Un tribunal especial ha anunciado que el número de víctimas conectadas al escándalo de los falsos positivos en Colombia es casi tres veces mayor de lo que se se había informado, lo que magnifica de manera dramática el alcance de uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia identificó al menos 6.402 víctimas entre 2002 y 2008, tiempo durante el cual el ejército atraía principalmente a jóvenes de bajos recursos para sacarlos de sus casas y asesinarlos, según relata un comunicado de prensa divulgado el 18 de febrero.
Los soldados vestían a las víctimas con trajes de combate y ponían armas junto a sus cuerpos para hacerlos pasar por guerrilleros activos, o falsos positivos, con el fin de inflar las bajas de combatientes enemigos, una práctica usada para justificar la ayuda estadounidense al ejército.
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El estimado de la JEP es mucho mayor al que reconoció recientemente la Fiscalía General de la República. A mediados de 2018, la JEP señaló que los fiscales colombianos reportaron un total de 2,248 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 1988 y 2014. Pese a eso, otros cálculos ya habían situado el número total de víctimas más cerca de los 5.000.
En la primera fase de su informe más reciente, la JEP dio prioridad a seis regiones: Antioquia, la Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta. El organismo halló que las víctimas identificadas entre 2002 y 2008 representaron el 78 por ciento del total, lo que indica que hay más víctimas de ejecuciones militares por fuera de este periodo de siete años.
Las ejecuciones sistemáticas se dieron en el contexto del conflicto armado entre el gobierno, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anteriormente el grupo guerrillero más grande del país antes de que los insurgentes se desmovilizaran en el marco de un histórico acuerdo de paz en 2016.
Análisis de InSight Crime
Los nuevos hallazgos de la JEP son un avance bien recibido en el objetivo de lograr mayor transparencia sobre algunos de los peores abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado en Colombia.
A comienzos de 2019, Human Rights Watch anunció que el comandante general del ejército era uno de los nueve generales investigados por abusos contra los derechos humanos y ejecuciones perpetradas por unidades a su mando. Aunque varios soldados han sido acusados y han ido a prisión por su presunta participación en las ejecuciones de falsos positivos, las autoridades aún no señalan a ningún mando del rango de un general.
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Durante el escándalo, las Fuerzas Armadas en varias ocasiones recibieron ayuda de la guerrilla, así como de grupos paramilitares. El exguerrillero del ELN, Luis John Castro Ramírez, alias “El Zarco”, declaró que ayudó a una unidad especial de inteligencia del ejército a reclutar a varias víctimas que serían ejecutadas, según la Fiscalía General.
Ramírez, quien se desmovilizó en 2010 y huyó a Europa antes de ser capturado el 13 de febrero en España, es investigado en Colombia por homicidio, según el presidente Iván Duque. Está acusado de engañar y entregar al menos a 14 víctimas para ser asesinadas por el ejército en Tolima y Valle de Cauca, según el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
Desde entonces, las estrategias agresivas del ejército no han desaparecido. Una investigación del New York Times en 2019 develó que comandantes del ejército alentaban a los soldados interactuar con sospechosos de delitos y les ordenaban aumentar el número de capturados o muertos. Posteriormente, se echó para atrás la estrategia, pero dejó gran inquietud sobre la línea dura adoptada por el actual gobierno en políticas de seguridad para enfrentar el actual panorama criminal de disidencias de las FARC, guerrilleros del ELN, y grupos paramilitares y narcotraficantes.
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