Un reciente informe arroja luz sobre la propensión de abuso en los programas de visas temporales de trabajo que ofrecen empleos a obreros migrantes en Estados Unidos, y muestra cómo muchas veces lo que parece una oportunidad económica termina siendo servidumbre y otras formas de trata de personas.
Entre enero de 2018 y diciembre de 2020, la Línea de Atención a la Trata de Personas del Proyecto Polaris identificó cerca de 16.000 víctimas de trata laboral en Estados Unidos, según un nuevo análisis de datos de la organización no gubernamental dedicada a combatir la explotación sexual y laboral.
Sin embargo, expertos en trata de mano de obra declararon a InSight Crime que estas cifras son apenas la punta del iceberg, y no representan la escala real del problema.
Entre las visas que con mayor frecuencia facilitan abusos contra trabajadores migrantes se encontraron los tipos H-2A y H-2B. La primera permite a empleadores estadounidenses reclutar migrantes para labores agrícolas por temporada, y la segunda permite la contratación de otras labores de baja remuneración en industrias no agrícolas, como construcción, empacado de carne y paisajismo, entre otras.
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La mayoría de las víctimas identificadas con estas visas temporales fueron mexicanos de género masculino. Esto pone de relieve la dependencia desproporcionada de Estados Unidos de la mano de obra mexicana, en especial en labores agrícolas. En el año fiscal de 2021, por ejemplo, los mexicanos recibieron el 93 por ciento de las visas H-2A expedidas por el gobierno estadounidense y el 75 por ciento de las visas H-2B, según datos oficiales.
Aunque está generalizada la concepción errónea de que las víctimas pueden ser secuestradas o llevadas contra su voluntad, el informe señaló que las víctimas por lo general son contratadas mediante ofertas laborales en apariencia legítimas. Posteriormente, las víctimas son coaccionadas “mediante una compleja serie de métodos diversos, como amenazas, manipulación emocional y coerción económica”.
Se observó que los empleadores controlan a las víctimas principalmente mediante el uso de la fuerza, el fraude y la coerción, tres elementos claves de la trata de personas. Esto incluyó amenazas de denuncia de los jornaleros ante las autoridades de inmigración, obligar a las víctimas a trabajar más horas de lo permitido mientras se les retiene su paga y limitar el acceso de los trabajadores a la atención médica en caso de enfermedad o lesión, entre otros métodos.
Aun así, el gobierno estadounidense mantiene la gran dependencia de estos programas de visa. En una entrevista entre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden, celebrada el 12 de julio, este último declaró que su administración “logró un récord” el año pasado con la expedición de más de 300.000 visas temporales de trabajo a los mexicanos.
“Esta es una estrategia comprobada que promueve el crecimiento económico a la par que reduce la migración irregular”, afirmó el presidente Biden.
Pero lo cierto es que estas visas no disponen de mecanismos de protección y solo constituyen una alternativa para migrantes de determinado perfil, apunta el informe. Las visas temporales de trabajo no ayudan a quienes huyen de la violencia, el cambio climático, la violencia en razón del género o muchas otras condiciones que desplazan a la población de sus hogares.
“Debemos asegurarnos de que Estados Unidos brinde recursos y supervisión suficientes para garantizar la implementación de protecciones, empodere y proteja a los trabajadores, y haga responder judicialmente a empleadores y reclutadores abusivos”, señaló Andrea Rojas, directora de la Iniciativa Estratégica frente a la Trata Laboral del Proyecto Polaris.
Análisis de InSight Crime
Este informe pone de relieve la manera como la trata laboral muchas veces ocurre a plena vista en varias industrias importantes.
A pesar de que operan en marcos legales, en algunos casos, empleadores y reclutadores actúan como redes criminales. Un ejemplo de ello fue el llamado caso “Blooming Onion”, conocido en 2021. Los fiscales federales del estado de Georgia acusaron a un grupo transnacional de trata laboral de obtener ingresos ilegales por US$200 millones mediante la explotación de docenas de migrantes mexicanos y centroamericanos que trabajaban con visas H-2A en plantaciones estadounidenses, según los expedientes judiciales.
Al menos dos víctimas murieron como resultado de los abusos infligidos. Otros fueron vendidos como ganado, secuestrados o sometidos a amenazas de muerte por parte de la red, explicaron los fiscales en el acta de imputación.
“La regulación actual que rige estos programas de visas temporales, permite operar con impunidad casi absoluta a empresas criminales”, comentó Rojas a InSight Crime.
El Proyecto Polaris halló que uno de los problemas más grandes que afrontan los trabajadores migrantes que se encuentran en Estados Unidos con estas visas es el “desequilibrio de poder” creado por el actual sistema. Los trabajadores están atados al empleador que los patrocinó para recibir la visa. Pueden ser denunciados a las autoridades de inmigración, detenidos y deportados si intentan buscar otro empleo.
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Esto dificulta cada vez más la identificación de la trata laboral, en particular cuando los trabajadores se encuentran aislados en zonas rurales y en lugares de trabajo con un estricto control. Cuando las condiciones de esos lugares degeneran en explotación, las víctimas temen denunciar aun si tienen acceso a los recursos necesarios para hacerlo. Si son despedidos y deportados, no solo pierden la posibilidad de sostener a sus familias, sino que además corren el riesgo de ser incluidos en una lista negra por los reclutadores para futuros trabajos ofrecidos por empleadores estadounidenses.
“Las víctimas de trata no se identificarán como tales si están bajo amenaza”, señaló Rojas. “Si la amenaza está presente, es improbable que denuncien porque el diseño actual del sistema no les ofrece alternativas seguras”. Pero con los ingresos que los reclutadores locales reciben según el número de trabajadores que puedan reclutar, combinados con la continua demanda de trabajadores migrantes por parte de los empleadores estadounidenses, no hay escasez de aspirantes a esas plazas. Eso pone a muchos trabajadores mexicanos y centroamericanos en una posición vulnerable a la explotación.
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