaciones no prosperaron, dado que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) de Bolivia no procedieron con los enjuiciamientos.
Análisis de InSight Crime
Los aeródromos privados con pocas regulaciones, como La Cruceña, son un obstáculo más en la lucha de Bolivia por controlar las pistas de aterrizaje clandestinas utilizadas para el tráfico de drogas.
Una semana antes de la redada en mención, El Deber informó que en Bolivia existen 81 aeródromos privados registrados, y llamó la atención sobre los pocos requisitos necesarios para que la autoridad aeronáutica civil del país autorice las pistas. Si bien la mayoría son utilizadas por la agroindustria, el partido político opositor Creemos ha advertido que, debido a los pocos controles, dichas instalaciones pueden ser utilizadas por narcotraficantes. Las autoridades bolivianas han denunciado en otras ocasiones el tráfico de cocaína a través de aeródromos locales utilizados por los servicios de taxi aéreo.
Además, es probable que dichas instalaciones hayan gozado en algún momento de protección oficial. Según documentos a los que El Deber tuvo acceso, la investigación de julio de 2019 sobre La Cruceña fue anulada por orden de Maximiliano Dávila Pérez, entonces director de la FELCN. El funcionario fue detenido en Bolivia en enero de 2022 y posteriormente imputado por autoridades estadounidenses, quienes lo acusan de “usar su cargo para salvaguardar aeronaves utilizadas para transportar cocaína”, entre otros delitos relacionados con narcotráfico.
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Aunque no está claro cuánta cocaína pasa por los aeródromos privados de Bolivia, el hallazgo de aviones modificados en La Cruceña indica que quizá estos participan en la logística de suministro de combustible para las pistas de aterrizaje clandestinas. Bolivia descubrió 46 pistas de este tipo en 2021. Ubicadas principalmente en áreas poco pobladas en los departamentos de Santa Cruz y Beni, al oriente del país. Estas pistas les permiten a las aeronaves cargar drogas o repostar en poco tiempo, para luego continuar su viaje hacia Brasil o Paraguay.
Esta ruta sirve como un importante corredor para que la cocaína producida en Bolivia o Perú llegue al Atlántico. El 2022 ha llamado la atención gracias a operaciones antinarcóticos internacionales como la Operación Turf y A Ultranza PY, que dejaron en evidencia grandes redes transatlánticas de tráfico de cocaína, con redes de suministro a través de Bolivia. En su Informe de 2021, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes llamó la atención sobre el creciente uso del puente aéreo de Bolivia durante la pandemia de Coronavirus, debido a los estrictos controles en las rutas terrestres.
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