Ocho senadores demócratas han enviado las primeras señales de que los Estados Unidos buscan alejarse del presidente hondureño Juan Orlando Hernández, acosado por señalamientos de narcotráfico y corrupción. Los legisladores han pedido sancionar a Hernández, quien, dicen en una propuesta de ley, se ha visto envuelto en un patrón de actividades criminales.
El 23 de febrero, los legisladores introdujeron la propuesta de ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Honduras 2021, que pretende contrarrestar la "alarmante corrupción y los abusos a los derechos humanos que se están cometiendo a los más altos niveles del gobierno hondureño", según dijo en un comunicado el senador Jeff Merkley de Oregón, uno de los patrocinadores de la propuesta.
La legislación propuesta apunta directamente al gobierno del presidente Hernández como responsable de la participación del Estado hondureño en esquemas criminales, de represión a opositores y de corrupción, y propone sancionar al mandatario con acciones que van desde el retiro de su visa hasta la persecución penal por supuestos crímenes de narcotráfico y el bloqueo de sus activos económicos.
Según dicen los senadores en la propuesta de ley, hay suficiente evidencia de que Hernández ha estado envuelto en un patrón de "actividades criminales y de uso del aparato del Estado para proteger y facilitar el tráfico de drogas".
Los senadores recurren a tres procesos judiciales abiertos en Estados Unidos por casos de narcotráfico en Honduras, incluido el que concluyó en la condena de Juan Antonio "Tony" Hernández —hermano del presidente— como pruebas de la participación de Juan Orlando Hernández en el narcotráfico internacional.
El texto también asegura que el presidente Hernández ha mostrado "desprecio" al Estado de Derecho, y cita como ejemplos de ello su polémica reelección en 2017 y el papel de su gobierno en el cierre de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) en 2019.
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En menor medida, los legisladores de la Cámara Alta en Washington también apuntan al Congreso hondureño, al que responsabilizan de favorecer la corrupción y la criminalidad al aprobar reformas legales que han dificultado la persecución penal en casos de desvío de fondos públicos, obstrucción de justicia, fraude, y han favorecido con impunidad a funcionarios acusados de estos crímenes.
Los senadores demócratas consideran que esta propuesta de ley es un "plan de acción" para restaurar el Estado de Derecho en Honduras que incluye, además, restricciones a la exportación de armas destinadas a la fuerza pública hondureña y limitaciones a la cooperación en seguridad.
Los legisladores también exhortan el Estado hondureño a iniciar un diálogo con la Organización de Naciones Unidas (ONU) para instaurar en Honduras una comisión supranacional de investigación criminal similar a la extinta CICIG de Guatemala, con capacidad para iniciar sus propias investigaciones, autoridad para requerir documentos y testimonios para robustecer pruebas y potestad para proponer reformas legales.
Si las medidas son avaladas, propone el texto, Estados Unidos debería de sancionar a Juan Orlando Hernández dentro de los primeros seis meses posteriores a la aprobación de la ley.
Las sanciones serían levantadas solo si el presidente de los Estados Unidos avisa con 15 días de anticipación al Legislativo en Washington que Hernández ha sido procesado judicialmente por los crímenes de los que se le señalan, que se ha demostrado que es inocente o que ha mostrado arrepentimiento.
"Fallar en el intento de que el presidente Hernández, funcionarios nacionales, policía y militares rindan cuentas por estos crímenes alimentaría la pobreza y la violencia", dijo el senador Merkley a propósito de la propuesta de ley.
Análisis de InSight Crime
Los supuestos nexos con actividad criminal y corrupción parecen haber llevado al presidente Juan Orlando Hernández a un callejón sin salida: la propuesta de los senadores demócratas, algunos muy cercanos al presidente Joe Biden, lleva al terreno político los señalamientos que hasta ahora solo habían sido expuestos en el ámbito judicial por el Departamento de Justicia.
En los últimos meses, los fiscales estadounidenses responsables de los procesos que terminaron en investigaciones y sentencias a políticos y narcotraficantes hondureños habían hecho más explícitos sus señalamientos al presidente Hernández, hasta decir que era sujeto de una investigación por narcotráfico.
Durante buena parte de su mandato, sin embargo, Hernández ha sido capaz de esquivar la tormenta política gracias en gran medida a sus buenas relaciones con la administración de Donald Trump.
Los cambios políticos en Washington tras las elecciones de noviembre pasado, que dieron a los demócratas control del Ejecutivo y el Legislativo, parecen haber cambiado el enfoque hacia Centroamérica y haber puesto la lucha anticorrupción en primer plano, en el lugar que ocupó la migración con Trump, lo que ha dejado en mayor vulnerabilidad a Hernández.
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El camino para que la propuesta presentada por los demócratas se convierta en ley es largo aún, y pasa por discusiones en comités y en los plenos de ambas cámaras antes de la sanción definitiva de la Casa Blanca. Por ahora, no obstante, el apoyo en el Legislativo viene de los aliados más cercanos a Biden: además de Merkley, los influyentes senadores Patrick Leahy, Elizabeth Warren y Bernie Sanders firman la propuesta; Leahy, de hecho, es una de las voces más respetadas por demócratas y republicanos en temas latinoamericanos.
Las malas noticias le llegan a Juan Orlando Hernández cuando incluso en Honduras se ha abierto una nueva investigación en torno a su círculo cercano. El 22 de febrero, el Ministerio Público presentó el llamado Caso Hermes, una acusación por supuesta extracción ilegal de fondos de la Casa Presidencial contra 11 personas. El caso salpica a Hilda Hernández, hermana del presidente fallecida en 2017 y quien se supone lideró un esquema de corrupción para fondear las campañas políticas de Juan Orlando.
En una investigación reciente, InSight Crime reveló que, además del presidente, otros líderes de su partido, en el poder desde 2010, han estado envueltos en empresas criminales.
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