Una colaboración entre las autoridades de Uruguay y España para desmantelar una red internacional de tráfico sexual revela que el país suramericano sigue siendo una fuente de envío de mujeres esclavizadas hacia Europa.
A finales de febrero, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay anunció que un operativo de la Interpol logró desarticular una red que traficó por lo menos 29 mujeres hacia España desde 2017. Las mujeres denunciaron que fueron mantenidas cautivas y explotadas sexualmente, según la Interpol.
El operativo consistió en seis allanamientos simultáneos en todo Uruguay y España. Tres de ellos ocurrieron en residencias de Montevideo, la capital de Uruguay. Los demás ocurrieron en España: dos en la ciudad de Guadalajara y uno en una finca en Alcalá de Henares.
Ocho personas, cinco en España y tres en Uruguay, fueron puestas en custodia, acusadas de participar en la red de trata de personas. Cuatro de ellas eran mujeres y siete tenían nacionalidad uruguaya.
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Según relataron las autoridades, las mujeres víctimas de la red de trata viajaron a España con falsas promesas de oportunidades laborales. Pero al llegar a la propiedad en Alcalá de Henares fueron obligadas a ejercer la prostitución para pagar las deudas de viaje, hospedaje y alimentación que les cobraron los tratantes, informó de Europa Press. Esta es una táctica común en las redes de trata de personas,
Análisis de InSight Crime
Aunque Uruguay ha sido elogiado por mantener una de las tasas de criminalidad más bajas de la región, no ha logrado erradicar la trata de personas.
En 2010, el representante de las Naciones Unidas Joy Ngozi Ezeilo advirtió que Uruguay se había convertido en un país de origen, tránsito y destino de trata de personas. Al año siguiente, en 2011, Uruguay envió una publicación a todas sus embajadas explicando cómo detectar y combatir este delito.
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Aun cuando en la última década hubo algunos avances, la trata de personas sigue siendo un desafío para el país, como lo ilustró el Informe de 2020 sobre trata de personas, publicado por el Departamento de Estado de Estados Unidos.
En ese informe, el Departamento de Estado volvió a clasificar a Uruguay como país de nivel 2, explicando que aunque ha habido esfuerzos del gobierno por combatir este delito, el país aún no cumple los estándares mínimos establecidos. Entre los problemas citados se cuentan la no identificación proactiva de víctimas por parte de las autoridades, la inadecuación de servicios de atención a las víctimas y la falta de datos integrales.
En lo que respecta a la judicialización, el informe reconoce que ha habido un aumento de las tasas de condena de tratantes, algo por que lo Uruguay había sido criticado en años anteriores. En 2019, el gobierno uruguayo informó la imposición de condenas a ocho tratantes de personas, en comparación con ninguno el año previo. Mientras tanto, entre 2014 y 2019, Uruguay solo sentenció a cinco personas por trata de personas, según la Embajada estadounidense en Montevideo. Antes de 2015, el Departamento de Estado había colocado a Uruguay en la Lista de Observación de nivel 2 en trata de personas, a un paso de caer en la categoría más baja.
Según la Interpol, la ubicación de Uruguay sobre la costa atlántica hace al país especialmente atractivo para las organizaciones criminales transnacionales que buscan traficar personas.
Por otro lado, un informe de 2020 titulado “Dueños de personas, personas con dueños”, publicado por la organización no gubernamental uruguaya El Paso, indica que las desigualdades estructurales y la discriminación son factores adicionales que contribuyen a la vulnerabilidad de las mujeres uruguayas frente a la victimización.
El informe de El Paso destaca que el 17 por ciento de las víctimas uruguayas de trata de personas son llevadas a España e Italia.
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