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Coronavirus desata motines en cárceles de Latinoamérica

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Presos en Argentina trepan los muros de la prisión en protesta por la falta de protección frente al coronavirus

Amotinamientos de presos han sacudido las cárceles de Latinoamérica en medio de los brotes de COVID-19, una evidencia más de que los sistemas penitenciarios de la región están colapsando bajo la presión de la pandemia.

Una encuesta realizada en 18 países arrojó que 11 de ellos registraron revueltas de internos en los últimos meses, según un informe publicado en el mes de junio por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia en alianza con la Sociedad Latinoamericana de Criminología. En seis de esos países hubo presos muertos en los disturbios, aseguró el informe.

En toda la región, la población carcelaria demandaba más visitas de sus familiares, quienes a menudo les llevan alimentos, mejores condiciones sanitarias para evitar el contagio y mayor uso de equipos de protección personal para el personal penitenciario.

Los países cubiertos por la encuesta fueron Venezuela, Ecuador, México, Perú, Belice, Paraguay, Panamá, Colombia, Nicaragua, Uruguay, Argentina, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Chile, Bolivia, Honduras y República Dominicana. El estudio incluyó un total de 27 sistemas carcelarios, pues en México, Argentina y Brasil se desglosaron las penitenciarías para incluir los sistemas estatales y federales.

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Los temores de propagación del coronavirus en los centros de reclusión llevaron a muchos países de la región a implementar programas de excarcelación de reclusos para mitigar el hacinamiento. Casi el 70 por ciento de los sistemas penitenciarios encuestados liberaron algunos presos, la mayoría de ellos propensos a complicaciones por la enfermedad y a infractores no violentos, según recogió el informe.

Pero las excarcelaciones fueron extremadamente limitadas. Cinco sistemas redujeron su población carcelaria en menos de 1 por ciento, y otros nueve la redujeron entre uno y cinco por ciento. Solo tres lograron reducciones mayores: Paraguay liberó entre el 5 y el 10 por ciento de sus presos, y Chile y Nicaragua liberaron hasta un 15 por ciento.

En comparación, el sistema penitenciario de Paraguay tiene actualmente tres veces el número de personas bajo custodia que está en capacidad de retener, mientras que Nicaragua tiene el doble, según lo hallado en el estudio.

El informe también analizó el daño que el coronavirus ha dejado en los empleados carcelarios, al señalar que dos de cada tres sistemas tuvieron personal positivo a las pruebas de COVID-19.

Los investigadores advirtieron sobre el avance de la propagación de COVID-19 en las prisiones de Latinoamérica, afirmando que “la sobrepoblación seguirá en aumento” y que es probable que más reclusos y empleados carcelarios “mueran”.

Análisis de InSight Crime

Los amotinamientos de reclusos persistirán mientras sigan aumentando los informes de brotes de COVID-19 entre esta población de países latinoamericanos, donde el hacinamiento y las condiciones de insalubridad son caldos de cultivo para el virus, y donde los presos tienen pocos recursos para exigir protección.

Una mirada a las noticias de la prensa local sobre resultados positivos en las poblaciones carcelarias muestra que se ha encontrado el virus en prisiones de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, ColombiaBrasil. Es grande la probabilidad de que otros centros carcelarios de toda la región enfrenten brotes similares.

El virus se propagó aun donde los directivos liberaron a algunos presos para mitigar la sobrepoblación —una medida que no tiene posibilidades de aliviar años de hacinamiento carcelario—. En Argentina, algunos reclusos entraron en huelga de hambre y escalaron los muros de la cárcel para exigir que se les permitiera purgar sus penas en casa. La liberación de 800 presos por decreto gubernamental, sin embargo, recibió críticas de activistas por los derechos de las víctimas y desató protestas contra esa política.

Otras medidas han contribuido a exacerbar la tensión. El motín que más muertes dejó se presentó en mayo, en el centro penitenciario de Los Llanos en Venezuela, cuando resultaron muertos 50 reclusos y heridos otros 75 después de que se encendieran las protestas por hambre entre los presos. Las visitas de los familiares se han prohibido por la pandemia, pero la gran mayoría de los presos en Venezuela dependen de sus allegados para obtener alimentos y otros productos básicos.

La falta de atención médica e implementos sanitarios también ha aumentado las tensiones entre los presos. Según el informe, menos de una tercera parte de 23 sistemas penitenciarios informaron que estaban en capacidad de hacer pruebas para el virus en los primeros dos meses después del brote.

En Colombia, la cárcel de Villavicencio, al sur de la capital Bogotá, tuvo más de 700 reclusos positivos por el virus de una población de 1800 a comienzos de mayo. En ese momento, la prisión contaba únicamente con dos prestadores de salud, una enfermera y un auxiliar de enfermería, y ambos también se contagiaron, como informó El Espectador. Colombia fue uno de los primeros países de la región donde se presentaron amotinamientos fatales en los centros de reclusión cuando se inició la propagación del virus en marzo.

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En Perú, los presos indignados por la falta de protección y suministros sanitarios se sublevaron, y quemaron sus colchones. Para ese entonces, a finales de abril, más de 600 se habían contagiado y 13 habían muerto por esa causa, según recogió Reuters.

En las prisiones de Brasil, por largo tiempo bajo el control de poderosas pandillas carcelarias como el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), los presos han escapado y varios guardias fueron tomados como rehenes.

El personal penitenciario también se ha enfermado, lo que ha exacerbado la escasez ya masiva de agentes correccionales en las prisiones de la región.

El codirector de InSight Crime Steven Dudley escribió en una editorial para Foreign Affairs que el descuido de necesidades básicas como atención médica, higiene y nutrición en los sistemas penitenciarios de Latinoamérica ha reforzado la posición de poder de los líderes y pandillas carcelarias durante la pandemia, lo que ha llevado a que los presos los consideren cada vez más como la única fuente de ayuda en medio de la propagación del virus.

Frente a la carencia de protección básica, los presos están abocados a la agudización del temor al contagio frente a los brotes de COVID-19, y ese solo temor es suficiente para desatar un motín.

‘Hoy el PCC es una agencia reguladora de la violencia en Brasil’: Bruno Paes Manso

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Se estima que el PCC tiene unos 30.000 miembros en todo Brasil
Se estima que el PCC tiene unos 30.000 miembros en Brasil.

El PCC se ha convertido en una de las organizaciones más complejas y relevantes del mundo criminal de América Latina con más de 30.000 miembros, presencia activa en Paraguay y con sus tentáculos en redes de narcotráfico alrededor del mundo.

El grupo brasileño ha llegado hasta donde está gracias a una ideología que ha privilegiado la colaboración sobre la confrontación, según Bruno Paes Manso, periodista e investigador de la Universidad de São Paulo, cuyo libro, “La guerra. El ascenso de PCC y el mundo del hampa en Brasil”, describe el ascenso al poder de la pandilla más grande de Brasil.

InSight Crime conversó con Paes Manso sobre los elementos que hacen que el modelo de “cooperativa criminal” que el PCC patentó sea tan efectivo en Brasil, el potencial de expansión que tiene en el resto de la región y los elementos que hacen que las autoridades todavía no logren detenerla.

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IC: ¿Cuánto del poder del PCC surge de haber tomado parte de las responsabilidades que, tradicionalmente, le corresponden al Estado, por ejemplo, en el cuidado de los presos?

BPM: En San Pablo, por ejemplo, el sistema penitenciario tiene mucha sobrepoblación. Hace dos años entré en una celda con espacio para 12 personas y había 50, con todas sus pertenencias y apenas un baño. Tampoco hay comida o ropa suficiente para todos los presos.

La persona que consigue organizar ese caos es muy importante y no es el Estado. El PCC entra en las cárceles y logra hacer eso con un discurso sobre justicia e igualdad. Entonces el PCC ayuda al Estado porque consigue administrar ese caos que puede explotar en cualquier momento.

Al mismo tiempo, el Estado sabe establecer ciertos límites con ellos. Parece que hay acuerdos, pero también hay muchas tensiones. Es como un juego de ajedrez entre dos partes.

IC: La estrategia, aun sin un objetivo claro, parece haber sido muy efectiva. ¿Puede llegar a ser un modelo criminal para otras organizaciones?

BPM: Sí, porque el mercado de drogas es muy lucrativo.

Como modelo de negocios, yo pienso que el punto más fuerte que puede ser replicado en otros lugares es, primero, crear protocolos criminales que sean respetados para que todos ganen más en este mercado muy lucrativo. Ese es su punto fuerte: crear orden en el mercado informal e ilegal que, por naturaleza, no tiene orden.

IC: Y ocupando el espacio vacío que el Estado ha dejado…

BPM: Sí, pero yo pienso que hay dos cosas. En los barrios pobres, el Estado tiene que estar presente con los hospitales, educación, y salud. Yo pienso que el tráfico de drogas ofrece una carrera y una identidad muy seductora para los jóvenes. Les ofrece una masculinidad “guerrera” con algo de dinero. El Estado les disputa a las organizaciones eso.

El desafío es cómo convencer a esos jóvenes. ¿Cómo lograr que construyan sueños fuera del tráfico de drogas? Son problemas muy ligados a la masculinidad. Cómo conseguimos entrar en esta disputa y construir una narrativa que abra puertas de sueños para estas personas.

IC: ¿Cuál es la motivación de una organización como el PCC, es económica, política o ambas?

BPM: El PCC no nació como una empresa de tráfico de drogas, sino como una forma de sobrevivir dentro de las cárceles y en las periferias de las ciudades de Brasil, en ambientes muy violentos; se convirtió en una estrategia de supervivencia para muchos hombres. El crimen fue una suerte de identidad de masculinidad urbana de la periferia que se creó.

El PCC surgió en un contexto de muchos homicidios y violencia en San Pablo, como una forma de regulación de la violencia. El tráfico de drogas fue financiando esa máquina burocrática de orden.

Hoy se profesionalizaron en ese mercado y las ganancias han sido muy importantes.

Pero cuando hablamos de política, o una propuesta política, el PCC no tiene una propuesta concreta. No tienen proyecto político en ese sentido.

IC: Si pensamos al PCC desde el punto de vista económico, en términos de dinero, ¿de cuánto estamos hablando?

BPM: La última estimación, que creo que es del 2016, es de algo en torno a los 200 millones de reales que son algo así como US$40 millones por año. Esto es muy bajo en comparación con el dinero que generan los carteles.

Es muy importante entender que hay una diferencia entre el PCC como persona jurídica, como organización, y como persona física, que es la enorme red de individuos que son miembros del PCC y que ganan dinero con sus propios negocios y pagan una mensualidad a la organización. Esto lo diferencia de los carteles.

Los carteles ganan dinero como una empresa, sus ganancias son contabilizadas como una gran empresa. El PCC es una red de socios que pueden ganar su propio dinero, pero que tienen que comprometer recursos para los gastos de la propia maquinaria, de su burocracia.

IC: Ese nivel de ganancias y operaciones nos dice que el PCC tiene una gran capacidad de negociación y diplomacia.

BPM: Sí, hay un proceso civilizatorio del mercado. Son vendedores y aprenden a ser vendedores. El mercado tiene un papel fundamental en pacificar las relaciones porque todos ganan. La guerra no es necesaria porque, cuando hay relaciones políticas, el mercado ayuda en ese sentido. Todos ganan.

El PCC crea un orden: ganar dinero, invertir más y ampliar los contactos y las oportunidades.

Esos US$40 millones de dólares son lo que gana para invertir en los derechos de los miembros de la organización, en los abogados, en las familias de los presos, en todo lo que hace que la organización funcione.

IC: Un formato de cooperativa que presta atención a las necesidades de sus miembros y les da libertad económica parece ser un formato mucho más efectivo y duradero en el tiempo que otros modelos de organización criminal…

BPM: La fuerza del PCC es la inteligencia de su estructura. Si una persona líder de la organización cae presa, la organización continúa. En el caso del PCC, la muerte o prisión de una persona no importa mucho porque la estructura es fuerte. Es como una gran hermandad de socios que se ayudan unos a otros. Como una cooperativa donde hay una concentración de recursos para invertir en los derechos de sus socios, pero es, al mismo tiempo, más flexible que otro tipo de organizaciones.

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IC: Siendo un modelo exitoso, ¿por qué no se ha exportado de forma más extensa a otros países?

BPM: En primer lugar, es porque el PCC está formado por personas muy pobres sin educación, que solo hablan portugués. Tienen dificultades para hablar otros idiomas, en general conocen a sus socios internacionales dentro de las cárceles pero tienen dificultades para acceder a otros territorios.

Si los comparamos con carteles de Colombia o de México, el PCC no se les aproxima. Sin embargo, considerando la realidad de Brasil, que no es un país productor, no está cerca de Estados Unidos y es solo un mercado de paso, vemos que el PCC logra un crecimiento de la participación de Brasil en el mercado del narcotráfico mundial bastante importante.

IC: El PCC si ha logrado establecer una presencia en Paraguay. ¿Cómo es ese PCC en comparación con el que vemos en Brasil?

BPM: Pienso que la presencia en Paraguay es un paso estratégico, cada vez más importante. Cuando llega a las fronteras, el PCC tiene acceso a grandes volúmenes de drogas. El gran problema del tráfico en Brasil es que ha sido muy caro por los costos de la “guerra en las calles”  generada para ofrecer pequeñas cantidades al consumidor final; mucha violencia, muchas muertes.

Cuando el PCC accede a los grandes volúmenes de droga, cambian las cosas: dejan de tener tantos problemas en las calles, hacen que la venta sea mucho más lucrativa. Por esto, las relaciones del PCC con sus socios en Paraguay son muy estratégicas.

IC: Hay reportes recientes de que el PCC ha comprado propiedades para producir marihuana en Parguay y coca en Bolivia. ¿Cuánto esfuerzo cree que el PCC dedica a tener control de la producción de droga?

BPM: Me parece que la producción de marihuana en Paraguay no es en términos de propiedad de los terrenos por parte de grandes empresarios; invierten en terrenos públicos en grandes plazas para que, en caso de que la autoridades los identifiquen, las plantaciones no puedan ser asociadas con nombre propio a un propietario determinado. Esa es la característica de plantación de marihuana en este país.

Por lo que la propiedad de los terrenos donde plantan por parte del PCC no parece ser la estrategia. Ya se había escuchado que el PCC estaría intentando llegar a las plantaciones de marihuana, pero no comprando terrenos para plantar porqué precisamente la justicia puede asociar terrenos a su nombre.

Es más viable algún tipo de sociedad con plantadores, pues el modelo de negocio del PCC se enfoca más en financiar grandes emprendimientos; son más como financistas: trabajan con alguien que tiene el terreno, alguien que tiene la condición de cultivador, con los campesinos.

IC: ¿Qué efectos puede tener todo esto con las rutas de drogas en la región y con la relación con otros grupos criminales?

BPM: Es difícil asegurarlo, pero pensando como un emprendedor, hay muchas similitudes con cualquier negocio. Siempre hay rutas que permiten la distribución en Brasil y mercados privados. Si estas rutas funcionan no hay necesidad, pero si hay oportunidad para crear otras rutas, acceder a otros mercados y ampliar sus lucros, por supuesto que el PCC lo va a hacer.

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IC: ¿Qué ha hecho el Estado para detenerlos y que efectividad ha tenido?

BPM: En Brasil hay muchas personas prensas y no hay espacio suficiente. El PCC entró para organizar y disminuir las muertes en las prisiones. Disminuyó los problemas allí y luego pasó a ser muy importante para mantener un equilibrio en el sistema de la prisión.

El desafío para el Estado es ese equilibrio.

IC: La relación entre el PCC y el Estado entonces es un balance muy delicado …

BPM: Sí, porque al mismo tiempo que el PCC administra la cárcel, algo que para el gobierno es bueno porque así el sistema penitenciario no explota, el PCC consiguió crecer dentro de las cárceles durante los últimos 20 años y creó una cierta libertad para hacer negocios dentro de ese sistema. Había una cierta tolerancia, pero también limites que no pueden ser traspasados. Es un fino balance entre ambos.

Pero el PCC es muy creativo, crea formas de burlar los límites que pone el Estado. El Estado tiene también muchos otros problemas, no hay recursos, no hay suficiente inteligencia policial, etc.

IC: Pensando en esta evolución que nos describe y en el futuro, ¿cree que el PCC ha llegado a la cima de su potencial como organización?

BPM: Tiene posibilidades de expandirse porque tiene una estructura muy flexible, que no es competitiva. La inteligencia de esta estructura es trabajar como socios. El PCC ofrece sus servicios a narcotraficantes para que puedan vender más. No compiten por mercados sino que construyen una red de distribución de socios para que todos puedan vender más drogas.

IC: Pensando en el posible futuro del PCC, ¿puede ser que la organización se expanda?

BPM: El PCC, como otros grupos criminales, sabe que la administración del territorio genera problemas muy grandes y muy costosos, porque para administrar una plantación de marihuana en Paraguay, por ejemplo, tiene que conocer a sus habitantes, sus tradiciones, su policía, tiene que tener relaciones con las instituciones locales. Es una inversión muy costosa que no tiene sentido para ellos. No tiene sentido que un grupo de personas de las favelas de San Pablo pueda llegar a generar relaciones en un territorio extranjero, con personas extranjeras, entonces yo pienso que la organización no tiene esa pretensión.

* La transcripción de la entrevista fue editada para mayor claridad y brevedad.

Nueva acusación de EE.UU. contra la MS13 es más alarde político que acción antiterrorista

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El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, presenta la acusación contra un líder de la MS13.

La semana pasada el gobierno de Estados Unidos levantó cargos de terrorismo por primera vez contra un líder de la pandilla MS13. La acusación, presentada con gran ostentación, parece más bien una estrategia política que un verdadero intento de ir tras la organización.

Armando Eliu Melgar Díaz, alias “Blue” o “Clipper”, un líder poco conocido de la MS13, fue imputado en el Distrito Este de Virgina, según una acusación desclasificada el 14 de julio. Se le acusa de ocho “delitos relacionados con terrorismo”, que van desde concierto para delinquir y proporcionar apoyo a terroristas hasta narcoterrorismo y conspiración para financiar el terrorismo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general, William Barr, dijeron en un comunicado de prensa el 15 de julio que los fiscales pedirán la pena de muerte.

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Desde 2003, Melgar Díaz se trasladó varias veces entre El Salvador y Estados Unidos, donde se había vinculado a la MS13. La última vez que fue deportado al país centroamericano fue en 2016. El año siguiente se convirtió en cabecilla del Programa de la Costa Este de la MS13 en Estados Unidos, según los fiscales.

En esas funciones, Melgar Díaz supuestamente mantuvo estrecho contacto con los líderes de la MS13 en El Salvador, conocidos como “La Ranfla”, así como en México, donde los pandilleros, se supone, estaban “cooperando con el Cartel del Golfo”.

Clipper también supervisaba varias clicas de la MS13 en Estados Unidos, dice la acusación. Los fiscales sostienen que el pandillero transmitía la aprobación de los líderes en El Salvador para que los pandilleros extorsionaran y llevaran a cabo asesinatos en Estados Unidos, además de coordinar cargamentos de drogas y armas que eran recogidos por pandilleros.

Análisis de InSight Crime

Aunque esta acusación ha acaparado titulares y describe actos claramente criminales, sus detalles no logran justificar el argumento del gobierno de Estados Unidos para levantar cargos de terrorismo contra el pandillero.

Según la definición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el terrorismo consiste en la intención de “(i) intimidar o coaccionar a una población civil; (ii) influir en la política de un gobierno mediante intimidación o coacción; o (iii) afectar la conducta de un gobierno mediante destrucciones masivas, asesinatos o secuestros”.

Esta amplia definición describe a cientos de grupos criminales en el continente americano y en otros territorios. Y si bien la MS13 emplea dramáticas demostraciones de violencia que generan, como dice la acusación, un “clima de miedo”, resulta bastante exagerado etiquetar a la pandilla como un grupo terrorista similar a Hezbolá o Al Qaeda.

Como InSight Crime documentó en una exhaustiva investigación de varios años, la MS13 es más una organización social que una estructura criminal, y recurre a la violencia como un medio para reforzar los lazos internos y fortalecer la cohesión grupal. La violencia es utilizada como un medio para ingresar a la organización, ascender en sus rangos, disciplinar a los miembros, controlar los conflictos al interior de la pandilla y castigar a los intrusos, entre otras cosas.

Pero rara vez la violencia es empleada con fines políticos expresos, y ello se hizo sobre todo durante cierto periodo entre 2012 y 2014 en El Salvador, cuando los homicidios se utilizaron como una manera de obtener condiciones carcelarias más favorables para los líderes del grupo, a la vez que la MS13 y otras grandes pandillas establecieron una tregua entre ellas.

Aun más, la pandilla no tiene objetivos políticos declarados y no le interesa dirigir a las masas hacia nuevas políticas radicales que redunden en su beneficio. Le interesa reducir la presión policial, conseguir mejores condiciones carcelarias y obtener retornos económicos de los programas gubernamentales.

Esos fueron los beneficios que las pandillas buscaron cuando de manera secreta participaron en negociaciones para ayudar a los dos principales partidos políticos del país durante las elecciones presidenciales de 2014 en El Salvador, como se menciona en la acusación estadounidense. Ambos partidos pagaron a las pandillas, como declararon algunos testigos más tarde y como lo demostraron las grabaciones y videos furtivos que más tarde se publicaron (entre otros medios, por InSight Crime). Pero esto no era terrorismo precisamente; era politiquería en la trastienda, al estilo salvadoreño.

La acusación padece de otros problemas adicionales. Las actividades criminales de Melgar Díaz no encajan en la definición tradicional de actos terroristas, como la de enviar suicidas a dinamitar centros comerciales. Sin embargo, los fiscales estadounidenses alegan que Melgar Díaz obtuvo “fondos [para] comprar grandes cantidades de cocaína” y envió repetidamente a miembros de la MS13 en Centroamérica a la frontera entre El Salvador y Guatemala para “recibir grandes cargamentos de sustancias ilegales y armas de fuego” para la pandilla.

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Otras acusaciones de los fiscales en Virginia son “apoyo material a los terroristas”, “financiar el terrorismo” y “narcoterrorismo”, los cuales se basan en la idea de que en países como El Salvador se acepta que la MS13 es una organización terrorista. Hasta la fecha, sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha definido así a la pandilla de manera formal.

Al parecer, los fiscales identificaron un vacío en su acusación, por lo que recurrieron a varias sanciones tanto en Estados Unidos como en El Salvador para sustentar los cargos de terrorismo. En julio de 2011, una orden ejecutiva firmada por el entonces presidente Barack Obama declaraba que las “actividades de importantes organizaciones criminales transnacionales […] han alcanzado tal magnitud y gravedad que amenazan la estabilidad de los sistemas políticos y económicos internacionales”.

De conformidad con esa orden ejecutiva, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la MS13 en octubre de 2012 por ser una “importante organización criminal transnacional”. Finalmente, las autoridades estadounidenses citan un polémico fallo de la Corte Suprema de El Salvador en el año 2015, en la que se clasifica a la pandilla como una organización terrorista.

Pero hasta ahora no había existido ningún organismo del gobierno estadounidense que hubiera etiquetado a la MS13 como una organización terrorista.

Las autoridades estadounidenses tampoco ofrecieron detalles sobre los pandilleros de la MS13 que supuestamente están “involucrados con el Cartel del Golfo”, uno de los grupos de crimen organizado más antiguos de México.

El momento en el que se presenta la acusación también es llamativo. Indica que el presidente Trump sigue intentando usar a la pandilla para exaltar a sus seguidores políticos antes de las elecciones de noviembre de 2020. Su administración ha solido utilizar a la MS13 como el gran enemigo con el fin de obtener respaldo para las políticas que buscan poner a los migrantes indocumentados en el mismo saco y deportarlos.

“Creemos que los monstruos que asesinan a niños deberían ser ejecutados”, dijo el presidente Trump el 15 de julio, día en que la acusación fue dada a conocer. “Estas personas asesinan a niños y lo hacen tan lenta y cruelmente como les es posible. No permitiremos que estas bestias aterroricen a nuestras comunidades, [y] mi administración no descansará hasta que todos los miembros de la MS13 sean llevados ante la justicia”.

Pero como ocurrió cuando se refirió a la pandilla por primera vez, la agresión verbal de Trump contra la MS13 es equívoca y distorsiona la realidad con el fin de obtener beneficios políticos.

Nueva oficina anticorrupción de Guatemala: ¿otra cortina de humo?

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Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

El ministerio público de Guatemala acaba de crear una nueva oficina contra la corrupción. De inmediato han surgido dudas acerca de los verdaderos alcances del organismo y de la posibilidad de que, al crear más burocracia, esto solo sirva para obstaculizar las investigaciones en los altos niveles del gobierno.

El 10 de julio, la fiscal general de Guatemala, María Consuelo Porras, designó al actual subsecretario del Ministerio Público (MP), Estuardo López y López, como titular de la recién inaugurada Secretaría contra la Corrupción de la institución, informó El Periódico.

En su nuevo puesto, López y López trabajará de manera coordinada con los fiscales, participará en la Comisión Presidencial contra la Corrupción y auditará las prácticas internas del MP en busca de patrones de mala conducta.

Mientras fue subsecretario del MP, López y López fue objeto de escrutinio por supuestamente proteger a un funcionario de alto nivel. En 2019, El Periódico informó que varias llamadas hechas por él impidieron la detención de Roberto Mota Bonilla, exjefe de seguridad del Organismo Judicial (OJ), nombre genérico con el que en Guatemala se conoce el poder judicial. Mota Bonilla era requerido en ese momento por cargos de violencia doméstica, según Prensa Libre.

López y López dijo que los funcionarios que intentaban arrestar a Mota Bonilla no se identificaron debidamente y por eso él hizo las llamadas telefónicas.

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El nombramiento de López y López en el nuevo cargo se produce en medio de una agitación en el sistema de justicia de Guatemala. Varios congresistas y operadores políticos locales han sido acusados de corrupción y tráfico de influencias en detrimento de la selección de magistrados de las altas cortes. A esto le siguió el intento de despojar de inmunidad a cuatro jueces de la Corte de Constitucionalidad, mediante el cual se descalificó a varios candidatos a cargos judiciales debido a su cuestionado pasado.

Varios jueces y fiscales prominentes también han sido atacados. La magistrada Erika Aifán, una reconocida jueza anticorrupción que ha llevado casos como el del complot para realizar fraude en el organismo de seguridad social por US$50 millones en 2019, ha sido objeto de amenazas de muerte, y diversas maniobras legales han buscado desautorizarla, como informó La Hora.

Estas acciones han provocado protestas de los defensores judiciales en Guatemala y en el extranjero, quienes han advertido que se podría presentar una crisis constitucional.

Ni la fiscal general, Consuelo Porras, ni el presidente del país, Alejandro Giammatteiinvestigado previamente por los fiscales anticorrupción— han intentado corregir la actual crisis constitucional.

Análisis de InSight Crime

Es probable que el nuevo organismo anticorrupción de Guatemala sirva como una cortina de humo que no hará más que entorpecer y desviar recursos de fiscales y jueces que durante años han intentado luchar contra la corrupción en los altos niveles.

Un exfiscal guatemalteco que ha intervenido en casos de corrupción en el pasado y que habló sobre el tema bajo condición de anonimato, le dijo a InSight Crime que lo único que logra esta entidad es añadir más burocracia.

“Lo único que hace es complicar las cosas”, afirma el exfiscal. “Así no se puede llegar muy lejos en la lucha contra la corrupción”.

El exfiscal añade que lo que debería hacer el gobierno es fortalecer la Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (FECI) y sus oficinas de fiscalización.

Es poco probable que eso suceda, dado el retroceso de Guatemala en la lucha contra la corrupción, desencadenado por la destitución de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el año pasado. La comisión, que tenía respaldo de la ONU, operó en el país durante más de doce años, entre 2006 y 2019, durante los cuales fortaleció las capacidades investigativas de los fiscales locales y ayudó a enviar a la cárcel a poderosos empresarios, figuras del crimen organizado, políticos e incluso presidentes.

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En última instancia, la CICIG fue víctima de su propio éxito, ya que sus investigaciones provocaron represalias de las élites políticas y empresariales, muchas de las cuales habían sido acusadas de corrupción. Después de una prolongada batalla, el expresidente Jimmy Morales —cuyo hermano e hijo fueron objeto de las investigaciones de la CICIG— se negó a extender el mandato de la CICIG, y el organismo fue suprimido en septiembre de 2019.

Giammattei, quien asumió el cargo en enero de 2020, ha dicho que está dedicado a combatir la corrupción en Guatemala.

Sin embargo, la ausencia de la CICIG ha incentivado a las mismas élites políticas y empresariales a reanudar sus ataques contra el sistema de justicia. Juan Francisco Sandoval, director de la FECI, enfrenta decenas de denuncias, muchas de ellas presentadas por aquellos a quienes investiga, como una forma de acoso. Sandoval le dijo a InSight Crime en junio que los mecanismos estatales para garantizar la impunidad “se han vuelto más sofisticados”.

Y además está el intento de despojar de inmunidad a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, lo que pone en peligro la independencia de la Corte y somete a los jueces al mismo tipo de hostigamiento que enfrentan Sandoval y su equipo.

Giammattei y Consuelo Porras se han hecho a un lado y se han negado a intervenir. Este silencio ha sido de utilidad para los intereses varios jueces y representantes del Congreso, muchos de los cuales han sido investigados por la FECI y otras instituciones anticorrupción.

Disparidad entre incautaciones de narcodólares y decomisos de droga en Nicaragua

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Policía de Nicaragua ha anunciado enormes decomisos de dinero sospechoso de pertenecer al narco

La Policía Nacional de Nicaragua ha registrado la incautación de enormes cantidades de dinero del narcotráfico a la par que se reduce el decomiso de cocaína en comparación con años anteriores, lo que plantea el interrogante de cómo ese organismo en dificultades encuentra el dinero y adónde lo envía luego de su recuperación.

Entre 2017 y finales de junio de 2020, la policía nicaragüense decomisó US$38 millones en dinero de la droga, en la mayoría de los casos tras la captura de cuidadores de fincas o de conductores que transportaban el dinero a granel, o por encontrarlo en maletas “abandonadas”, según una investigación publicada en el mes de julio por la organización periodística local Artículo 66 y Expediente Público.

Durante el primer semestre de este año, el reportaje señala que las autoridades habían confiscado casi US$10,5 millones en 16 operativos.

Y las autoridades parecen estar haciéndose más eficientes. En 2017, la policía supuestamente recogió un poco menos de US$6 millones en 15 operativos. En 2019, se duplicó la cantidad de dinero decomisado en 19 operativos, al pasar a poco más de US$12 millones, según el reportaje de Artículo 66, en un momento en que el país aún estaba recuperándose de una crisis política que sumió a todo el país desde mediados de 2018.

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Pese a haber desplegado la mayoría de sus efectivos en las principales ciudades del país para atender la crisis, los mayores decomisos de dinero han ocurrido en regiones fronterizas a lo largo de la costa Pacífica de Nicaragua, donde hay menor presencia policial, señala Artículo 66.

Más recientemente, la policía se ha visto envuelta en una controversia. En marzo pasado, la Oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) sancionó a todo el cuerpo por su participación en “graves abusos de derechos humanos” relacionados con la reciente conmoción social, incluido “el uso de munición letal contra manifestantes pacíficos, así como participación en escuadrones de exterminio y la comisión de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y secuestros”.

Análisis de InSight Crime

Para finales de 2018, la reputación de la policía de Nicaragua presentaba una caída en picada. Pasó de ser una institución de orden público con relativamente buena imagen a convertirse en instrumento de la represión desplegada por el presidente Daniel Ortega para aplastar disensos y reprimir duramente las protestas contra su gobierno.

Aunque la agitación se ha mitigado, es curioso el hecho de que los agentes de la ley estén hallando tanto dinero presuntamente del narcotráfico.

En primer lugar, los decomisos de cocaína han presentado una caída considerable en el país. Entre 2017 y 2019, la policía solo incautó alrededor de 16.000 kilogramos del narcótico, según datos de la institución citados por Artículo 66. Diez años atrás, entre 2007 y 2009, las incautaciones ascendían a cerca de 36.000 kilos de cocaína.

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Nicaragua tuvo en el pasado un papel crucial como punto de trasbordo para los cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos. Este no ha sido el caso en épocas más recientes. Otros países centroamericanos, como Honduras y Costa Rica se han posicionado como plataformas predilectas para la cocaína en dirección a los consumidores estadounidenses y europeos. No es claro por qué se han disparado tanto los decomisos de dinero de la droga cuando los decomisos de estas sustancias son una fracción de lo que alguna vez fueron.

Sin embargo, el dinero se sigue acumulando. A finales de junio, se incautaron cerca de US$5 millones en el municipio de San Lorenzo, al este de Managua, la capital del país. La semana siguiente, la policía detuvo a un hondureño y le confiscó US$450.000, presuntamente producto del narcotráfico.

También sigue siendo un misterio el paradero de todo ese dinero, en un momento en que esa institución urgida de efectivo se ajusta a las sanciones estadounidenses. Se dice que en Nicaragua existe un sinnúmero de grandes redes de corrupción y lavado de dinero, algunas de las cuales involucran al mismo presidente Ortega.

Bagdad

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Bagdad, junto con sus rivales de Calor Calor, es una de las dos mayores bandas federadas de Panamá, conformadas por 30 a 40 bandas menores que trabajan en conjunto para prestar servicios de trasiego de narcóticos para grupos transnacionales de crimen organizado. Aparte de eso, las bandas tienen poca cohesión interna y muchas veces se involucran en disputas por el microtráfico en la Ciudad de Panamá y otras zonas del país.

Historia

Los orígenes de Bagdad se remontan a la banda Unión Sovietica, que era una combinación de bandas menores llamadas Bagdad, El Pentágono y Matar o Morir (MOM). Al mando de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo” o “El Cholo”, los miembros de Bagdad se convirtieron en notorios “tumbadores”, bandas especializadas en el robo de cargamentos de droga a los grupos de traficantes. Bagdad estaba asentada originariamente en El Chorrillo, mientras que El Pentágono operaba en Santa Ana y MOM en Curundú, todos ellos barrios de la Ciudad de Panamá.

La Unión Soviética también extorsionaba a otros grupos criminales y buscaba eliminar otras bandas y tumbadores. Sus enemigos eventualmente se unieron para formar la organización “Calor Calor”, lo que dio inicio a una rivalidad que se mantiene en la actualidad.

Tras la muerte de los jefes de El Pentágono y MOM, Bagdad tomó el control de la federación y se quedó su nombre.

Bagdad sigue dedicada al robo de drogas, pero las principales actividades de la banda ahora consisten en el control de territorio para el movimiento y la venta de drogas. En 2014, el trabajo de investigación de InSight Crime calculó que la federación controlaba más del 50 por ciento de la venta de drogas en Panamá. Bagdad también presta servicios como la vigilancia de cargamentos y sicariato, y se dedica al secuestro y la extorsión. La banda recluta a jóvenes desde los 14 años de edad aproximadamente.

En 2014, se estimaba que las pandillas Bagdad y Calor Calor sumaban más de 2.000 miembros.

Liderazgo

Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, era el famoso jefe de los grupos de Unión Soviética y alguna vez fue la cabeza de Bagdad, pero actualmente se encuentra en prisión.

El actual jefe de Bagdad es Jaime Powell Rodriguez, alias “Yunya”, quien tomó el control alrededor de 2016.

Según la investigación de InSight Crime en campo, Yunya se considera un capo. Se lo conoce por vestirse bien y posar como empresario, mientras que realmente usa su red de negocios en España para despachar drogas a Europa y lavar dinero que esconde en cuentas bancarias en Suiza.

En 2018, Powell Rodríguez fue detenido en Dubái y extraditado a Panamá por narcotráfico transnacional, pero fue dejado en libertad en marzo de 2019. En mayo de 2020, la policía panameña lo estaba buscando nuevamente.

Geografía

Establecida originalmente en la Ciudad de Panamá, ahora Bagdad es más fuerte a lo largo del canal, en la provincia de Panamá Oeste, que limita con Ciudad de Panamá, Colón y el Océano Pacífico. El violento conflicto territorial entre Bagdad y Calor Calor se ha extendido de Ciudad de Panamá a Panamá Oeste, donde los cargamentos de drogas entran y salen de la zona costera de La Chorrera.

Allí, los miembros de Bagdad y Calor Calor muchas veces conviven en estrecha proximidad.

Aliados y enemigos

Bagdad se compone de numerosas bandas juveniles. Los grupos que han sido descritos como aliados de Bagdad incluyen “El Pentágono”, “Vietnam 23” y “Nadie ta’ Bien”. Su principal rival es Calor Calor, que también es una aglomeración de grupos.

Las dos organizaciones son los mayores bloques criminales de Panamá y su rivalidad se centra en el control de puertos ubicados estratégicamente, cuotas del narcotráfico internacional, especialmente en el mercado europeo, y en la rivalidad personal entre Yunya y la cabeza de Calor Calor, Eduardo Macea, alias Marshall.

Yunya y Marshall comenzaron a trabajar juntos bajo las órdenes de Juan Vicente Blandford, alias El Patrón Juancito, pero sus disputas comenzaron en 2014, cuando varios miembros de la estructura de Calor Calor se pasaron a Bagdad. Yunya tiene una reputación de menor violencia entre los dos criminales, mientras que Marshall tiene fama de crueldad. El Pátron Juancito fue capturado en 2019, pero se dice que desde la prisión sigue intentando unir a los dos jefes.

Desde 2019, Bagdad también tiene que enfrentar una pugna interna, pues una de sus bandas miembros, Matar o Morir (MOM) retuvo un cargamento de drogas para ellos como declaración de independencia.

En diciembre de 2019, Bagdad se cobró la deuda coordinando un tiroteo en La Joyita, una de las mayores prisiones de máxima seguridad de Panamá. Un grupo de presos abrió fuego contra otro, usando armas de asalto de grueso calibre que dejó un saldo de 15 muertos y 11 heridos.

El hecho se dio a conocer como la “masacre de La Joyita”, y desató una oleada de violencia que sigue encendiéndose en el complejo penitenciario de La Joya, pero también se ha desbordado a la calles de Panamá Oeste lo que disparó las tasas de homicidios.

Perspectivas

Las operaciones de Bagdad en el narcotráfico transnacional se han sofisticado y su rol ha pasado de ser un subordinado a subontratista que se ocupa de despachar las drogas para grupos colombianos y mexicanos por Panamá y otros lugares, según la investigación de campo de InSight Crime. Aunque es posible que Bagdad se mantenga como intermediario en el tráfico transnacional de narcóticos, el negocio es lucrativo y los riesgos aumentan.

Con mayores posibilidades de lucro que en sus inicios, Bagdad, al igual que sus rivales de Calor Calor, ha respondido consolidando su poder y arreciando la violencia. Que ese poder siga acrecentándose depende de la efectividad de las políticas del gobierno panameño, algo que ha comenzado a cambiar recientemente. Después de su posesión a finales de 2019, la administración Cortizo interrumpió los programas sociales y de rehabilitación, y comenzó a invertir fuertemente en las fuerzas de seguridad y en políticas de mano dura.

Calor Calor

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Calor Calor es una de las dos pandillas más poderosas de Panamá, junto con Bagdad, y ambas se enfrentan ferozmente por el control territorial.

“Bagdad”, junto con sus rivales de Calor Calor es una de las dos mayores federaciones de pandillas de Panamá, conformadas por 30 a 40 pandillas de menor tamaño que trabajan de manera confederada para prestar servicios de trasiego de narcóticos para grupos transnacionales de crimen organizado, pero no tienen cohesión interna y con frecuencia libran guerras en las calles por el control del microtráfico.

Si bien las pandillas panameñas anteriormente se dedicaban a la delincuencia común, hoy en día Calor Calor se concentra en la prestación de servicios de trasiego de drogas y otros para organizaciones de tráfico transnacional. Sus miembros también se dedican al microtráfico.

Historia

La actual estructura de Calor Calor se conformó cuando la poderosa pandilla de “tumbadores”, denominada la Unión Soviética, de donde surgió Badgad, comenzó a diezmar otras pandillas juveniles. Estas se unieron en Calor Calor, lo cual les permitió a los jóvenes contar con la protección de una organización más grande y estructurada.

Su principal actividad es el trasiego de drogas para sofisticados grupos del crimen organizado mexicanos y colombianos, y Calor Calor gestiona las rutas de narcotráfico y la logística. Los pandilleros son a su vez subcontratados para llevar a cabo asesinatos a sueldo y el robo de drogas, y proveer seguridad para los cargamentos de droga.

Calor Calor es actualmente uno de los dos principales conglomerados de pandillas en Panamá, junto con la organización rival Bagdad. Las disputas territoriales entre los dos grupos se han expandido de la capital, Ciudad de Panamá, a la provincia de Panamá Oeste, al otro lado del canal.

En 2016, se dijo que la jefatura del grupo la tenía Dangelo Ramírez Ramea, aunque este ha negado tener alguna posición de mando en el grupo.

En 2005, Ramírez Ramea presuntamente participó del robo de US$2,5 millones del Banco Comercial Internacional de China en la Zona Franca de Colón. Fue capturado en 2009 en un operativo en el que se incautaron US$1 millones en efectivo, y se dice que fue recapturado en 2011 y acusado de cometer delitos en el exterior como parte de una red internacional de crimen organizado vinculada al narcotráfico. Ramírez Ramea también ha sido investigado por lavado de dinero, extorsión y otros delitos.

En 2015, el presidente Juan Carlos Varela calificó a Ramírez Ramea como uno de los criminales más peligrosos del país, y durante una corta temporada fue uno de los seis reclusos presos en la cárcel de máxima seguridad de Punta Coco. Pero en junio de 2016, fue absuelto de los cargos de lavado de dinero y liberado de custodia.

También se ha dicho que Calor Calor sigue las órdenes de José Cossio. Este se encuentra preso en Panamá desde 2015.

A Cossio se lo señala también de ser uno de los presuntos asaltantes en el robo al Banco de China en 2005, y en 2010 fue detenido en Estados Unidos por posesión de cocaína destinada para la distribución. En 2011, fue capturado nuevamente en Panamá por homicidio. Tres años después, fue vinculado al decomiso de 191 kilogramos de cocaína en la región metropolitana de Panamá. Cossio es también sospechoso del asesinato de una candidata en un concurso de belleza en Panamá en 2014.

Dos meses después de su ingreso a la prisión La Joya en 2014, Cossio se fugó a Costa Rica junto con un cómplice costarricense alias “Kike El Tico”. El Siglo informó que al parecer pagaron sendos sobornos para facilitar su fuga.

Cossio fue capturado en Costa Rica y extraditado a Panamá en 2015. Estuvo retenido por un corto tiempo en la prisión de Punta Coco, antes de ser trasladado a otra instalación por cuestiones humanitarias.

En 2014, se estimaba que Bagdad y Calor Calor tenían más de 2.000 miembros entre ambos.

Liderazgo

El actual líder de Calor Calor es Eduardo Macea, alias Marshall, quien se encuentra preso en la instalación de alta seguridad de Punta Coco por narcotráfico, homicidio y tráfico de armas. Sus abogados defensores niegan todos los cargos en su contra, aunque las autoridades lo consideran de alta peligrosidad y tiene fama de violento.

Geografía

El bastión de Calor Calor es el distrito de San Miguelito en Ciudad de Panamá. La pandilla también tiene presencia en los barrios capitalinos de El Chorrillo, Santa Ana, Calidonia y Río Abajo, y especialmente en Colón, la segunda zona franca más grande del mundo, localizada en el lado caribeño del canal de Panamá. Allí es común encontrar miembros de Bagdad y Calor Calor en estrecha proximidad.

Calor Calor ha hecho incursiones en el territorio de Bagdad en Panamá Oeste, lo que ha causado violentos enfrentamientos entre los dos grupos. Los bloques rivales supuestamente llegaron a un inestable pacto, mediante el cual decidieron que ‘Bagdad’ mantendría el control del distrito de La Chorrera, y ‘Calor Calor’, del distrito de Arraiján.

La droga pasa a lo largo de la costa de Panamá Oeste, donde ambas pandillas proveen servicios para organizaciones traficantes y roban cargamentos de estupefacientes.

Calor Calor también envía sus miembros a las áreas selváticas en la frontera para que administren las rutas de narcotráfico.

Aliados y enemigos

Calor Calor se originó como un conglomerado de varias pandillas juveniles, y continúa con esta estructura. Su principal rival es Bagdad, otro bloque criminal.

Juntas, las dos organizaciones constituyen las pandillas locales más grandes de Panamá, y su rivalidad gira en torno al control de puertos con una ubicación estratégica, cuotas del narcotráfico internacional, especialmente el mercado europeo y a la rivalidad personal entre Marshall y el jefe de Bagdad, Jaime Powell, alias “Yunya”.

Yunya y Marshall se iniciaron trabajando juntos bajo las órdenes de Juan Vicente Blandford, alias “El Patrón Juancito”, pero tomaron bandos distintos en 2014, cuando algunos miembros de la estructura de Calor Calor se pasaron a Bagdad. Yunya tiene fama de ser el menos violento entre los dos criminales, mientras que Marshall tiene reputación de bárbaro. El Patrón Juancito fue capturado en 2019, pero se dice que desde prisión sigue intentando unir a los dos cabecillas.

Perspectivas

Las operaciones de Calor Calor en el narcotráfico transnacional se han sofisticado progresivamente y han pasado de ser subordinados a subcontratistas que hacen de intermediarios para el despacho de narcóticos para grupos colombianos y mexicanos por medio de Panamá y otros países, según una investigación de InSight Crime en campo. Aunque es probable que Calor Calor siga siendo intermediario en el narcotráfico transnacional, el negocio es lucrativo y los riesgos están creciendo.

Con mayores oportunidades de lucro que cuando se formaron, Calor Calor, así como su rival Bagdad, han respondido consolidando su poder e intensificando la violencia. De la efectividad de las políticas del gobierno panameño depende que sigan acrecentando su poder, y estas políticas han comenzado a cambiar recientemente. Luego de su llegada al poder a finales de 2019, la administración Cortizo descontinuó los programas sociales y de rehabilitación, a la par que hizo fuertes inversiones en las fuerzas de seguridad y en políticas de mano dura.

Auditoría descubre corrupción en el control de la pandemia en Honduras

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Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector de INVEST-H

Una auditoría a la agencia hondureña encargada de adquirir suministros médicos de emergencia para combatir el coronavirus descubrió el despilfarro de millones de dólares, un caso más de malversación en un país cuyo sector de salud pública ya ha sufrido casos de corrupción de enormes proporciones.

El hecho más notable consistió en la compra de siete hospitales móviles por US$47 millones, con un sobrecosto de US$12.3 millones, como afirma la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), una organización no gubernamental de Honduras enfocada en el control de la corrupción.

El hallazgo se produjo como parte de una auditoría que examinó unos US$80 millones en contratos de INVEST-H, la entidad del gobierno de Honduras encargada de asignar contratos a empresas privadas para proporcionar ayuda durante la pandemia por coronavirus.

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La Fiscalía General de Honduras está investigando al exdirector de INVEST-H, Marco Antonio Bográn Corrales, por abuso de autoridad, fraude y malversación, según un informe de El Heraldo.

Axel López, el empresario a quien INVEST-H adjudicó el contrato de hospitales móviles, también está bajo sospecha. López, propietario de una empresa que dice proporcionar suministros médicos, contactó a la firma SDI Global para construir hospitales móviles en Honduras, según dijo el director de SDI Global, Michael Murphy, a CNN en Español. SDI Global, con sede en Turquía, tiene operaciones en Estados Unidos y proporciona servicios de defensa, seguridad y medicina.

López supuestamente falsificó el logotipo de SDI Global y utilizó su información en documentos presentados al gobierno hondureño para obtener el contrato, como señala CNN en Español. SDI Global ha acusado a López de robo de propiedad intelectual, afirma Murphy.

Después de la anulación del acuerdo con SDI Global, López presuntamente utilizó otra de sus empresas, Vertisa, para hacer contratos con otra firma en Turquía que no tenía experiencia previa en la construcción de hospitales, con el fin de fabricar y enviar dos hospitales móviles a Honduras, como informó El Heraldo.

Los dos hospitales provenientes de Turquía llegaron a Honduras el 10 de julio. Según López e INVEST-H, los otros cinco hospitales, subcontratados a través de otras empresas, llegarán en agosto. Por su parte, según La Prensa, López todavía no ha entregado la documentación adecuada.

ASJ también determinó que otros contratos inflados para la adquisición de equipos de bioseguridad, como ventiladores y máscaras, se habían adjudicado a empresas que nunca entregaron los productos prometidos.

Cuatro de las cinco empresas contratadas para suministrar estos equipos no entregaron nunca ningún producto. La única empresa que hizo una entrega parcial, lo hizo con 65 días de retraso, como halló la auditoría.

Una empresa, Grupo GyT, firmó un contrato en abril con INVEST-H para entregar 474.000 máscaras N95. La auditoría determinó que solo este contrato tuvo un valor cinco veces mayor que todos los 75 contratos anteriores que GyT había firmado con el gobierno. El Grupo GyT canceló el contrato pero conservó el anticipo, según un informe de El Heraldo del 21 de mayo. Sin embargo, el Grupo GyT le ha proporcionado a InSight Crime las evidencias de que la empresa devolvió el dinero del contrato a INVEST-H el 25 de mayo.*

INVEST-H afirma que las pérdidas son causa de la pandemia, y sostiene que ASJ estaba castigando a la entidad “por ser la única lo suficientemente valiente como para comprar” en circunstancias de emergencia.

El 2 de julio, las autoridades allanaron la residencia del director de INVEST-H, Bográn Corrales, y tomaron documentos diversos. Cinco días después, Bográn compareció ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción Pública. Luego, el 12 de julio, las autoridades allanaron la residencia de su madre para recabar más pruebas.

Bográn Corrales sostiene que es inocente. Hasta ahora, otros dos empleados de INVEST-H han testificado ante los fiscales.

Análisis de InSight Crime

Si bien la corrupción ha impedido una adecuada respuesta ante la pandemia en toda Latinoamérica, los sobrecostos y el despilfarro descubiertos por ASJ se ajustan a la larga historia de corrupción que se ha observado en los organismos de salud del gobierno de Honduras.

A mediados de la década de 2000, se malversaron al menos US$330 millones en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) mediante una red de empresas falsas, cuyo esquema de corrupción produjo la muerte de los pacientes que recibieron medicamentos contaminados y tratamientos inadecuados. De esa cantidad, dos millones fueron para el director del IHSS, y los dineros malversados llegaron incluso a los fondos de la campaña del presidente Juan Orlando Hernández.

Alrededor de INVEST-H hubo varias sospechas. El gobierno hondureño eligió a este organismo para manejar las compras durante la pandemia y le dio autoridad sobre el Ministerio de Salud. INVEST-H, además, agilizó la dudosa compra de los hospitales móviles menos de 48 horas después de que el ministro de Salud le pidiera unidades de aislamiento, según la auditoría de ASJ.

El director ejecutivo de ASJ, Carlos Hernández, pidió una investigación para determinar si la compra se realizó por acuerdo previo.

“Es imposible que en un día y medio uno pueda hacer una compra de esta naturaleza”, dijo Hernández durante la presentación de la auditoría de ASJ el 24 de junio.

VEA TAMBIÉN: Coronavirus y crimen organizado

En junio, InSight Crime informó sobre cómo la pandemia ha facilitado el fraude de contratos en casi todos los países latinoamericanos. El caso de INVEST-H encaja con las tendencias regionales actuales y la historia de corrupción en el sistema sanitario hondureño.

* Una versión anterior de este artículo señalaba que el Grupo GyT no había devuelto el dinero a INVEST-H. La compañía nos contactó y proporcionó evidencias que prueban lo contrario. Por lo tanto, esta información ha sido rectificada.

Nuevas revelaciones confirman impunidad para partido Colorado en Paraguay

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Avioneta hallada en una propiedad de la familia D'Ecclesiis durante un operativo en 2018

Una lista de bienes de funcionarios de gobierno en Paraguay ha llamado la atención sobre la riqueza de un grupo de conocidos políticos, señalados en el pasado por presuntos nexos con el narcotráfico, lo que pone de manifiesto cómo el Partido Colorado en el gobierno parece otorgar amplia impunidad a sus miembros.

La lista incluye los nombres de diputados retirados y en ejercicio que han estado vinculados a actividades ilegales, muchos de los cuales tienen pequeñas fortunas en bienes raíces, vehículos y cuentas bancarias. Estas revelaciones se hicieron públicas durante un estado de emergencia por el coronavirus, que dio al ejecutivo la facultad de redireccionar partes del presupuesto. La Contraloría General publicó posteriormente una lista de bienes de todos los funcionarios afectados por los cambios de presupuesto.

Quizás la figura más prominente entre los mencionados sea Freddy D’Ecclesiis, diputado del partido Colorado en representación de San Pedro, departamento del centro de Paraguay. Este se vio implicado en una investigación por narcotráfico en 2018. En la lista también se incluye a Cynthia Tarragó, que fuera una celebridad de la televisión y diputada del partido Colorado, quien en noviembre de 2019 anunció su candidatura a la alcaldía de Asunción. Fue arrestada el año pasado en Estados Unidos señalada de dirigir una operación de lavado de dinero para narcotraficantes.

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La lista incluye además a un exdiputado del partido de gobierno: Bernardo Villalba, de Concepción, quien enfrenta su parte de presuntas conexiones con el narcotráfico.

Análisis de InSight Crime

Ver a figuras del Partido Colorado, que han tenido nexos con grupos criminales, seguir en su mayoría libres de cualquier problema legal y disfrutando sus suntuosos estilos de vida no es nada nuevo.

El partido Colorado es la organización política más antigua y exitosa de Paraguay y por largo tiempo ha recibido críticas por lo que es básicamente hacer la vista gorda frente a las actividades criminales de sus miembros. En diciembre de 2019, los medios paraguayos publicaron una lista de 45 miembros Colorados que habían sido imputados o condenados por cargos criminales. De ellos, solo a tres se les suspendió su afiliación al partido.

Las denuncias más irrecusables contra un político de la lista se conocieron en 2019, cuando Cynthia Tarragó fue detenida en Nueva Jersey u acusada de dirigir una operación de lavado de dinero por US$2 millones derivados de la venta de cocaína.

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Freddy D’Ecclesiis también ha enfrentado en el pasado acusaciones de participación en narcotráfico, pero ninguna de ellas ha prosperado. Más recuebtenebtem estuvo en el radar de los investigadores en 2018 luego de allanamiento realizado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) a un hangar familiar, según información de ABC Color.

Y en 2014, un informe de la SENAD ante el senado paraguayo mencionó a D’Ecclesiis, junto con otro político de la lista de bienes, Bernardo Villalba, por presuntos nexos con el narcotráfico, según señaló ABC Color. En 2006, se halló un cargamento de 196 kilogramos de cocaína en una propiedad de D’Ecclesiis en San Pedro.

Villalba fue señalado de haber defendido a narcotraficantes desde el Congreso y de solicitar donaciones de campaña a criminales confesos.

Ambos han negado firmemente cualquier conexión con el narcotráfico y nunca han sido acusados.

El partido Colorado es también la casa política del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), un acaudalado empresario cuya familia tiene presencia en casi todas las grandes industrias en Paraguay —desde cadenas hoteleras y empresas transportadoras hasta ganadería y aviación—.

Aunque está retirado de la función pública, a Cartes se lo ha conectado con una extensa operación de contrabando de cigarrillos que se extiende a gran parte de Latinoamérica, según una investigación del Proyecto Antiextremismo.

Oro, cocaína y corrupción: los retos que aguardan al nuevo presidente de Surinam

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Con la elección de Chan Santokhi como nuevo presidente, Surinam puede tratar de dejar atrás el legado de violencia y deshonra de Desi Bouterse, el anterior mandatario. Pero Santokhi tiene una dura tarea por delante: su vicepresidente es un narcotraficante convicto, la corrupción campea y el tráfico de oro ilegal y cocaína pasa por un  momento de efervescencia.

El 16 de julio, Chan Santokhi tomó posesión como nuevo presidente de Surinam. Su elección puso fin a una década de Desi Bouterse en el poder.

Bouterse demostró ser una figura extremadamente controvertida, con acciones en el país suramericano que dominaron los titulares de la prensa internacional. Llegó al poder mediante un golpe militar en la década de los 80, y volvió luego a la silla presidencial mediante elecciones democráticas en 2010. Ha sido acusado de abusos contra los derechos humanos y narcotráfico.

En 2019, fue declarado culpable de homicidio por torturas y ejecuciones de 15 opositores atribuidas a soldados del régimen en 1982; Bouterse ha apelado la sentencia. Ha sido juzgado en ausencia por narcotráfico en los Países Bajos y su hijo, Dino, se encuentra preso en Estados Unidos después de ser señalado de intentar ayudar al grupo islamista Hezbollah a montar una base en Surinam.

Por el contrario, Santokhi se ha forjado una reputación como adalid contra el crimen. Expolicía y ex ministro de justicia, se dice que contribuyó al golpe dado al al tráfico de cocaína por Surinam y fue uno de los promotores de la Declaración de Paramaribo en 2006, mediante la cual una docena de países de América, entre ellos Colombia, Brasil y Estados Unidos, acordaron mejorar su intercambio de inteligencia sobre el narcotráfico transnacional.

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Pero existen dudas fundamentadas sobre cuánto margen de maniobra tendrá Santokhi. La infraestructura criminal dejada por Bouterse involucra a las élites políticas y empresariales del país. Sobre esto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) afirmó que “la corrupción es un problema sistémico imbricado en casi la totalidad de las estructuras, instituciones, sectores y transacciones” del país.

Además, Surinam está al borde de la bancarrota. La deuda del país se ha disparado, sus calificaciones crediticias han bajado drásticamente y el dólar surinamés experimenta una devaluación acelerada: el precio del dólar estadounidense en el mercado negro dobla la tasa oficial. Y la caída de los precios del petróleo, principal producto de exportación de Surinam después del oro, ha reportado aún menos ingresos al estado.

Aquí, InSight Crime analiza los principales obstáculos criminales y de seguridad que enfrenta Santokhi:

1. La voluntad y la capacidad de alterar el orden de las cosas

Para asegurarse una mayoría en la Asamblea Nacional de Surinam, el Partido Reformista Progresista (Vooruitstrevende Hervormings Partij, VHP) de Santokhi formó una coalición con otros, incluido el Partido General de Liberación y Desarrollo (Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij,  ABOP) del vicepresidente Ronnie Brunswijk. Dicha coalición limitaría el poder de Santokhi en ciertas circunstancias, y la situación se complica aún más porque Brunswijk es un exinsurgente, narcotraficante convicto y tiene vigente un requerimiento de la Interpol.

Esa historia, incluidas las condenas en Francia y los Países Bajos y la sospecha de participación del vicepresidente en un homicidio en 2002, indica que Santokhi puede hacerse la vista gorda frente a los antecedentes criminales de su colega más cercano.

El acuerdo de coalición entre el VHP y el ABOP, y dos partidos más pequeños, sin embargo, menciona medidas para combatir la corrupción. Luego de estabilizar la economía, que se encuentra en graves apuros, el nuevo gobierno planea fortalecer el registro de antecedentes judiciales de Surinam. Ha prometido reforzar la independencia de la rama judicial mediante un presupuesto aparte, la promoción de los servicios públicos de acusación y la designación de fiscales especiales para casos de corrupción a gran escala, más la implementación de la ley anticorrupción existente en el país.

No hubo mención específica del narcotráfico y el lavado de dinero en la declaración de intenciones del nuevo gobierno.

Y aun si Santokhi se arriesga seriamente a reformar las instituciones corruptas del país, enfrentará una resistencia enconada. Mientras Bouterse estuvo en el poder, la corrupción suscribió los contratos del gobierno, las obras públicas y los nombramientos de altos funcionarios. En ausencia de una legislación viable contra el lavado de dinero y actividades criminales similares, la capacidad del nuevo presidente para implementar reformas puede verse bastante limitada.

Además, está la pregunta de qué suceda con el mismo Bouterse. Desprovisto de su inmunidad política, puede enfrentar prisión si pierde la apelación a su condena de homicidio. En entrevista con la cadena neerlandensa BNR, Santokhi afirmó que la extradición de Bouterse a los Países Bajos era de la competencia de las autoridades judiciales.

Aunque enviar a Bouterse a responder ante la justicia criminal en el exterior puede ayudar a reducir las tensiones en el país, la actual ley surinamesa prohíbe la extradición de cualquiera de sus ciudadanos, como también acotó Santokhi.

2. Enfrentar el tráfico de cocaína

Santokhi toma las riendas de un país que, pese a su reducido tamaño, mueve toneladas de cocaína hacia Europa y tiene poca resiliencia frente al crimen organizado y sus operaciones de lavado de dinero. La cocaína ingresa a Surinam por tierra, mar o aire, con poco riesgo de detección en una selva que cubre el 90 por ciento de su territorio. Y las estadísticas recientes de decomisos parecen indicar un incremento del flujo de cocaína.

Aunque son confiables, las estadísticas a largo plazo sobre narcotráfico son difíciles de conseguir en Surinam, según informó Krishna Mathoera, expolicía y nuevo ministro de defensa de Santokhi, en intercambio con InSight Crime al afirmar que los decomisos de cocaína se habían ducplicado en el gobierno de Bouterse. Esto puede estar acelerándose. En 2018, se incautaron 750 kilogramos de cocaína frente a más de 4.000 kilos en 2019, según estadísticas suministradas a InSight Crime por la Policía de Surinam (Korps Politie Suriname, KPS).

La detección de un astillero para la construcción de submarinos de grupos criminales colombianos en 2018 mostró una vez más el alcance de la impunidad con que operan los narcotraficantes en el país.

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Aparte de eso, Surinam es un destino atractivo para el lavado de dinero. La falta de un marco legal efectivo ha limitado las investigaciones y esta economía criminal ha prosperado en sectores como bienes raíces, casinos, cambio de moneda, restaurantes y ventas de vehículos usados, según informó a InSight Crime August van Gobbel, jefe encargado de delitos graves de la KPS.

El número de casinos en Surinam pasó de unos pocos a más de 30 en la década de 1990, en un país cuya población escasamente supera el millón de habitantes y con poco turismo. En el pasado, se han dictado condenas por lavado de dinero contra importantes dueños de casinos.

Otro caso emblemático de presunto lavado de dinero tiene que ver con docenas de millones de euros enviados por el banco central de Surinam en efectivo como carga hacia Hong Kong por medio del aeropuerto de Ámsterdam, donde se depositó en varias cuentas y se retransfirió a los Países Bajos por medio de Alemania. Uno de esos cargamentos de casi 20 millones de euros fue incautado por las autoridades neerlandesas en diciembre de 2019 por sospecha de lavado de dinero, pero tuvo que ser devuelto por la soberanía del banco central.

Santokhi podría tener cierto alivio temporal. La salida de barcos de contenedores en dirección a Europa, un método común para ocultar narcóticos, ha disminuido debido a una drástica reducción de la producción bananera. El puerto de Paramaribo está implementando medidas de seguridad más estrictas y poquísimos vuelos salen del país por la pandemia del coronavirus.

3. Regulación de la minería y el tráfico de oro ilegal

El oro es el pilar de la economía de Surinam, pues representa más del 70 por ciento de las exportaciones. Pero en el sector abunda la ilegalidad debido a los grupos criminales procedentes de Brasil que están establecidos en el interior y se benefician directamente de la minería, así como por las acciones de bandas criminales más pequeñas que extorsionan o expolian a los mineros. Las fuerzas de seguridad del estado se han desplegado incluso para proteger concesiones legales particulares.

Aparte de dos grandes empresas mineras, la extracción se realiza mediante pequeñas excavaciones. Aunque la minería en sí es legal normalmente, se emplean muchas prácticas ilegales, como la importación generalizada de mercurio ilícito, según un informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). El otorgamiento de concesiones mineras es poco transparente en muchos casos y muchas personas del círculo de Bouterse recibieron grandes concesiones por valor de millones de dólares.

El nuevo gobierno ha prometido una mejor regulación del sector minero a pequeña escala para reducir el daño ambiental y aumentar los ingresos tributarios. Hasta ahora, el problema persiste.

Esto se complicará aún más por el hecho de que Ronnie Brunswijk, el vicepresidente recién posesionado, es uno de los hombres más poderosos de la industria aurífera de Surinam. Brunswijk también era dueño de al menos seis concesiones mineras antes de su elección como vicepresidente, aunque su titularidad ahora pasó a a una fundación. Aunque no hay evidencia concluyente de que estas fueran conseguidas ilegalmente, el reportero holandés Jeroen Trommelen documentó en un libro sobre la industria del oro en Surinam cómo Brunswijk recibió un buen número de concesiones para la explotación aurífera, incluidas algunas en parques naturales, como favores políticos en el gobierno de Bouterse.

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La Kaloti Suriname Mint House, que certifica el oro extraído en el país, también necesita reforma. Esta ha operado bajo la protección de Bouterse, quien tiene intereses financieros en la empresa, según un informe de IBI Consultants. La Casa de Menta KSMH está implicada en varias actividades ilegales relacionadas con el oro, incluyendo la certificación de exportaciones de oro inexistentes y el blanqueo de oro procedente de Venezuela haciéndolo pasar por oro originado en Surinam, según sus hallazgos.

4. Reducción de la corrupción enquistada

El narcotráfico, el tráfico de oro ilegal y el lavado de dinero son facilitados por un sistema político donde la corrupción es generalizada. En el acuerdo de su coalición, la nueva administración declaró que la “democracia y el buen gobierno han fallado” por causa de “la creciente corrupción […] y la falta de rendición de cuentas del gobierno”.

Organismos de seguridad claves están apenas equipados para combatir el crimen organizado. La capacidad práctica de Surinam para aprehender y enjuiciar a narcotraficantes sigue inhibida por la corrupción asociada al narcotráfico, impedimentos burocráticos y la falta de recursos financieros y materiales, según el Informe sobre Estrategia para el Control de Narcóticos de 2019 realizado por el Departamento de Estado estadounidense. Surinam tuvo una Unidad de Inteligencia Antiterrorista (CTIU) que supervisaba los operativos antinarcóticos, pero fue cerrada en 2018, presuntamente por su excesivo éxito con una importante participación en el desmantelamiento del astillero de submarinos.

Hay grandes incentivos para la participación de funcionarios públicos en corrupción. Los empleos del sector público, en especial los de menor rango del espectro, por lo general son escasos para satisfacer el costo de vida. Varios agentes de aduanas, que hablaron con InSight Crime bajo condición de anonimato, declararon que apenas hay resistencia a los sobornos de las bandas narcotraficantes. Un exagente aduanero citado por el diario De Ware Tijd, afirmaba que la corrupción está tan institucionalizada en la organización que solo una medida extrema, como el despido masivo de todos los funcionarios de aduanas sanearía el departamento.

En los rangos superiores, muchos cargos de seguridad claves fueron ocupados por personas que demostraron su lealtad a Bouterse. En el mes de junio, Santokhi anunció que el gobierno saliente había tomado numerosas decisiones de último minuto para nombrar a partidarios en ministerios y empresas estatales.

Cualquier intento de depurar este sistema se verá entorpecido por el hecho de que la legislación anticorrupción, aprobada por la Asamblea Nacional en 2017, no se ha implementado. Y existen otros retos mayúsculos que facilitan la corrupción, como la falta de regulación respecto al financiamiento de los partidos.

Santokhi hizo de la implementación de esta ley anticorrupción una de sus promesas electorales, junto con la creación de una fuerza de tarea especial contra la corrupción dentro de la Fiscalía General. Estos son pasos prometedores, pero erradicar una corrupción tan arraigada puede resultar el desafío más difícil para el nuevo presidente.

ELN insiste en un alto al fuego en Colombia

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Es la segunda vez en el año que el grupo apuesta por un cese bilateral del fuego.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla más poderosa de Colombia, sigue recibiendo negativas del gobierno a sus repetidos intentos de lograr un cese al fuego. El Ejecutivo que preside Iván Duque insiste en que el grupo no tiene “voluntad de paz”. ¿Qué hay detrás de la reiterada petición?

El 7 de julio, el ELN pidió formalmente al gobierno nacional acatar un cese al fuego bilateral en el marco del llamado realizado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas por la crisis sanitaria que ha generado el coronavirus.

Duque rechazó la petición y exigió al grupo que “liberen los secuestrados y pongan fin a sus actos criminales”, las dos principales demandas del gobierno para continuar con un posible diálogo de paz.

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Es la segunda vez en el año en que el ELN acude al argumento de un cese bilateral al fuego. La primera fue en abril, bajo la idea de asistir humanitariamente al país debido a la pandemia. La guerrilla solicitó al gobierno que hiciera lo mismo. Después de un mes de paz, la tregua se rompió y el grupo culpó al gobierno de no tener voluntad de continuar.

En febrero, el grupo realizó un paro armado en varios lugares de Colombia, demostrando su poder en varias regiones. Los días de paro dejaron como resultado un miembro de las Fuerzas Armadas muerto y varios incidentes de orden público en departamentos como Norte de Santander, Cauca y Magdalena.

En enero de 2019 el gobierno colombiano congeló la posibilidad de un proceso de paz con el grupo, luego de que este ejecutara un atentado contra un instalación militar en Bogotá, la capital colombiana. Desde febrero de 2017, el gobierno de Juan Manuel Santos en ese entonces había iniciado una mesa exploratoria con esa guerrilla para llegar a un acuerdo.

Análisis de InSight Crime

El ELN ha sido uno de los grupos criminales latinoamericanos más importantes en los últimos años. Su crecimiento en número de miembros y su expansión en Colombia y en Venezuela son muestra de su poder actual. InSight Crime lo clasificó como la agrupación criminal más poderosa del 2019.

Aun así, el grupo sigue buscando un acercamiento con el gobierno nacional para avanzar en un posible proceso de paz. ¿Por qué?

Aunque el ELN sigue activo en Colombia y parte de Venezuela, su Comando Central (COCE) se encuentra en Cuba desde que se rompieron los diálogos de paz con el gobierno, lo que parece generar una ruptura entre la cúpula y el resto de la organización.

A medida que el tiempo pasa, los frentes del ELN parecen tener un mayor nivel de independencia. Aunque la organización como tal mantiene un tipo de jerarquía horizontal, permitiendo que cada frente tome sus propias decisiones, la aparición de comandantes más jóvenes e influyentes ha acelerado el proceso de separación.

Mientras tanto, el COCE continúa con el trabajo político del ELN potencialmente alienado de unidades que ahora están enfocadas en maximizar sus ingresos criminales.

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De acuerdo con el investigador de conflicto Kyle Johnson, el repetitivo llamado de cese al fuego por parte del grupo es una forma de buscar legitimidad a nivel internacional por medio de la propuesta. “Quieren medir políticamente al gobierno”, señala el investigador.

Paralelamente, la cúpula del ELN utiliza el rechazo gubernamental para influir sobre la base del grupo y mantener la unidad. Para Johnson, las constantes negativas del gobierno podrían permitir que los líderes del COCE mantengan su influencia en los frentes, lo que les proporciona una excusa para continuar su actividad política en La Habana mientras siguen con las actividades militares en Colombia.

En esencia, el COCE bien podría haber pedido un alto al fuego y anticipado una respuestas negativa del gobierno a fin de utilizarlo para mantener su legitimidad.

Jefe militar libio, cliente ideal para el trueque de oro por dólares en Venezuela

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Khalifa Haftar, líder de la milicia libia.

Khalifa Haftar, jefe militar que controla grandes zonas del este de Libia, ha estado bajo presión últimamente y ha perdido terreno frente a las fuerzas gubernamentales respaldadas por la ONU. Dados sus esfuerzos por mantener su insurgencia, resultan razonables los informes según los cuales pudo haber recurrido a Venezuela para conseguir recursos financieros.

Los gobiernos de Libia y Estados Unidos están supuestamente rastreando un avión privado perteneciente a Khalifa Haftar, comandante del Ejército Nacional Libio, de quien se dice que ha transportado oro ilegal de Venezuela a Medio Oriente, según un informe exclusivo de The Wall Street Journal. Según Reuters, Estados Unidos sigue la pista de Haftar desde junio.

Las sanciones económicas impuestas al presidente Maduro y a otros importantes miembros de su administración han sido un duro golpe para las finanzas del régimen, y han obligado a los afectados a buscar otras fuentes de efectivo. Para ello, han recurrido a Rusia, los Emiratos Árabes Unidos e Irán, los cuales se supone también han apoyado a Haftar en Libia.

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Temeroso de que sus cuentas también puedan ser congeladas en un futuro próximo debido a las sanciones estadounidenses, Haftar supuestamente voló en múltiples ocasiones a Caracas para llevar dólares e intercambiarlos por oro, según la información de rastreo de vuelos mencionada en el informe del Wall Street Journal. El oro sería más difícil de rastrear para las autoridades estadounidenses y libias.

Haftar había sido miembro de alto rango del ejército libio bajo el mando de Moammar Gaddafi, el exlíder que fue capturado y asesinado en 2011. Después de convertirse en comandante del Ejército Nacional Libio, Haftar se ha hecho cargo de grandes áreas del este de Libia y sigue enfrascado en una guerra civil con el Gobierno de Acuerdo Nacional, respaldado por la ONU.

Análisis InSight Crime

Las acusaciones parecen encajar en la práctica del régimen de Maduro de vender oro a individuos de Medio Oriente. De hecho, el gobierno ha estado drenando las reservas de oro del Banco Central de Venezuela (BCV) y cambiándolas por piezas de refinería de petróleo con otros aliados internacionales, como Irán.

Haftar también encaja en el esquema como posible socio comercial de Venezuela. En su lucha en Libia, el militar ha sido respaldado por Rusia y los Emiratos Árabes Unidos, quienes se supone también han ayudado a Venezuela a eludir las sanciones de Estados Unidos comprándole oro y petróleo.

La investigación sobre el supuesto trueque de dólares estadounidenses por oro ilegal por parte de Haftar añade otra capa a los ya complejos vínculos entre Venezuela y poderosos actores de Oriente Medio.

En mayo, Adel El Zabayar, excongresista venezolano, fue señalado en Estados Unidos de supuestamente actuar como intermediario entre Maduro y grupos del Medio Oriente, como Hezbollah y Hamas.

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Dado que la producción venezolana de petróleo se ha venido agotando, Maduro ha recurrido cada vez más a minerales como el oro para mantener a flote a su gobierno. El régimen de Caracas incluso ha dejado hacer a elementos disidentes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que explotan el oro de Venezuela, lo que ha creado un puente criminal de fondos que han resultado vitales para sobrevivir en medio de las continuas sanciones estadounidenses.

Maduro se encuentra cada vez más acorralado. A principios de junio, Álex Saab, uno de sus financistas de mayor confianza, fue capturado. Se supone que Saab había ayudado al gobierno de Maduro a negociar las ventas de oro con Turquía, entre otros tratos.

Dado el aumento de las presiones, no sería sorprendente que el gobierno de Maduro en efecto esté trabajando con otros polémicos socios en Oriente Medio, como Haftar, para conseguir los tan necesitados recursos.