En el Parque Nacional Yapacana, al sur de Venezuela, ha surgido una cadena de suministro de contrabando para mantener en funcionamiento la minería ilegal, lo que constituye una prueba más de cómo las fuerzas de seguridad colaboran con los delincuentes a los que favorecen y castigan a los que no.
Unas 280 personas abandonaron voluntariamente el Parque Nacional de Yapacana, en el estado de Amazonas, el 2 de julio, después de que el Ejército venezolano abriera un corredor humanitario, según señaló el general Domingo Hernández Lárez, jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional (CEOFANB).
El corredor forma parte de la Operación Autana 2023, una operación militar a gran escala que busca expulsar la minería ilegal y los grupos armados del Parque Nacional Yapacana.
La operación ha provocado una serie de focos de tensión que han puesto de relieve el crecimiento de una economía de contrabando que abastece de productos esenciales para vivir y trabajar a los mineros.
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En la primera operación, el 26 de mayo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) incautó 5.3 toneladas de alimentos, cerveza, papel higiénico, aceite, así como un motor de 75 caballos de fuerza y baterías para paneles solares en una embarcación que navegaba por el Río Orinoco y que tenía como destino las minas del Parque Yapacana.
Durante la incautación, una persona de nacionalidad colombiana fue capturada intentando introducir material de contrabando para venderlo a los "campamentos y estructuras delincuenciales de minería ilegal dedicadas a la tala, quema y deforestación del Parque Nacional Yapacana”, según informó Hernández Lárez en su cuenta de Twitter.
Dos días después, un grupo de indígenas atacó con arcos y flechas al Ejército en una base militar en Amazonas, aunque no se reportaron heridos.
Se presume que el ataqué fue consecuencia de la incautación realizada en los días previos, según Hernández Lárez.
La Operación Autana 2023 comenzó en diciembre de 2022. De acuerdo con estimaciones oficiales, entre 15.000 y 18.000 personas se dedican a la minería ilegal y actos asociados en el Parque Nacional Yapacana. Hasta ahora, unos 2.000 mineros han abandonado el parque como consecuencia de la operación, según informaron los medios locales.
Análisis de InSight Crime
Mientras los decomisos de contrabando se han reportado con mayor frecuencia, la mercancía que ingresa de manera ilícita a los yacimientos mineros del sur de Venezuela se camufla entre el secretismo y la complicidad de los cuerpos de seguridad locales.
InSight Crime ha investigado previamente las alianzas entre el Estado venezolano y los grupos delictivos del país, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Detrás del flujo de contrabando transfronterizo en el sur de Venezuela existe una compleja logística en la que participan y reciben ganancias actores criminales, comunidades indígenas, comerciantes, políticos y miembros de los diferentes cuerpos de seguridad local.
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Los residentes de las comunidades locales participan activamente y dependen económicamente del transporte y la venta de mercancías procedentes de Colombia con destino a las explotaciones mineras ilegales, según los testimonios de comerciantes locales y residentes indígenas recogidos por InSight Crime bajo condición de anonimato.
Una vez la mercancía ingresa desde el municipio de Puerto Inírida, departamento colombiano de Guainía, debe cruzar por varios puntos de control, localmente conocidos como alcabalas, cuya administración está dividida entre indígenas, fuerzas militares y guerrillas. En cada una de las alcabalas deben pagar una cuota de 50 mil pesos colombianos o US$12, según lideres sociales y comerciantes entrevistados por InSight Crime.
En total una embarcación debe pagar más de dos millones y medio de pesos (US$600) aproximadamente para ingresar al Cerro.
En ese sentido, el decomiso de material de contrabando con destino a las minas de Yapacana, más que un logro para las fuerzas militares representa una pérdida económica para el negocio que tienen instaurado en la zona y del que dependen las comunidades. Esto es lo que supuestamente contribuyó a desencadenar el ataque indígena contra la base militar.
La incautación de un solo cargamento podría tener un impacto local. Pero dado el número de suministros necesarios para mantener una economía minera ilegal que se extiende por más de 2.000 hectáreas en Yapacana, no hará mella en la cantidad de dinero que recaudan los agentes estatales en Amazonas.
Los lugareños y los contrabandistas están resentidos por las recientes medidas enérgicas del ejército, dados los sobornos existentes para evitarlo. Además de los pagos en efectivo por cada cargamento, las fuerzas armadas locales reciben oro, según declaró a InSight Crime un comerciante que habló bajo anonimato por temor a represalias.
“Lo que piden muchas veces a los comerciantes es un gramo, gramo y medio. A mí siempre me cobraban era un gramo [de oro], gramo y medio lo mucho, lo mucho más fue dos gramos que tuve que pagar”, señaló el comerciante.
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