Investigación y análisis de crimen organizado
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La trata y el asesinato de venezolanas en México no cesan

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Venezolanas rescatadas por la policía después del desmantelamiento de una red de tráfico sexual en México

El rescate de tres mujeres venezolanas víctimas de explotación sexual en Ciudad de México vuelve a poner el foco sobre el trato violento y los homicidios de los que son blanco las migrantes venezolanas en el país.

En mayo, se encontró a las tres mujeres en la colonia de San Pedro de los Pinos, de la capital mexicana, luego de que un amigo denunciara el caso a la policía. Según el diario mexicano Milenio, las mujeres rescatadas llegaron al país en enero. Sus victimarias retuvieron sus pasaportes y visas hasta que hubieran pagado el costo de su viaje mediante la prestación forzada de servicios sexuales que se ofrecían por internet.

Muchas de sus compatriotas han corrido con menos suerte. En 2019, un informe del portal de investigación venezolano Armando Info presentó una estadística alarmante. Desde 2012, el 60 por ciento de las trabajadoras sexuales víctimas de homicidio tuvieron a México como destino final. Y el derramamiento de sangre sigue en aumento, con un incremento de 200 por ciento desde 2017.

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Aunque la trata de personas con fines de explotación sexual se ha mantenido por largo tiempo como un problema acuciante en México, la prevalencia de venezolanas se ha disparado desde que su país entró en una devastadora crisis económica que llevó a millones de personas a huir de Venezuela.

La mayoría de estas mujeres son enganchadas en Venezuela, desde donde viajan a Colombia y posteriormente a México, por lo general en pos de falsas oportunidades laborales. La corrupción facilita su ingreso al país. Según El Universal, en 2018 los oficiales de migración del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México recibían entre 14.000 y 19.000 pesos (entre US$712 y US$967) por permitir la entrada de las mujeres al país.

Análisis de InSight Crime

Aunque no se conocen cifras confiables sobre el número de mujeres explotadas sexualmente en México, el historial del país para sus propias ciudadanas es deplorable, lo que no da mucha esperanza respecto a la protección de ciudadanas extranjeras.

El caso más lamentable que involucró a venezolanas ilustra qué tan vulnerables son. Zona Divas fue conocido como uno de los portales más populares de acompañantes o “escorts” por casi 20 años, hasta su cierre en 2018. Gran parte de su éxito se basaba en la explotación sexual de venezolanas, pero el sitio no hacía nada para protegerlas. Solo entre 2017 y 2018, ocho venezolanas, cuyos servicios se ofrecían por medio de Zona Divas, fueron asesinadas en México, según lo reveló una investigación conjunta de medios mexicanos y venezolanos.

Es posible que en la explotación de migrantes venezolanas participen algunos de los principales actores criminales de México. Un reportaje de Nexos halló presuntos nexos entre el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con el tráfico de venezolanas específicamente. Grupos menos importantes, como el cartel Santa Rosa de Lima Cartel y La Unión Tepito también han sido asociados con la explotación sexual.

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Solo en Ciudad de México, las denuncias de explotación sexual aumentaron en 87 por ciento entre 2018 y 2019, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero el incremento de las denuncias no se reflejó en el volumen de causas judiciales abiertas ni en el de condenas.

“El problema es que los datos de los casos denunciados no nos dicen mucho, pues este es un delito con múltiples causas. No nos dice si [Ciudad de México] es el lugar de origen, de tránsito o de destino [de las mujeres]. Eso no se refleja en las estadísticas de la secretaría”, apuntó Teresa Ulloa, directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), en entrevista con el portal en línea Cuestione.

La impunidad se mantiene por las nubes. “La mayoría de las víctimas de trata no se pronuncian. Calculamos que el 90 por ciento (se mantienen en silencio) mientras que el 99 por ciento de esos delitos […] nunca son penalizados”, explicó Ulloa.

Y es menos probable que denuncien las venezolanas que ingresaron al país con documentos falsos y poca o ninguna red de apoyo.

Coronavirus resquebraja la estructura del Barrio 18 en Guatemala

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El Barrio 18 en Guatemala enfrenta divisiones internas debido a la presión económica impuesta por la pandemia

La policía de Guatemala afirma que las presiones económicas producidas por el confinamiento a causa del coronavirus están profundizando las divisiones al interior de la pandilla Barrio 18, un síntoma de las debilidades estructurales que han afectado al grupo durante mucho tiempo.

Dado que gran parte de la economía guatemalteca ha estado cerrada desde que comenzó la pandemia de coronavirus a mediados de marzo, algunas pandillas han suspendido los cobros de extorsiones, lo cual ha afectado a los miembros de bajo rango del Barrio 18 que dependen de estos ingresos para llegar a fin de mes, según explica David Boteo, director de la División Nacional contra el Desarrollo de las Pandillas (DIPANDA).

La extorsión sistemática a empresas locales, al transporte público y a las tiendas de barrio, entre otras víctimas, es la principal fuente de ingresos de la pandilla, que cuenta con alrededor de 3.000 miembros activos y una vasta red de colaboradores repartidos en 19 de los 22 departamentos de Guatemala, según información de DIPANDA.

Necesitados de dinero, los pandilleros rasos están conformando grupos disidentes que se dedican a las mismas actividades criminales, pero ya no bajo la bandera de Barrio 18, dijo Boteo a InSight Crime.

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“Se han visto en la necesidad de salir a realizar asaltos, robos a camiones repartidores de productos, robos de vehículos, robos a domicilios”, dijo el director de DIPANDA. “Han querido extorsionar en lugares en que opera la pandilla, lo que implica ‘jugarse la vida’, porque lo hacen sin autorización”.

A diferencia de lo que ocurre en El Salvador, donde el Barrio 18 se ha dividido por mucho tiempo en dos facciones rivales, los grupos disidentes de la pandilla en Guatemala han seguido siendo hasta ahora actores criminales menores, según Mario Bosos, exasesor de DIPANDA.

No obstante, la policía antipandillas de Guatemala está concentrando sus esfuerzos en evitar una mayor fragmentación de las pandillas y el crecimiento de nuevas redes de extorsión, según informó Prensa Libre.

Análisis de InSight Crime

La cuarentena por el coronavirus en Guatemala parece estar acelerando las fracturas existentes en Barrio 18, una pandilla activa en toda Centroamérica y conocida por su estructura indisciplinada y descentralizada.

La pandemia ha puesto de relieve las frustraciones económicas que sienten los integrantes de la pandilla, muchos de los cuales están tratando de subsistir sin el sustento de las extorsiones, mientras que los líderes de las pandillas utilizan los ingresos de los negocios legales mientras la economía se reactiva, explica Boteo.

Estas tensiones no son nuevas, y ya estaban causando la fragmentación de la pandilla desde antes de que apareciera el coronavirus en Guatemala, como señala Mario Bosos.

El exasesor de DIPANDA le dijo a InSight Crime que los líderes del Barrio 18 comenzaron a perder autoridad después de que la mayoría de sus integrantes se resintieran por la falta de movilidad ascendente en el grupo, y la percepción de que los miembros de alto rango vivían en mejores condiciones carcelarias después de que las autoridades guatemaltecas comenzaran a llevar a los líderes a otras cárceles desde principios de la década de 2010.

Esa erosión gradual de la legitimidad de los dirigentes entre los miembros de rangos inferiores y la necesidad de supervivencia económica allanaron el camino para que surgieran grupos independientes, una dinámica que parece haberse acelerado por la desesperación económica provocada por los aislamientos debidos al Covid-19.

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Parece además que las necesidades económicas están por encima del respeto a los líderes de la pandilla, a pesar del riesgo de muerte que conlleva traicionarlos.

“Muchos [pandilleros rasos] fingen ya no ser miembros activos porque no comparten los lineamientos de la organización”, explica Bosos. Y agrega que los grupos separatistas ya casi igualan la cartera criminal de Barrio 18 y que “una vez tienen el control territorial, buscan la independencia”.

La caída de Álex Saab, el financiero de confianza del Gobierno de Venezuela

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El arresto de Álex Saab y su posible extradición a Estados Unidos es un duro golpe para el Gobierno de Venezuela

Con el arresto del empresario colombiano Álex Saab, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha perdido a uno de los artífices de los esquemas internacionales que le proporcionaban a su gobierno los flujos necesarios de efectivo provenientes del petróleo y el oro ilegales, en medio de las sanciones estadounidenses.

Álex Naim Saab Morán fue arrestado el viernes 12 de junio en el aeropuerto Amílcar Cabral, de la isla Sal en Cabo Verde, cuando el avión privado en el que viajaba se detuvo a abastecerse de combustible. La portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Nicole Navas, confirmó la captura de Saab, quien está acusado de dirigir una multimillonaria operación de lavado de dinero, mediante la cual se desviaban dineros públicos a cuentas en el extranjero.

Saab está, además, acusado de utilizar empresas fachada para enviar a Venezuela alimentos vencidos y a precios inflados a través del programa de ayuda del Gobierno denominado Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).

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Según un reporte del diario El Tiempo, agencias de inteligencia estadounidenses venían haciendo seguimiento a los movimientos de los aviones utilizados por Saab para desplazarse entre Venezuela, Alemania, Rusia, Italia e Irán.

No está claro exactamente por qué Saab aterrizó en Cabo Verde.

Una fuente del gobierno colombiano le dijo a El Tiempo que Saab había ido a Cabo Verde para reunirse con una comisión de Irán con el fin de liberar un buque petrolero detenido en la isla. Otros informes indican que él volaba de Venezuela a Irán y que se detuvo para repostar en Cabo Verde. El Tiempo informó que su avión había despegado de Teherán.

Poco después de la detención de Saab, el Gobierno venezolano emitió un comunicado de prensa en el que decía que él estaba haciendo escala en Cabo Verde como parte de un viaje para adquirir alimentos, medicinas “y otros bienes de carácter humanitario” para atender la crisis generada por la pandemia del coronavirus. El mismo comunicado señalaba que dicho arresto era ilegal.

Mientras que el Gobierno venezolano exige que se libere a Saab, Washington ya ha comenzado a gestionar su extradición con las autoridades de Cabo Verde, según dijo el fiscal general de la nación insular, José Landim, al portal de noticias A Nação.

Análisis de InSight Crime

El arresto de Álex Saab no solo priva a la administración de Maduro de un aliado clave, sino que además es un golpe a la capacidad del Gobierno para sostenerse con ganancias ilícitas.

Alberto Ray, analista y experto en seguridad venezolano, dijo en comunicación con InSight Crime que el arresto de Saab “va a generar un problema de flujo de caja muy fuerte”, dado que él era el arquitecto de las redes generadoras de dinero más importantes del régimen, “especialmente a través de drogas, oro y petróleo”.

Las rentas por actividades ilícitas representaron el 32 por ciento de los ingresos del Gobierno venezolano, es decir, alrededor de US$14.400 millones de dólares en 2018, según datos de Ecoanalítica, empresa dedicada al análisis del entorno macroeconómico, y compilados por la revista Dinero. El contrabando de oro generó alrededor de US$2,71 mil millones, la gasolina alrededor de US$2,79 mil millones, y el tráfico de drogas alrededor de US$2,65 mil millones, según el informe de Dinero.

Si bien no hay cifras similares para 2019 y 2020, las finanzas del Gobierno de Maduro se han visto duramente afectadas por las sanciones y por la drástica caída de los precios del petróleo, lo que lo ha obligado a depender aún más de fuentes ilícitas, especialmente del oro.

Saab fue fundamental en la negociación de acuerdos con otros países debido a las asfixiantes sanciones. Ayudó a vender oro venezolano a países como Turquía y participó en negociaciones con Irán para llevar petróleo a Venezuela, como lo indica un informe de Bloomberg.

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Las empresas de Saab o vinculadas a él están presentes en diversos sectores económicos, como la agricultura, la construcción, el petróleo, la minería y la producción de alimentos. Sus empresas han sido señaladas por lavado de dinero obtenido gracias al control ilícito de las tasas de cambio por parte del Gobierno de Venezuela.

Con el arresto de Saab, Maduro ha perdido a un miembro de confianza de su círculo interno, justamente cuando enfrenta una acusación por narcotráfico y cuando Estados Unidos ha puesto precio sobre su cabeza.

Parece que Maduro incluso confió su riqueza personal al empresario colombiano. En caso de que Saab sea extraditado a Estados Unidos, sería invaluable para las autoridades, dado que podría proveer información sobre los negocios ilícitos de Maduro y sobre sus vínculos con redes criminales en Venezuela y en otros países.

¿Era ‘La Barbie’, operador de carteles de México, informante de EE. UU.?

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Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”

Documentos judiciales recientes sostienen que un importante operador criminal en México fue informante del gobierno de Estados Unidos antes de su arresto, pero aún existen dudas acerca de su supuesta relación con las autoridades estadounidenses.

Entre 2008 y 2010, Edgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, supuestamente proporcionó información sensible a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI), según una investigación basada en documentos judiciales obtenida por Anabel Hernández y publicada en Aristegui Noticias.

La Barbie, exoperador de la Organización Beltrán Leyva (OBL) y aliado del Cartel de Sinaloa, fue detenido en México en 2010 y extraditado a Estados Unidos en 2015. Después de declararse inocente en un primer momento, llegó a un acuerdo de declaración de culpabilidad con las autoridades estadounidenses, y en junio de 2018 fue sentenciado a casi 50 años de prisión.

En su cooperación con las autoridades estadounidenses, La Barbie supuestamente ofreció información sobre funcionarios corruptos del gobierno mexicano, quienes al parecer, según el informe, ofrecían información sensible a miembros del Cartel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva.

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Además, el informe dice que La Barbie supuestamente fue testigo de cómo funcionarios corruptos de la administración del expresidente Felipe Calderón dieron a ambos carteles las identidades, fotografías y ubicaciones de varios agentes de la DEA que trabajaban encubiertos en México.

Una de las contribuciones más importantes de La Barbie, según el informe, fue una pista que les permitió a los marines mexicanos localizar y matar al antiguo jefe de aquel, Arturo Beltrán Leyva, en 2009.

De ser cierto, su colaboración con Estados Unidos desde 2008 se habría producido en el momento en que la alianza entre el Cartel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva se estaba diluyendo, y se había transformado en una sangrienta guerra. Esta se habría originado en la capital del estado de Sinaloa, Culiacán, tras el asesinato de uno de los hijos del convicto excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, y luego se habría extendido por México.

Se espera que La Barbie sea un importante testigo cooperador en el juicio que se hará próximamente contra Genaro García Luna, quien ejerció como alto funcionario de seguridad de México entre 2006 y 2012, y a quien las autoridades estadounidenses arrestaron en diciembre de 2019 por cargos relacionados con drogas y por recibir millones de sobornos de traficantes.

Análisis de InSight Crime

Aún no es claro hasta qué punto La Barbie fue un cooperador clave como ahora se dice.

“Si hubiera estado cooperando y proporcionando información verosímil, no le habrían dado una pena tan larga”, afirma Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA.

Las revelaciones sobre la supuesta cooperación de La Barbie con las autoridades estadounidenses plantean más preguntas que respuestas. Sobre todo si se considera a qué información Estados Unidos pudo haber tenido acceso, en relación con la corrupción oficial y la supuesta participación de funcionarios mexicanos entre 2008 y la fecha del arresto de García Luna, más de una década después.

“Si la DEA estaba recibiendo este tipo de información de La Barbie, me sorprende que su operación no se haya ejecutado antes”, le dijo Vanda Felbab-Brown, investigadora sénior de Brookings Institution, a InSight Crime.

“Un nivel de tal riesgo para las operaciones de la DEA sería impresionante”, agregó.

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La Barbie no era un operador criminal promedio. Recibir una condena de 50 años por haber dado información tan valiosa habría sido un muy mal acuerdo de culpabilidad, según Felbab-Brown. “Hay una clara incompatibilidad entre la duración de la sentencia y la información que supuestamente proporcionó”, explicó.

Los grandes narcotraficantes mexicanos han recibido sentencias indulgentes por su cooperación. Por ejemplo, Sandra Ávila Beltrán, conocida como “la Reina del Pacífico”, quedó libre después de solo siete años de prisión debido a su cooperación, a pesar de que supuestamente era un importante enlace entre el Cartel del Norte del Valle (de Colombia) y el Cartel de Sinaloa (de México).

Además de ser un reconocido narcotraficante, La Barbie ganó notoriedad por ser un “operador de alto nivel” y por aterrorizar a sus enemigos, a veces grabándolos en video mientras eran torturados o asesinados. Su larga sentencia de prisión envió un contundente mensaje en su momento y puso en duda cuánto pudo haber cooperado.

Además, La Barbie pasó cinco años en una prisión en México, luego de lo cual fue extraditado. Si realmente estaba proporcionando información crucial sobre importantes actores que hubieran podido ordenar su asesinato en las incontroladas prisiones de México, es probable que La Barbie, así como la DEA, hubieran querido que él saliera del país lo antes posible.

Cualquiera que sea la relación que La Barbie hubiera tenido con los organismos de seguridad estadounidenses antes de su arresto, su inminente cooperación en el juicio contra García Luna probablemente pondrá nerviosos a varios funcionarios corruptos del gobierno y de seguridad, dado su prominente papel en la criminalidad en México.

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Las acusaciones contra el exnarcotraficante también desdibujan aún más las líneas de lo que se ha mostrado claramente como una guerra contra el crimen organizado en México, con los gobiernos de Estados Unidos y mexicano por un lado y los grupos criminales por el otro.

“Esta información nos permite refutar las narrativas manipuladas que nos han presentado ambos gobiernos”, afirma Siria Gastelum, directora de resiliencia en la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. “A pesar de esta historia de ‘nosotros’ contra ‘ellos’, sabemos que había actores corruptos en ambos lados”.

Gastelum advierte que la información que La Barbie pueda ofrecer no afectará en absoluto la dinámica del crimen organizado, mientras no se corrijan las estructuras y sistemas que facilitan la corrupción, el narcotráfico y la violencia conexa a ambos lados de la frontera.

“Si seguimos culpando a funcionarios gubernamentales en particular y no abordamos los fracasos sistémicos del Estado, seguiremos por el mismo camino en el que estamos bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, que parece estar repitiendo las mismas estrategias”, dijo Gastelum en comunicación con InSight Crime.

4 formas como los microtraficantes eluden restricciones del coronavirus

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La policía colombiana decomisó 156 kilos de cocaína escondidos en una ambulancia.

Así como muchas empresas legales tratan de hallar la manera de hacer llegar sus productos a su clientela a pesar de la pandemia, el microtráfico en Latinoamérica también ha tenido que ajustarse a nuevas formas de hacer negocios.

Con las restricciones sobre el desplazamiento a pie o en vehículos en toda la región debido al estricto confinamiento, el transporte de sustancias ilícitas se ha hecho más riesgoso que nunca, dejando episodios de expendedores callejeros arrestados por violar la cuarentena para quedar acusados más adelante por narcotráfico.

Pese a todo esto, los microtraficantes encuentran formas creativas para seguir haciendo negocios en estas circunstancias excepcionales. A continuación, InSight Crime echa un vistazo a esas maneras.

1. Dosis para llevar

En lugar de exponerse a los riesgos de transportar los estupefacientes ellos mismos, los expendedores de drogas dejan que sus clientes asuman el riesgo de llegar hasta donde ellos. En México y Argentina, entre otros países, los microtraficantes han seguido el modelo de los restaurantes, al permitir que los consumidores vayan a recoger sus pedidos a la manera de “dosis para llevar”, tal como están haciendo muchos restaurantes para acomodarse a las medidas de distanciamiento social.

El 28 de mayo, Télam informó sobre la captura de tres sujetos en San Isidro, Argentina, por venta de marihuana, cocaína, éxtasis y LSD bajo esta modalidad.

La investigación sobre este grupo se inició a finales de enero, cuando entregaban alcaloides a domicilio a sus clientes, pero cambiaron al modelo “para llevar” cuando se implantaron las restricciones en marzo.

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Lo irónico es que eso parece haber llevado a la policía justo a su puerta. Unas grabaciones en video de vehículos de alta gama que conducían hasta el lugar a comprar drogas se usó como evidencia contra los expendedores, según contaron a Télam fuentes cercanas al caso.

2. Hacerse pasar por servicios esenciales

Aunque algunos grupos han optado por el servicio en la modalidad para llevar, siguen haciéndose entregas a domicilio. Jorge Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía colombiana, relató a El Tiempo que los grupos de microtráfico han diversificado las maneras de transporte de narcóticos para evadir los controles de la Policía.

En toda la región, en GuatemalaArgentina, Ecuador y Colombia, expendedores que se desplazan en mototaxis y bicicletas se han disfrazado de empleados de empresas repartidoras de víveres y medicinas.

Para evitar ser detectados, algunos incluso han pegado en sus vehículos los logos de las reconocidas aplicaciones de reparto, como Rappi o Glovo. Para no levantar sospechas, estos expendedores fingen transportar servicios esenciales, como entregas de alimentos o medicamentos, usando como fachada nombres de algunas de estas conocidas aplicaciones.

Y empleados de esos servicios de reparto también han buscado aprovechar la tendencia. En Guatemala, dos repartidores que estaban exentos de la cuarentena entregaban narcóticos además de alimentos y suministros médicos.

Aunque varios representantes de gobierno reconocen que la dinámica no es nueva, la condición especial de los repartidores como “esenciales” hace de esta una modalidad obvia que elegirían los expendedores para mantener la distribución.

3. Narcoambulancias

El permiso de libre circulación para equipos y personal médico es quizás la exención más importante a las normas de cuarentena por coronavirus. Esto ha puesto en evidencia una vieja táctica preferida de los expendedores de drogas latinoamericanos: las narcoambulancias. Dicha táctica ha sido especialmente popular en Argentina en el pasado y parece mantener su vigencia.

En abril, las autoridades de la provincia del Chaco, noreste argentino, detuvieron a tres enfermeras por información de que su ambulancia se usaba para transportar cocaína, informó Prensa Libre.

La policía halló la droga escondida en cajas de jarabe para tos infantil dentro de una nevera biomédica de conservación de sangre. Métodos similares se han empleado en Colombia, donde se interceptó una ambulancia que llevaba 156 kilogramos de cocaína en el departamento de Magdalena, centro del país, y un vehículo fúnebre que fingía llevar una víctima de coronavirus y resultó que transportaba marihuana en la ciudad de Cali, suroeste del país.

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Aunque las narcoambulancias no son algo nuevo —desde 2018 InSight Crime ha informado sobre la confianza de los microtraficantes en que las autoridades no detendrán vehículos de emergencia— el requerimiento de usar cubrebocas, y la oportunidad de explotar esa medida sí lo son.

En la última semana de mayo, las autoridades detuvieron a una pareja en Chile por violar el toque de queda, según información de La Cuarta. Pero al acercárseles, la policía notó que sus tapabocas estaban demasiado abultados y descubriron 103 envolturas de papel con cocaína en el interior.

4. Redes sociales

Aunque las aplicaciones de redes sociales y mensajería se habían convertido en lugares comunes del microtráfico, el confinamiento por coronavirus los confirmó como la mejor opción a su disposición. De hecho, los otros métodos enumerados anteriormente se apoyan en las redes sociales.

En Medellín, Colombia, varias bandas dedicadas al microtráfico comenzaron a promocionar abiertamente sus servicios y menús de drogas por medio de WhatsApp durante la pandemia, según El Tiempo.

Pero se observa una expansión de las plataformas en uso. Aunque WhatsApp es imbatible por su penetración en la región, también se han usado servicios de mensajería encriptada, como Telegram, e incluso aplicaciones de encuentros sexuales, como Grindr.

Un reportaje realizado en Chile en el mes de mayo afirmaba que el 96 por ciento de los crímenes que se creían organizados por medio de redes sociales estaban asociados al narcotráfico. Y las bandas están fusionando tecnologías antiguas y modernas. Al pactar un negocio, con frecuencia se envían las drogas por correo a sectores en cuarentena.

¿Por qué el Cartel de Jalisco no domina México?

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El CJNG es una de las organizaciones criminales más poderosas de México, pero aún está lejos de ser el grupo dominante del país. Frente a él tiene a viejos carteles o a grupos jóvenes con fuertes arraigos locales que no parecen dispuestos a ceder territorios.

El ascenso del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras su separación del Cartel de Sinaloa en 2010, fue rápido. Su estructura jerárquica, y relativamente disciplinada, le permitió ganar poder mientras otras organizaciones criminales se fragmentaban y reorganizaban luego de las capturas de sus líderes. En aproximadamente cinco años, el CJNG se posicionó como una amenaza nacional.

La captura y extradición del líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, generó dudas sobre quién llenaría el vacío de poder que dejaba el capo y su cartel —supuestamente debilitado—. Varios medios y analistas, incluyendo InSight Crime, inicialmente pronosticaron que el CJNG era el candidato perfecto para posicionarse como ganador criminal en 2019.

Hoy en día, no cabe duda de que el CJNG es uno de los grupos criminales más grandes de México. Su fortaleza radica, en parte, en que el grupo se ha convertido en uno de los principales actores en el tráfico de drogas sintéticas. Esto ha permitido que su presencia se expanda por todo el país.

Sin embargo, hay una diferencia entre presencia y dominio. De hecho, al igual que a otros grandes carteles, al CJNG se le ha dificultado dominar territorios estratégicos fuera de su tradicional zona de control.

InSight Crime presenta una radiografía de las principales regiones que se disputa el CJNG con otros grupos, así como de las zonas donde sí ha podido posicionarse como el actor criminal más poderoso.

Áreas en disputa

El norte

Hay zonas estratégicas para el crimen organizado en México donde el CJNG no tiene ni siquiera influencia. Por ejemplo, en Sinaloa y el Triángulo Dorado —una zona de producción de heroína en el norte del país—, el Cartel de Sinaloa sigue siendo el principal actor criminal. Los familiares de El Chapo y otros líderes como Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, continúan activos y dominan el narcotráfico en sus territorios.

Otro ejemplo es el norte del país. Por su valor estratégico, la frontera entre Estados Unidos y México es uno de los puntos más violentos y disputados. Aquí están en juego varias economías criminales, y la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California, es clave para el tráfico de drogas sintéticas, como el fentanilo. El CJNG, junto con el Cartel de Sinaloa, son los principales proveedores de esta droga que ahora es más lucrativa que la heroína.

Para disputarle el control de esta ciudad al Cartel de Sinaloa, el CJNG se alió con remanentes del debilitado Cartel de Tijuana —formando un grupo llamado Cartel de Tijuana Nueva Generación—. Sin embargo, hasta ahora no han podido vencer. Los recursos que tiene el Cartel de Sinaloa, así como su larga presencia en la ciudad, le han aportado contactos, información crucial e incluso palanca con las autoridades locales.

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Otro punto clave para el trasiego de droga en la frontera es Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua. Esta ciudad se volvió la más violenta del mundo alrededor de 2008, cuando los carteles de Sinaloa y Juárez peleaban por el control.

El CJNG tiene presencia en Ciudad Juárez, supuestamente a través de una alianza con el Nuevo Cartel de Juárez. No obstante, hasta ahora parecen ser más poderosos otros grupos, como Los Salazar, una célula vinculada al Cartel de Sinaloa, y La Línea, el brazo armado del Cartel de Juárez. Además, en la ciudad hay cientos de pandillas callejeras que se disputan abiertamente el control del narcomenudeo.

Por otro lado, la frontera de Tamaulipas, en el oriente, por años ha sido un enclave criminal. Según Óscar Balderas, periodista especializado en crimen organizado, hoy esta zona está principalmente dominada por el Cartel del Noreste y los Zetas Sangre Nueva, así como los restos del Cartel del Golfo. El CJNG apenas tiene influencia.

Finalmente, en ciudades norteñas como Torreón y Monterrey tampoco parece haber indicios de que el CJNG haya logrado posicionarse como el actor criminal principal, a pesar de sus intentos.

Tierra Caliente y la sierra de Guerrero

La región de Tierra Caliente, que abarca territorio en los estados de Michoacán, Guerrero y el Estado de México, es clave para el narcotráfico. Hace parte de la ruta de droga que llega de Suramérica por el Pacífico y es un punto de producción de drogas sintéticas. Además, Michoacán es el principal productor de aguacate en México. La extorsión a este sector se ha convertido en un lucrativo negocio para los grupos criminales.

Según un conteo de International Crisis Group, existen por lo menos 20 células criminales activas en Tierra Caliente. Entre estas, el CJNG es ciertamente el grupo más grande y con mayores recursos, pero no ha podido vencer a las organizaciones locales.

Entre los grupos más fuertes que le hacen frente al CJNG se encuentran el Cartel del Abuelo y Los Viagras.

El Cartel del Abuelo opera desde el municipio de Tepalcatepec, en el oeste de Michoacán. Su líder, Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, solía dirigir un grupo de autodefensa que peleaba contra los Caballeros Templarios. Según algunos reportes de prensa, El Abuelo llegó a aliarse con el CJNG durante esta lucha.

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Sin embargo, esta relación cambió. En los últimos meses de 2019, el CJNG realizó una serie de ataques contra este grupo, e incluso publicó comunicados en los que amenazaba con pelear “en contra de El Abuelo”.

Su conquista del territorio parece no haber sido exitosa aún. De hecho, a principios de mayo, El Abuelo hizo un llamado a grupos de autodefensa en cuatro municipios para que se resistieran a la “invasión” del CJNG.

Los Viagras, por su lado, son una escisión de la Familia Michoacana y los Caballeros Templarios, y se dedican a la extorsión y al tráfico de drogas sintéticas. El CJNG ha intentado arrebatarles el territorio desde al menos 2017. Tampoco ha tenido éxito.

Tanto Los Viagras como El Abuelo tienen una ventaja estratégica en contra del CJNG: un conocimiento profundo sobre el territorio y la lealtad de la población.

“Están atrincherados en la sociedad local”, dijo Falko Ernst, analista sénior de International Crisis Group, en comunicación con InSight Crime.

Este arraigo les permite que la información crucial para dominar un territorio —como rutas de escape, operativos del Estado y casas de seguridad— no sea compartida con el CJNG.

“La comunidad no está interesada en aceptar al CJNG”, afirmó Ernst.

Por otro lado, en la sierra de Guerrero, donde se cultiva amapola para la producción de heroína, la fragmentación de antiguos carteles se convirtió en una pesadilla para el CJNG. El grupo es apenas una organización criminal más entre al menos otras 40 que luchan para controlar el territorio.

La capital y sus alrededores

El centro de la Ciudad de México es prácticamente territorio de la Unión de Tepito, una banda criminal oriunda de la ciudad. Allí también tienen presencia otros grupos menores, como el Cartel de Tláhuac. La extorsión y el narcomenudeo son sus principales actividades.

Según Balderas, el CJNG sí tiene influencia en la ciudad, sobre todo en algunos barrios marginales del norte, pero no ha logrado posicionarse como un actor principal.

Sin embargo, tener arraigo en la capital —donde hay una amplia presencia del Estado— no parece ser estratégico para el cartel.

“Si llegara a haber dominio del CJNG en la Ciudad de México, las autoridades inmediatamente los repliegan”, afirma Balderas.

En los estados aledaños a la capital, el principal obstáculo para que el CJNG se apodere es nuevamente la fragmentación criminal.

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Morelos y el Estado de México son centros para la trata de personas, el secuestro, el narcomenudeo y el trasiego de heroína. Aquí tienen presencia Los Rojos —disidencia de la Organización Beltrán Leyva—, escisiones de la Familia Michoacana, así como las bandas criminales de la Ciudad de México.

La Riviera Maya

En el sureste de México, los centros turísticos de Cancún y Playa del Carmen son lucrativos para la trata de personas, el lavado de activos, la extorsión y el narcomenudeo. El puerto de Chetumal también es una entrada para precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.

El CJNG ha intentado tener dominio de esta zona, pero hasta ahora continúa enfrentándose al Cartel de Sinaloa, a remanentes de Los Zetas y al grupo Los Pelones, que surgió de la fragmentación del Cartel del Golfo.

Estas batallas por el control territorial han hecho que se recrudezca la violencia. Los Pelones, por ejemplo, se dedican a extorsionar negocios turísticos. En los últimos años, han ocurrido varias balaceras en bares o discotecas, donde sus rivales, incluyendo el CJNG, intentan reclamar el control de la extorsión.

Áreas de control

Jalisco

En el estado occidental de Jalisco, que le dio el nombre al cartel, el CJNG domina.

La capital local, Guadalajara, además de ser la residencia de varios integrantes del grupo, es uno de sus principales centros de lavado de dinero. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha incluido en sus listas negras a varios negocios de la ciudad vinculados al cartel.

La ciudad de Puerto Vallarta, en la costa pacífica, también les ha servido para el lavado de activos, la trata de personas y el acceso a rutas de droga. Fue también en esta ciudad donde el CJNG logró secuestrar por corto tiempo a los hijos de El Chapo en agosto de 2016.

“Puerto Vallarta es completamente de ellos”, afirma Balderas.

El poder del CJNG en Jalisco se extiende también a algunos municipios de estados aledaños, como Zacatecas y Aguascalientes, así como a las costas de Nayarit, Colima y Michoacán. En Nayarit, el CJNG incluso llegó a corromper al fiscal general del estado y a un gobernador.

Sin embargo, el dominio del CJNG en esta zona no ocurre sin disputas. En Guadalajara, una escisión del CJNG que se hace llamar el Cartel Nueva Plaza intenta desafiar al grupo desde al menos 2017.

La zona del huachicol

Un actor criminal que llegó a ser un gran rival para el CJNG durante los últimos años es el Cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL). Este grupo surgió alrededor de 2017 como una resistencia al CJNG en Guanajuato, Querétaro e Hidalgo, zonas donde proliferó el hurto de petróleo, también conocido como huachicoleo.

Según Víctor Sánchez, experto en seguridad de la Universidad de Coahuila consultado por InSight Crime a principios de mayo, el CSRL inicialmente pudo contrarrestar al CJNG debido a su diversificación de economías criminales —el grupo también participa en la extorsión y el secuestro— y por el fuerte arraigo en las comunidades donde practican el huachicoleo.

Hoy, sin embargo, el CRSL está debilitado y el CJNG prácticamente le arrebató el territorio luego de una sangrienta lucha. Según Balderas, al CSRL solo le queda el control sobre algunos municipios de Guanajuato, como Villagrán, pero no son estratégicos para el crimen organizado.

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“Las más recientes expresiones de violencia únicamente son la ejecución de los últimos soldados [del CRSL]”, dijo Balderas. En su perspectiva, el CJNG ya ganó esta batalla. 

Veracruz

La costa atlántica fue tradicionalmente territorio del Cartel del Golfo y Los Zetas. Cuando ambos grupos se debilitaron y fragmentaron, no hubo por muchos años otra organización criminal grande que dominara por completo la zona.

Hoy parece que el CJNG lo está logrando. Su intento por conquistar Veracruz comenzó desde los primeros años del cartel, como una misión para desplazar a Los Zetas.

La batalla entre estos grupos detonó la violencia en Veracruz. Uno de los episodios violentos más notorios ocurrió en abril de 2019, con la masacre de 14 personas durante una celebración en el municipio de Minatitlán.

“Veracruz siempre fue la joya de la corona para el CJNG”, dijo Balderas. El estado es importante por su puerto y el acceso a las rutas de droga por el Atlántico. También es un corredor para la trata de personas. “La mayor parte de Veracruz está hoy controlada por el CJNG […] Los Zetas están diezmados”.

Según Balderas, hay pocos municipios en Veracruz donde queda presencia de Los Zetas —Coatzacoalcos y Minatitlán son un ejemplo—. Sin embargo, el control de los puntos estratégicos que generan más ingresos ya lo tiene el CJNG.

Fotos: AP

Crimen organizado causa incendios forestales en Guatemala: funcionarios

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El gobierno de Guatemala ha identificado varias pistas clandestinas en la Biósfera Maya en Petén

Una de las peores temporadas de incendios de la última década en Guatemala ha causado la destrucción de enormes franjas de selva tropical protegida y ha llevado al gobierno a proponer nuevas y agresivas políticas para acabar con los grupos del crimen organizado que los causan.

Funcionarios en la zona le dijeron a InSight Crime que aproximadamente 16.000 hectáreas, y quizá muchas más, fueron destruidas en el departamento de Petén, en el norte de Guatemala, durante la temporada de incendios de este año, que en general se extiende de diciembre a mayo. Muchos de los incendios tuvieron lugar en parques nacionales dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, una de las selvas tropicales protegidas más grandes de Centroamérica.

A finales de mayo, el presidente Alejandro Giammattei atribuyó 20 de los 23 incendios activos a las invasiones de tierras y al despeje de la cobertura forestal para la construcción de pistas de aterrizaje clandestinas ocultas en las profundidades de parques nacionales como Laguna de Tigre y Sierra del Lacandón.

Los incendios suelen comenzar cuando narcotraficantes tratan de despejar grandes franjas de selva tropical, y las llamas se salen de control debido a la maleza seca y a la falta de lluvia. Esos terrenos son despejados para la ganadería, la cual es utilizada como fachada para el lavado de dinero y para pistas de aterrizaje clandestinas a donde llegan cargamentos de cocaína, según las autoridades. Esta práctica se conoce como “narcoganadería”.

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Las avionetas procedentes de Colombia y Venezuela, entre otros países de tránsito de drogas, pueden aterrizar en la reserva prácticamente sin ser detectados debido a la dificultad de patrullar esta selva. Desde allí, los cargamentos son enviados a la frontera sur de México, a veces apenas a unas horas en coche de las pistas.

Un estudio de la Universidad Estatal de Texas, publicado en junio, señala que, entre 2000 y 2015, aproximadamente el 30 por ciento de la cobertura forestal del Parque Nacional Laguna del Tigre fue transformado en tierras agrícolas, en gran parte para la ganadería.

El gobernador de Petén, Luis Burgos, quien asumió el cargo este año, narró que llevó a cabo su primer sobrevuelo de la zona con el fin de observar los daños causados por los incendios en abril. Dijo que vio camiones que ingresaban a Guatemala desde México, así como numerosas pistas de aterrizaje recién construidas. Se refirió a algunas de las pistas de aterrizaje como “cementerio de aviones”, porque los narcotraficantes los destruyen allí después de aterrizar.

“Después de ese vuelo, bajé del helicóptero llorando”, dijo en conversación con InSight Crime.

Burgos dice que ha iniciado conversaciones preliminares con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con el fin de desarrollar nuevas estrategias para recuperar la reserva. Un funcionario del CONAP confirmó que la gobernación está apoyando los proyectos de conservación, pero no dio detalles de los planes a futuro.

Burgos también que, una vez que se relajen las medidas de cuarentena por el coronavirus, recurrirá a las fuerzas del orden para desalojar por la fuerza a los invasores de tierras —una estrategia que ya es utilizada en la reserva en algunos casos— y que solicitará ayuda adicional a la comunidad internacional.

Análisis de InSight Crime

Aunque es alentador que las autoridades reconozcan el papel del crimen organizado en los incendios de este año y que planeen tomar medidas contra estas invasiones de tierras vinculadas al narcotráfico, será difícil lograr un verdadero cambio.

Las poderosas redes criminales, y familias como los Lorenzana, han dominado el norte de Guatemala durante décadas, no solo despejando terrenos para sus actividades ilícitas, sino también, se supone, comprando a funcionarios municipales y policiales para poder tener el control, como dijeron expertos locales a InSight Crime. Según el estudio de la Universidad de Texas, los criminales más poderosos casi nunca viven en el área, sino en otros departamentos del país, y nombran vigilantes para que estén al frente de las haciendas narcoganaderas.

A menos que el gobierno vaya tras los líderes y los dineros que sustentan las haciendas, los intentos de erradicar físicamente a los invasores de tierra pueden resultar infructuosos, ya que los vigilantes encargados pueden trasladarse a otras zonas de la reserva, despejar otros terrenos y comenzar de nuevo.

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En 2016 se necesitaron 165 agentes de policía, dos helicópteros y 18 redadas para desmantelar una operación criminal de la familia Mendoza que había conseguido 28 parcelas conectadas en Petén, mediante estrategias como intimidaciones, amenazas y compras a bajo precio —un plan que ni siquiera requería ocultarse en la selva—.

Enviar más agentes para desalojar a los invasores generará inevitablemente nuevos debates sobre derechos humanos, relacionados con los derechos a la tierra en los parques nacionales. Cuando la guerra civil del país llegó a su fin en 1996, los campesinos que habían sido obligados a abandonar sus tierras se establecieron en la zona sin saber que había sido declarada área protegida. Otros afirman que llegaron antes de que se estableciera la reserva, lo que generó complicadas batallas legales con algunas de las poblaciones más vulnerables de Guatemala.

Los funcionarios de la zona tratan de diferenciar la deforestación causada por las comunidades campesinas informales —cuyas parcelas suelen ser más pequeñas y dedicadas a la agricultura— de las enormes parcelas despejadas por los ganaderos. Sin embargo, no todo es precisamente en blanco y negro.

Esas comunidades también han despejado a veces grandes extensiones de tierras en las que están técnicamente en ocupación ilegal. Y aunque los conservacionistas afirman que han aparecido pistas de aterrizaje clandestinas cerca, es muy difícil confirmar sus conexiones con la actividad ilegal.

En México, grupos criminales e industria tequilera mantienen una relación espinosa

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La industria del tequila tiene una larga historia como aliado conveniente de los grupos criminales en México

Las revelaciones que señalan que el Cartel de Jalisco lavó cientos de millones de dólares por medio de compañías fachada que se hacían pasar por proveedores de tequila, es un nuevo capítulo de la larga relación entre los grupos criminales de México y el icónico licor nacional.

El 2 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció que había congelado cerca de 2.000 cuentas bancarias vinculadas al Cartel Jalisco Nueva Generación  (CJNG). A primera vista, el impacto de esta operación era difícil de estimar, pues el bloqueo de cuentas bancarias ligadas a actividades criminales no es raro en México.

Pero aquí, el verdadero blanco del operativo quedó en evidencia con su nombre “Agave Azul”, el tipo de cactus usado en la producción de tequila. La UIF mencionó a 1.770 individuos y 167 firmas como parte de un complejo entramado montado para blanquear las ganancias criminales del CJNG mediante firmas de papel que se hacían pasar por tequileras.

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Y según se dice, esa red logró mover sumas colosales de dinero en efectivo. La UIF reportó transacciones nacionales por valor de unos US$666 millones, transferencias internacionales por un monto de US$330 millones y US$137 millones en transacciones dudosas en efectivo realizadas en dólares estadounidenses.

Aunque el comunicado de la UIF no reveló qué marcas de tequila estaban implicadas, se sabe que el CJNG y su brazo financiero, conocido como Los Cuinis, han sido dueños de por lo menos una productora de tequila. En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista a Onze Black, compañía tequilera de Jalisco, por presuntos vínculos con el CJNG.

Posteriores investigaciones revelaron que Onze Black era propiedad de Jessica Oseguera, hija del líder del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Análisis de InSight Crime

La industria tequilera presenta una serie de circunstancias que la hacen ideal como socio preferente en el lavado de dinero para grupos criminales. Es extremadamente lucrativa, tanto así que, para 2019, tuvo ganancias estimadas de US$4.600 millones en todo el mundo y no para de crecer.

El 80 por ciento de la producción se destina a Estados Unidos, nuevamente un destino predilecto para narcos que intentan esconder su riqueza. Y la materia prima, el agave azul, se cultiva en algunas de las zonas más peligrosas de México, lo que deja a los productores como blancos ideales de extorsión y secuestro.

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Y el CJNG no es ni por asomo el primer cartel de la droga con conexiones con la industria tequilera. En 2006, se descubrió que el cartel Arellano Félix usaba una marca de tequila, 4 Reyes, para lavar sus ganancias de la droga en México y Estados Unidos. En 2013, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó varias firmas en su lista negra, entre ellas dos tequileras, pertenecientes a un grupo narcotraficante conocido como Los Güeros, según un comunicado de prensa.

Aparte de esos nexos directos con la delincuencia, el tequila también hace parte inherente de la “narcocultura” en México. En febrero de 2020, Alejandrina Guzmán, hija de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, lanzó la marca de tequila El Chapo 701, como parte de una línea de productos que usufructuaba la notoria imagen y el nombre de su padre.

La UIF ha develado la que puede ser de lejos la mayor estructura de lavado de dinero descubierta hasta la fecha que usa marcas de tequila. Se espera que esto genere un mayor escrutinio a largo plazo por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses. Pero dada la manera como los grupos criminales mexicanos han cooptado la mayoría de las exportaciones del país, desde aguacates hasta automotores, esto podría no ser suficiente.

Un ciclo de violencia se vive al sur del Cauca, Colombia

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Aunque la fuerza pública hace presencia en la zona, los habitantes del Cauca piden otros tipos de intervención.

Una ola de violencia azota al suroeste del departamento colombiano del Cauca, en forma de asesinatos selectivos y grupos armados que luchan por el control de los cultivos de coca y las rutas de tráfico. Una mezcla mortal.

Por segunda vez en el transcurso de dos meses, 30 hombres ingresaron al corregimiento El Plateado, zona rural del municipio de Argelia, presentándose como miembros del grupo ex-FARC mafia Carlos Patiño, en busca de excombatientes de las FARC casa por casa.

Al igual que la incursión que habían realizado el pasado 11 de abril en ese mismo municipio, los miembros de la estructura disidente han buscado amedrentar a aquellos que se han incorporado al Proceso de Paz, así como fortalecer su presencia sobre esta región del río Micay.

El 18 de mayo fue asesinado Maximiliano León, un desmovilizado de la antigua guerrilla y al cual se refirió el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, a través de un comunicado. El partido político relacionó su muerte con la presencia de este mismo grupo, Carlos Patiño, en Argelia.

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En este mismo municipio y en El Tambo, el Frente José María Becerra del ELN y este grupo ex-FARC mafia se debaten entre las balas. Enfrentamientos que datan de marzo de este año desataron una ola de 700 personas desplazadas y 2 personas muertas pertenecientes al grupo Carlos Patiño.

Ahora bien, aunque las ex-FARC mafia mantienen una posición más fuerte en Argelia, y, por el contrario, el ELN en El Tambo, ambos municipios han sido testigo no solo de esos enfrentamientos, sino de choques con el Ejército en los meses siguientes.

En particular, la región del sur del departamento vive una difícil situación por culpa del narcotráfico y la constante disputa entre grupos. En esta dinámica, los municipios de Argelia y El Tambo son la otra codiciada ruta de acceso al pacífico en el Cauca y, como si fuera poco, en conjunto suman 9.611 hectáreas de coca.

Los asesinatos de líderes sociales y activistas también han continuado. En 2019, 62 líderes sociales y activistas de derechos humanos fueron asesinados en el Cauca, la cifra más alta a nivel departamental. Para junio de 2020, 42 más fueron asesinados, según el Instituto de Estudios para la Paz (Indepaz).

Análisis de InSight Crime

En el departamento del Cauca no se prevé un control de la violencia en un futuro cercano por tres motivos:

En primer lugar, los dos grupos criminales más poderosos de Colombia, o al menos sus frentes más fuertes, se disputan el control del corredor clave del río Micay. Argelia y El Tambo, que hacen parte de dicho corredor, dan al ELN y a las disidencias de las FARC acceso a los cultivos de coca y a una ruta fundamental para el tráfico de narcóticos, precursores químicos y armas hacia el océano Pacífico.

Y otro actor criminal se está adentrando en la zona. En agosto de 2019, se conocieron informaciones de que otro grupo de ex-FARC Mafia, el Frente Estiven González, hacía avances en el sur de Cauca desde su base en el norte de Nariño.

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Aunque InSight Crime no pudo confirmar si este grupo permanece en la zona, la posibilidad de que otros grupos criminales incursionen en estos municipios solo provocaría más enfrentamientos entre estos y con el Ejército.

En segundo lugar, el gobierno no parece tener una estrategia de seguridad, además de los operativos del ejército, repetidos pero carentes de dirección. Según expertos de la Comisión de la Verdad, las incursiones del ejército no han logrado un avance visible debido a la aplicación de tácticas contrainsurgentes inefectivas contra grupos cada vez más alejados de sus raíces guerrilleras y concentrados en las actividades criminales.

En tercer lugar, aun cuando la violencia ceda en una parte del sur del Cauca, resurge en otro lugar. Aunque en mayo no se presentaron choques importantes entre el ELN y las Ex-FARC Mafia en Argelia y El Tambo, sí se reportaron nuevos combates y desplazamientos entre ambos grupos en Guapi, sobre la costa Pacífica del sur de Cauca.

En Latinoamérica, fraude y corrupción asfixian respuesta frente a coronavirus

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Policía militar en las afueras de la residencia de Wilson Witzel, gobernador brasileño implicado en un esquema de malversación

En un momento en que Latinoamérica se sitúa como el nuevo epicentro global de la pandemia de coronavirus, la corrupción ha proliferado, con casos de políticos e intermediarios prestos a llenarse los bolsillos.

Los contratos para responder al coronavirus han estado plagados de irregularidades en una docena de países, desde Argentina hasta México, según los hallazgos de un informe publicado el 19 de mayo por el Consejo de Abogados para los Derechos Civiles y Económicos (Lawyers’ Council for Civil and Economic Rights).

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InSight Crime analiza los tres tipos más importantes de manipulación de contratos: fraude, favoritismo y especulación de precios, que se han agudizado en medio de la pandemia.

1. Fraude

En el apremio de prepararse para los aumentos de casos de coronavirus, gobiernos locales y nacionales se han abocado a preparar contratos para responder a las emergencias de salud, seguridad e infraestructura.

Contratistas y funcionarios de gobierno no tardaron en aprovechar la situación para desviar recursos y cometer fraude.

En Colombia, se encontraron irregularidades en más de 300 contratos de gobiernos locales, según un reportaje publicado el 20 de mayo por la revista Semana.

El artículo presentó contratos redundantes, compra de elementos innecesarios, como radios portátiles, y la contratación de personas sin experiencia relevante, como el dueño de un bar contratado para transportar pruebas de coronavirus.

A finales de mayo, el Fiscal General anunció la compulsa órdenes de captura por corrupción y malversación al menos contra una docena de alcaldes, pero desde ese momento la Fiscalía General ha guardado sigilo sobre los avances en estos casos. Varios gobernadores también han sido objeto de investigación por irregularidades en contrataciones, según anunciaron el fiscal general y otros funcionarios a finales de abril.

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El gobierno brasileño ha abierto más de 400 investigaciones por contratos para la mitigación del coronavirus. A finales de mayo, las autoridades hicieron efectivas una docena de órdenes de cateo, que incluyeron un allanamiento de la residencia en Rio de Janeiro del gobernador del estado Wilson Witzel por sospechas de desvío de fondos para la construcción de hospitales, según AP. Witzel denunció que la investigación en su contra tenía motivaciones políticas.

2. Favoritismo

Los funcionarios de gobierno están usando los contratos del coronavirus para enriquecer a sus círculos cercanos.

La investigación de Semana en Colombia halló que las autoridades locales muchas veces otorgaron contratos a aliados, parientes o donantes de campaña.

En República Dominicana, el Ministerio de Salud otorgó a una sola empresa US$27 millones de su presupuesto de US$37 millones para contratos de suministros, según un informe del Consejo de Abogados y el cubrimiento del medio informativo dominicano Acento. En muchos casos, esa firma fue el único ofertante en licitaciones que se dejaron abiertas por unas cuantas horas, como lo señaló el Consejo de Abogados.

Desde entonces, la administración del presidente Danilo Medina ha anulado estos contratos. A comienzos de abril, Medina creó una comisión de transparencia para vigilar la respuesta frente al coronavirus. No es clara la relación entre el gobierno y los dueños de la firma beneficiada.

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En Paraguay, el Ministerio de Salud otorgó contratos de suministros médicos y farmacéuticos por valor de decenas de millones de dólares a empresas ligadas a familiares de un mismo empresario, Justo Ferreira, según informó La Nación de Paraguay en el mes de abril. El Ministerio Público anunció a fines de mayo que está investigando los contratos, los cuales fueron rescindidos, como informó ABC Color.

Funcionarios médicos anunciaron el 8 de junio que los medicamentos importados por las empresas de Ferreira incumplían los estándares y serán destruidos. En una entrevista con ABC TV Paraguay el 11 de mayo, Ferreira defendió los contratos diciendo que sus empresas solo se presentaron a la licitación de esos contratos con el objetivo de servir al pueblo paraguayo y que asumía toda la responsabilidad por la calidad de los productos.

La mayoría de las leyes de constitución de empresas en Latinoamérica no obligan a una firma a revelar sus “propietarios beneficiarios”, quienes usufructúan la empresa pero cuyos nombres no aparecen en las actas de constitución, explicó Julia Yansura, experta en finanzas de Latinoamérica en el centro de pensamiento Global Financial Integrity, con sede en Washington DC.

Esa falta de transferencia facilita el ocultamiento de una relación deshonesta. “Es un problema de mucha mayor envergadura, pero en realidad alcanza un punto crítico en una situación excepcional como esta cuando la gente se ve obligada a cerrar contratos con premura”, señaló Yansura en conversación con InSight Crime. “[Los gobiernos] simplemente no tienen toda la información que necesitan para garantizar que [estén] evitando el favoritismo”.

3. Especulación de precios

Además, los gobiernos han estado adquiriendo suministros médicos a precios exorbitantes, dejando ganancias a contratistas con conexiones y enriqueciendo a los políticos en la forma de coimas y otros favores.

En Bolivia, las autoridades pusieron en custodia al ministro de salud Marcelo Navajas el 20 de mayo después de que se denunciara que el gobierno había adquirido 170 ventiladores a una firma española por casi el cuádruple de su valor, por lo que se incurrió en sobrecostos superiores a US$3,5 millones. Los ventiladores eran de mala calidad, lo que los hacía inservibles en hospitales, según reportó el medio noticioso boliviano Página Siete.

El abogado de Navajas dijo, después de su arresto, que la compra de los ventiladores era legal y que las autoridades habían violado sus derechos constitucionales.

El 18 de mayo, la asamblea legislativa de Bolivia anunció mediante un comunicado oficial la creación de una comisión mixta para investigar el escándalo de los ventiladores. Cuatro días después, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Sergio Choque, acusó al gobierno de intentar distanciarse del escándalo, y señaló que también debía investigarse a Aníbal Cruz, antecesor de Navajas en la cartera de salud.

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En Honduras, el gobierno adquirió pruebas de coronavirus por US$100 cada una, a tres intermediarios que las compraron a US$4 por unidad en China. En Guatemala, el gobierno compró mascarillas N95 por 18 veces su valor comercial a un empresario que ya había sido condenado por cargos de corrupción.

Y en Ecuador, los esquemas de sobreprecios han sido aún más truculentos con la emergencia global: dos hospitales pagaron sobrecostos por bolsas para cadáveres nada más y nada menos que por US$568.090, como ya lo había informado InSight Crime.

En otros casos, las preocupaciones por la corrupción en la contratación y la malversación de recursos públicos han asfixiado el necesario alivio a las comunidades afectadas.

Yansura mencionó una investigación del sitio de noticias guatemalteco Nómada, que halló que el gobierno guatemalteco no ha gastado un solo dólar de los fondos de ayuda de varias organizaciones, como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), en contratos para necesidades de salud pública.

El atraso es resultado de impedimentos burocráticos que dilatan el registro de donaciones en las bases de datos del gobierno, lo que a la vez complica y enturbia la manera como se redistribuye el dinero, señaló la investigación.

“Desde un punto de vista de transparencia, no es solo que se quiera prevenir la corrupción o gastos indebidos, es también que se quiere garantizar que hay un buen gasto”, acotó Yansura.

Es difícil estimar la escala exacta de los fraudes en contratos y la interferencia en gastos, pues los gobiernos han limitado el volumen de información de dominio público. Algunos mandatarios, como el presidente Nayib Bukele de El Salvador, se han negado a revelar cómo y dónde asignaron los contratos y los gastos de la emergencia.

Mientras los números de casos y muertes escalan en toda la región, la corrupción en el sector de salud pública seguirá causando estragos en las cadenas de suministros, drenando los fondos del gobierno e impidiendo que los suministros médicos lleguen a quienes los necesitan.

Nueva ley evidencia más contradicciones en alianza antinarcóticos EE. UU.-Honduras

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Pista de aterrizaje El Aguacate del ejército hondureño que ha sido usada por narcotraficantes

La sanción de una nueva ley sobre narcoaviones dará al gobierno de Honduras mayor acceso a la inteligencia antinarcóticos de Estados Unidos en un momento en que fiscales estadounidenses han señalado nexos del presidente hondureño con el tráfico de drogas.

La legislación, promulgada el 25 de mayo por el presidente Juan Orlando Hernández, actualiza los protocolos del gobierno para la interceptación de aviones sospechosos de transportar drogas, que anteriormente se regía por la Ley de 2014, conocida como Ley de Protección de la Soberanía del Espacio Aéreo.

La nueva norma impide que el ejército hondureño cause daños o destruya los aviones sospechosos de transportar drogas, excepto en casos de “legítima defensa”, según La Prensa. En legislaciones anteriores, las autoridades tenían la opción de “neutralizar” naves no autorizadas, como último recurso, si el avión no respondía a los intentos no violentos de interceptación del vuelo.

Este cambio parece resolver inquietudes de Washington, que veía en la legislación anterior riesgo para los agentes estadounidenses encubiertos infiltrados en los carteles que trasiegan cocaína por vía aérea desde Suramérica hacia Honduras; la administración Obama había suspendido la ayuda de información de radares a Honduras luego de la aprobación de otra versión de la ley en 2014, agregó La Prensa.

Las nuevas cláusulas limitan a la Fuerza Aérea Hondureña (FAH) a hacer disparos de advertencia si una nave interceptada no cumple con las exigencias del ejército de aterrizar en la pista más cercana. La FAH también debe hacer todos los esfuerzos razonables para evitar impactos en el avión interceptado, según los fragmentos de la revisión de la ley que apareció publicada en Tiempo Digital.

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El Departamento de Estado estadounidense felicitó a Honduras por la sanción de la ley, lo que garantizará un mayor acceso del país centroamericano a la puesta en común de inteligencia con Estados Unidos y muchos otros países latinoamericanos, según el Washington Post.

Al mismo tiempo que se aprobó la revisión de la ley, el presidente Hernández inauguró un nuevo Centro Combinado de Operaciones Interagencial (CCOI) antinarcóticos, que planea apuntalar el control aeroespacial en puntos claves de tráfico con apoyo del Comando Sur de Estados Unidos.

El incremento de la cooperación bilateral en relación con el narcotráfico ocurre después de que las autoridades judiciales estadounidenses han vinculado en repetidas oportunidades al presidente Hernández con redes internacionales de narcotráfico.

Análisis de InSight Crime

En lo que respecta al narcotráfico, la relación entre Estados Unidos y Honduras está empezando a tomar visos esquizofrénicos.

Por un lado, el elogio de Washington por las reformas legales aprobadas por el gobierno de Hernández presenta a Honduras como un aliado clave en la lucha conjunta contra el narcotráfico en Centroamérica.

Pero, por el otro lado, los múltiples señalamientos de las autoridades judiciales estadounidenses han señalado al presidente Hernández de coconspirador en una operación internacional de tráfico de cocaína que incluye a varios políticos y a miembros de la policía y las fuerzas armadas de Honduras.

Uno de esos implicados es el anterior jefe de policía del país, Juan Carlos Bonilla Valladares, conocido como “El Tigre”, que, según una acusación formal de Estados Unidos, abusó de su cargo para proteger cargamentos de drogas en su paso por Honduras.

El actual ministro de seguridad de Honduras Julián Pacheco Tinoco fue objeto en el pasado de una investigación por narcotráfico de la Administración para el Control de Drogas (DEA), según documentos judiciales en Estados Unidos que se usaron en el juicio del hermano del presidente Hernández y exdiputado hondureño, Juan Antonio “Tony” Hernández, quien fue condenado por cargos de narcotráfico en octubre de 2019.

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Miembros y funcionarios del Partido Nacional (PN) de Hernández también han trabajado con importantes carteles de la droga en la operación de pistas de aterrizaje para la recepción de cargamentos de drogas ilícitas, según el testimonio de un reconocido narcotraficante hondureño en el juicio en contra de Fabio Lobo —hijo de expresidente Porfirio “Pepe” Lobo, también del PN—, quien fue sentenciado por narcotráfico en un juzgado de Nueva York en 2017.

Una pista de aterrizaje de ejército en el departamento de Olancho, ubicado en uno de los corredores de cocaína más activos del país, también fue usada para el aterrizaje de narcoaviones, según la declaración del narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga, de la banda Los Cachiros, quien declaró en el caso contra Fabio Lobo.

Las múltiples acusaciones de fiscales estadounidenses contra el presidente Hernández y altos mandos de la fuerza pública hondureña no han logrado que la administración de Donald Trump dé la espalda a su aliado en Tegucigalpa. Al final, la nueva ley de soberanía aérea otorga a la Casa Blanca un argumento para alimentar la narrativa de que Hernández es un gran aliado en la lucha contra el narcotráfico.

Divisiones en la pandilla Bagdad generan violencia en Panamá

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Una de las víctimas de la masacre de La Joyita es subida a una ambulancia

Los homicidios en Panamá Oeste han aumentado debido a una serie de asesinatos por venganza, dado que una de las pandillas más grandes del país lucha por mantener el poder y el control sobre los crecientes flujos de drogas.

El 28 de mayo, Héctor Tuñón, de 26 años, y su pareja, una chica de 17 años embarazada, fueron asesinados a tiros en el distrito de La Chorrera por hombres armados que, según la policía, se movilizaban un automóvil blanco, como informó La Crítica. Estos jóvenes se convierten en las más recientes víctimas de una serie de muertes violentas que a finales de mayo arrojaba un saldo de 55 personas asesinadas en la provincia de Panamá Oeste. Esta cifra representa un aumento significativo con respecto a los 48 asesinatos que se presentaron allí en todo 2019.

Funcionarios gubernamentales dicen que el narcotráfico y las disputas entre pandillas son las culpables de este aumento de la violencia, especialmente los enfrentamientos al interior de Bagdad, uno de los dos principales grupos criminales del país. Esta racha de violencia llamó la atención a nivel nacional en diciembre de 2019, cuando un grupo de presos abrió fuego contra otro grupo en la prisión de La Joyita, dejando como resultado 15 personas muertas y 11 más heridas, lo que ha generado dudas acerca de la capacidad de la nueva administración para mantener la seguridad.

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Según los informes, tanto las víctimas como sus atacantes formaban parte de Bagdad, una franquicia que reúne a grupos locales más pequeños bajo un mismo paraguas para facilitar su participación en el tráfico transnacional de drogas.

Según En Segundos, antes de la masacre, una de las facciones de Bagdad, conocida como Matar o Morir (MOM), se quedó con un cargamento de drogas como una forma de declarar su independencia de la franquicia. La masacre en La Joyita fue la respuesta de Bagdad para castigar a los desertores, consolidar el poder y mantener la hegemonía, como afirma David Mendoza, fiscal principal del caso, en un informa de La Estrella.

Pero Grisel Bethancourt, periodista panameña que hace cubrimiento sobre pandillas, le dijo a InSight Crime que, aunque la masacre en sí fue promovida por Bagdad como una forma de castigar a MOM, la violencia en Panamá Oeste tiene raíces más profundas. “La mayor parte de estas personas son de la misma zona y se mantienen en los mismos círculos”, dice Bethancourt, “por lo que los asesinatos por venganza se continúan presentando”.

En otro incidente en el mes de mayo, cuatro hombres fueron brutalmente asesinados y sus cuerpos fueron arrojados a un campo en Arraiján. Tres de ellos ya habían cumplido su condena en La Joyita. Agentes de policía confirmaron a La Crítica que los asesinatos fueron el resultado de la guerra de pandillas, pero no especificaron si las víctimas pertenecían a MOM o a Bagdad.

Las restricciones por el coronavirus no han ayudado a reducir la violencia. Según la prensa local, los pandilleros están aprovechando la situación para encontrar a las víctimas en sus propios hogares. Así ocurrió el 17 de mayo, cuando un joven de 19 años fue asesinado a tiros desde un carro mientras se encontraba en casa con su familia.

La violencia tampoco ha cesado al interior del complejo penitenciario de La Joyita. En el mes de marzo, apareció un video en el que se veía a prisioneros refugiándose durante un tiroteo que según los funcionarios de la prisión fue causado por combates entre pandillas rivales, que dejaron a uno de ellos herido. En abril, otras dos personas resultaron heridas tras un tiroteo, según informes de Panamá América.

Análisis de InSight Crime

La campaña de represalias de Bagdad contra los miembros que intentan desligarse y actuar por su cuenta ha dejado en evidencia que Panamá no está preparado para controlar la violencia que ha venido junto con los flujos récord de drogas, tanto dentro como fuera de su sistema penitenciario.

El hecho de que la masacre de La Joyita fuera perpetrada en una prisión federal con armas semiautomáticas de alto calibre ha generado dudas sobre la capacidad de las prisiones de Panamá para proteger a los reclusos.

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La Joyita es una de las prisiones más grandes de Panamá y alberga a miembros de los grupos criminales más grandes del país, como Calor Calor y Bagdad. Sin embargo, carece de medidas básicas para proteger a los privados de libertad.

En enero, los ministros Rolando Mirones y Carlos Romero presentaron las conclusiones de una investigación gubernamental sobre La Joyita. La investigación determinó que el complejo penitenciario donde se encuentran las cárceles La Joyita, La Joya y La Nueva Joya carece de medidas básicas de protección, como torres de vigilancia, luces y cámaras de seguridad.

No hay detectores de metales ni escáneres, lo que significa que, cuando los familiares y seres queridos que vienen de visita son requisados, los empleados de la prisión no son revisados en absoluto, lo que deja abierta la puerta para el ingreso de bienes de contrabando.

Estas condiciones se ven agravadas por el hecho de que las prisiones de Panamá cuentan con poco personal de seguridad, el cual usualmente tiene exceso de trabajo. Con solo 800 guardias penitenciarios para todo el país, el sistema recurre a la policía nacional para que le ayude a proteger a los presos, que se cuentan por altos números, pues la tasa de ocupación de las prisiones es del 123 por ciento, según el Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia [The Institute for Crime & Justice Policy Research].

El complejo penitenciario donde se encuentra La Joyita nunca fue pensado para ser permanente. Fue creado en 1996 como un centro de detención temporal y por lo tanto carece de los estándares de arquitectura penitenciaria. De hecho, según Mirones, La Joyita ni siquiera cumple con los estándares como para ser considerado un centro penitenciario.

Al interior de La Joyita no hay guardias, y los prisioneros se mueven libremente sin ningún tipo de vigilancia. Los funcionarios creen que es por eso que, amparados en el ruido de días de fiesta y celebraciones, los reclusos pudieron construir dos hoyos reforzados con cemento, en los que escondían las armas que fueron utilizadas en la masacre.

La violencia en las cárceles de Panamá no es un tema nuevo. Al examinar los datos de 2010-2016, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) halló que la tasa de homicidios en las prisiones de Panamá eran varias veces más altas que la tasa nacional. De hecho, funcionarios del gobierno admitieron que estaban al tanto de muchas de las vulnerabilidades de La Joyita antes de la masacre, pero que en 2019 no tenían el presupuesto suficiente para corregir “años y años de abandono”.

Aunque afirman que el presupuesto para 2020-2021 es suficiente y las mejoras necesarias son inminentes, las fuentes de noticias de Panamá informan que al interior de La Joyita siguen abundando los intentos de fuga, así como el flujo de armas, drogas y otros bienes de contrabando.