Con el arresto del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, bajo cargos de tráfico de drogas, los fiscales estadounidenses han abatido a una poderosa figura que en un principio se consideró aliado de Estados Unidos, pero que más tarde llegó a ser eje central de lo que, según afirman los mismos fiscales, podría considerarse tráfico patrocinado por el Estado.
El expresidente está acusado de participar en una conspiración internacional mediante la cual se traficaron 500 toneladas de cocaína de Honduras a Estados Unidos, que comenzó a principios de la década de 2000 y se extendió por dos décadas, como consta en los fragmentos de la solicitud de extradición a Estados Unidos publicados por Proceso.* Según se lee en los documentos de extradición, Hernández recibió millones de dólares en sobornos y ganancias, de parte de grupos de traficantes de México y otros países, a cambio de proteger a los traficantes frente a posibles investigaciones, arrestos y extradiciones. Los fiscales estadounidenses también acusan a Hernández de transmitirles inteligencia policial y militar sensible a los narcotraficantes, a la vez que utilizaba a miembros de las fuerzas de seguridad de Honduras para proteger los cargamentos de drogas.
Un juez de la Corte Suprema de Honduras emitió una orden de arresto contra Hernández el 15 de febrero, un día después de que Estados Unidos solicitara su extradición, como consta en un comunicado de Melvin Duarte, portavoz del sistema judicial de Honduras. Hernández fue detenido en su casa en Tegucigalpa, como informó CNN Español. Encadenado y con un chaleco antibalas, el expresidente fue colocado en una furgoneta de la policía.
Previamente, en un mensaje de audio publicado en Twitter, Hernández había dicho que estaba dispuesto a “colaborar”.
La solicitud de extradición se dio a conocer cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras anunció en un tuit del 14 de febrero que la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa había solicitado el arresto de un político hondureño. Aunque el ministerio no dio a conocer el nombre del funcionario, CNN Español informó que se trataba de Hernández.
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El Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha hecho ningún comentario sobre la solicitud, ni se ha anunciado ninguna acusación formal contra el expresidente.
Hernández terminó su mandato el 27 de enero, tras la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. La elección de Castro el año pasado puso fin a más de una década de gobierno del Partido Nacional, al que pertenece Hernández.
Unas cuantas horas después, Hernández prestó juramento como representante del Parlamento Centroamericano (Parlacen), que otorga a sus miembros inmunidad de enjuiciamiento. Sin embargo, dicha inmunidad puede ser suspendida o revocada si así lo exige el país de origen de uno de los miembros, como señala Luis Javier Santos Cruz, fiscal anticorrupción hondureño.
“No hay impedimento para su extradición”, escribió Santos Cruz en Twitter.
Análisis de InSight Crime
Después de haber pasado años acusando a Hernández de estar involucrado en el tráfico de drogas en otros casos, incluyendo el de su hermano, los fiscales estadounidenses parecen estar a punto de presentar su caso contra el expresidente en la corte.
"Sería un error solicitar la extradición de un expresidente con un caso débil, así que supongo que el Departamento de Justicia cree que el caso es muy fuerte", le dijo a InSight Crime un exfuncionario estadounidense con conocimiento de Honduras, que pidió su anonimato porque no estaba autorizado para hablar.
La solicitud de extradición se produce después de más de dos años de casos y documentos judiciales en los que los fiscales estadounidenses han acusado repetidamente al expresidente de aceptar sobornos de traficantes y participar en la red de drogas de su hermano.
En 2019, un jurado federal condenó a su hermano, el excongresista Juan Antonio “Tony” Hernández, por cargos de narcotráfico. En dicho juicio, el presidente fue nombrado como un coconspirador no acusado. Los fiscales también alegaron que el hermano de Hernández aceptó un millonario soborno del capo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, a instancias del presidente.
Los fiscales también presentaron evidencia de un libro de contabilidad confiscado a un narcotraficante, en el que supuestamente se detallaban cargamentos de cocaína distribuidos por Tony Hernández, y en el cual había una línea que señalaba un pago de US$440.000 para “JOH y su gente”. Las iniciales “JOH” se han utilizado durante mucho tiempo para referirse al expresidente.
En marzo de 2021, Hernández volvió a cobrar protagonismo en un juicio en Estados Unidos, esta vez contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez. Los fiscales hicieron varias acusaciones contra Hernández, nuevamente como coconspirador no imputado; por ejemplo, que había recibido un soborno de US$25.000 por parte del acusado para proporcionar protección legal y política para las operaciones de narcotráfico. Este acuerdo supuestamente le dio a Hernández acceso a un laboratorio de drogas que producía cientos de kilos de cocaína al mes en el norte de Honduras.
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Entre las pruebas más contundentes del juicio se encuentra el testimonio del excontador de Fuentes Ramírez, quien afirmó que estuvo presente en una reunión de la que el expresidente salió con un maletín lleno de efectivo. En los documentos de sentencia de Fuentes Ramírez, los fiscales mencionaron a Hernández más de 50 veces, acusando al entonces presidente de vínculos de larga data con grupos narcotraficantes.
Hernández ha refutado estas acusaciones durante años, a menudo sacando a relucir su historial de extraditar a los principales traficantes, incluidos los miembros de los clanes de drogas Los Valle y Los Cachiros.
Hernández llegó al poder en 2014 y fue presentado como modelo de los aliados de Estados Unidos que le hacían frente al narcotráfico en Centroamérica. Sin embargo, las acusaciones en su contra comenzaron a acumularse en 2018, después de que su hermano fuera detenido en noviembre de ese año. A pesar de esto, Hernández conservó su estatus como socio clave durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien le preocupaba más el hecho de que Honduras impidiera que los migrantes llegaran a la frontera con Estados Unidos. Pero poco después de que Joe Biden llegara a la presidencia en 2021, los funcionarios comenzaron a darle la espalda a Hernández, aunque se hicieron pocas declaraciones formales.
En los últimos meses de su presidencia, Hernández fue incluido en una lista de actores centroamericanos corruptos, elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, su aparición en la lista solo se hizo pública pocos días antes de la solicitud de extradición.
Ahora que Estados Unidos lo ha pedido en extradición, los legisladores estadounidenses no solo van tras Hernández, sino que además se las tienen que ver con el apoyo que por mucho tiempo le ofreció Washington.
“A lo largo de los últimos ocho años de decadencia, depravación e impunidad, las sucesivas administraciones estadounidenses mancharon nuestra reputación al tratar a Hernández como un amigo y socio”, dijo el senador estadounidense Patrick Leahy en un comunicado. “Al poner excusa tras excusa para un gobierno que no tenía legitimidad y que funcionaba como una empresa criminal, los funcionarios estadounidenses perdieron de vista lo que defendemos y olvidaron que nuestro verdadero socio es el pueblo hondureño".
La representante estadounidense Norma Torres ha acusado a Hernández de duplicidad durante mucho tiempo, y pidió la acusación y extradición de Hernández al final de su mandato.
Irónicamente, como jefe del Congreso Nacional en 2012, Hernández lideró la aprobación de una reforma constitucional que permitió la extradición de hondureños acusados de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado.
Y ahora parece que está tratando de evadir ese destino, dado su rápido nombramiento en el Parlamento Centroamericano.
Pero según Joaquín Mejía Rivera, experto en derechos humanos y derecho internacional, la vinculación de Hernández al Parlamento Centroamericano le ofrece poca protección. Rivera le dijo a InSight Crime que a los miembros del Parlacen se les otorga el mismo nivel de inmunidad que a los funcionarios del Congreso de su país de origen. En el caso de Honduras, los representantes del Congreso no tienen inmunidad contra los cargos de narcotráfico, señala el experto.
"Juan Orlando Hernández no tiene ninguna protección", afirma Rivera.
Los cargos contra Hernández lo hacen parte de un deshonroso club. Recientemente, en marzo de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico y narcoterrorismo, entre otros presuntos delitos.
Y unas décadas antes, en 1988, el Departamento de Justicia acusó al entonces gobernante militar de Panamá, Manuel Antonio Noriega, de vínculos con el contrabando ilegal de narcóticos. Noriega fue derrocado durante una invasión estadounidense en 1989. Tres años después fue sentenciado a 40 años de prisión por cargos de narcotráfico, lavado de dinero y extorsión.
* Este artículo se ha actualizado con el fin de incluir los reportes de prensa sobre la acusación contra Hernández, así como los nuevos datos obtenidos por InSight Crime.
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