Las sanciones de Estados Unidos contra dos políticos guatemaltecos: un operador político y un influyente legislador, son el último golpe de aviso de Washington para demostrar que su cruzada contra la corrupción en Centroamérica va en serio.
Las sanciones, anunciadas el 26 de abril por el Departamento de Estado de ese país, se aplicaron a Gustavo Alejos Cámbara y Felipe Alejos Lorenzana por su presunta interferencia en la designación de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Corte de Apelaciones.
Alejos Cámbara, secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012) y poderoso operador político, se encuentra bajo arresto domiciliario por cargos de corrupción y está acusado de dirigir un esquema de tráfico de influencias.
Él y Alejos Lorenzana, diputado, están señalados de sobornar a miembros del congreso y jueces para influir en los nombramientos a la judicatura y para lograr fallos favorables para sí y para terceros, según un comunicado dado a conocer por el Tesoro estadounidense.
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Ambos fueron penalizados en el marco de la Ley Global Magnitsky, que permite a Estados Unidos congelar los bienes y en general prohibir a residentes de ese país celebrar cualquier tipo de negocios con ellos, según el Departamento del Tesoro.
“Esta acción permite arrojar luz sobre la corrupción y promover la rendición de cuentas de quienes pretendan boicotear la acción judicial”, señaló la secretaria del Tesoro Janet Yellen en un comunicado referente a las sanciones.
Alejos Lorenzana no respondió las llamadas y mensajes de InSight Crime invitándolo a referirse a la sanción. En declaraciones dadas el 27 de abril en las afueras del parlamento, dijo a la prensa que no había recibido una notificación oficial sobre las sanciones y solo había sabido de ellas por los medios de comunicación.
El abogado de Alejos Cámbara dijo a InSight Crime que consultaría con su cliente para comentar sobre el tema, pero al momento de esta publicación no había enviado una declaración. Anteriormente ambos personajes han negado su participación en delito alguno.
Las sanciones ocurrieron pocas horas antes de una reunión virtual entre la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris y el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei. En la reunión, Harris recalcó que “la corrupción y la falta de buena gobernanza” eran unas de las causas de la desbandada de migrantes guatemaltecos hacia Estados Unidos.
Análisis de InSight Crime
Con estas sanciones, parece que Washington está pasando del discurso anticorrupción a la acción.
En junio de 2020, el senador estadounidense Patrick Leahy, demócrata en representación de Vermont, fue el primero en alertar que las cortes de Guatemala eran “nuevamente blanco de ataques por parte de legisladores y organizaciones criminales”. Desde entonces, el clamor de los legisladores estadounidenses con sus críticas a los intentos de socavar las altas cortes de Guatemala no ha dejado de cobrar fuerza.
Entre sus críticos están la alta funcionaria del Departamento de Estado Julie Chung, quien dijo en un tuit del 15 de abril que Estados Unidos se había unido a otras naciones en la expresión de su “profunda preocupación” luego de que el congreso de Guatemala intentara impedir que una reconocida jueza anticorrupción ocupara su lugar en la Corte de Constitucionalidad (CC).
La representante Norma Torres, demócrata por el estado de California, también se pronunció abiertamente sobre el tema, mediante un tuit del 13 de abril, donde señalaba que Guatemala estaba eligiendo jueces con “conflictos de intereses y presuntos nexos con corrupción a la par que hacía a un lado y atacaba a verdaderos defensores del estado de derecho”.
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En febrero, altos funcionarios del Departamento de Estado recalcaron la importancia de que candidatos honestos asumieran los cargos de la mayor instancia judicial de Guatemala, ya que en el pasado sus fallos han sido fundamentales para combatir la impunidad.
Al dar el salto de los pronunciamientos a las sanciones, Estados Unidos parece estar enviando un mensaje a Guatemala en un momento en que sus iniciativas anticorrupción penden de un hilo. Esas sanciones también son la antesala de nuevas medidas. Aún se espera que el gobierno estadounidense publique su lista Engel, donde se cuentan los funcionarios de gobierno guatemaltecos, salvadoreños y hondureños sospechosos de corrupción, a quienes se les revocarán sus visas.
Las medidas contra Alejos Cámbara y Alejos Lorenzana comenzaron en junio de 2020, cuando el Departamento de Estado del país del norte les prohibió a ambos el ingreso a su territorio.
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