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Balance de homicidios en las capitales de América Latina en 2019

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En un año de fuerte agitación política y criminal, las capitales latinoamericanas no escaparon a los efectos de la corrupción, el crimen organizado y la represión estatal que vivió la región.

Desde los violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en Nicaragua y Chile, hasta la atomización de grupos criminales en las capitales de México y Colombia, las principales ciudades de la región quedaron dentro de las más violentas del mundo.

En este informe especial, InSight Crime analiza las tasas de homicidio de cada una de las capitales de Latinoamérica, para identificar los factores que influyeron en estos índices de violencia.

*RectificaciónEn una versión previa de este artículo, se informó por error que la tasa de homicidios de la Ciudad de Panamá era de 44 por cada 100.000 habitantes. Este cálculo erróneo surgió de una confusión entre las cifras de la Ciudad de Panamá y el Distrito de Panamá, que es más extenso. Nuestra cobertura del crimen organizado se basa en la verificación exhaustiva de los hechos y las cifras, especialmente cuando se hacen este tipo de comparaciones regionales. Sin embargo, en ocasiones no lo logramos. Lamentamos el error.

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Caracas, Venezuela: 76 por 100.000

Caracas se ha convertido en la capital más violenta de Latinoamérica, en medio de la crisis económica, política y social que vive Venezuela.

En el 2019 alcanzó una tasa de 76 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV).

Si bien esta cifra representa una disminución en el número de muertes violentas con respecto al año anterior, cuando había llegado a 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del OVV, la situación sigue siendo crítica y Caracas continúa dentro de las cinco entidades más violentos de Venezuela, después de Miranda, Bolívar y Aragua.

Al igual que en el resto del país, estos índices de violencia son el resultado de homicidios ejecutados por delincuencia común y organizada, por resistencia a la autoridad -dentro de la que se cuentan las ejecuciones extrajudiciales- en las que estarían involucradas principalmente la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Las reconocidas megabandas, grupos armados locales que se dedican a la extorsión, el secuestro, el robo, el sicariato y el tráfico de drogas, también contribuyen a la violencia.

San Juan, Puerto Rico: 53,5 por 100.000*

En comparación con el 2018, en el que se cometieron 144 homicidios, la capital puertorriqueña cerró el 2019 con un registro de 172 muertes violentas. Un crecimiento significativo que la ubica en el segundo lugar de este ranking, con 53,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con declaraciones de la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, la tasa de homicidios en varios puntos del país ha crecido como producto de la delincuencia común, la violencia de género y particularmente el tráfico de drogas.

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Dado que la atención de las autoridades se ha centrado en responder a las emergencias naturales que ha vivido Puerto Rico en los últimos dos años, el país se ha vuelto vulnerable a la explotación de las pandillas y organizaciones criminales transnacionales, que cada vez usan más la isla como paso intermedio para los cargamentos de drogas.

Ciudad de Guatemala, Guatemala: 42,5 por 100.000

Ciudad de Guatemala ha mantenido la tendencia nacional en cuanto a la reducción de muertes violentas; sin embargo, la tasa de homicidios registrada para 2018 continúa muy por encima de la media nacional (que es de 23,6), registrando 42,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La extorsión sigue siendo uno de los principales focos de violencia de la capital guatemalteca. Las pandillas MS13 y Barrio 18 controlan grandes zonas de Ciudad de Guatemala, donde exigen pagos a tenderos, grandes negocios, conductores de servicio público y recolectores de basura, entre otros.

Como InSight Crime pudo constatar durante una investigación hecha en conjunto con Global Initiative Against Transnational Organized Crime, estas pandillas tienen ganancias promedio anuales de tres o cuatro millones de dólares solo por concepto de extorsión.

Este flujo de dinero constante les ha proporcionado a las maras el capital para invertir en otros instrumentos necesarios para su actividad: armas, compra de drogas al por mayor e infraestructura criminal.

La situación de violencia se acentúa en la capital con la disponibilidad de armas que existe en el país. En Centroamérica, el 73 por ciento de los homicidios ocurren con el uso de pistolas; en Guatemala, esta disponibilidad está en el 75 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF).

Tegucigalpa, Honduras: 41 por 100.000*

Tegucigalpa, que durante años ha estado dentro de las 10 ciudades más violentas del mundo, tuvo un año de disminución de las tasas de homicidio en 2019. El número de muertes violentas pasó de 542 en 2018 a 516 en 2019, arrojando una tasa de 41 homicidios por cada 100.000 habitantes.

El gobierno nacional ha atribuido esta disminución a su estrategia de seguridad, la cual, entre 2012 y 2017, se centró en combatir grandes estructuras criminales, desmantelando organizaciones poderosas como el Cartel de los Valles y los Hermanos AA, purgando a la policía nacional de funcionarios corruptos y modernizando su sistema penitenciario.

Sin embargo, Tegucigalpa sigue dominada por pandillas como la MS13 y Barrio 18, que utilizan las zonas urbanas como centros de reclutamiento y operación. De hecho, las políticas del gobierno parecen haber eliminado la competencia de las maras, permitiéndoles consolidar el poder y aplicar políticas para reducir la violencia en los últimos años.

San Salvador, El Salvador: 35,3 por 100.000

La tasa de homicidios en San Salvador ha experimentado otro año consecutivo de descenso, con 35,3 muertes violentas por cada 100.000 habitantes de acuerdo con el Observatorio de Violencia del Triángulo Norte.

En 2015, los homicidios rondaban los 108,5 por 100.000; sin embargo, fueron disminuyendo progresivamente como resultado de la distensión entre las principales pandillas de El Salvador.

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Entre 2015 y 2018 la tasa cayó un 53 por ciento, y el gobierno de El Salvador se atribuye el mérito de la disminución, pregonando la implementación de nuevas medidas de seguridad, bajo el Plan Control Territorial.

Sin embargo, la evidencia sugiere que la disminución puede atribuirse más bien a un esfuerzo concertado de la MS13 y Barrio 18 para reducir los índices de homicidio e incluso seguir una política de protección: “no [dejar] que nadie se meta con los civiles“. De hecho, investigadores argumentan que la MS13 aumenta y disminuye la tasa de homicidios a voluntad, como táctica de negociación con el gobierno salvadoreño.

Las maras tienen una influencia particularmente fuerte en San Salvador, dividiendo los barrios de la capital entre ellas y controlando las calles a través de puntos de control informales.

Puerto España, Trinidad y Tobago: 24,5 por 100.000*

Con cerca de 92 asesinatos, la tasa de homicidios en 2019 llegó a 24,5 casos por cada 100.000 habitantes, haciendo de este uno de los años más violentos para Puerto España. El número de homicidios registrados en la primera mitad del año representó el 82 por ciento del total de asesinatos registrados en 2018.

El deterioro de la situación de seguridad en Trinidad y Tobago se ha dado en años recientes en medio de la lucha del país isleño por combatir el crimen organizado, que se alimenta del tráfico de drogas por el Caribe y se ha agravado con la situación que vive la vecina Venezuela.

En el pasado, las pandillas locales habían sido identificadas como las responsables de los brotes de violencia en la isla. Sin embargo, la captura del líder de la megabanda venezolana Evander en mayo de 2019 sugiere que los criminales venezolanos se han infiltrado en el país insular.

La ubicación estratégica de Trinidad y Tobago como punto de tránsito hacia el resto del Caribe y a mercados como Estados Unidos y Europa sería la principal razón de la llegada de estas redes transnacionales de tráfico de droga a la isla.

Distrito de Panamá, Panamá: 18.5 por 100.000*

Con 219 homicidios registrados en 2019, el Distrito de Panamá, que cubre la ciudad de Panamá y su área metropolitana, presentó en el último año un aumento del 24 por ciento en el número de muertes violentas en comparación con 2018, cuando se registraron 176 casos. Este aumento deja a la capital panameña con una tasa de 18.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras publicadas por el Ministerio Público.

Según Rolando Mirones, ministro de seguridad de Panamá, la mayoría de los asesinatos en el país fueron el resultado de crecientes enfrentamientos entre pandillas.

De acuerdo con el fiscal superior de Delitos de Asociación Ilícita, Nathaniel Murgas, informes de la Policía Nacional establecieron que en el país operan unas 160 pandillas y al menos 60 de estos grupos delictivos han sido identificados en el área metropolitana de Ciudad de Panamá.

En este contexto ha llamado la atención la decisión de las autoridades panameñas de levantar la restricción a la importación de armas en el país, una norma que estuvo en vigor casi una década y la cual podría convertirse en un propulsor de la violencia en un momento en el que los homicidios se recrudecen.

Las cifras de homicidios de 2019 solo para la ciudad de Panamá no se han publicado.

México, Ciudad de México: 17,6 por 100.000*

Ciudad de México registró este año el mayor índice de violencia que la capital haya visto en por lo menos 25 años.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a diciembre se registraron 1.557 muertes violentas en Ciudad de México. Esto equivale a un promedio de 4,3 personas asesinadas diariamente en 2019.

La dinámica criminal que vivió este año la capital mexicana estuvo marcada por la fragmentación de grupos del crimen organizado, la incapacidad del Estado para hacerles frente y varios casos de corrupción al interior de las fuerzas de seguridad del país.

Aunque tradicionalmente las autoridades de Ciudad de México han negado la presencia de grandes grupos del crimen organizado en la capital, la evidencia muestra que varias estructuras locales vinculadas a organizaciones con presencia en otros estados del país operan en la ciudad.

En los últimos años, La Unión Tepito y el Cartel de Tláhuac han sido los principales actores criminales de la capital. Ambos grupos han sufrido fuertes golpes después de que muchos de sus líderes y mandos superiores fueran capturados o asesinados este año.

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Sin embargo, ante la incapacidad del Estado para proteger a la ciudadanía, estarían surgiendo grupos de autodefensas encargados de hacer frente a la amenaza de los criminales. Las autoridades de Ciudad de México investigan a un grupo conocido como la Fuerza Anti Unión, cuyos integrantes habrían comenzado a ejercer justicia a mano propia cansados de las extorsiones, los secuestros y los asesinatos por parte de La Unión Tepito.

Asimismo, las autoridades capitalinas investigan a por lo menos 120 policías acusados de trabajar en colusión con este grupo ilegal, brindando protección a sus miembros a cambio de pagos que irían entre los 18 y 20 mil pesos mensuales.

Montevideo, Uruguay: 14,7 por 100.000*

Con aproximadamente 194 muertes violentas y una tasa de 14,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la capital uruguaya experimentó una leve disminución en los homicidios con respecto al 2018, año en el que se presentaron 223 casos.

Sin embargo, la tasa es bastante alta para una ciudad que hasta hace unos años era considerada como un ejemplo en materia de seguridad en la región.

Según datos oficiales publicados por Clarín, el 60 por ciento de estos homicidios se deben a ajustes de cuentas entre delincuentes, principalmente vinculados al narcotráfico.

Esta cifra no es sorprendente si se tiene en cuenta el creciente uso del país como punto de transbordo y tránsito de drogas. De acuerdo a declaraciones del jefe de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTD), Carlos Noria, el 2019 cerró con un récord histórico en las incautaciones de droga, con aproximadamente 12 toneladas de cocaína recogidas a lo largo del país.

Bogotá, Colombia: 14,3 por 100.000*

De acuerdo con el Observatorio del Delito, de la Policía Nacional, en 2019 se presentaron 1032 asesinatos en la ciudad de Bogotá, lo que representa una leve disminución con respecto al año anterior, en el que se registraron 1064 muertes violentas. Estos datos arrojan una tasa de homicidios de 14,3 por cada 100.000 habitantes.

Si bien la tasa de asesinatos disminuyó levemente, este año se presentaron varios casos de descuartizamiento que, según las autoridades, se habrían dado como resultado del ajuste de cuentas entre bandas de microtráfico.

Luego de varias intervenciones que en los últimos años se hicieron en los barrios más afectados por el tráfico de drogas al menudeo, en Bogotá se dio un proceso de fragmentación de los mercados locales de droga, en el que la periferia de la ciudad ha sido la más afectada —particularmente las localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, no es raro que estas organizaciones hayan decidido desplazarse hacia la zona suroccidental de la ciudad. Según la entidad, las localidades que componen esta parte de la capital guardan una estrecha relación con las dinámicas criminales que se mueven en el resto del país y funcionan como corredores estratégicos para la entrada de droga y armas a la capital.

La explosión de un carro bomba en la Escuela de Cadetes de la Policía en enero de 2019 evidenció la presencia de células urbanas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bogotá; sin embargo, este no es el único grupo ilegal que habita en la capital.

Según la Defensoría, en la ciudad se registra actividad de estructuras como Los Paisas, Los Costeños, Los Urabeños y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Brasilia, Brasil: 13,7 por 100.000

La tasa de homicidios de Brasilia es baja, teniendo en cuenta que se trata de la capital del país con el mayor número de asesinatos de toda América Latina. Con 408 muertes violentas registradas entre enero y junio, datos publicados por Globo arrojan una tasa de 13,7 homicidios por cada 100.000 habitantes.

La delincuencia común está detrás de la mayor parte de los homicidios, y los principales riesgos de seguridad se derivan de robos y asaltos. La delincuencia organizada en pequeña escala opera en Brasilia, principalmente porque el área metropolitana ofrece un mercado para la venta de droga, como cannabis, cocaína, pasta de coca, crack y merla (un subproducto de la pasta de coca).

Sin embargo, las bandas delictivas no compiten con el Estado por el dominio de la capital, como lo hacen en otras ciudades como Río de Janeiro y São Paulo, donde las tasas de homicidio son considerablemente más altas. Esta dinámica se deriva de la naturaleza y la estructura de Brasilia, que es un centro administrativo planificado con una fuerza policial bien equipada y receptiva, que ofrece pocas oportunidades o incentivos para que prosperen los elementos delictivos.

San José, Costa Rica: 12,9 por 100.000*

Durante una rueda de prensa a final de 2019, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio un parte alentador con respecto a los homicidios en Costa Rica, reportando una disminución generalizada a lo largo del país. La capital, San José, no fue la excepción, con un total de 181 asesinatos, que arrojan una tasa de 12,9 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Aunque por el momento la situación parece estar bajo control, la OIJ aseguró que la mayoría de estas muertes violentas continúan siendo el resultado de ajustes de cuentas entre bandas criminales, riñas y asaltos con arma de fuego.

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En agosto, en la capital fue detenido José Efraín López Mendoza, alias “M-1”, jefe del Movimiento Revolucionario de Crimen Organizado (Moreco), acusado por narcotráfico y quien tendría nexos con el capo mexicano Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, cabeza del Cartel de Sinaloa.

Su arresto puso en evidencia los nexos de grupos costarricenses con el narcotráfico transnacional, a propósito del posicionamiento que Costa Rica ha ganado como centro de recepción, almacenamiento y trasiego de narcóticos.

Santo Domingo, República Dominicana: 10,4 por 100.000*

Con 100 asesinatos en 2019, Santo Domingo cerró el año con un aumento en el índice de muertes violentas, que arrojó una tasa de 10,4 homicidios por cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana. Esta cifra se ubica por encima del índice nacional, que es de 9,5.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha identificado a República Dominicana como uno de los principales países de tránsito de los cargamentos de cocaína por el Caribe, principalmente mediante el tráfico marítimo, que incluye el uso de lanchas rápidas y contenedores comerciales, como el principal método para el tráfico de drogas desde y hacia la isla.

Si bien las estructuras criminales dominicanas solían servir principalmente como transportistas para organizaciones de Colombia y México, esto ha cambiado y ahora los grupos dominicanos han entrado a las grandes ligas comprando cocaína en Venezuela y tomando el control directo de los cargamentos una vez llegan a la isla.

Lima, Perú: 8 por 100.000*

Lima presentó en 2019 un total de 745 muertes violentas, dejando la tasa de homicidios de 8 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con cifras de la Policía publicadas por el diario Peru21. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 6,5 por ciento de estos homicidios están relacionados con delincuencia organizada.

Dentro del área metropolitana de Lima, una de las zonas en donde se vio un repunte en la violencia fue Callao, donde entre enero y agosto de 2019 tuvieron lugar 82 asesinatos. El narcotráfico, la extorsión y la creciente presencia de menores sicarios son algunas de las explicaciones que da la Policía para esta violencia.

Según el general Edgardo Garrido, jefe de la Policía del Callao, el principal móvil de los asesinatos es el tráfico de drogas por los puertos de Callao.

Managua, Nicaragua: 6,6 por 100.000*

Con un estimado de 96 muertes en 2019 a partir de los datos publicados por la Policía Nacional para el primer trimestre del año, Managua es la ciudad que presenta el mayor número de homicidios en Nicaragua, con una tasa de 6,6 por cada 100.000 habitantes.

Aunque las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad del Estado han disminuido desde 2018, la represión gubernamental contra los activistas de derechos humanos persiste.

Los incidentes de abuso gubernamental y paramilitar se concentran en Managua y son la causa principal de la violencia en la capital. A pesar de la clara evidencia del papel que los grupos civiles armados han desempeñado en la represión de las protestas antigubernamentales desde abril de 2018, los funcionarios de la administración niegan la existencia de grupos paramilitares en el país, calificando los informes sobre lo contrario como una “campaña de desprestigio“.

Asunción, Paraguay: 6,3 por 100.000*

Aunque las autoridades no han publicado el conteo de asesinatos registrados en 2019, la baja tasa de homicidios en Asunción presenta un caso atípico con respecto a otros departamentos fronterizos con Brasil, cuyas tasas ascienden a más de 70 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En 2018, el último año para el cual existen registros, la capital registró 33 asesinatos, lo que arrojó una cifra de 6,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra relativamente baja comparada con el resto del país. De hecho, las tasas de homicidios en la capital han presentado una tendencia histórica de reducción desde el 2010.

A diferencia de las zonas fronterizas con Brasil, en donde disputas por el dominio de la frontera entre el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) y pandillas locales han generado repetidas olas de violencia, en Asunción los homicidios y la falta de seguridad han sido atribuidos generalmente a hechos de “violencia común.”

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Sin embargo, la creciente amenaza por parte de grupos como el PCC se ha sentido con más fuerza dentro de las cárceles de la capital, que alberga tres de las penitenciarías más sobrepobladas del país. En junio de 2019, afiliados del PCC masacraron a 10 miembros del Clan Rotela, una pandilla carcelaria que creció gracias a la venta de crack en los barrios más vulnerables de la Asunción.

Aunque la masacre ocurrió en la Penitenciaría Regional de San Pedro, la disputa tuvo sus orígenes en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú de Asunción, tras el asesinato de un miembro del PCC por parte del Clan Rotela.

En conversación con InSight Crime el exdirector de esta prisión, Jorge Fernández, aseguró que la situación en Tacumbú es una bomba de tiempo constante, pues solo existen alrededor de 43 guardas por turno para salvaguardar a una población carcelaria de casi 4.000 reos.

Santiago, Chile: 4,9 por 100.000*

Aunque Santiago sigue siendo una de las capitales menos violentas de América Latina, con una tasa de homicidios de 4,9 por cada 100.000 habitantes de acuerdo con el Centro de Estudios y Análisis del Delito de Chile, no se libró de la agitación política y el crimen organizado en 2019 registrando 106 muertes violentas en el año.

Chile es un país clave en el trasbordo de narcóticos, y sus centros urbanos, especialmente Santiago, proporcionan un mercado de consumo de cocaína y marihuana, así como de drogas sintéticas como el LSD y el éxtasis. Sin embargo, las bandas callejeras de Santiago manejan la distribución con poca violencia, como demuestra la tasa de homicidios, inferior a la media nacional de 2,6.

De hecho, el aumento del 17 por ciento que tuvo la tasa de homicidios de Santiago frente al 2018 (1,7) puede atribuirse a la violencia contra manifestantes, que comenzaron en octubre, y en los que han muerto más de 30 personas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos envió una misión para informar sobre los violentos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes, que concluyó que la policía los manejó de “manera fundamentalmente represiva”, especialmente en su “uso indebido de armas menos letales”.

Buenos Aires, Argentina: 4,7 por 100.000*

Históricamente, la capital bonaerense ha tenido un índice de homicidios bajo. Este año se ubica apenas por debajo de la cifra nacional de 5 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una tasa de 4,6, que representa 137 muertes violentas en la ciudad durante 2018.

Sin embargo, el hecho de que el número sea bajo no quiere decir que la criminalidad sea poca. La mayoría de las actividades delictivas que ocurren en Buenos Aires se dan en la periferia de la ciudad. Específicamente en barrios formales e informales que, aunque oficialmente no hacen parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se les conoce como el Gran Buenos Aires y albergan a la mayoría de los grupos a cargo del tráfico de drogas al menudeo.

Quito, Ecuador: N/A

Si bien las autoridades ecuatorianas no han publicado aún las cifras de homicidios específicamente para la ciudad de Quito, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registró 1.056 homicidios en todo el país durante 2019, lo cual arroja una tasa de homicidios de 6,7 por 100.000 habitantes.

Tradicionalmente, la capital ecuatoriana ha mantenido uno de los índices de homicidios más bajos de la región. En 2015, cerró con un índice de 5,5 homicidios por cada 100.000 habitantes.

A pesar de que la tasa de homicidios es baja comparada con otras regiones, como Sucumbíos o Esmeraldas, Quito no escapa a los efectos que el narcotráfico ha tenido en el país, el cual se ha convertido en una de las superautopistas de cocaína en el mundo.

La Paz, Bolivia: N/A

Si bien el gobierno aún no ha publicado datos oficiales sobre los homicidios en 2019, la violencia tanto en la capital boliviana como en el resto del país estuvo marcada este año por las protestas que desencadenó la controversial salida del poder del presidente Evo Morales.

En noviembre, al menos 23 personas murieron cuando las fuerzas militares abrieron fuego contra miembros de las comunidades indígenas en un intento por reprimir de forma violenta a los manifestante.

*Tasa de homicidios calculada por InSight Crime con base en los datos oficiales de homicidios disponibles y el total de la población estimada más reciente para cada país.

EE. UU.: narcolaboratorio en Honduras funcionó con protección del Presidente

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Las autoridades de Estados Unidos sostienen que un narcotraficante recientemente detenido contaba con la protección del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de su hermano, Antonio “Tony” Hernández, para procesar entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes, un nuevo indicio de los nexos entre narcotráfico y política en el país centroamericano.

Las autoridades estadounidenses arrestaron al traficante Geovanny Daniel Fuentes Ramírez en el aeropuerto internacional de Miami, Florida, el 1 de marzo, acusado de delitos relacionados con drogas y armas, como anunció el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa del 3 de marzo.

Los fiscales alegan que, a partir de 2009, Fuentes Ramírez comenzó a operar un laboratorio de cocaína en la ciudad costera de Omoa, en el departamento de Cortés, ubicado en la costa caribe al noroeste de Honduras. El laboratorio podía producir entre 300 y 500 kilos de cocaína al mes, según lo señala la denuncia criminal.

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La ubicación de Omoa es muy estratégica, dado que se encuentra muy cerca de Puerto Cortés, uno de los puertos comerciales más grandes de Honduras. También se encuentra cerca de Puerto Barrios, otro gran puerto situado justo en la costa oeste, en el vecino Guatemala. Ambas ciudades forman parte de una importante ruta de la cocaína en el corredor centroamericano.

Las autoridades señalan que, con el fin de garantizar la protección y el paso seguro de los cargamentos de drogas, Fuentes Ramírez supuestamente sobornó a miembros de la Policía Nacional de Honduras, así como a políticos de alto rango y miembros del Congreso. También se cree que rendía cuentas directamente al hermano del presidente Juan Orlando Hernández, el excongresista Tony Hernández, quien fue declarado culpable de narcotráfico en Estados Unidos en octubre de 2019.

Según un funcionario de inteligencia militar hondureño que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, Fuentes Ramírez y Tony Hernández fueron socios en el narcotráfico desde por lo menos 2012. InSight Crime consultó a un jefe de policía retirado que se dedicó a investigar el narcotráfico en Honduras en la primera mitad de la década, quien dijo que Fuentes Ramírez también tenía relaciones con varios políticos y funcionarios hondureños.

Además del laboratorio de drogas, dicen las autoridades, Fuentes Ramírez también utilizaba una pista de aterrizaje clandestina en el departamento de Cortés para recibir y transportar cargamentos de cocaína colombiana, así como para sacar los cargamentos de drogas fabricados dentro del propio laboratorio.

Por su parte, el presidente Hernández se refirió a las acusaciones que lo vinculaban a Fuentes Ramírez como “100 por ciento falsas”, y agregó en una publicación en Twitter que tales afirmaciones estaban basadas “en mentiras de criminales confesos que buscan venganza o para reducir sus condenas”.

Análisis InSight Crime

La más reciente denuncia criminal de Estados Unidos sugiere que los poderes políticos de Honduras no solo se hicieron los de la vista gorda para facilitar el tráfico de cocaína colombiana a través del país y en dirección a Estados Unidos, sino que además ayudaron a ocultar la producción nacional de drogas durante más de una década.

De hecho, los niveles de corrupción parecen haber llegado a lo más alto de la familia Hernández y al propio presidente.

Alrededor de 2013, Fuentes Ramírez presuntamente le pagó US$25.000 a un “funcionario hondureño de alto rango” identificado como “CC-4” —presuntamente el presidente Hernández, aunque no es nombrado directamente en la acusación— con el fin de asegurar la protección del laboratorio de cocaína en Omoa, como se lee en la demanda criminal. CC-4 estaba supuestamente interesado en el laboratorio de drogas debido a su “proximidad a un importante puerto marítimo comercial”, como apuntan los funcionarios estadounidenses.

A cambio, dicen las autoridades, CC-4 acordó utilizar las fuerzas armadas de Honduras para garantizar la seguridad de las actividades de narcotráfico de Fuentes Ramírez. Sin embargo, CC-4 le dijo a Fuentes Ramírez que tendría que rendirle cuentas directamente a su hermano, Tony, quien estaba “administrando las actividades de narcotráfico en Honduras”, agregan los fiscales.

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No es la primera vez que el nombre del presidente Hernández aparece en las investigaciones de narcotráfico de Estados Unidos. Como parte de la investigación sobre la conspiración del hermano del presidente para traficar drogas, las autoridades estadounidenses alegaron que el presidente Hernández, nuevamente identificado como CC-4, se reunió con el exalcalde de El Paraíso, Amílcar Alexander Ardón Soriano, alrededor de 2008, para discutir el acuerdo de narcotráfico al que había llegado con Tony.

Después de que el entonces presidente Porfirio Lobo ganara las elecciones de 2009, Ardón y Hernández supuestamente se reunieron una vez más, según los fiscales, para discutir sobornos que debían ser pagados a otros congresistas con el fin de allanar el camino para la elección de Hernández como presidente del órgano legislativo, lo que más tarde lo llevaría a la presidencia.

Durante el juicio a Tony, la parte acusadora también alegó que el presidente Hernández recibió millones de dólares en sobornos para financiar su exitosa campaña presidencial de 2013, dineros que procedían, entre otros, del excapo del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, quien ahora se encuentra en prisión. El presidente de Honduras ha negado rotundamente tales acusaciones.

Como jefe de Estado, el presidente Hernández goza actualmente de inmunidad frente a un enjuiciamiento de Estados Unidos. Sin embargo, como indica la reciente denuncia criminal, cuando abandone el cargo en 2022, las autoridades de Estados Unidos podrían iniciar un proceso criminal en su contra.

‘The Trade’ explora redes criminales ligadas a la migración

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'The Trade', de Showtime, se estrena el 6 de marzo

La segunda temporada de “The Trade” en el canal Showtime sale al aire el 6 de marzo. Esta vez la galardonada serie de documentales se sumerge en las actividades criminales en torno a la migración centroamericana a Estados Unidos.

La serie de cuatro episodios pasa por varias familias que afrontan los diferentes desafíos que se les presentan en cada paso del proceso migratorio, ya sea escapar de la violencia en el Triángulo Norte, caminar miles de kilómetros atravesando México o iniciar una nueva vida en Estados Unidos.

“Espero que la gente entienda un poco más por lo que tienen que pasar los migrantes”, señaló la productora Mónica Villamizar en conversación con InSight Crime. “Está toda esa gente que aparece en la frontera estadounidense y uno se pregunta, ‘¿por qué?’, ‘¿qué pasa?’ Esto les dirá qué es lo que pasa realmente, como no se ha dicho nunca antes”.

Al comienzo, parte del video puede parecerse a muchos otros documentales sobre migración y a las noticias que han salido por años. El primer episodio abre en el muro fronterizo entre México y Estados Unidos de manera dramática. Más adelante, se ven los agentes fronterizos sin aliento persiguiendo a los migrantes, pandilleros tatuados de la MS13 esposados, y por supuesto, las tomas panorámicas sobre el tren conocido como “la bestia”, a su paso por zonas peligrosas de México.

Sin embargo, la serie pasa rápidamente a una temática más singular, poner todas estas experiencias en el contexto del crimen organizado, y con un acceso que envidiarían la mayoría de los documentales.

Una de las figuras centrales de esta temporada es Magda. Por años, su esposo trabajó como “gatillero” para la MS13 en San Pedro Sula, la capital del homicidio en Honduras. Cuando su esposo decidió dejar la mara y enderezar su vida, lo mataron y envían amenazas casi permanentes contra Magda.

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“¿Justicia?”, pregunta, haciendo referencia al asesino de su esposo, a quien toda la comunidad conoce. “Eso no existe aquí”.

El programa la sigue en su larga y ardua travesía hacia Estados Unidos, mostrando algunos de los desafíos menores que eso implica, momento a momento. ¿Qué rutas tomar para evitar a los carteles de la droga mexicanos? ¿Dónde hay acceso a un médico? ¿Puede confiarse en los demás migrantes en tránsito?

Gran parte de la serie se desarrolla en McAllen, Texas, un cruce muy concurrido por los migrantes centroamericanos. Ramírez, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, investiga una pequeña operación de coyotaje. Vigila una “casa escondite” cerca de la frontera, donde los migrantes se ocultan hasta que los coyotes pueden trasladarlos a su siguiente destino.

Mientras busca en el lugar, Ramírez encuentra paquetes de condones tirados por el suelo, lo que le indica que ese escondite se usa para la explotación sexual. Localiza al cuidador de la casa, y después de alguna investigación, a Gerardo Naranjo-Chavez, alias “Express”, el jefe.

Pero Express no es el único investigado por trata de personas en esta serie. Casi todos los episodios insisten en mostrar cómo la vulnerabilidad de los migrantes los pone en riesgo de prostitución y otras formas de explotación.

Más adelante en la serie, una mujer llamada Sochil habla de la experiencia que tuvo en su infancia con Luz del Mundo, una megaiglesia mexicana, cuyos líderes la acosaron y la violaron.

“Mi tía lo hizo parecer como si fuera normal”, dice Sochil, “que era una bendición, porque ellos lo meten en tu cerebro. Lo graban en tu cerebro”.

El argumento se ve un poco superfluo considerando que tiene poco que ver con la migración, pero puede perdonarse considerando la gravedad del tema. Luz del Mundo tiene millones de seguidores pese a las numerosas acusaciones en contra sus líderes, por extorsión, violación forzada de menor de edad, producción de pornografía infantil y trata de personas.

Como poco, la trama muestra la facilidad con la que población vulnerable de Latinoamérica puede ser arrastrada a situaciones de explotación, muchas de las cuales quedan impunes, porque los culpables detentan posiciones de poder.

Análisis de InSight Crime

La serie hace un excelente trabajo al explicar las diferentes actividades criminales que agravan, derivadas de la oleada de migrantes hacia Estados Unidos procedentes de Centroamérica.

La grabación de la violencia de las pandillas en Honduras describe fielmente cómo la falta de oportunidades económicas en el país sigue empujando a hombres jóvenes a unirse a pandillas como la MS13.

“La pandilla les da tres comidas diarias”, relata un pastor en Honduras. “Ellos les dan amor y respeto, pero cuando están adentro se dan cuenta de que no fue para eso que entraron”.

La historia de Magda, el temor constante con que vive tras la muerte de su esposo, puede dar a algunos espectadores una comprensión más honda de cómo una persona puede llegar a tomar la decisión de salir de su casa y embarcarse en una travesía tan peligrosa.

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Ese viaje, como lo muestra la serie, es mucho más complejo que llegar a salvo del punto A al punto B. Los coyotes cobran miles de dólares para poder sobornar a las autoridades y a los carteles, y para pagar a camioneros que, en un episodio, reciben US$1.000 por cada migrante que transportan en sus remolques. Para los espectadores que solo entienden la migración por las estadísticas anuales y los temas polémicos de discusión de los políticos, este tipo de detalles pueden resultar reveladores.

El enfoque del programa en la trata de personas específicamente, puede dejar el impacto más duradero. Hay casi 25 millones de víctimas de trata de personas en todo el mundo, muchos e ellos migrantes que nunca recibirán justicia, y “The Trade” hace el raro esfuerzo de mostrar cuántas formas distintas puede adoptar ese delito.

En cada argumento, la serie destaca la ineficacia y, en algunos casos, la arbitrariedad incrustada en los sistemas legales que combaten todas estas actividades criminales. Ya sea esperar la devolución del cuerpo de un sobrino atrapado en un limbo burocrático, un hombre que se enfrenta a la deportación por cortar un árbol de su jardín, o agentes que retiran la protección policial de una víctima de trata, la serie ofrece más que suficiente para dejar a los espectadores con una sensación de tanta frustración como turbación por la situación.

Chile no logra controlar el enorme flujo de drogas sintéticas

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Incautación de pastillas de éxtasis en el aeropuerto de Santiago

Las incautaciones de drogas sintéticas en Chile han aumentado considerablemente, pasando de 2.304 dosis en 2010 a más de 1,6 millones de dosis en 2019, lo que lleva a preguntarse cómo las autoridades chilenas pueden hacer frente a este peligroso flujo, o incluso si lo están haciendo.

Si bien el consumo de drogas sintéticas está aumentando en otros países de América Latina, como Argentina y Costa Rica, la tasa de crecimiento de la demanda interna en Chile —un aumento de 1.346 por ciento en tres años— es mucho mayor.

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En junio de 2019, funcionarios de aduanas del aeropuerto Arturo Merino Benítez incautaron 9.860 pastillas de MDMA ocultas en las suelas de siete pares de zapatos, todos pertenecientes a un ciudadano español. Este caso es similar a otro que se registró en febrero de 2019, en el que otro pasajero europeo fue aprehendido con 27.122 pastillas de MDMA en el doble fondo de su maleta. La respuesta de la policía ha consistido en aumentar la vigilancia en los aeropuertos porque se cree que las drogas sintéticas entran a Chile provenientes principalmente de Europa y por vía aérea, como señala La Tercera con base en fuentes policiales.

De hecho, la Unidad Antidrogas de la Fiscalía Nacional de Chile ha identificado tres nuevas rutas principales para la entrada del éxtasis a Chile: correo directo desde Europa (a través de los Países Bajos o España), paquetes procedentes de Colombia, y vehículos con drogas en su interior, que ingresan a Chile a través de pasos de montaña desde Argentina.

Pero hay otra fuente de drogas sintéticas en Chile, esta vez de carácter interno. El año pasado, InSight Crime informó sobre un laboratorio en la ciudad portuaria de Antofagasta, que importaba materia prima de Brasil para sintetizar el fármaco alucinógeno DMT, también conocido como “molécula espiritual”. En octubre de 2018, el Ministerio Público había identificado 15 laboratorios de drogas, al menos tres de los cuales se utilizaban para la producción de drogas sintéticas.

Análisis de InSight Crime

Hay varias razones por las cuales Chile se está convirtiendo en un mercado codiciado por los traficantes de drogas sintéticas. La clase media representa más de la mitad de la población del país; además, el poder adquisitivo promedio también está creciendo, y el país tiene relativamente poco crimen organizado. Todo esto, junto con su proximidad geográfica, lo ha convertido en un mercado ideal y cercano para las bandas de narcotraficantes latinoamericanas.

El alarmante aumento de las incautaciones de drogas sintéticas indica que el gobierno no ha sido capaz de responder rápidamente para contener este problema, aunque puede que esta situación esté cambiando. En septiembre de 2019, la policía chilena desmanteló una red de traficantes de drogas sintéticas, en conjunto con sus homólogos argentinos, como parte de un acuerdo de cooperación que había sido firmado casi un año antes. De hecho, Chile se está coordinando con las autoridades de muchas jurisdicciones, entre ellas Bolivia, Italia y España, y está aumentando los niveles de cooperación e intercambio de información al interior de sus propios organismos.

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Las incautaciones de drogas sintéticas han crecido a tasas alarmantes desde 2010. Gráfico cortesía de La Tercera/

Esta es una estrategia inteligente. Los traficantes de drogas sintéticas operan con de manera distinta a los traficantes de cocaína o heroína. Mientras que estos transportan las drogas por rutas bien establecidas, la cadena de distribución mundial de las drogas sintéticas es variada. Gran parte del MDMA y el éxtasis del mundo proviene de los Países Bajos y Bélgica, y luego se contrabandea a América Latina.

Una vez aquí, los cargamentos pueden ser fácilmente separados, y las drogas son modificadas o se les altera su composición química. La “cocaína rosada”, que se encuentra sobre todo en Argentina y Uruguay, o las píldoras de éxtasis con forma del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son solo algunos ejemplos recientes de las diversas formas que pueden asumir estas drogas.

Tráfico de fentanilo atiza guerra de carteles en el centro de México

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Varios decomisos de fentanilo en Zacatecas confirman que el estado se ha convertido en un importante centro de distribución
Varios decomisos de fentanilo en Zacatecas confirman que el estado se ha convertido en un importante centro de distribución

Cinco carteles supuestamente se están disputando el control del tráfico de fentanilo en el estado de Zacatecas, una señal de que el tráfico de este peligroso opioide sintético en México está más extendido de lo que se pensaba.

A comienzos de febrero, el secretario de seguridad pública de Zacatecas Ismael Camberos Hernández aseguró, en declaraciones retomadas por el diario El Universal, que 90 por ciento de los homicidios en el estado podían atribuirse a conflictos entre grupos criminales, que según se dice están envueltos en una disputa a cinco bandos, que se intensificó durante el último año.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de México, el número de homicidios registrados en el estado de Zacatecas se disparó a 666, más del doble de los 280 homicidios reportados una década atrás.

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Cuántos de estos homicidios pueden atribuirse directamente al tráfico de fentanilo es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, tres decomisos importantes del opioide sintético realizados en las carreteras del estado el año anterior indican que Zacatecas es un punto de tránsito importante para el tráfico de esta sustancia.

En 2018, la Fiscalía del estado también comenzó a usar equipos de cromatografía, capaces de detectar e identificar muestras de fentanilo, para ayudar a combatir el tráfico, informó Televisa.

Pero los esfuerzos por contener el tráfico de fentanilo en el estado se han visto impedidos por una grave falta de agentes de policía. Cinco municipios de Zacatecas no tienen presencia policial alguna, de acuerdo a investigaciones de medios locales, lo que crea un vacío de seguridad que los actores ilegales pueden aprovechar.

Análisis de InSight Crime

Según una investigación de InSight Crime en 2019, el narcotráfico es un motor de violencia alrededor de los puertos de México sobre el Pacífico y en su frontera noroeste con Estados Unidos. Un informe de la Agencia de Investigación Criminal de 2019 al que tuvo acceso El Universal también identificó 13 rutas usadas para el trasiego de fentanilo, todas a lo largo de la costa Pacífica de México.

A primera vista, la ubicación de Zacatecas, en el interior del país, parece ir contra esta tendencia, pues se desvían las rutas de tráfico hacia el este. Pero el estado está atravesado por dos importantes autopistas, que incluyen un tramo de la Autopista Panamericana, que conecta a Centroamérica con la frontera con Estados Unidos, y la Carretera Federal 54, que conecta el estado de Colima, sede de Manzanillo, el puerto con mayor tráfico de México, y la frontera con Estados Unidos en el estado de Tamaulipas.

Al mismo tiempo, Zacatecas limita con otros ocho estados mexicanos, entre los que están dos estados limítrofes, y el eje industrial del país en Guanajuato. Tomado todo en conjunto, se infiere que la posición central del estado lo ha convertido en un centro de distribución importante para el fentanilo que se dirige a Estados Unidos.

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El tráfico de fentanilo en México está dominado por dos carteles: el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa. Ambos grupos tienen presencia en Zacatecas como parte de sus operaciones criminales de mayor envergadura, que incluyen la importación y contrabando de fentanilo al otro lado de la frontera estadounidense. Pero en Zacatecas, también se les suman el Cartel del Golfo, además del Cartel del Noreste y los Talibanes, ambas ramificaciones de los Zetas.

Aunque es muy volátil, esta lucha de poderes de cinco bandos no es una completa sorpresa. El fentanilo puede ser 50 veces más potente que la heroína, lo que permite a los grupos criminales traficar cantidades relativamente pequeñas sin las sofisticadas redes de producción y tráfico que demanda el tráfico de heroína o cocaína. Aunque el fentanilo aún no reemplaza a la heroína, la expansión de su tráfico a un nuevo territorio confirma que este se ha convertido en una de las mayores economías criminales de México.

Así, la situación que se vive en Zacatecas no es necesariamente única. De hecho, un decomiso de fentanilo en Chihuahua a comienzos de este año demuestra que las rutas de tráfico se están expandiendo más allá de la costa hasta afectar estados del interior y limítrofes. Si otros grupos criminales quieren entrar a competir en el impredecible negocio del fentanilo en otros lugares claves, es posible que la dinámica de violencia en Zacatecas siga repitiéndose en otros lugares de México.

Primer Grupo Catarinense asienta bases en Paraguay

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Líderes del grupo PGC de Brasil capturados en Paraguay

La captura de un líder regional del Primer Grupo Catarinense en Paraguay se da en medio de incautaciones históricas en los puertos brasileños de Santa Catarina, lo que podría indicar la creciente participación de este grupo dentro del comercio internacional de drogas.

El 5 de febrero autoridades paraguayas capturaron en la ciudad fronteriza de Capitán Bado a Guillerme Antonio Vieira, alias “Xiru”, supuesto líder del grupo brasileño Primer Grupo Catarinense (Primeiro Grupo Catarinense – PGC).

Sindicado como el jefe regional del PGC en Paraguay, alias Xiru se habría encargado de enviar mensualmente cargamentos de cocaína y armas hacia la cúpula de dicha facción, en el estado brasileño de Santa Catarina, quienes a su vez distribuían las drogas en Brasil y hacia el exterior, reportó ABC Color.

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Esta no es la primera vez que el grupo brasileño trata de asentarse en territorio paraguayo. En 2019, agentes de la policía nacional capturaron a cinco de sus miembros en una carretera cercana de Ciudad del Este, en la triple frontera entre Paraguay, Argentina y Brasil.

El PGC es una facción criminal brasileña cuya base de operaciones se encuentra en la ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina, un corredor estratégico para el tráfico de drogas hacia el exterior.

En 2014, un informe de la autoridad antinarcóticos de Perú (DIRANDRO), aseguró que este grupo controlaba hasta 60 por ciento de la cocaína que era traficada fuera del país.

Análisis de InSight Crime

La captura de un líder del Primer Grupo Catarinense en la ciudad fronteriza de Capitán Bado ilustra cómo este grupo podría estar expandiéndose gracias a su creciente participación dentro del tráfico internacional de cocaína.

Paraguay es un punto de tránsito para la cocaína que se dirige hacia Brasil. Este atractivo ha hecho que grupos criminales brasileños como el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC) o el Comando Vermelho (CV), conviertan a ciudades fronterizas como Pedro Juan Caballero en centros de operaciones permanentes, desde donde controlan el tráfico de drogas y armas hacia Brasil.

El PGC se suma ahora a esta tendencia, en parte impulsado por la creciente demanda de cocaína en mercados internacionales.

En septiembre de 2019, la Policía Civil incautó alrededor de 50 kilogramos de cocaína, además de drogas sintéticas, en un laboratorio ubicado en la ciudad de Florianópolis, capital del estado de Santa Catarina. La droga estaría destinada para mercados internacionales, según lo reportó Globo.

Los puertos también han sido objetos de las incautaciones más grandes realizadas en el estado.

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En noviembre de 2019, la Policía Militar incautó 445 kilogramos de cocaína en el Puerto de Navegantes, al norte de Santa Catarina. Según medios de prensa local, la droga tenía como destino el Puerto de Rotterdam, en los Países Bajos.

Tan solo este año, las autoridades brasileñas realizaron la mayor incautación que se ha presentado en la historia del Puerto de Itapóa, uno de los puertos más importantes al norte de Santa Catarina, al decomisar más de una tonelada de pasta base de cocaína cuyo destino era de nuevo Europa. Dos semanas atrás la policía habría incautado en ese mismo puerto 600 kilogramos de pasta base de cocaína con destino a Bélgica.

Florianópolis ha evidenciado un aumento de tráfico de drogas en años recientes. En 2018, datos de la Policía Civil revelaron que las incautaciones habrían aumentado en 428 por ciento en 11 años, reportó el portal NSC Total.

No, la cocaína no cura el coronavirus

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Tuit que afirma erróneamente que la cocaína puede matar el coronavirus

Una publicación en las redes sociales, en la que se afirma erróneamente que la cocaína puede curar el COVID-19, más conocido como coronavirus, se ha retuiteado miles de veces en las últimas semanas, aunque,  afortunadamente, la mayoría de quienes la comparten al parecer lo consideran una broma.

Publicada inicialmente por el tuitero nigeriano Bizzle Osikoya el 3 de febrero, la nota ha sido retuiteada más de 2.700 veces, despertando reacciones que van desde el humor hasta la incredulidad.

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Aunque no se sabe si alguien ha utilizado la cocaína para tratar de prevenir la propagación del coronavirus, el rumor se extendió como un incendio y las autoridades sanitarias han reaccionado ante la información falsa.

En su sitio web, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un comunicado en el que niega que la cocaína pueda proteger contra el coronavirus. “La cocaína es una droga estimulante y adictiva. Su consumo causa graves efectos secundarios y es perjudicial para la salud de las personas”, dice el comunicado.

La misma organización ha negado muchos otros rumores falsos sobre la enfermedad, entre ellos que puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos, o que puede tratarse rociando cloro en el cuerpo, usando aceite de ajonjolí, o lavándose las manos con orina de niños.

Y aunque la noticia falsa se originó en Nigeria, ha sido retomada por medios de comunicación latinoamericanos, como Télam, de Argentina; La Vanguardia, de México, y UOL, de Brasil, los cuales han publicado artículos para desmentir los rumores.

Análisis de InSight Crime

Incluso si la cocaína pudiera matar al coronavirus, no sería de gran ayuda en América Latina, donde solo se han confirmado tres casos hasta la fecha (28 de febrero). El primero corresponde a un hombre brasileño que vive en São Paulo y había viajado recientemente a Italia; el segundo es de un ciudadano mexicano en Ciudad de México, quien también había estado recientemente en Italia, y el tercero es un ciudadano mexicano de 41 años en el estado de Sinaloa, en la costa Pacífica del país.

Si algún tuitero brasileño hubiera creído en la falsa publicación, se hubiera podido permitir el lujo de caer en la ingenuidad, ya que un gramo de base de cocaína de mala calidad cuesta en promedio cerca de US$5, como lo constata Deutsche Welle con base en cifras de la Oficina de las Naciones contra la Droga y el Delito (ONUDD).

En México puede costar un poco más. Una investigación realizada en 2017 por Radio Fórmula en Ciudad de México indica que un gramo de cocaína cuesta 350 pesos (cerca de US$18), mientras que un gramo de crack se consigue por 250 pesos (unos US$12,50).

Esta no es precisamente la primera vez que la cocaína se ha utilizado con fines médicos. Después de que el alcaloide de cocaína fue descubierto en 1855 por el químico alemán Friedrich Gaedcke, se hizo muy popular en la Gran Bretaña victoriana. Se decía que tenía infinidad de usos, desde aliviar la flatulencia y blanquear los dientes hasta controlar la caspa. Incluso se llegó a comercializar como gotas para curar la tos de los niños.

Actualmente, todavía se utiliza en algunas formas como anestésico para adormecer la boca y para revestir la garganta.

Queso venezolano de contrabando en el menú criminal de Colombia

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Los grupos criminales que operan en la frontera entre Arauca (Colombia) y Apure (Venezuela) han encontrado un nuevo negocio: el contrabando de queso venezolano

Los criminales que operan en la frontera entre Colombia y Venezuela han encontrado otra atractiva fuente de ingresos: el contrabando de queso desde el estado Apure, en el occidente venezolano, a suelo colombiano, donde el producto lácteo triplica su precio.

Los restaurantes de carne y comida típica del departamento colombiano de Arauca, fronterizo con Apure, ya incluyen en la bandeja llanera, su plato principal, el queso de mano, un lácteo fresco tradicional elaborado en Venezuela de manera artesanal. Los comerciantes informales también venden los quesos venezolanos en calles y establecimientos de Arauca.

Las incautaciones de queso venezolano al otro lado de la frontera son tan frecuentes que Julián García, jefe de la Seccional de Inteligencia de la Policía de Colombia (SIPOL) en Arauca, equipara el contrabando de queso venezolano con el histórico y lucrativo contrabando de gasolina y gasoil en esa zona fronteriza.

“Aquí es muy bajo el contrabando de combustible en comparación con La Guajira o con Cúcuta. Lo fuerte aquí es el contrabando de queso y carne”, dijo el funcionario a InSight Crime.

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Solo en dos procedimientos en el último trimestre de 2019 las autoridades colombianas decomisaron más de una tonelada y media de queso venezolano en esta frontera. El queso había sido ingresado en embarcaciones por el río Arauca.

Una de las más importantes incautaciones se registró en diciembre de 2018, cuando las autoridades colombianas decomisaron 100 toneladas de queso y desmantelaron en Arauca una organización criminal denominada “Los Suizos”.

Hoy, el negocio criminal es dominado por la organización colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Ex-FARC mafia). “Ellos hacen parte de la cadena que controla esta actividad. Aquí los grupos armados controlan todo”, aseguró García.

Según el oficial colombiano, el contrabando reporta importantes ganancias a estas estructuras criminales. “Un kilo de queso vale unos 9.000 pesos (casi US$3) aquí en Arauca, y en Bogotá tiene un costo de más de 22.000 pesos (US$6). El negocio es llevarlo de Venezuela hasta Bogotá”, explicó el funcionario.

Análisis de InSight Crime

En la frontera entre Apure y Arauca el contrabando de cualquier producto que genere una renta es parte de la vida cotidiana. El trasiego ilegal se ha convertido en un mecanismo de sobrevivencia para los venezolanos golpeados por la crisis humanitaria y en un negocio más para los grupos criminales que operan a ambos lados del río Arauca.

En un recorrido por esa zona limítrofe, un equipo de InSight Crime conoció cómo grandes cantidades de gasolina, gasoil, chatarra, carne, ganado y queso atraviesan diariamente los 22 pasos informales que hay a lo largo de 300 kilómetros de frontera fluvial que, entre Apure y Arauca, conectan a Venezuela con Colombia.

Aunque el contrabando de queso no es una novedad, se ha intensificado como valor de cambio debido a la compleja situación económica de Venezuela, que ha reducido el mercado interno, y al diferencial de precio de este producto en ambos países.

“Los contrabandistas le compran el queso a los productores agropecuarios a un precio de puerta de corral, de unos 160.000 bolívares (menos de US$2), muy por debajo del precio en Colombia. Le pagan a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) para que los dejen pasar la mercancía y lo venden del lado colombiano hasta tres veces por encima de lo que pagan en Venezuela (más de US$6), como si fuera queso colombiano”, relató a InSight Crime un ganadero del estado Apure, que pidió no revelar su identidad.

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La masiva llegada de más de 1,5 millones de venezolanos a Colombia estaría influyendo en el incremento de una demanda (antes inexistente) de productos típicos de Venezuela, como son los quesos frescos. Este creciente mercado podría ser un estímulo para las organizaciones de contrabandistas. “Los que más compran (el queso) son los ciudadanos venezolanos que están aquí en Colombia”, aseguró el jefe de la SIPOL en Arauca, quien considera que el negocio “del queso puede ser un poco más rentable [que el de combustible]”.

En Centroamérica, grandes grupos de narcotráfico empezaron como contrabandistas de lácteos, sobre todo en el occidente de Honduras y el oriente de El Salvador. El grupo salvadoreño conocido como Los Perrones abrió rutas y estableció contactos políticos para garantizar la buena salud de su negocio de contrabando de quesos y lácteos desde Nicaragua; más tarde utilizaron esas rutas y contactos para entrar al negocio del tráfico de cocaína.

En el caso del contrabando de queso venezolano, por ahora el gran ganador es la guerrilla del ELN, que cobra un impuesto por el paso de cualquier mercancía de Venezuela hacia Colombia. “El ELN controla el río [Arauca]”, aseguró el oficial colombiano. “Al final todos trabajamos para la guerrilla”, dijo un habitante del estado Apure, quien admitió que se dedica al contrabando.

¿Puerto de Amberes puede detener la entrada de cocaína a Europa?

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Un mayor control a los contenedores que ingresan al puerto de Amberes ha permitido la incautación de varias toneladas de cocaína al año
Un mayor control a los contenedores que ingresan al puerto de Amberes ha permitido la incautación de varias toneladas de cocaína al año

En los últimos años, el puerto de Amberes, Bélgica, ha sido el principal punto de entrada de cocaína a Europa, y las autoridades están haciendo todo lo posible por revertir esta situación. Pero ¿qué se puede hacer además de aumentar constantemente las incautaciones de cocaína?

A principios de enero, el gobierno belga informó que en 2019 se habían incautado 61,8 toneladas de cocaína en el puerto, además de 1,87 toneladas de heroína y 504 kilogramos de marihuana. Esto significa un aumento del 23 por ciento de cocaína con respecto a 2018, y del 660 por ciento en los últimos cinco años, según informó el sitio de noticias HLN con base en datos del gobierno.

Este asombroso aumento se ha atribuido al lanzamiento, en febrero de 2018, del denominado Plan de Flujo (Stroomplan), en el cual participan agentes de policía local y federal, fiscales, funcionarios de Aduanas, autoridades portuarias y funcionarios de la ciudad de Amberes.

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En sus inicios, el Stroomplan contó con un equipo de entre 30 y 40 oficiales, que sería duplicado con el tiempo. Al escuadrón se le dio el nombre de Kali, la diosa hindú que lucha contra los malos espíritus, pero también en referencia a la ciudad colombiana de Cali, según un informe del sitio de noticias belga VRT.

“Afortunadamente, en Amberes todavía estamos a años luz (de ser como Cali)”, dice el alcalde de Amberes, Bart De Wever, en el informe de VRT. “Pero el creciente volumen de dinero de las bandas de narcotraficantes indica que ellas pueden llegar a afectar a la ciudad y a la sociedad”.

El fortalecimiento de la seguridad portuaria también se está replicando en América Latina, donde el Programa de Control de Contenedores (Container Control Programme, CCP), de las Naciones Unidas, instala personal y capacita a los funcionarios para que ayuden en las inspecciones a los contenedores.

El director del CCP, Bob van den Berghe, dijo a InSight Crime que es claro que Amberes es el principal puerto de entrada de cocaína. “De las 77 toneladas de cocaína que fueron incautadas por el CCP en 2019, 63 fueron confiscadas en América Latina, y de ellas, 31 toneladas se dirigían a Amberes”, señaló.

Según van den Berghe, en 2019 se incautaron 24,5 toneladas de cocaína en Santos, el principal puerto de Brasil, donde hubo 47 incautaciones en dicho año. En Colombia se incautaron 14 toneladas de cocaína, mientras que en Ecuador, Panamá y Perú se incautaron cerca de 7.5 toneladas en cada uno de estos países.

La diversidad de métodos de tráfico también requiere que se lleven a cabo registros constantes. En fotos publicadas recientemente por la Aduana belga en Amberes se puede apreciar que las drogas son ocultas en joyas, chocolates, paquetes de café y botellas de vino.

Análisis de InSight Crime

A la vez que las incautaciones de cocaína han aumentado rápidamente en el puerto de Amberes, lo mismo ha estado ocurriendo en todo el mundo, incluso en Estados Unidos y Brasil. Esto hace que sea difícil saber si las incautaciones se deben a los aumentos en la seguridad y la inteligencia portuaria o simplemente al hecho de que ahora se está produciendo más cocaína que nunca.

Un reciente estudio sobre la eficacia del Stroomplan, publicado en febrero de 2020 por la Universidad de Gante en Bélgica, muestra que el equipo de Kali estaba teniendo mayores dificultades para llevar a cabo sus funciones. Entre dichas dificultades se encuentran la falta de acceso a bases de datos federales para comprobar datos relevantes, el hecho de que el puerto de Amberes se encuentra en medio de dos distritos judiciales, la falta de capacidad investigativa, así como la falta de apoyo a nivel federal. El estudio recomienda la creación de un plan a nivel nacional para reducir algunos de estos obstáculos.

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Una estrategia a nivel nacional parece tener sentido, dado que Amberes no es el único puerto al que Bélgica tiene que prestarle atención actualmente. En diciembre se incrementaron los controles en el puerto de Zeebrugge, después de que se encontraron 855 kilos de cocaína en Suriname que tenían como destino el segundo puerto de Bélgica, según informó Brussels Times. Además, se encontraron 1,5 toneladas de cocaína ocultas en un cargamento de jugo de frutas en Gante, un puerto de menor tamaño.

En un comunicado enviado a InSight Crime, el puerto de Amberes hace hincapié en que el control de drogas es una responsabilidad compartida, y señala además que el puerto está tomando medidas para mejorar. “Vamos a asegurar que cada terminal tenga su propio sistema de seguridad, es decir, que exista una adecuada política de supervisión y registro. Cada una de las empresas del puerto debe saber quién entra y quién sale y estar en la capacidad de proveer información”, dicen los funcionarios en un comunicado.

Y aunque Bob van den Berghe es en general positivo en cuanto a los esfuerzos del puerto de Amberes, identifica ciertas vulnerabilidades como lo evidencian los altos niveles de incautaciones. “Amberes es un puerto abierto, a diferencia del de Róterdam, que es un puerto cerrado”, dijo van den Berghe en comunicación con InSight Crime. “En Róterdam los contenedores pueden ser escaneados en la terminal de contenedores, mientras que en Amberes tienen que salir de la terminal para ser escaneados, lo cual es una vulnerabilidad”.

Por el momento, parece que se están haciendo más progresos al otro lado del Atlántico. A la vez que los narcotraficantes han estado diversificando los puntos de salida de las drogas en América Latina, el CCP ha estado colaborando activamente con más puertos, lo que probablemente ha contribuido a que se realicen más incautaciones en diversos lugares, desde gigantescos megapuertos en Brasil hasta instalaciones más pequeñas y de carácter regional en Costa Rica.

Bolivia no logra proteger a víctimas de trata

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Manifestante protestan contra la trata de personas en Bolivia
Manifestante protestan contra la trata de personas en Bolivia

Una investigación realizada en Bolivia halló que la mayor parte de casos de trata de personas queda impune en el país, lo que pone en evidencia la necesidad de que el gobierno atienda la ineficacia de las leyes y la falta de recursos para asistencia a las víctimas.

La defensoría del pueblo en Bolivia denunció en un informe publicado en enero que más del 71 por ciento de las víctimas de trata no recibieron atención ni protección del gobierno en los últimos dos años, lo que las pone en riesgo de ser víctimas de nueva explotación en el futuro.

En 2019, las autoridades registraron 299 casos de trata de personas, una caída en relación con los 465 de 2018, según el informe.

Un número desproporcionado de las víctimas son pobres, indígenas y residentes de zonas rurales. La mayoría fueron explotadas sexualmente o por medio de trabajo forzado en los sectores minero, agrícola y pecuario, indicó el informe. La explotación sexual, especialmente de mujeres y jóvenes, es común a escala nacional, pero en ocasiones puede extenderse a redes internacionales que operan con países incluyendo Chile y Brasil.

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Ha habido algunos intentos de cooperación internacional. En enero, la Fiscalía General de Bolivia solicitó ayuda del gobierno malasio en la investigación de un caso en el que una mujer de Bolivia había sido forzada a viajar a ese país. “Yo no quería venir”, le escribió en un mensaje de texto a su madre, “me trajeron, me dijeron que si no venía me iban a matar”.

Después de pasar años en la “lista de observación” del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en 2018 Bolivia, junto con otros 21 países, bajaron de categoría por no cumplir con los estándares internacionales mínimos de lucha contra la trata de personas.

En 2019, el país recuperó su lugar en la “lista de observación” después de algunos avances básicos en la investigación y condena de traficantes.

Análisis de InSight Crime

El reciente informe de la Defensoría del Pueblo demuestra que Bolivia sigue fallando en la ayuda a las víctimas de trata por tres razones claves.

La primera es que, aunque el país tiene en vigor casi dos docenas de leyes para combatir diversas formas de trata de personas, los expertos señalan que su implementación es muy deficiente e incluso se ha olvidado. Por ejemplo, cada uno de los nueve departamentos en que se divide Bolivia debe crear un plan de acción contra la trata de personas, pero La Paz y Pando carecen de uno. 

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Entretanto, otras leyes tienen una redacción tan general que son difíciles de seguir. El medio de noticias local Página Siete señaló que, por ejemplo, una ley no especifica si el gobierno o los agresores son responsables de reparar a las víctimas, o si la reparación debe darse en forma de pago directo o compensación de servicios psicológicos.

La segunda es que Bolivia ofrece pocos recursos a las víctimas de trata de personas, lo que las hace más propensas a volver a caer en situaciones de explotación en el futuro. Actualmente, el país solo cuenta con seis centros de acogida de víctimas. En su informe, el defensor recomendó que los funcionarios trabajaran en la apertura de más centros en zonas del país desatendidas.

La tercera, la trata de personas es uno de los delitos más dificiles de vigilar y llevar ante la ley, en parte porque adopta tantas formas y afecta a los segmentos poblacionales más vulnerables y sin voz. Con frecuencia, las víctimas no saben que lo son, o temen que denunciar el crimen les acarreará consecuencias.

En Bolivia, por su condición de “país de tránsito” con amplias zonas rurales sin presencia estatal, estos desafíos básicos no hacen más que exacerbarse y requieren que el gobierno mejore las medidas vigentes.

Mercado negro de piezas arqueológicas sigue vivo en Guatemala

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Ruinas de pequeña pirámide maya en Tikal, Guatemala
Ruinas de pequeña pirámide maya en Tikal, Guatemala

Las autoridades guatemaltecas realizaron varios operativos en una venta de objetos de procedencia ilegal, lo que renueva la atención sobre los infructuosos esfuerzos del país por erradicar los remanentes del que fue un próspero mercado negro.

En febrero, la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural recuperó varias piezas de cerámica prehispánica y cuchillos de pedernal y obsidiana en un local de venta de artesanías la ciudad de Flores, al norte del país, según información de El Periódico. 

Flores es una ciudad colonial cerca del corazón de antiguas ruinas mayas, como TikalUaxactun. En ambos sitios se regula el turismo y la investigación científica, pero miles de otros lugares continúan casi totalmente desprotegidos.

En 2018, agentes de orden público realizaron seis allanamientos relacionados con saqueo arqueológico, según un investigador de la Fiscalía General que habló con InSight Crime. También lograron reclamar artefactos mayas que habían llegado hasta una subasta en Francia.

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En 2013, Carlos Mera, quien era en ese entonces director de patrimonio cultural de Guatemala, afirmó que se habían sustraído piezas de los casi 4.000 sitios arqueológicos del país, según publicó Prensa Libre.

Análisis de InSight Crime

Los operativos a tiendas locales de artesanías no son suficientes para proteger los sitios mayas en Guatemala o para impedir el robo de piezas arqueológicas y su ingreso al mercado negro.

En los años 60 y 80 se saquearon sitios arqueológicos mayas, cuando una serie de exhibiciones precolombinas en Estados Unidos elevaron la demanda de museos y coleccionistas privados. Paralelamente, la guerra civil en Guatemala obligó a los arqueólogos a huir de las excavaciones, las cuales quedaron expuestas a las comunidades rurales pobres que buscaban fuentes adicionales de ingreso.

Los saqueadores, conocidos localmente como “huecheros”, cavaban los lados de ruinas mayas que contenían jade, tabletas y piezas de cerámica, entre otros objetos, y los vendían a intermediarios en México y Belice. Esas piezas se contrabandeaban en camiones y helicópteros usando rutas de transporte militar y agrícola bien establecidas. 

“Nunca supimos si llegaron a museos”, declaró a InSight Crime un antiguo huechero, quien dijo haber saqueado entre 15 y 20 sitios arqueológicos en todo Guatemala y el sur de México. “Pero apuesto que la mayoría sí llegó. Era para eso que los estaban comprando”.

En la actualidad, el mercado negro se compone de pequeñas piezas, como conchas, joyas y huesos labrados con caligrafía y delicadas tallas. Son más fáciles de burlar la seguridad aeroportuaria y otros puntos de inspección de viajeros. También es fácil hallar tales objetos en tiendas de artesanías, como la allanada en Flores. 

Hoy en día, el origen de los artefactos culturales se está convirtiendo en un tema muy sensible para museos y casas de subastas, y la demanda internacional de nuevas piezas de gran tamaño parece estar desacelerándose.

La actual legislación de Guatemala designa todos los artefactos arqueológicos como propiedad del gobierno. Pero los coleccionistas pueden eludir el riesgo legal porque una vez se ingresa una pieza en un registro nacional, sin importar cómo se obtuvo, se legaliza su tenencia, según una fuente jurídica consultada por InSight Crime. 

Las autoridades guatemaltecas intervienen cuando alguien intenta extraer, vender o transportar una de esas piezas sin el registro adecuado, un delito que puede acarrear penas hasta de 15 años de prisión, y una multa de 10.000 quetzales (unos US$1.300).

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Pero el Ministerio de Cultura y Deportes, que se encarga de combatir el mercado negro de piezas arqueológicas, tiene uno de los presupuestos anuales más bajos de cualquier entidad pública en Guatemala. En 2019 recibió menos de 137 millones de quetzales (US$17,8 millones) para la protección y restauración del patrimonio cultural.

México destinó 800 millones de pesos mexicanos (cerca de US$43 millones) en ese mismo año para el estudio, la protección y la preservación de los lugares culturales, muchos de ellos mayas.

Sin los medios para proteger tales sitios en Guatemala, el tráfico de antigüedades mayas sin duda continuará, con pequeños traficantes que roban al país pieza por pieza.

Familia del Norte podría llegar a su fin en Manaos, Brasil

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El Comando Rojo ha dejado sus siglas pintadas en las paredes de todo Manaos

En las últimas semanas, la ciudad de Manaos se ha despertado pintada de rojo: con la sigla de la pandilla Comando Rojo marcada en sus paredes, los cantos de “Vermelho” (rojo) desde la prisión más grande de esa capital, y sangre derramada por doquier en sus barrios más pobres.

La capital del estado norteño de Amazonas en Brasil es el sangriento campo de batalla de una larga disputa entre dos pandillas narcotraficantes: el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) y la Familia del Norte (Família do Norte, FDN).

Desde enero, el Comando Rojo, cuya base de poder se encuentra en Río de Janeiro, ha intentado poner fin a la guerra mediante la toma violenta de Manaos. Como resultado de esta campaña, la ciudad registró 106 homicidios en enero y 55 más para el 16 de febrero, según reportes de medios brasileños basados en cifras de la policía.

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La violenta campaña del Comando Rojo lo ha llevado a tomar el control del 80 por ciento de los barrios de Manaos, según informó el diario local Em Tempo, citando fuentes policiales.

En febrero, el Comando Rojo lanzó un ataque al barrio Compensa, fortín de la FDN en Manaos y lugar de residencia del jefe de la FDN, José Roberto Fernandes Barbosa, alias “Zé Roberto da Compensa”, publicó Em Tempo.

La violencia en Compensa sacudió a sus habitantes. El 13 de febrero, miembros del Comando Rojo abatieron a un hombre de 31 años que se topó con ellos cuando marcaban las paredes. El video del asesinato de Wallemberg Vieira Bello, que apareció en las redes sociales, muestra a los hombres pintando con aerosol las letras “CV” cuando de pronto se oyen varios disparos.

Los pandilleros también han celebrado en público sus victorias. “Fuegos artificiales en todos los barrios. Traficantes celebran el fin de la facción rival. Manaos se convirtió en Ciudad Gótica sin Batman”, escribió una tuitera.

El 10 de febrero, el gobierno del estado de Amazonas, que ha hecho gala de su poca capacidad para detener el derramamiento de sangre, anunció la creación de una comisión de crisis en el gobierno, junto con otras medidas de seguridad que incluían el aislamiento de presos y la interrupción de todas las visitas a las prisiones.

Análisis de InSight Crime

La invasión de Manaos por el Comando Rojo puede significar el fin de la Familia del Norte como actor criminal importante, luego de la fragmentación del grupo en 2019 y del asesinato de muchos de sus integrantes en repetidos motines de prisión.

Una fuente de la policía relató a Em Tempo que se les está advirtiendo a los integrantes de la FDN que “enrojezcan” o mueran. “Hay quienes están huyendo… porque no quieren unirse al CV o por miedo a ser ejecutados”, comentó la fuente de la policía.

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La fuente atribuyó la aplastante victoria del Comando Rojo al uso de violencia extrema. “Son mucho más violentos. Matan y matan brutalmente. La FDN ya estaba en una fase más ‘pacífica’, porque estaban concentrados en el narcotráfico, sin muchos enfrentamientos. Es por eso que perdieron tan rápido los territorios”, explicó la fuente al periódico.

La lista de barrios de Manaos que se supone están en manos del Comando Rojo incluye Aparecida, Centro, Matinha, Vila da Prata, Cidade de Deus, Ouro Verde y Santa Etelvina.

La FDN no está en posición de contraatacar. Su guerra con el Comando Rojo, desde la disolución, en 2018, de la alianza que mantenían ambos grupos, los ha ido mellando progresivamente. Las cárceles de Amazonas se convirtieron en campos de guerra, con docenas de reclusos muertos en ataques sucesivos.

Peor aún, en mayo de 2019, 55 presos de la FDN fueron ejecutados cuando uno de los lugartenientes de la pandilla, João Pinto Carioca, alias “João Branco”, quiso arrebatarle el control a Zé Roberto da Compensa.

La FDN también ha tenido problemas para mantener su liderazgo intacto. En 2018, el jefe de la FDN, Gelson Carnaúba, alias “Mano G” —quien había forjado una alianza entre sus bandas y el Comando Rojo— cambió de bando y se unió al Comando Rojo. En la actual invasión de Manaos, se han visto por la ciudad grafitis con el nombre de Mano G, lo que indica que este tiene un rol crucial en la caída de su antigua pandilla.

Desde el 10 de febrero, el Comando Rojo presuntamente hizo circular comunicados en los que decía que la violencia acabaría. Durante 48 horas por lo menos, del 17 al 19 de febrero, no se registraron homicidios en la ciudad.