Dado que los dueños de lotes de alto valor han estado alejados de Costa Rica debido a las restricciones por COVID-19, las redes de fraude inmobiliario han reclutado notarios corruptos para robar propiedades.
Al menos 50 notarios públicos han estado colaborando con grupos criminales para transferir ilegalmente propiedades o falsificar documentos que les permitan ser utilizados como garantía para préstamos bancarios y tarjetas de crédito, informó La Nación.
De octubre de 2020 a marzo de este año, solo en la capital, San José, se presentaron cerca de 100 denuncias. Los grupos criminales apuntan a regiones con bienes raíces de alto valor, como las zonas de Guanacaste y Puntarenas, en la costa del Pacífico.
Según Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica, los delincuentes buscan bienes inmuebles que parecen baldíos o abandonados, después de lo cual hablan con los vecinos con el fin de obtener información sobre los inmuebles y sus dueños.
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Luego los notarios corruptos realizan una transferencia ilegal de bienes, y así pueden vender o utilizar la propiedad como garantía.
"Hemos identificado varias bandas organizadas", afirma Espinoza. "Incluso hay subgrupos dentro de los grupos, los cuales han establecido funciones. Por ejemplo, hay notarios, intermediarios e impostores, por solo mencionar algunos".
Análisis de InSight Crime
El nivel de organización y la cantidad de notarios corruptos involucrados en los recientes robos de bienes raíces en Costa Rica indican que los grupos criminales con experiencia en este tipo de fraude inmobiliario identificaron un gran potencial durante la pandemia.
La extensa comunidad de propietarios inmigrantes de Costa Rica ha sido por mucho tiempo vulnerable al robo de propiedades, ya que muchos de los dueños suelen pasar largas temporadas por fuera del país. Las restricciones de viaje, los cierres de fronteras y el miedo a volar en medio de la pandemia han hecho que muchos hayan descuidado sus propiedades durante largos períodos.
Alan Garro, experto en derecho inmobiliario costarricense, escribe en su sitio web que la ausencia de los dueños favorece a los estafadores, dado que una de las formas en las que pueden adueñarse de las propiedades de quienes están en el extranjero es a través de registros de llegadas y salidas, que son de dominio público en Costa Rica.
Otro factor que hace posible este tipo de fraude es que los títulos de propiedad se registran y centralizan en el Registro Nacional de Costa Rica, donde también puede haber corrupción, según CostaRicaLaw. El Registro Nacional y los notarios se guían por la "fe pública", un código legal que señala que todo lo registrado debe tomarse automáticamente a valor nominal, a menos que se demuestre lo contrario en los tribunales.
Como resultado, los delincuentes incluso han alquilado propiedades y luego han asumido la identidad de sus dueños utilizando cédulas de identificación falsas, según CostaRicaLaw.
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Las autoridades costarricenses ya han desmantelado grupos dedicados al fraude inmobiliario anteriormente. En 2017, una operación del OIJ permitió el arresto de 39 miembros de una red en la que participaban abogados, notarios y contadores. Según el medio nicaragüense La Prensa, dicha red causó grandes pérdidas a individuos, empresas y bancos estatales.
Además, las víctimas a menudo tienen que negociar costosos procesos legales que pueden tardar ocho años en promedio para llegar a una solución. Estos procesos son especialmente largos para quienes no son ciudadanos, cuyos casos suelen ser de prioridad baja.
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