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Tráfico de migrantes llena los bolsillos de alcaldes de El Salvador

EL SALVADOR / 5 AGO 2021 POR ALEX PAPADOVASSILAKIS ES

En dos casos diferentes en El Salvador, se acusó a alcaldes de liderar redes de tráfico de migrantes, un delito que, como sucede con el narcotráfico, los funcionarios locales en regiones fronterizas pueden facilitar desde su posición de privilegio.

El exalcalde José Narciso Ramírez Ventura compareció ante un juez el 2 de agosto para responder por cargos que lo acusan de liderar una red que traficaba migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, como informó La Prensa Gráfica. El acusado se desempeñaba como alcalde de San Francisco Menéndez, municipio localizado en la frontera oeste de El Salvador con Guatemala, entre 2006 y 2018.

Los fiscales acusaron a Ramírez Ventura y a otros dos sujetos, Pedro Aguirre Rivas y Wilfredo Castro Morán, de liderar un grupo de coyotes que cobraban hasta US$12.000 a los migrantes por conducirlos por puntos de paso no vigilados. El grupo movilizó por lo menos 40 personas procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, con la intención de llegar a Estados Unidos, como declaró un fiscal del Estado a El Diario de Hoy.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de El Salvador

Entretanto, otro alcalde de El Salvador fue condenado el mes pasado por encabezar otra red de tráfico de migrantes diferente de la anterior. Benjamín Romeo Machuca Díaz, alcalde de Concepción Batres, al sureste de El Salvador, fue sentenciado a seis años de prisión.

La red de Machuca Díaz cobraba entre US$3.000 y US$4.000 para trasladar a los migrantes hacia Estados Unidos, mediante contactos en Guatemala y México para garantizar el paso por cada frontera, según una declaración. La Fiscalía General identificó de tres a cinco casos en los que la red traficó migrantes para sacarlos de El Salvador.

Ambos alcaldes ya habían tenido roces con la justicia. Se dice que Ramírez Ventura pagó más de US$90.000 en multas después de que la Fiscalía General lo acusara de delitos ambientales en 2016. Dos años después fue exonerado de los cargos.

Por su parte, Machuca Díaz fue detenido en 2018 por sospechas de haber pagado US$2.500 a una clica de la MS13 para que apoyara su candidatura a la alcaldía.

Análisis de InSight Crime

Dada la historia de vínculos de los alcaldes de El Salvador con el crimen organizado, nunca será demasiado que incursionen en el tráfico de personas, un servicio ilícito cuya demanda está al alza.

Mientras Washington lleva largo tiempo presionando a El Salvador, Guatemala y Honduras para contener el flujo de migrantes hacia la frontera estadounidense, el negocio del tráfico de migrantes no ha hecho más que cotizarse.

Durante las investigaciones de campo en las regiones fronterizas de El Salvador, los investigadores de InSight Crime hallaron que el tráfico de personas era altísimamente rentable, que generaba sumas posiblemente del orden de las decenas de millones de dólares.

Con su poder y acceso a información privilegiada de agentes de fronteras y las autoridades locales, los alcaldes pueden lucrarse fácilmente de las redes de tráfico de personas, y así lo han hecho en el pasado.

En 2020, Lucio Edwin Ayala Flores, exalcalde de San Antonio de La Cruz, en el norte de El Salvador, fue sentenciado a 45 años de prisión por tráfico de personas y narcotráfico. En 2017, un alcalde del departamento de La Paz, al sur del país, recibió cuatro años de prisión por tráfico de un migrante hacia Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN: Cómo lidia con las pandillas el presidente Bukele de El Salvador

Los alcaldes de El Salvador no son ajenos a las actividades criminales en general.

Al menos nueve han enfrentado cargos por sospechas de nexos con pandillas entre 2016 y 2020, incluidos alcaldes de poblaciones pequeñas, como Machuca Díaz.

Se ha encontrado evidencias de conexiones de otros alcaldes con narcotraficantes de alto nivel. La más particular es que Juan Umaña Samayoa, el exalcalde de Metapán, en el noroeste, fue acusado de hacer parte de los fundadores del Cartel Texis, de El Salvador.

Otro alcalde del este de El Salvador, José Carlos Ramírez Umanzor, fue juzgado por cargos de narcotráfico después de su arresto en 2017 por presuntamente liderar un grupo narcotraficante en el Golfo de Fonseca. Ramírez Umanzor fue vinculado a los Perrones, otro poderoso grupo narcotraficante en El Salvador.

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