Mientras Perú sigue en vilo por el mayor número de casos de COVID-19 en el mundo, delincuentes extorsionan a las familias de los pacientes a cambio de permitirles acceso a las pocas camas de UCI disponibles.
El 11 de junio, la policía peruana arrestó a tres personas en relación con el tráfico de camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) en dos hospitales de la ciudad de Arequipa, sur de Perú.
Lucho Cerpa Gonzales, con título de médico, contactó a varios excompañeros en ejercicio para obtener información personal sobre nuevos pacientes de COVID-19 en cuidados intensivos en varios hospitales de Arequipa, según RPP Noticias. Luego intentó extorsionar a las familias de los pacientes, exigiéndoles sumas hasta de 5.000 soles (US$1.265) a cambio de acceso a una cama UCI.
Pocos días después, otras dos personas fueron puestas en custodia por una operación similar en otros dos hospitales de Arequipa, en las que se exigían 3.000 soles (US$757) por paciente en estado crítico con necesidad de una cama UCI.
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Estos no son los primeros hechos de este tipo en Perú. En abril, se investigaron dos episodios separados de tráfico de camas UCI en Cusco y Lima, donde los criminales lograron cobrar más de 5.500 soles (US$1.388) por cada cama UCI, y dar un trato preferencial a quienes podían pagarlo.
Análisis de InSight Crime
Camas UCI, vacunas adulteradas, tanques de oxígeno, los fraudes en el servicio de salud se han multiplicado durante la pandemia.
Cuando los hospitales se quedaron sin cupos, muchas familias en México, Brasil y Perú se vieron obligadas a tratar a sus seres queridos en casa, lo que los llevó a pagar sumas exorbitantes en oxígeno. Esto motivó el robo de cilindros de hospitales y centros de producción, una especulación extrema que aumentó en más de 500 por ciento el precio original del oxígeno y la venta ilegal de cilindros de oxígeno para uso industrial, que no podían usarse con fines médicos.
Muchos países latinoamericanos también han visto la aparición de vacunas falsas para el COVID-19. En México, organizaciones criminales crearon centros de producción de vacunas falsas en Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Ciudad de México. También está la preocupación de que los carteles intenten robar vacunas y vender al público biológicos adulterados en lugar de estas, haciéndolas pasar por las vacunas robadas legítimas.
En Brasil y Venezuela, se comercializaron ilegalmente medicamentos que supuestamente aliviaban los síntomas del COVID-19 o ayudaban a tratar el virus a precios exorbitantes para clientes desesperados. En Venezuela, un médico logró vender ampolletas de remdesivir a US$800 la unidad. En Brasil, se introdujeron ilegalmente al país miles de dosis de hidroxicloroquina poco después de que el presidente Jair Bolsonaro elogiara los beneficios de ese medicamento, a pesar de la abrumadora falta de evidencia que demuestre su efectividad en el tratamiento de COVID-19.
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Pero sin importar esos fraudes en toda la región, Perú parece haber sufrido más que sus vecinos. Presenta el mayor número de muertes por COVID-19 per cápita del mundo, con un estimado de 585 por cada 100.000 habitantes, según el Centro de Investigación sobre el Coronavirus de la Facultad de Medicina de Johns Hopkins University.
Pese a que desde comienzos del año se han distribuido más de 6 millones de dosis de la vacuna, el Ministerio de Salud de Perú reportó un aumento repentino de casos de COVID-19 a finales de abril, que produjeron récords de contagios y muertes cada semana.
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