Después de otra serie de ataques contra las autoridades y la población carcelaria de Ecuador, la típica estrategia del gobierno de trasladar a pandilleros de una prisión a otra parece ser el detonante de la violencia.
El 4 de noviembre, el presidente Guillermo Lasso extendió a la provincia de Santo Domingo de las Tsáchilas el estado de emergencia que decretó esa misma semana en la provincia de Guayas, al sur, y en la provincia de Esmeraldas, al norte del país. Parte de las medidas incluidas en el estado de emergencia ha sido el traslado de cientos de presos de la cárcel de Litoral en Guayaquil, que ha sido escenario de reiterados actos de violencia.
La ola de ataques desde inicios de noviembre ha dejado varios policías muertos, carros bomba detonados y cadáveres colgando de puentes.
Los traslados de presos son el centro del problema. Panfletos que rechazan los movimientos entre cárceles fueron dejados afuera de las oficinas de los medios ecuatorianos, aparentemente por los Lobos y los Tiguerones, dos de los grandes grupos que conforman una de las más importantes federaciones de pandillas del país.
Dirigido al presidente Lasso y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), el comunicado decía que "si ustedes llegan a tocar a nuestra gente que se encuentra en los pabellones 8 y 9 de la penitenciaría del Litoral [en Guayaquil], sepan que vamos a usar todo nuestro poder logístico [...] todas las armas a nuestro alcance y todas nuestras tropas".
La violencia se desató el 1 de noviembre después de que el SNAI trasladara a más de 1.000 personas privadas de libertad en la prisión Litoral, de la ciudad portuaria de Guayaquil. Los traslados eran un intento de reducir el hacinamiento, según anunció el SNAI en un comunicado.
Aunque esta ola de violencia carcelaria se debió a un traslado masivo, ha habido otras masacres producto del traslado de líderes importantes. En mayo, una masacre en la prisión de Bellavista, cerca de Quito, dejó 44 muertos, como informó InSight Crime. Alexander Quesada, alias "Ariel", líder de los Lobos, ordenó atacar al líder de sus rivales de la banda R7, Marcelo Anchundia. Este había sido trasladado a Bellavista pocos días antes del motín.
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Solo un mes antes, Ariel y Anchundia estaban recluidos en la penitenciaría de Turi, cerca de Cuenca, donde otro motín terminó con 20 víctimas. Después de la violencia, ambos solicitaron un traslado y las autoridades llevaron a Anchundia a Bellavista, lo cual motivó la masacre de mayo.
Después de la masacre en Turi, las autoridades decidieron enviar a cinco personas que participaron en el ataque a la temible prisión La Roca. La instalación de máxima seguridad se había cerrado en 2013, pero se reabrió en abril de 2022, a pesar de que la Comisión de Diálogo Penitenciario y Pacificación de Ecuador consideró que el lugar no estaba en condiciones de albergar presos.
Para Ramiro Ávila Santamaría, profesor de derecho especializado en derecho penal de la Universidad Andina de Simón Bolívar en Ecuador, el sistema penitenciario del país es un sistema fallido. Según él, la policía cedió el control de las cárceles a los líderes de las bandas criminales a cambio de información sobre el tráfico de narcóticos.
"Pero al negociar con las bandas criminales, [la policía] perdió la capacidad de controlar la violencia en las prisiones", explicó.
Análisis de InSight Crime
Aunque trafican cocaína desde la frontera con Colombia hasta los puertos al otro lado del país y controlan barrios enteros, los grupos criminales más numerosos de Ecuador usan las cárceles como sedes de operaciones.
En un informe publicado en julio de 2022, Human Rights Watch criticó la aparente incapacidad de Ecuador de manejar las prisiones, donde las personas privadas de libertad “en detención preventiva o condenadas por delitos menores” se veían obligadas a cooperar con las bandas e incluso a unirse a ellas para garantizar su seguridad o el acceso a insumos básicos. También mencionó cómo los “integrantes de organizaciones criminales en detención… coordinaban acciones criminales con pandilleros” en las calles.
Al depender del control del espacio físico y los recursos humanos en las prisiones, cualquier medida que amenace ese control es recibida con un exceso de fuerza. Gran parte de esta violencia carcelaria se produce en el interior de las organizaciones, con enfrentamientos entre bandas en una incesante lucha intestina de alianzas y enemistades que cambian de un día para otro.
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La llegada o salida de cabecillas, cuya ausencia debilita el control de las grupos, por lo general ha sido la antesala de la violencia en las prisiones. Evidencia de ello es la rivalidad entre los Lobos y R7 y el motín en Turi, donde fueron asesinados 20 presos.
Pero cuando crecen las amenazas al control de las prisiones por las pandillas, como con el traslado masivo de presos, la violencia puede dirigirse contra la policía y las fuerzas de seguridad, como ocurrió en Guayaquil el 1 de noviembre.
La situación se agrava con el traslado de presos entre algunas prisiones de máxima seguridad, como la del Litoral en Guayaquil, Turi en Cuenca, Bellavista en Santo Domingo de Los Tsáchilas, y la prisión provincial de Esmeraldas.
"A corto plazo, las megaprisones deben dividirse en instalaciones más pequeñas y controlables, con un número de guardias suficiente para el número de reclusos", planteó Ávila Santamaría, y añadió que la policía debe dejar de recompensar a las pandillas que dan información con permisos de porte de armas o el control de las prisiones. A mediano plazo, también ayudaría a evitar el hacinamiento el no tener en esos centros penitenciarios a los detenidos en prisión preventiva y los condenados por delitos no violentos.
Pero los intentos del gobierno de crear nuevas instalaciones no viciadas por el control de las pandillas han sido difíciles. La reapertura de La Roca, la instalación insalubre de Guayaquil, no ha sido una solución.
Los presos acusados de participar en motines fueron puestos en confinamiento allí en condiciones degradantes. "Los líderes de las bandas odian que los lleven a La Roca. Eso puede causar nuevos amotinamientos", declaró Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar de Ecuador, al diario digital Primicias.
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