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La ruta migrante que conecta Asia con América

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Un gran grupo de migrantes asiáticos fue detenido en México

Un operativo trasnacional logró interrumpir una organización capaz de traficar migrantes del sur de Asia hasta Brasil, con Estados Unidos como destino final. Una amplia red de contactos locales y cuantiosas sumas de dinero facilitarían atravesar el peligroso continente americano.

El 31 de octubre, autoridades de Brasil y Estados Unidos sumaron esfuerzos para desmantelar una red que desde 2014, habría percibido unos US$10 millones, producto del traslado de migrantes Asia hasta el Norte de América. Como resultado, capturaron siete personas y bloquearon 42 cuentas bancarias vinculadas a los sospechosos.

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Tres de los miembros de esta organización habían sido previamente identificados y acusados por una corte de Texas, estos serían: Saifullah Al-Mamun, Mohamad Milon Hossain y Moktar Hossain.

Según la acusación, la ruta partiría de países del sur de Asia como Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal y Pakistán. Por vuelos comerciales enviarían a los migrantes a Sao Paulo, Brasil. Allí los recibiría Saifullah, quien facilitaría el traslado de ellos hasta México, a través de una amplia red de contactos que tendría en Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.

Mohamad recibiría a los migrantes en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. Allí les proveería pasajes aéreos que los llevarían al norte de México. Moktar los hospedaría en un hotel de Monterrey y posteriormente, contrataría un servicio que los llevara hasta Río Grande, el cual debían cruzar para llegar a Estados Unidos.

Este servicio tendría un precio aproximado de US$12.500 por persona. El alto costo no sólo cubriría el extenso trayecto, sino también los documentos falsos que se les entregaría. De hecho, se habla de la colaboración de un abogado que se encargaría de solicitar el refugio de los migrantes previo a su arribo a Brasil.

Análisis de InSight Crime

Pese al éxito del operativo, lo alarmante del mismo es que deja al descubierto el alto grado de organización de esta estructura criminal. Lo anterior se evidencia en su capacidad para: operar en más de un continente, establecer contactos con redes locales en al menos ocho países, brindar documentos falsos y creíbles que permitan el uso de aerolíneas comerciales, diligenciar solicitudes de refugio y, usar más de cuarenta cuentas bancarias para ocultar los ingresos adquiridos.

Por otro lado, el modus operandi refleja algunas de las tendencias, que en los últimos años, se han detectado con respecto al tráfico extra-continental de migrantes en la región.

Según un informe de 2018 realizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), estadísticas oficiales  demuestran que la migración irregular desde Asia hacia Suramérica ha incrementado. También expuso que los migrantes que buscan llegar a suelo Norteamericano, tienden a entrar al continente por vuelos aéreos comerciales con destino a Sao Paulo. Finalmente, estableció que las redes transnacionales subcontratan actores locales que prestan los servicios logísticos.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) también público el mismo año otro informe sobre migraciones, según el cual la mayoría de los migrantes que entran a Brasil vienen de afuera del hemisferio. También identificó que el uso de documentos falsos es un método bastante empleado. Así mismo, detectó que una vez en el continente, la mayoría de los inmigrantes se mueven por tierra hacia el norte. Finalmente, encontró que en México, el mayor flujo de migrantes extra-continentales se registra en Tapachula.

De acuerdo a Roeland De Wilde, jefe de la misión de la OIM en Costa Rica, es probable que incremente este tipo de migración en el hemisferio, dadas las crecientes dificultades que enfrentan los migrantes de Asia para entrar a Europa. De ser así, las autoridades tendrían que afrontar con muchas más cabezas como la que en esta ocasión logró cortar.

El futuro de las ex-FARC mafia

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Colombia está en una encrucijada. Varios caminos se le cruzan. En uno de ellos las ex-FARC mafia quedan relegadas al basurero de la historia en un corto período de tiempo. Sin embargo, hay otros escenarios menos halagüeños.

A continuación se presentan tres posibles caminos para Colombia y los guerrilleros disidentes:

1. El mejor escenario: Las ex-FARC mafia desaparecen gradualmente

1.1 – El proceso de paz: Si bien el proceso de paz ha sufrido traspiés, la gran mayoría de los exguerrilleros parecen comprometidos con la paz y no tienen ningún deseo de volver a una vida de violencia y delincuencia. El gobierno puede tranquilizar a los que aún permanecen en el proceso, intensificando la financiación y la implementación en los 170 municipios establecidos en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), así como el fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En estas condiciones, las deserciones del proceso de paz serán mínimas y el gobierno podrá consolidar gradualmente la presencia estatal en áreas anteriormente bajo influencia de las FARC.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

1.2 – Actores criminales: Las ex-FARC mafia no logran unirse y, de hecho, terminan enfrentándose entre sí por el control de las economías ilegales, como el narcotráfico, la extracción de oro o la extorsión. Esto ya está sucediendo en algunas partes del país, por ejemplo, en Nariño, donde el Frente Oliver Sinisterra ha estado luchando contra la Guerrillas Unidas del Pacífico por el control del comercio de cocaína. En este escenario, los exguerrilleros no dan muestras de ningún compromiso ideológico y simplemente se convierten en pequeños actores en un panorama criminal cada vez más fragmentado.

1.3 – Economías criminales: El gobierno, a través de su programa de erradicación y política de seguridad, logra estrangular económicamente a las ex-FARC mafia, atacando sus fuentes de financiación de manera sistemática. En la actualidad, la erradicación de los cultivos de drogas es central en la política del gobierno y se han fijado metas ambiciosas de 80.000 hectáreas de coca para 2019. Según datos de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (Office of National Drug Control Policy, ONDCP), de la Casa Blanca, los cultivos de coca, tras un explosivo crecimiento durante años, se nivelaron en 2018. El gobierno está ahora listo para comenzar a reducir significativamente las plantaciones de drogas.

En este escenario, el gobierno ejercería un fuerte impacto en la minería ilegal —otra gran fuente de ingresos para las ex-FARC—, utilizando herramientas como la Fuerza de Despliegue contra las Amenazas Transnacionales, FUDAT). Gracias a las investigaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y al uso efectivo de la ley de incautación de activos por parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), los ingresos y activos de las ex-FARC mafia serán sistemáticamente atacadas y debilitadas.

1.4 – Política de seguridad: mediante una estrategia integrada y cohesionada, como se establece en la doctrina de seguridad del gobierno, la Política de Defensa y Seguridad, el estado atacaría a las ex-FARC mafia, reduciendo gradualmente su alcance territorial, matando o capturando a sus líderes y aislándolos de la población civil. Las ex-FARC mafia serían desmanteladas gradualmente. Ya ha habido algunas victorias importantes, como la muerte de Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, en diciembre de 2018, y la de Edgar Mesías Salgado Aragón, alias “Rodrigo Cadete”, en febrero de este año. En este escenario, el gobierno también podría introducir todos los elementos del Estado en las zonas remotas donde los disidentes operan actualmente, proporcionando servicios básicos y protegiendo los derechos de los habitantes.

1.5 – Entorno político: el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) comienza a ganar tracción, no solo en las zonas rurales que antes estaban bajo influencia de las FARC, sino además entre los votantes urbanos. Las amenazas contra la actividad política de la FARC se minimizan, y los excombatientes ven que hay verdaderas oportunidades democráticas para ellos, y que existe una competencia justa y abierta para los cargos políticos a nivel municipal, departamental y nacional.

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1.6 – Venezuela: el presidente Nicolás Maduro es destituido, hay elecciones y Colombia cuenta una vez más con un gobierno democrático en Caracas, como un socio confiable y dispuesto a colaborar. Este nuevo gobierno lucha contra los integrantes de las ex-FARC mafia en suelo venezolano y coopera con Colombia para ofrecer seguridad en la frontera entre las dos naciones.

1.7 – Panorama internacional: Vecinos como Panamá, Brasil, Perú y Ecuador cooperan en la lucha contra la presencia de elementos de las ex-FARC mafia que operan en su territorio. Se fortalece la cooperación regional en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Estados Unidos intensifica la ayuda dirigida a Colombia, destinada a fortalecer el Estado de derecho, el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el crimen organizado transnacional. La comunidad internacional se alinea contra las ex-FARC mafia.

1.8 – Conclusión: Esta sería la continuación de las mejoras graduales que Colombia ha experimentado desde mediados de la década de los noventa, cuando existía el temor de que las FARC pudieran tomar el poder y el país se convirtiera en un narcoestado. Siempre habrá obstáculos en el camino, pero a largo plazo ha habido mejoras graduales en términos de reducción de los homicidios, respeto de los derechos humanos, desarrollo económico y mayor presencia estatal en todo el país. En este escenario, el gobierno de Duque puede estar en una mejor posición de la que ha tenido hasta la fecha, y por lo tanto implementar muchas de las políticas establecidas en el Plan de Seguridad y Defensa anunciado por el presidente en febrero de 2019. Si bien las ex-FARC mafia no serían erradicadas durante la administración Duque, se debilitarían gradualmente y perderían relevancia con el tiempo.

2. El peor escenario: El renacimiento de un ejército insurgente a nivel nacional

2.1 – Proceso de paz: La confianza en el proceso de paz se debilita permanentemente, tanto entre los exguerrilleros como entre las comunidades que antes vivieron bajo la influencia de las FARC. Los excombatientes siguen desertando del proceso y fortaleciendo las disidencias, mientras que las comunidades locales apoyan una vez más a estos elementos criminales y cooperan con ellos en aras de proteger las economías ilegales. El asesinato de un exguerrillero dentro del campo de reintegración en Mesetas, Meta, demuestra que nadie está a salvo, ni siquiera en una zona con protección especial.

Se desvanece la fe en la idea de que el cambio real es posible en las zonas más remotas de cultivo de coca del país, y los habitantes de esos sectores llegan a creer que no existen alternativas reales. El ELN ve el fracaso del proceso de paz con las FARC y eso lo lleva a reafirmar su creencia de que el único futuro posible es mediante la lucha armada. El gobierno sigue debilitando los términos del acuerdo de paz, y priva de financiación a la JEP, al programa de sustitución de coca y a los PDET.

2.2 – Actores criminales: los disímiles elementos de las ex-FARC mafia se unifican bajo un nuevo liderazgo. Este liderazgo logra imponer disciplina, ideología y cohesión a los diferentes grupos. Nace una nueva fuerza insurgente marxista-leninista, que retoma la lucha donde la abandonaron las FARC antes de desmovilizarse. Fortalecidas por otros cientos de combatientes veteranos de las FARC que abandonan el proceso de paz, y gracias a una estrategia de reclutamiento coordinada, las ex-FARC aumentan su número actual de 3.000 combatientes a 4.000 en 2020 y continúan expandiéndose y proyectándose a nivel nacional.

Se forja una verdadera alianza con el ELN, lo que garantiza no solo la demarcación territorial y la cooperación en términos de economías y ganancias ilegales, sino además en cuanto a coordinación en la estrategia insurgente y en los ataques al Estado. Las ex-FARC mafia logran forjar acuerdos con otros grupos criminales, lo que permite que sus esfuerzos no se dividan en la lucha contra otros actores no estatales, sino que más bien se concentren en el gobierno y las fuerzas de seguridad.

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2.3 – Economías criminales: La administración Duque es incapaz de contener, y mucho menos de reducir, la producción de cocaína en el país, que, junto con la extracción ilegal de oro y otras actividades ilegales, como el tráfico de personas, el tráfico de marihuana, la heroína y la extorsión, les proporcionan a las ex-FARC mafia una gran cantidad de dinero para financiar su expansión.

Hay evidencias que indican que, hasta el momento, durante este gobierno las economías criminales han seguido creciendo, en lugar de reducirse. Aparte del aumento de los esfuerzos de erradicación, no hay evidencia de ninguna estrategia innovadora para debilitar las economías criminales, lo que indica que las rentas criminales seguirán creciendo y ofrecen muchas oportunidades para el fortalecimiento de las ex-FARC mafia en muchas zonas del país.

2.4 – Política de seguridad: a pesar de haber elaborado un documento sobre la estrategia de seguridad nacional, la administración Duque muestra muy poca innovación en su enfoque de política de seguridad, pues ha continuado con estrategias que han fracasado anteriormente. La situación de seguridad, en términos de homicidios, desplazamientos y ataques a excombatientes de las FARC, líderes comunitarios y activistas de la restitución de tierras, es cada vez peor.

El gran énfasis en la erradicación de cultivos, dada la presión de Estados Unidos, absorbe los recursos, a la vez que aliena aún más a las comunidades rurales, lo que podría empeorar si se reinician las fumigaciones aéreas. El liderazgo del Ministerio de Defensa sigue trastabillando, con la sombra de los falsos positivos (el escándalo por el cual algunos elementos del ejército asesinaron a civiles con el fin de mostrar resultados) y continúan acciones como los bombardeos aéreos en los que mueren menores de edad. Estas acciones menoscaban la legitimidad del Estado y fortalecen el apoyo local a los actores no estatales, en particular a las ex-FARC mafia.

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2.5 – Ambiente político: un excomandante de las FARC dijo bajo condición de anonimato que “la rosa (el símbolo del partido político de la FARC) se marchitó y murió”. Los modestos resultados de la Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común durante las elecciones regionales del mes de noviembre indican que los exguerrilleros no han logrado convertir en votos el control territorial y la influencia sobre las comunidades locales que tenían cuando eran un ejército rebelde. La búsqueda del camino político para llegar al poder fue la justificación para poner fin a la lucha armada. Está claro que en ciertas partes del país se está atacando a los activistas políticos de la FARC y que no hay igualdad de condiciones para la participación política.

El asesinato de ex-integrantes de las FARC les recuerda a muchos la campaña contra la Unión Patriótica (UP), el último intento de los guerrilleros para entrar en la arena política legal. Miles de miembros de la UP fueron asesinados, incluido un candidato presidencial, y esto convenció a muchos miembros de la extrema izquierda de que la única manera de alcanzar el poder político era mediante una acción militar. Quizá muchos piensan que la ruta política está condenada al fracaso y que la lucha armada sigue siendo la única manera de avanzar.

2.6 – Venezuela: En este escenario, Maduro no solo se queda en el poder, sino que en efecto comienza a ayudar a las ex-FARC mafia con armas, refugio y logística. Algo que podría cambiar las reglas del juego en este sentido es que los disidentes se apoderen de algunos de los misiles del Sistema de Defensa Aérea Portátil (Man-Portable Air-Defense System, MANPADS) SA-24, también conocidos como Igla-S, que tienen los militares venezolanos.

Con esta arma, las ex-FARC mafia podrían neutralizar la principal ventaja estratégica del Estado: su poder aéreo, algo que puede modificar por completo el equilibrio en cualquier conflicto civil. Otra variante de este escenario podría ser la destitución de Maduro, tras la cual se daría un conflicto civil en Venezuela. Esta situación le vendría bien a las ex-FARC mafia, que se podrían presentar como una fuerza insurgente internacional y fortalecer su presencia y legitimidad en Venezuela, lo que facilitaría el reclutamiento y el control territorial en el país vecino. El Frente Acacio Medina y el Décimo Frente ya tienen presencia profunda y permanente en Venezuela (en los estados de Amazonas y Apure, respectivamente).

El presidente Maduro ya ha apoyado abiertamente a los líderes disidentes. En el mes de junio dijo que “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de São Paulo cuando quieran venir; los dos son líderes de la paz”.

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2.7 – Panorama internacional: no se puede subestimar la importancia de la ayuda estadounidense en la estratégica derrota de las FARC en la primera década del nuevo siglo. Sin embargo, el presidente Trump ha demostrado ser un aliado voluble para el gobierno de Duque, criticando al presidente colombiano y la lucha contra las drogas, y negando las solicitudes de más ayuda que ha hecho Colombia.

“Ahora están llegando más drogas de Colombia que antes de que él fuera presidente, así que no ha hecho nada por nosotros”, declaró Trump en marzo de este año.

Además del letargo de la Casa Blanca, en este escenario tampoco hay una respuesta regional mediante ayuda proveniente de socios latinoamericanos. Los presidentes de Brasil, Ecuador, Perú y Chile se dedican a enfrentar escándalos o disturbios sociales, totalmente ajenos a la lucha contra el crimen organizado transnacional y los integrantes de las ex-FARC mafia en su territorio. Colombia queda sola para detener a los disidentes y a las economías criminales transnacionales que financian su crecimiento.

2.8 – Conclusión: En este escenario, Colombia da un gran retroceso en materia de seguridad, y las ex-FARC mafia logran restablecerse como una fuerza insurgente a nivel nacional, tal vez en alianza con el ELN, con firmes vínculos con Venezuela y con presencia en dicho país. La administración Duque sigue debilitando el acuerdo de paz, lo que mueve a más exguerrilleros a las disidencias, a la vez que no logra generar respuestas innovadoras para mejorar la seguridad ni para debilitar las economías ilegales.

3. Predicciones de InSight Crime: Una federación criminal

3.1 – Proceso de paz: Si bien la confianza en el proceso de paz está gravemente afectada, es poco probable que la administración Duque menoscabe aún más el acuerdo o debilite aún más su aplicación. Por el contrario, la deserción de Márquez levantó bastantes alarmas como para que Duque se desplazara a la zona de reintegración en San Vicente del Caguán, en Caquetá, durante el mes de septiembre, con el fin de generar tranquilidad, y para que Emilio Archila, asesor presidencial de estabilización y consolidación, emprendiera un bombardeo mediático con el fin de llamar la atención sobre el trabajo de implementación que se está llevando a cabo.

Aunque habrá algunas deserciones aisladas de las ex-FARC, no habrá más éxodos masivos. Quienes sentían que la situación era desesperada ya se han marchado. Sin embargo, el fin de los subsidios gubernamentales y las tentaciones de dinero real harán que más rebeldes regresen a la criminalidad, aunque no necesariamente se unan a las disidencias. El proceso de paz como tal no fracasará, incluso si las ex-FARC mafia sigue creciendo, ya que la mayoría de los que se desmovilizaron permanecen dentro de la legalidad, y el partido político de la FARC es una realidad.

3.2 – Actores criminales: Como ya ha quedado claro, Iván Márquez no ha sido aceptado como el líder indiscutible de las diferentes facciones disidentes. Y no lo será. Hay un amplio espectro de grupos al interior de las ex-FARC mafia. La mayoría quiere conservar su lugar en un paisaje criminal donde la reputación y la credibilidad son importantes, pero pocos están dispuestos a aceptar la estructura jerárquica del antiguo ejército guerrillero. Y muchos menos quieren compartir el botín de las economías criminales.

Lo más probable es que los diferentes elementos ex-FARC no se peleen entre ellos, y algunos incluso pueden cooperar entre sí, principalmente por intereses monetarios. Sin embargo, estas relaciones no implicarán subordinación, sino más bien beneficio mutuo. Cuando no haya beneficio mutuo, cada grupo tomará su camino. Las ex-FARC mafia se convertirán en una federación criminal poco cohesionada.

En cuanto a las relaciones con el ELN, Gustavo Aníbal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”, miembro del Comando Central (COCE), hace mucho tiempo ha demostrado su pragmatismo y llegará a acuerdos con exintegrantes de las FARC siempre y cuando le sean útiles. Pero no es probable que se conforme una alianza nacional entre las ex-FARC mafia y el ELN. Ya hay pruebas de que Pablito tiene relaciones tanto con Iván Márquez como con Gentil Duarte. Hay acuerdos con el ELN en otros lugares, como en Antioquia, donde elementos de los antiguos Frentes 18 y 36 están trabajando con el Frente Darío Ramírez del ELN.

Al ELN le interesa que las FARC vuelvan a la escena, entre otras cosas para desviar la atención de las fuerzas de seguridad, que desde el ataque con un carro bomba que detonó en enero en la Academia Nacional de Policía General Santander en Bogotá, cobrado 21 vidas, se ha centrado firmemente en el ELN. Hay pruebas de acuerdos entre las ex-FARC mafia y otras organizaciones criminales, como los Caparrapos. Estos acuerdos serán aún más aleatorios y frágiles.

3.3 – Economías criminales: quizá la campaña de erradicación del gobierno identifique una disminución en términos de hectáreas cultivadas en 2019, pero la reducción de la producción de cocaína será más pequeña. Además, debido al hecho de que hay una sobreproducción de cocaína en este momento, y que los grupos criminales tienen grandes reservas de la droga en Colombia, es poco probable que una reducción en la producción se sienta realmente durante al menos un año.

Esto significa que no es probable que las ganancias de la cocaína disminuyan drásticamente antes del final de la administración Duque en 2022. Por eso, durante los próximos 18 meses, tal vez dos años, la bonanza de los niveles récord de producción de cocaína podrá consolidar las finanzas de las ex-FARC mafia y permitirá financiar los planes de expansión.

Las ganancias provenientes de la marihuana están sosteniendo a los miembros de las ex-FARC mafia en el Cauca, al igual que la violencia allí. El oro también es un importante generador de recursos para los grupos disidentes, particularmente los de Antioquia, Bolívar, Chocó, Córdoba y Nariño. La extorsión en las zonas rurales también es común en áreas de influencia de las ex-FARC, y aunque no son tan lucrativas como el tráfico de drogas, estas ganancias son suficientes para mantener redes de logística y milicias en ciertas partes del país. Todo esto significa que hay dinero para financiar planes de expansión agresivos, reclutamiento a gran escala y la compra de armas.

3.4 – Política de seguridad: Si bien la administración Duque fue elegida con base en promesas de seguridad, e incluso con la publicación de un nuevo plan de seguridad nacional, ha habido pocas innovaciones en la estrategia de seguridad. De hecho, varios indicadores, especialmente los homicidios y los desplazamientos, demuestran un empeoramiento de la situación de seguridad.

El enfoque principal de la política de seguridad parece concentrarse actualmente en los programas de erradicación, y hay rumores de que la fumigación aérea de cultivos de drogas se reiniciará en 2020. Incluso si los cultivos de coca disminuyen, como sucedió en 2018, los aumentos en la producción por hectárea y la eficiencia de los laboratorios significan que la producción de cocaína aumentó. Las tasas de replantación en campos erradicados, incluso según las mediciones del gobierno, están entre el 50 y el 67 por ciento.

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Si a eso se añaden las nuevas plantaciones, el gobierno parece estar atrapado en una bicicleta estática, pedaleando enérgicamente, pero con pocos logros duraderos. Incluso si la fumigación aérea logra hacer una mella significativa, habrá un retorno a las plantaciones de coca más pequeñas y atomizadas, repartidas en más departamentos, sembradas en medio de otros cultivos o bajo la capa boscosa.

Por eso las estimaciones sobre producción de drogas serán más difíciles, y con el tiempo podrán neutralizar los logros obtenidos contra la producción gracias a las fumigaciones. No es que esto sea una nueva estrategia: no hubo ningún golpe mortal relacionado con el comercio de cocaína antes de 2015, cuando la fumigación aérea todavía se estaba realizando.

Si bien los asesinatos de Guacho y Cadete demostraron que las fuerzas de seguridad tienen la capacidad de rastrear y eliminar a los ex-comandantes de las ex-FARC mafia, el hecho de que muchos residan actualmente en Venezuela limita el impacto que esta estrategia pueda tener en el desmantelamiento del liderazgo de las disidencias.

Sin embargo, lo que realmente limita el margen de maniobra de la administración Duque es la falta de fondos. Simplemente no hay dinero para nuevas operaciones a gran escala ni para ningún enfoque en las ex-FARC. Esto significaría quitar recursos de las campañas contra el ELN y Los Urabeños, que también son graves amenazas para la seguridad nacional.

3.5 – Ambiente político: La política de la FARC está atravesando por problemas: amenazada en ciertas partes del país, debilitada por el creciente movimiento disidente, plagada de divisiones internas, e incapaz de conectar con los votantes, incluso en las zonas rurales donde ejerce influencia. Sin embargo, se sabía que esto iba a tomar tiempo y, gracias al acuerdo de paz, continúa con presencia en el Congreso y permanecerá allí durante el tiempo suficiente para construir una verdadera base de apoyo y una maquinaria política. Es difícil ser optimista en este sentido, pero aún hay esperanza.

El gobierno debe proteger a los políticos de la FARC y generar condiciones en algunas de las zonas más remotas del país para que aumente la confianza en el sistema democrático. Los líderes comunitarios y los activistas de restitución de tierras también deben ser protegidos, ya que todo esto está vinculado al proceso de paz y a la confianza en el futuro.

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3.6 – Venezuela: la tan cacareada eventual caída de Maduro simplemente no ha ocurrido. La información del personal de InSight Crime en Venezuela indica que hay algunos signos de mejora, pero la situación sigue siendo catastrófica. La dolarización informal de la economía ha generado cierta estabilidad en medio de la hiperinflación. Las protestas se han reducido, y la ayuda de Rusia y otros aliados parece haber mitigado parte del efecto de las sanciones estadounidenses, aunque el gobierno sigue teniendo graves dificultades financieras.

Se percibe en efecto que Colombia trabaja activamente para provocar la caída del régimen chavista. Por eso a Maduro le gustaría que se diera la reconstitución de las FARC —una fuerza amigable y antiimperialista con una ideología similar—. Sin embargo, no querrá ser visto como un apoyo activo que provee armas a las ex-FARC mafia o al ELN. Ser identificado como un patrocinador del terrorismo complicaría aún más la ya desfavorable reputación internacional de Venezuela y limitaría las herramientas diplomáticas para restituir el régimen en la escena mundial.

Venezuela es ya de gran importancia para las ex-FARC mafia como refugio, base para la explotación de las economías criminales (sobre todo la cocaína y la minería) y como punto de referencia ideológico. Maduro no aportará misiles aéreos a las ex-FARC, ya que sería muy fácil rastrearlos e identificar que fueron facilitados por él. Sin embargo, no se puede subestimar la corrupción al interior del ejército venezolano ni el hecho de que algunas de estas armas puedan terminar en manos de los disidentes.

No puede descartarse la amenaza de un conflicto civil en Venezuela, especialmente si hay una intervención militar de Estados Unidos, un conflicto fronterizo con Colombia o si se presenta el asesinato de Maduro. Esto podría favorecer tanto a las ex-FARC como al ELN, permitiéndoles presentarse como defensores de la Revolución Bolivariana y del legado de Chávez.

3.7 – Panorama internacional: Si bien sigue habiendo un interés de Estados Unidos en Colombia, es principalmente en relación con Venezuela y con la erradicación de los cultivos de drogas, no con el apoyo a la política de seguridad enfocada en detener a las ex-FARC mafia. Es difícil predecir lo que hará el presidente Trump, y el abandono de los aliados kurdos en Siria demuestra que ninguna relación es totalmente segura, a pesar de que Colombia ha sido un firme aliado de Estados Unidos durante décadas.

Aunque las relaciones entre Duque y los gobiernos vecinos son buenas, los presidentes de Brasil y Ecuador están ocupados con los escándalos y disturbios en sus propios países y tienen poco espacio para pensar en cuestiones relacionadas con las ex-FARC mafia y el crimen organizado transnacional que opera en sus territorios. Por lo tanto, su administración, con pocos recursos financieros, no puede esperar mucha ayuda específica de Estados Unidos, ni tampoco mucha cooperación internacional, al menos por el momento.

3.8 – Conclusión: Maniatada por la falta de recursos, fustigada por la crisis de Venezuela e incapaz de obtener nuevos fondos importantes de Estados Unidos, la administración Duque cuenta con pocas opciones.

Las ex-FARC mafia van a crecer en los próximos dos años. Gracias a las boyantes economías criminales y al refugio con el que cuentan en Venezuela, los disidentes tienen mucho más margen de maniobra que el gobierno.

Sin embargo, las FARC no están renaciendo. No habrá un nuevo movimiento insurgente unificado bajo el mando de Iván Márquez. A lo más que pueden aspirar es a una federación criminal que preste servicios a la antigua ideología y disciplina de las FARC, y que coopere. Es probable que haya conflictos en las ex-FARC mafia, así como hubo combates entre diferentes facciones paramilitares de las AUC. Ya hay acuerdos con miembros del ELN, y estos continuarán, pero es muy poco probable que se llegue a una alianza efectiva con dicho grupo.

El futuro de las ex-FARC mafia está claramente en manos de la administración Duque. Pero el control del gobierno desde 2018 no ha sido el más firme. Ha enfrentado una serie de derrotas en el Congreso, en la Corte Constitucional y durante las recientes elecciones regionales, por parte del electorado. Necesita encontrar una base más firme y reflexionar bastante, así como suficientes recursos, para contener la amenaza que representan las ex-FARC mafia.

Si logra hacer esto último, entonces los disidentes quedarán relegados a las zonas más remotas del país, principalmente a las fronteras. Si no pueden unirse, y si el gobierno tiene una estrategia coherente, puede empezar a ir tras las unidades disidentes y tras cada uno de sus líderes.

Venezuela es sin duda un comodín, pero no hay mucho que Colombia pueda hacer, excepto asegurarse de que no se desplieguen tendencias militares radicales o tácticas torpes para eliminar a Maduro. Estos podrían provocar conflictos civiles, lo cual, a largo plazo, podría significar para Colombia un desafío aún mayor que la crisis actual.

Colombia está padeciendo la peor parte del colapso de Venezuela, y gran parte de esta carga la está llevando sola. El futuro de las ex-FARC mafia y el de Venezuela están entrelazados. Colombia requiere paciencia, prudencia y astucia para manejar esta crisis y asegurarse de que no empeore.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

*Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado de InSight Crime.

Foto: AP

Las ex-FARC mafia, Venezuela y el actual clima internacional

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Después del 2002, bajo una fuerte presión de las fuerzas de seguridad, las FARC movieron gran parte de su liderazgo, su logística y financiamiento hacia el exterior de Colombia, específicamente hacia Venezuela. Para las ex–FARC mafia funciona igual, y el destino del régimen de Nicolás Maduro y de los disidentes de las FARC tal vez están inextricablemente vinculados.

Venezuela: un viejo conocido de los grupos ex-FARC

Más allá de un refugio, las ex-FARC mafia encontraron en la República Bolivariana de Venezuela un centro de operaciones. Esta estructura ha conseguido una influencia transnacional desde donde administra las riendas del narcotráfico y la minería ilegal, cuyo funcionamiento cuenta con el beneplácito de los altos mandos del gobierno venezolano.

La llegada de Hugo Chávez al poder en 1998 marcó un antes y un después en el devenir de los grupos irregulares en este país. La cercanía ideológica y las abiertas declaraciones de apoyo que recibían los miembros de la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fueron convirtiendo a Venezuela en un territorio de puertas abiertas que, en un principio, les ofrecía resguardo de las autoridades colombianas.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

Dicha relación fue el origen de varias acusaciones que señalaban a Venezuela como una plataforma criminal que albergaba grupos terroristas en su territorio. El punto álgido de estas comprometedoras revelaciones que involucraban al gobierno chavista con la entonces guerrilla de las FARC, se dio en 2008 con los célebres computadores de Luis Devia Silva, alias “Raúl Reyes”.

Reyes era considerado el “canciller” de esa guerrilla, asesinado en un bombardeo aéreo a uno de los campamentos de las FARC en Ecuador. Los documentos encontrados dejaron en evidencia una relación de larga data entre los rebeldes y el Palacio de Miraflores, el hogar de Chávez.

Con el precedente de una histórica presencia, era inevitable que los grupos ex-FARC mafia tuvieran un terreno ganado en Venezuela y vínculos con miembros del régimen de Maduro. En ese sentido, encontraron una oportunidad propicia en el estado fronterizo de Amazonas, al sur de Venezuela, donde reposa el corazón de los elementos disidentes en ese país, liderados por Miguel Botache Santillana, mejor conocido como “Gentil Duarte”.

Primeros brotes: Frente Acacio Medina y Jhon 40

El estado de Amazonas, como su nombre lo sugiere, hace parte de la cuenca amazónica, una densa y extensa selva en la que los ríos hacen las veces de autopistas. Comparte frontera con los departamentos de Guainía y Vichada en Colombia, cuyo paso está separado exclusivamente por el caudal del Río Orinoco. En esta región, hace presencia la disidencia del Frente Acacio Medina, encabezada por Géner García Molina, alias “Jhon 40”.

Su posición en territorio venezolano respondía, en un inicio, a las estrategias de expansión territorial que hacían parte de la extinta guerrilla de las FARC. Luego de una reunión en la que participaron antiguos jefes del Bloque Oriental como Gentil Duarte y Jhon 40, entre otros comandantes, se acordó la creación del Frente Acacio Medina con el objetivo de robustecer el trabajo fronterizo que venía desarrollando el Frente 16 en ese sector.

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Según explicó a InSight Crime el antiguo gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla Garrido, desde el 2012 se viene registrando actividad de esta estructura en una población próxima al Río San Miguel en el municipio de Maroa. Allí levantaron un campamento a las orillas del río y edificaron pistas de aterrizaje modernas que recibían y despachaban aviones cargados de droga.

Una vez iniciada la desmovilización de las antiguas FARC, Jhon 40 convenció a sus hombres para que no se acogieran al proceso de paz. De acuerdo con fuentes de inteligencia, las atractivas rentas ilícitas producto de la minería ilegal y el narcotráfico, fueron el motivo principal para continuar en la ilegalidad.

Desde entonces, la disidencia del Acacio Medina ha logrado consolidar una retaguardia fronteriza, cuyo control garantiza corredores fluviales y terrestres que permiten el tránsito constante de armas, drogas, minerales y dinero.

En Apure, estado al norte de Amazonas, se ha configurado un escenario con características similares.

Apure y la frontera araucana

Atravesando la frontera del departamento de Arauca se encuentra Apure. En este territorio opera una alianza entre las disidencias del Frente 1 y el Frente 10, cuya articulación es producto de la estrategia de Gentil Duarte en el Oriente de Colombia.

A la cabeza de estas actividades ilícitas se encuentra Noé Suárez Rojas, también conocido como “Germán Briceño Suárez” o “Grannobles”, quien no integró la lista de excombatientes que las extintas FARC entregaron al Gobierno colombiano en el proceso de desmovilización en 2016. De acuerdo con información publicada por la Cancillería de Colombia, Grannobles estaría a cargo del manejo financiero y las reuniones comunales en esta zona de la frontera colombo-venezolana.

Detrás de la comandancia de Grannobles se encuentra Jorge Eliécer Jiménez, alias “Jerónimo” o “Arturo”, señalado de ser el enlace directo con la disidencia del Frente 1, bajo las órdenes de Iván Mordisco. Esta alianza se encarga de coordinar la salida de cocaína por medio de las rutas y pasadizos controlados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la frontera entre Venezuela y Arauca.

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Aunque hasta el momento en ninguno de los territorios anteriormente mencionados se ha logrado establecer la consolidación de acciones armadas conjuntas, las rentas del narcotráfico, el contrabando y la extorsión están divididas entre los ex-FARC mafia y el ELN.

Su cooperación sería producto de un pacto de no agresión, que tiene como antecedente una reunión entre altos mandos de ambas organizaciones, llevado a cabo en un sector conocido como Tres Esquinas, estado de Apure, finalizando el año 2018. La reunión y lo acordado en ella, sería crucial para entender no solo la relación entre el ELN y las ex–FARC mafia, sino la relación de estos grupos con el estado venezolano.

Si bien este acuerdo parece mantenerse bajo los términos de una fraternidad criminal, existe una alta probabilidad de que las relaciones entre ambos bandos se rompan tras el historial bélico en esa área. Su volatilidad es más notoria en la región fronteriza del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, donde hasta el momento no se han registrado combates, pero cualquier gesto de beligerancia o intromisión territorial, podría detonar una confrontación entre ambos.

Propagación territorial en Venezuela

Lo que empezó siendo una penetración fronteriza que solo involucraba territorios limítrofes de ambas naciones, terminó convirtiéndose en una propagación criminal en varias regiones de Venezuela. De acuerdo con el trabajo de campo realizado por InSight Crime en Venezuela, las estructuras de las ex-FARC mafia se han expandido a ocho estados.

Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Guárico, Barinas, Amazonas y Mérida, se han configurado como los territorios donde los grupos disidentes lograron establecer una fuente de recursos ilícitos provenientes de la minería ilegal, el narcotráfico, la extorsión y el contrabando. Asimismo, estas zonas han servido como campos de reclutamiento.

Ecuador

Uno de los grupos ex–FARC con mayor influencia a nivel transnacional en el sur de Colombia, es el Frente Oliver Sinisterra (FOS). Su alcance ha llegado a Ecuador, incluyendo las ciudades de Mataje y San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas. Allí se encuentran las redes de apoyo que las extintas FARC habían establecido y que ahora están al servicio de las ex–FARC mafia. Ahora le ofrecen la misma plataforma al FOS: labores de inteligencia, movimiento de drogas, precursores químicos, y armas, al igual que el establecimiento de puntos de acopio y refugio.

Fuentes consultadas por InSight Crime en Ecuador, confirmaron acuerdos entre autoridades de este país y el ahora muerto fundador del FOS, Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, alimentados por el tráfico de drogas y el comercio ilegal de armas. Diversos rumores sobre incumplimientos en estos pactos por parte de la Fuerza Pública ecuatoriana, llevaron al FOS a una escalada de violencia en la zona fronteriza.

Un ejemplo de esto fue el ataque con explosivos en febrero de 2018, en el principal cuartel de policía en San Lorenzo, que dejó un saldo de 28 heridos. Estos hostigamientos han venido acompañados por varios desplazamientos de comunidades locales e incidentes con minas antipersona.

El anterior escenario destrozó la relación entre los elementos disidentes y las autoridades ecuatorianas al otro lado de la frontera. Esto aseguró la búsqueda de Guacho en ambos lados de la línea divisoria, y lo convirtió en el enemigo número uno para los dos países. El panorama criminal se restableció con su muerte a manos de las fuerzas de seguridad colombianas en diciembre de 2018.

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El otro departamento limítrofe con Ecuador es Putumayo, antiguo bastión del Frente 48 de las desaparecidas FARC y el tercer mayor productor de coca actualmente. Posterior al proceso de desmovilización de esta guerrilla en el 2016, los primeros elementos disidentes del Frente 48,  formaron una alianza con La Constru, una banda criminal temida en la región. Dicha alianza, conocida como “La Mafia”, es la encargada de coordinar el narcotráfico en la frontera.

Los disidentes del Frente 48 son los encargados de la protección y el control territorial en las zonas de producción de coca y de los cristalizaderos ubicados en las riberas de los ríos Putumayo y San Miguel. Mientras tanto, La Constru se encarga del enlace con los carteles mexicanos y la logística de las rutas para el envío de droga.

Sin embargo, no son los únicos disidentes en la zona. Desde finales de 2018, hombres del Frente 1 empezaron a hacer presencia en el municipio de Puerto Leguízamo para negociar con la disidencia del Frente 48. Sin embargo, no llegaron a ningún acuerdo y actualmente se disputan el control de los pasos fronterizos.

En medio de la crisis social y política que atraviesa Ecuador en la actualidad, las miradas del Gobierno se encuentran alejadas la frontera colombiana. En esa medida, el margen de maniobrabilidad de los grupos disidentes en esta región es mucho más amplia, lo que podría afianzar aún más su presencia en territorio ecuatoriano.

Frontera con Brasil

En un territorio dominado por la selva amazónica y rutas fluviales, Jhon 40 coordina las operaciones de narcotráfico. Allí se ha configurado uno de los corredores de droga más importantes de toda la región, el cual es testigo del paso de toneladas de cocaína que abastecen el mercado interno de Brasil y los puertos que conectan con Europa y África.

Hacia el sur, en el departamento de Vaupés, los hombres del Frente 1 e Iván Mordisco llegaron desde Guaviare a través de la conexión entre el Río Guayabero y el Río Apaporis. En este territorio, las ex-FARC mafia controlan la región de Taraira, limítrofe con Brasil, donde regulan la explotación de minerales y dominan un corredor de narcotráfico que conecta con el vecino país. El interés de Mordisco en este territorio es asegurar el corredor que viene desde Miraflores, Guaviare, y conecta a Vaupés con el vecino país.

Información obtenida por InSight Crime en el departamento de Amazonas, confirmó el descenso de los grupos disidentes hasta el paso fronterizo de Tarapacá a finales del 2017 con la intención de asegurar rutas de narcotráfico. En este sector, hombres armados se encargan de supervisar el transito del río Putumayo, cuyo cauce transporta los cargamentos de cocaína y marihuana, provenientes de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca, que hacen conexión con Brasil.

Los negocios con los narcotraficantes de Brasil estaban bajo el control del antiguo zar de las drogas y miembro de las FARC, Tomás Molina Caracas, alias “Negro Acacio” (asesinado en 2007), y fueron heredados por Jhon 40. Tal vez el hecho más recordado de esta relación, fue la captura en 2001, del antiguo líder del Comando Rojo (Comando Vermelho), Luiz Fernando da Costa, más conocido como “Fernandinho”. El capo brasilero fue capturado en medio de las selvas del departamento del Guainía, como resultado de la “Operación Gato Negro”.

La operación desmanteló un acuerdo en el cual el jefe brasilero entregaba armas a las FARC a cambio de cargamentos de droga, suministrados por el Bloque Oriental.  Fueron cerca de 5.000 los soldados encargados de destruir e incautar centenares de laboratorios y toneladas de droga, acertando un fuerte golpe al músculo financiero de la desaparecida guerrilla.

En el listado de mafias brasileras asociadas con las ex-FARC mafia, se destacan principalmente tres:

  • La Familia del Norte (FDN), que mantiene negocios con la disidencia del Frente 1 de las FARC en el departamento del Amazonas, donde controlan la salida de droga hasta la ciudad de Manaos.
  • El Comando Rojo (Comando Vermelho)
  • El Primer Comando Capital (PCC), donde Jhon 40 y Gentil Duarte sirven como principales conexiones.

En su conjunto, la frontera colombo-brasilera es clave para al andamiaje internacional de los negocios de los ex-FARC. La configuración geográfica de este territorio ofrece una variada oferta de rutas aéreas, marítimas y terrestres, cuyo dominio es el acceso directo al segundo mercado interno más grande de cocaína en el mundo, después de Estados Unidos.

El caso de los Carteles Mexicanos

Cada vez existe más evidencia sobre la presencia de grupos criminales mexicanos en Colombia. Fuentes de la Fiscalía en Colombia han advertido sobre la presencia de emisarios en territorio nacional para comprar grandes cantidades de la cocaína más pura.

En ese sentido, el Cartel de Sinaloa y su rival más próximo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han tejido una serie de alianzas con los grupos disidentes que controlan el negocio del narcotráfico en regiones como el Pacífico, el Catatumbo y el sur del país, entre los casos más relevantes.

La alianza que más frutos ha generado es la existente entre el Frente 1 y el Cartel de Sinaloa para el envío de drogas que salen desde los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá, hacia corredores fronterizos con Venezuela.

En Norte de Santander, la disidencia del Frente 33 también tendría acuerdos con mafias mexicanas para el envío de drogas hacia Venezuela. Sin embargo, fuentes en la región explicaron al equipo de InSight Crime que John 40 llegó a este territorio con negociantes de origen brasilero y no fue del agrado de los mexicanos. Este acercamiento tensó las relaciones y ocasionaron la salida de John 40 de la región.

Un criminal transnacional

Los puntos de apoyo en Venezuela, Brasil y Ecuador son cruciales para ciertas facciones de las ex–FARC mafia, y asegurarles a los grupos disidentes mayores ganancias provenientes del tráfico de drogas, la venta y el cobro de impuestos de la cocaína y marihuana que sale más allá de las fronteras colombianas.

Sin embargo, la importancia de Venezuela es difícil de desestimar, especialmente para las facciones disidentes comandadas por Gentil Duarte y aquellos que están vinculados con Luciano Marín, alias “Iván Márquez”.

El jefe de finanzas de Duarte, Jhon 40, tiene como base el estado venezolano de Amazonas, donde se estima que está haciendo millones de dólares explotando la minería aurífera y el tráfico de drogas. Márquez también se cree que podría estar en Venezuela. Él tiene fuertes lazos con altos miembros del régimen chavista y podría liderar su grupo desde ese país, ciertamente con la tolerancia o, incluso, con el apoyo del régimen de Maduro.

Fuera del alcance de las fuerzas de seguridad de Colombia y con una alta probabilidad de reclutamiento de venezolanos para llenar sus filas, Venezuela ofrece la perfecta base de operaciones para las ex–FARC mafia, su crecimiento y posterior expansión.

Mientras el régimen chavista siga en el poder, derrotar a las ex–FARC mafia será apenas un remoto prospecto.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

Foto: AP

El portafolio criminal de las ex-FARC mafia

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Con niveles de producción históricos de cocaína, el auge de la minería ilegal, además de la generalización de la extorsión, las ex-FARC mafia tienen todos los recursos necesarios para reconstruirse como fuerza nacional.

Antes de su desmovilización, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) no solo mantenían el control sobre zonas estratégicas, como parte de su guerra contra el estado, también ejercían un férreo control sobre las actividades criminales en dichas zonas. Eso les permitió llegar a ser uno de los grupos guerrilleros mejor financiados de Latinoamérica.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en toda Colombia. Lea la serie completa aquí.

Las FARC tenían influencia en todos los eslabones de la cadena de producción de cocaína, incluida la protección de los cocaleros, la regulación del mercado de pasta base de coca y el cobro de un impuesto (gramaje) a los productores. Varias unidades guerrilleras, como los frentes 10, 16, 29, 30, 33, 48 y 57, estaban asentadas en zonas de narcotráfico vitales y en áreas fronterizas, lo que les reportó grandes ganancias derivadas de su participación en el tráfico transnacional de narcóticos.

Además de sus operaciones de narcotráfico, las FARC cobraban “impuestos de guerra”, también conocidos como “vacunas”, a los habitantes en las áreas bajo su control. Según cálculos de InSight Crime, al momento de su desmovilización, el grupo cobraba alrededor de US$75 millones anuales por concepto de esos impuestos. La renta anual de las FARC en esos días superaba los US$200 millones anuales.

En 2018, la producción de clorhidrato de cocaína se situaba alrededor de las 1.120 toneladas, según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD), mientras que cerca de un 80 por ciento del oro exportado por Colombia era extraído ilegalmente. Dado su conocimiento del narcotráfico y la minería ilegal, así como el actual panorama de seguridad en Colombia, las ex-FARC mafia ahora tienen acceso a amplias fuentes de financiamiento.

Narcotráfico

Cocaína

Por décadas, el tráfico de cocaína fue uno de los pilares más importantes de financiación para las FARC, y actualmente es la economía criminal más lucrativa para las ex-FARC mafia. Desde el cobro de impuestos a la producción y el transporte de cocaína, así como su trasiego a otros países, las FARC obtenían ingresos de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. Esas ganancias han sido tan importantes que las disidencias de todos los frentes de las FARC mencionados anteriormente han resurgido, con excepción del 57.

Los Llanos Orientales y la Amazonía colombiana son regiones importantes para el tráfico de drogas. El Frente Primero, disidente de las FARC, controla el cultivo, la producción y el transporte de cocaína en gran parte de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare, Meta y Vaupés. Los insurgentes también cobran un impuesto (“gramaje”) a terceros que quieran adquirir pasta base de coca o cocaína, según entrevistas a funcionarios locales. Los cargamentos de drogas se envían por rutas estratégicas hacia Venezuela y Brasil, para lo cual las ex-FARC mafia mantienen alianzas con grupos narcotraficantes en ambos países.

Las rutas de droga hacia Venezuela muchas veces pasan por el cruce fronterizo de San Fernando de Atabapo, o se dirigen a Arauca, tierra adentro, según un reportaje del International Crisis Group y entrevistas a representantes del gobierno local. Al cruzar la frontera, la mayoría de esos cargamentos prosiguen hacia CentroaméricaEn el sur de Colombia, se dirigen hacia Brasil por el departamento de Vaupés. Aquí, los disidentes del Frente Primero controlan los puntos de salida y muchos laboratorios, conocidos como “cristalizaderos”, donde también se transforma pasta base de coca en cocaína. Este grupo también supervisa la compra y venta de base de coca en los departamentos de Guaviare y Caquetá, así como su procesamiento en cocaína y su salida del país por vía fluvial. El Frente Primero ahora se asienta sobre corredores de droga claves, desde Miraflores, Guaviare, y conecta a Vaupés con Brasil.

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La investigación de campo en el municipio de Leticia, Amazonas, reveló que el cruce fronterizo de Tarapacá es un cuello de botella por donde salen de Colombia la mayoría de los cargamentos de cocaína y marihuana procedentes de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Cauca, al sur del país. En torno a la triple frontera, los cargamentos de drogas que vienen de Perú y Colombia se envían por lo general a la ciudad de Manaus en Brasil.

El departamento de Nariño sigue siendo el mayor cultivador de coca en Colombia pese a una reducción de las hectáreas informadas para 2018. De 41.903 hectáreas de cultivos de coca en Nariño, 16.046 se encuentran en el municipio costero de Tumaco, donde varios grupos de ex-FARC mafia se disputan el control del legado narcotraficante. El primero, el Frente Óliver Sinisterra, un grupo de disidentes de las FARC que abandonaron el proceso de paz en 2017, combaten a las Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Los Contadores, grupo criminal dirigido por alias ‘Contador’, quien alguna vez fuera operador financiero de la columna Daniel Aldana y del Frente 29 de las FARC.

Estos tres grupos, junto con el Frente Estiven González, facción disidente del Frente 29 de las FARC, están asentados en los municipios a lo largo de la costa Pacífica del departamento de Nariño. Desde este punto, ejercen control sobre los sembradíos de coca y el procesamiento de cocaína, además del trasiego de la droga a Ecuador, Centroamérica y Estados Unidos.

En las zonas rurales de Nariño, hay laboratorios de cocaína convenientemente ubicados cerca de los puntos de salida, del océano Pacífico y Ecuador. Dado que gran parte de la cocaína se transporta por vía fluvial, los laboratorios se ubican a lo largo de las orillas de los ríos más importantes de Nariño. Alrededor de 2,4 toneladas de cocaína pasan cada mes por los ríos del departamento, según una autoridad local de Tumaco.

Aunque se encuentra ubicado justo al este de Nariño, el departamento de Putumayo alberga una variedad de actores criminales. Disidentes del Frente 48 supervisan las zonas cocaleras a lo largo de la frontera con Ecuador, y los laboratorios a lo largo de los ríos Putumayo y San Miguel, según declararon milicianos de las FARC entrevistados por InSight Crime.

Como relató la misma fuente, el Frente 48 de las ex-FARC mafia llegó a un acuerdo con un grupo criminal conocido como La Constru para dividirse el narcotráfico en Putumayo. Mientras que los disidentes de las FARC prestan seguridad para los cultivos de coca y los laboratorios de procesamiento de cocaína, La Constru se encarga de los contactos internacionales, entre ellos varios carteles mexicanos, además del manejo de la logística para las rutas de droga hacia Europa y Centroamérica.

En el norte del Cauca, el control de los ríos Naya y Micay es crucial para el trasiego de los cargamentos de droga hacia el océano Pacífico. En esta región, el río Naya conduce al puerto de Buenaventura, el mayor sobre el Pacífico y uno de los puertos de salida de más tráfico de drogas en Colombia.

Según las autoridades de la zona, estos grupos “mueven todo por el río, aguas abajo del río Naya”. Los grupos armados tienen 200 mulas que transportan la droga en caravanas. Mueven la pasta base de coca con estas mulas hasta que llega a los laboratorios de procesamiento. Luego, la cocaína cristalizada viaja por río, por lo general hasta Buenaventura, desde donde pueden enviar lanchas rápidas hasta Centroamérica o en contenedores en el puerto.

En la actualidad, un grupo disidente aliado al Frente Primero, denominado Columna Jaime Martínez controla el narcotráfico en una región del Naya. Cauca tiene la tercera superficie más extensa de sembrados de coca en Colombia y, al igual que Nariño, es escenario de constantes salidas de submarinos cargados de droga y lanchas rápidas que salen de su costa Pacífica, principalmente con destino hacia Centroamérica. Varias de estas naves han sido confiscadas a grupos de ex-FARC mafia.

Al otro lado del país, en el departamento de Norte de Santander, el antiguo Frente 33 de las FARC también participa en el narcotráfico junto con otros grupos criminales. Con base en municipios como Tibú, El Tarra, Sardinata y Convención, estos elementos ex-FARC mafia tienen acuerdos con el ELN acerca de cómo dividirse las rutas de droga. También transportan cocaína a los estados venezolanos del Táchira y de Zulia, donde se cree que tienen relación con los carteles mexicanos que compran cargamentos.

Marihuana

La marihuana, especialmente de la variedad conocida como “cripy”, se ha convertido en una fuente importante de ingresos para el crimen organizado en Colombia. Ahora abastece el mercado interno y se exporta a otros países, como Brasil, Chile, Venezuela y al Caribe, y, según halló la investigación de campo de InSight Crime, a Trinidad y Tobago.

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Muy rentable, la marihuana es ahora uno de los financiadores de varios grupos ex-FARC. Los precios de exportación pueden ser tres veces más altos que en Colombia. En Cauca, por ejemplo, un kilogramo de marihuana cripy cuesta alrededor de US$25, pero alcanza un precio cercano a los US$75 en cuanto cruza la frontera a Brasil, como lo señaló el personero de Leticia en entrevista con InSight Crime.

El cultivo de marihuana a mayor escala se da en el “Triángulo Dorado”, en el departamento de Cauca, formado por los municipios de Miranda, Caloto y Corinto. Hasta 60 por ciento de la marihuana ilegal procedente de Colombia tiene su origen en el Triángulo Dorado. Según fuentes del gobierno local, solo Corinto tiene una cosecha anual de 750 toneladas de marihuana cripy, por valor de unos US$50 millones en el exterior.

En estos municipios, el Frente 6 de las ex-FARC mafia, también conocida como la columna Dagoberto Ramos, que se enfrentó con los disidentes del Ejército Popular de Liberación (EPL) a comienzos de este año por el control de la zona, mantiene estrecha vigilancia sobre los invernaderos de marihuana para impedir que las autoridades les corten el suministro de energía.

Gran parte de esa marihuana se envía a Brasil en colaboración con la pandilla brasileña Familia del Norte (Familia do Norte). Fuentes de las fuerzas de seguridad le confirmaron a InSight Crime que “los ríos son autopistas que usan no solo para transportar el clorhidrato de cocaína o pasta base de cocaína, sino también para transportar alijos de marihuana”.

Desde Cauca se envían toneladas de marihuana hacia la ciudad de Manaus en Brasil a lo largo del río Caquetá al norte de Amazonas. Otra ruta de salida cada vez más popular para la marihuana pasa por el departamento de Vichada. Esta se envía a Puerto Gaitán, Meta, antes de cargarse en barcos y bajarse por el río Meta hasta Vichada. Al llegar a Puerto Carreño, la marihuana sale por el río Orinoco por Venezuela, donde hay menos controles.

Minería ilegal

Con la continua alza del precio global del oro desde 2010, la minería ilegal de oro ha crecido en forma paralela. Las FARC edificaron esta economía criminal alrededor de un sistema de extorsión o “impuestos” a la extracción. Cobraban alrededor de US$7.000 por cada draga o equipo de maquinaria pesada que ingresara a su territorio, y cobraban a los dueños de máquinas un impuesto sobre la cantidad de oro extraído, que por lo general oscilaba entre US$1.000 y 4.000 mensuales.

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La relativa facilidad con la que puede legalizarse el oro lo convierte en una economía criminal privilegiada para los grupos armados en Colombia. La minería ilegal de este metal precioso está presente en varias zonas del país, especialmente a lo largo de los ríos en zonas rurales, donde hay poca presencia y aún menos control de las autoridades. Las ex-FARC mafia han mantenido el sistema de tributos implementado por el ejército insurgente con la extorsión a mineros e incluso con la posesión de las dragas y excavadoras mecánicas para extraer el oro.

Ejemplo de esto es la disidencia del Frente 36 en Antioquia. Su lucha por el control de la minería de oro en Antioquia y en la población de Yarumal, por la que pasa buena parte del mineral, dio lugar al asesinato de tres geólogos de la multinacional canadiense Continental Gold en 2018. El delito presuntamente fue perpetrado por el Frente 36 y aliados del ELN, que también tienen intereses criminales en la zona.

En el Pacífico colombiano, la minería ilegal genera ganancias importantes en las zonas de Timbiquí, Guapi y López de Micay, en el departamento de Cauca, y de Tumaco, en el departamento de Nariño, aunque con un alto costo ambiental.

Tumaco, uno de los municipios más violentos de Colombia, además de uno de los que más altos volúmenes de cultivos de coca tiene en el país, también reporta ingresos de la minería ilegal. Según la Defensoría del Pueblo, en Tumaco se extrajeron alrededor de 587 kilogramos de oro en 2017, los cuales generaron US$1,8 millones en extorsión para los grupos ilegales, incluyendo el Frente Óliver Sinisterra y las Guerrillas Unidas del Pacífico.

Más al norte en Cauca, grupos disidentes también ejercen control sobre la minería ilegal. Al mando de Léider Johany Moscué, alias ‘Mayimbú’, la columna Jaime Martínez controla una mina de oro en el municipio de López de Micay, de la cual reciben hasta 1.500 millones de pesos colombianos (cerca de US$440.000) anuales, según las autoridades.

En Timbiquí, el frente disidente Estiven González regula los horarios de trabajo de mineros ilegales y barequeros en la zona, según declaró un funcionario a InSight Crime. Extorsionan a comunidades enteras, “permitiéndoles” continuar con la extracción de oro con la excusa de brindar protección frente a otros grupos criminales y las autoridades. Esta extorsión se ha vuelto tan grave que a los “dueños de tierras no les queda nada, porque el mayor porcentaje (de la renta) va a la guerrilla y al dueño de la maquinaria”.

La mafia ex-FARC también participa en la minería ilegal de oro en los Llanos Orientales y el Amazonas colombiano. Alrededor del parque nacional natural Yaigojé Apaporis, estos grupos disidentes mantienen control de la región de Taraira, en límites con Brasil, donde regulan la explotación de minerales. Dicha actividad también se observa a lo largo del río Caquetá, donde combatientes del Frente Primero ofrecen protección a los mineros y operadores de maquinaria a cambio de dinero o parte de los minerales extraídos, como relataron varios funcionarios y policías entrevistados en Leticia.

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El departamento de Guainía ha sido uno de los más afectados por la minería ilegal. Según varias denuncias, miembros del Frente Primero están implicados directamente en la minería ilegal entre Colombia y Venezuela. Líderes como Géner García Molina, alias “Jhon 40”, y alias “Julián Chollo” controlan minas, dragas y suministros esenciales para la extracción de oro en la zona rural de Guainía, especialmente alrededor de Puerto Inírida en la frontera con Venezuela.

El río Guainía también se encuentra en una zona de especial interés para el Frente Acacio Medina, el cual se estima que devenga unos 180 millones de pesos (alrededor de US$53.000) mensuales en ganancias de la minería ilegal. En Meta, este mismo grupo controla las dragas usadas en la minería ilegal en zonas como Mapiripán.

Al otro lado de la frontera, en Venezuela, las disidencias del Frente Primero, entre ellas el Frente Acacio Medina, reciben gran parte de sus ingresos de la minería ilegal. El estado de Amazonas es quizás el más afectado por esta economía criminal Según un reciente informe del International Crisis Group, el Frente Acacio Medina controla las minas ilegales de Yapacana en ese estado. También se han conocido denuncias de que este grupo obliga a niños y jóvenes a trabajar en las minas mediante intimidación y amenazas a sus familias.

Liderada por Jhon 40, esta división de las ex-FARC mafia controla entre 30 y 40 dragas en el río Negro de Guainía, y cobran un impuesto mensual de 10 gramos de oro por cada draga. Ese oro es enviado posteriormente a Colombia a lo largo de los ríos Guaviare, Guainía y Inírida.

Extorsión

Antes de su desmovilización, las FARC mantenían extensas redes de extorsión en los territorios bajo su control. Conocidos como “vacunas” o “impuestos de guerra”, estos pagos proveían un flujo de caja constante para la guerrilla. Muchos de los grupos ex-FARC que han surgido en los últimos tres años han mantenido dicha práctica, y muchas veces han subido la cuota respecto a sus predecesores. Como lo declaró un funcionario público en entrevista con InSight Crime en Guaviare, “la extorsión ha empeorado. Ahora los disidentes extorsionan a quienes no extorsionaban antes, pero ahora la gente también denuncia un poco más”.

Se sabe que las disidencias del Décimo Frente, así como el ELN, cobran el “impuesto de guerra” al otro lado de la frontera, en el estado venezolano de Apure. Además, cobran un “peaje” a los productos que se transportan por vía fluvial y cuatro por ciento del valor de los contratos de obras públicas para permitir trabajar en las zonas que controlan. Esta última modalidad se repite también en el municipio de Miraflores, en Guaviare, donde los disidentes cobran el mismo porcentaje por cualquier contrato que se ejecute, como declaró el secretario de gobierno municipal en entrevista con InSight Crime.

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A los campesinos en los departamentos de Arauca, Guaviare y Meta les cobran entre 10.000 y 30.000 pesos colombianos (US$3 a 9) por cabeza de ganado al año. El transporte de productos y pasajeros por los ríos controlados por las ex-FARC mafia también está sujeto a extorsión. Un funcionario de gobierno de Miraflores en Guaviare declaró a InSight Crime que “todo barco que pase el río debe pagar”. Otra fuente en el campo dijo que los disidentes cobran 200.000 pesos colombianos (US$60) por cada tonelada de mercancía que se mueva por el río.

Con cerca de 3.000 toneladas de mercancías que se transportaron por el río mensualmente en 2017, puede inferirse que tienen un ingreso anual estimado de 600 millones de pesos colombianos (cerca de US$175.000). Hacia el centro del país, en Tolima, la columna Dagoberto Ramos también ha exigido pagos de 400.000 pesos colombianos (US$120) a los conductores de transporte público que se desplazan por la zona.

De igual forma, los comerciantes son víctimas de esta economía criminal. Estos son convocados en pequeños grupos a zonas rurales de los municipios para que hagan pagos a los grupos de ex-FARC mafia, quienes intimidan a la población para que no denuncien esto a las autoridades, como trascendió en una reunión de una organización comunitaria local.

Otra forma de extorsión usada por las ex-FARC mafia en Cauca, es mediante secuestro. Las autoridades han capturado a varios miembros de la columna Dagoberto Ramos especializados en esta economía criminal, y que fueron responsables del acopio de inteligencia y del secuestro de víctimas, además de la extorsión a familiares en todo el departamento de Cauca.

De todo esto pueden extraerse varias conclusiones. La primera es que la mayoría de las unidades de las unidades de ex-FARC mafia están obteniendo ganancias importantes, muy por encima de lo que necesitan para sostener sus actuales números de efectivos. La segunda es que no tienen reparos en enfrentarse por el control de las economías criminales. En tercer lugar, la evidencia indica que la mayoría de ellos ahora actúan solo por el dinero, y hay poca evidencia de que se esté haciendo trabajo político en sus zonas de influencia. Pueden profesar una ideología, pero cada vez actúan más como agrupaciones puramente criminales.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

Foto: AP

El punto de quiebre: Iván Márquez deserta del proceso de paz

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El panorama criminal de Colombia sufrió un remezón en agosto de 2019, cuando las alertas más pesimistas se confirmaron tras el anuncio del regreso de Iván Márquez a la lucha armada, junto a varios de los más prominentes comandantes de las desmovilizadas FARC.

Ese regreso a las armas, según sus propias palabras, se dio por “la traición del Estado a los acuerdos de Paz”.

Márquez fue el segundo al mando de toda la estructura guerrillera. Luego de la muerte de Guillermo León Sáenz Vargas, alias “Alfonso Cano”, en 2011, muchos guerrilleros pensaron que él sería su sucesor al mando de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en lugar de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko.”

Márquez integró el Secretariado, máximo órgano de decisión de las FARC, e hizo parte tanto de la etapa exploratoria del Proceso de Paz en 2012, como de las negociaciones públicas en Cuba, y del acuerdo firmado en 2016, como integrante de una de las comisiones de verificación para su implementación.

Después de unirse a las FARC en 1985, Márquez subió de posición rápidamente y ganó experiencia como combatiente en la subregión del Urabá. Además, fue electo como congresista por el partido alterno de la Unión Patriótica (UP). Su experiencia política y militar, sumada a su rol de liderazgo en las FARC, le da autoridad para asumir protagonismos en las ex-FARC mafia, eso asumiendo que los otros elementos dispares puedan aceptar a uno de los miembros “rendidos” al proceso de paz.

Márquez no estuvo solo en su anuncio de deserción. Junto a él, armados y vestidos de camuflado, aparecen varios de los líderes guerrilleros más temidos de las FARC.

Tal vez el más importante de estos desertores, luego de Iván Márquez, es Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”.

El Paisa es conocido por haber comandado la columna móvil Teófilo Forero, una de las “fuerzas elites” de las FARC.

Asentado en los departamentos de Huila y Caquetá, la primera tarea de este grupo era proteger al Secretariado, además de velar por la “zona de despeje”, el territorio negociado por la guerrilla para sostener conversaciones de paz con el presidente Andrés Pastrana, entre 1999 y 2002.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

El Paisa fue responsable de icónicos operativos de las FARC, como la toma del edificio Miraflores en 2001 en Neiva, el secuestro del vuelo comercial que acabó las conversaciones de paz con el Gobierno Nacional en 2002, y el ataque con un “carrobomba” al club El Nogal en Bogotá en 2003.

Todos generaron un gran impacto, no solo por los efectos sobre la población civil, sino porque demostraron el alto nivel de organización y la capacidad de ataque del grupo.

Su regreso a las armas, sumado a la experiencia criminal y su capacidad de ejecutar operaciones, le dan un lugar privilegiado en este nuevo grupo de disidentes, por su alta credibilidad militar entre excombatientes FARC y nuevos reclutas.

Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, también se ve en la foto formado al lado del resto de excombatientes. Castellanos se hizo una reputación por popularizar los secuestros aleatorios conocidos como “pescas milagrosas”.

Su modus operandi incluía el bloqueo de carreteras y la exigencia de altos pagos por el rescate de los secuestrados. El modelo fue tan exitoso, que las “pescas” se convirtieron en una táctica predilecta de financiamiento de la guerrilla.

El indiscutido liderazgo de Romaña le valió ser enviado a Nariño en 2017 para controlar el caos creado en Tumaco como consecuencia del proceso de concentración de la guerrilla. Sin embargo, su figura no fue suficiente; superado por la vorágine de violencia, tuvo que dejar la zona por amenazas en noviembre de ese año.

A pesar de perfilarse como uno de los líderes del ala armada y denotar una posición guerrerista, en septiembre de 2016, cuando fue entrevistado por InSight Crime en la Décima Conferencia de las FARC, Romaña se mostró como un comandante mesurado, concienzudo y de hablar tranquilo.

En el actual escenario, Romaña puede tener poder de convocatoria entre los excombatientes en Meta y Nariño, además de conocimiento táctico en zonas claves de los Llanos Orientales.

En el video también se observa a otro veterano comandante del ala radical, José Vicente Lesmes, conocido como “Walter Mendoza”, un guerrillero con 37 años de experiencia en las FARC.

Walter fue un visionario táctico dentro de las FARC: ayudó a fundar el Bloque Móvil Arturo Ruiz de la guerrilla y participó en la creación de las tropas de ataque conocidas como columnas móviles.

Antes de su desmovilización, lideró la Columna Móvil Libardo García en Buenaventura, como parte de su larga trayectoria en el Bloque Occidental (Comando Conjunto del Occidente) en los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Su recorrido histórico dentro del grupo llevó a su designación, en 2016, como pedagogo del proceso de paz. Esta posición le permitió explicarle al grueso de las FARC la importancia que representaba el proceso para ellos como colectividad.

InSight Crime fue testigo de la facilidad de Mendoza para explicar diversos temas de la guerrilla , en una entrevista en 2017. En ese momento, el veterano comandante hablaba de temas como la actividad política de las FARC y su campaña electoral, y la posición de rechazo de Gentil Duarte frente al proceso de la colectividad. Durante la entrevista, Walter reafirmó, en tono tranquilo, que era un “fiel seguidor de la estructura guerrillera” y que no dejaría el proceso.

Sin embargo, su perfil conciliador distaba de una lealtad real a las conversaciones. En 2014, mientras el proceso iba rumbo a La Habana, se conoció un video en el que Mendoza declaraba a decenas de presuntos guerrilleros, en tono beligerante, que “las FARC nunca iban a entregar las armas”.

Su historial en la costa Pacífica y su papel como pedagogo durante el proceso de paz le dan a Mendoza una posición indiscutible dentro de las ex-FARC mafia. Su credibilidad como líder guerrillero y buen orador le dan la posibilidad de influir sobre otros excombatientes. Además, su amplia experiencia en el funcionamiento de estructuras guerrilleras, y su capacidad para crear nuevas tácticas de guerra lo convierten en un elemento clave dentro de las ex-FARC mafia.

José Manuel Sierra, alias el Zarco Aldinever, comandó varios frentes de la guerrilla en el departamento del Meta y tiene conocimiento de Cundinamarca.

Aldinever militó en los frentes 51, 52 y 26, en Meta, Cundinamarca y Boyacá, y fue uno de los máximos comandantes del Bloque Oriental. Dentro de esa estructura, su labor fue asegurar el financiamiento a través del narcotráfico, el cobro de impuestos a la producción de coca, cocaína y las rutas de tráfico que controlaba en su zona, y llegó a formar parte del Estado Mayor Central de las FARC como representante del mismo Bloque.

La financiación de la guerrilla en los Llanos Orientales, orientada por Aldinever, podría ser un plus dentro del grupo ex-FARC mafia, aunque las zonas donde tuvo influencia hoy están bajo el control de Gentil Duarte y su grupo de disidentes.

También presente en la declaratoria disidente está Olivio Merchán Gómez, alias “Loco Iván”, quien integró las FARC por más de 30 años y se muestra arraigado al “ala militar”.

Merchán participó en varias tomas guerrilleras al principio de los noventa y comandó varios frentes del Bloque Oriental en Meta y Arauca.

Y aunque él mismo fue el responsable de la logística en la Décima Conferencia, el último gran encuentro de la guerrilla en la ilegalidad, su temor ante el desarme de las FARC era evidente. Merchán llegó a señalar la posibilidad de que “el Estado no cumpla, que pase lo que ha pasado en los procesos anteriores” y que empezaran “a matarlos”.

El Loco Iván trae al nuevo grupo ex-FARC capacidad para delinquir en departamentos como Meta y Arauca y liderazgo ante los excombatientes del Bloque Oriental.

Otro de los jóvenes líderes que se unió a la disidencia es Nelson Enrique Días, alias “Iván Alí”.

Alí fue comandante en Guaviare, donde utilizó su conocimiento para controlar sectores claves del narcotráfico. Su dominio en comunicaciones y relaciones públicas lo pusieron al frente de la prensa internacional en la Décima Conferencia de la guerrilla, donde InSight Crime sostuvo una serie de entrevistas con él.

Ya en 2017, concentrado en Guaviare junto a más de 500 integrantes del grupo, Iván Alí se encargó de liderar a los desmovilizados y velar por los intereses de las FARC en esa zona de concentración. Allí se entrevistó una vez más con InSight Crime para explicar los múltiples problemas que enfrentaba la implementación del proceso de paz en San José de Guaviare.

“Si nos toca volver al monte, volvemos”, advertía Alí, además de señalar que veía “el proceso de paz con el ojo cerrado del optimismo, pero con el ojo abierto de la desconfianza”, e incluso reconoció que los ex-FARC de Duarte habían tenido acercamientos con ellos en la zona.

Sin duda, Alí es una figura fuerte para los nuevos disidentes. Su carisma, juventud, ideología y pensamiento contemporáneo le confieren gran liderazgo, especialmente entre los exguerrilleros que continúan con su proceso de reincorporación en Guaviare, pero también frente a nuevos reclutas.

Sumado a los disidentes de Márquez se observa a uno de los “aristócratas” de las FARC. Alberto Cruz Lobo, alias “Enrique Marulanda”, hijo del fundador de las FARC, Pedro Marín, alias “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”.

Enrique operó dentro del Bloque Oriental y trabajó con el Zarco Aldinever y con Romaña. Tiene formación militar y fue el guardaespaldas del reconocido jefe Mono Jojoy hasta su muerte en 2010.

Durante el proceso de paz lideró una de las zonas de concentración en Meta, donde InSight Crime pudo entrevistarlo. Con un porte de quien se sabe al mando, mirada confiada y conocimiento sólido de la política guerrillera, explicó los múltiples problemas encontrados en el proceso y el alto riesgo de fracaso.

Junto a Marulanda, en el video aparece Julio Enrique Rincón Rico, alias “Nelson Robles”, antiguo comandante de los frentes 52 y 55 del Bloque Oriental.

Robles es un veterano exguerrillero que luchó en el Meta y Cundinamarca con el legendario comandante de las FARC, Carlos Antonio Velásquez, alias “Marco Aurelio Buendía”, en el Frente 52. Robles podría permear zonas estratégicas como Vistahermosa y Uribe, en el departamento de Meta, municipios claves para la siembra de coca y el narcotráfico.

Francisco Antonio Durango Úsuga, alias “Ariel Rodríguez”, fue comandante del histórico Frente 5 en Urabá, Antioquia y del Frente 18 en el Nudo del Paramillo, del mismo departamento.

Durante una entrevista en 2016, cuando era comandante del Frente 5, explicaba que “si el gobierno no garantizaba combatir al paramilitarismo (en referencia a Los Urabeños, quienes tenían fuerte presencia en la zona)”, la implementación del proceso de paz iba a ser difícil.

Ariel tiene un extenso conocimiento del Nudo de Paramillo, una de las zonas más estratégicas de los insurgentes al norte de Colombia. Entre su experiencia no solo se encuentran los combates contra las fuerzas de seguridad del Estado, sino también contra las autodefensas, que hoy actúan bajo el nombre de Los Urabeños.

De hecho, parece que esto ya ha dado resultado debido a la adhesión del autodenominado Frente 18, “Román Ruiz”, quienes reconocieron al grupo de Márquez como “el nuevo secretariado de las FARC-EP”.

Entre el grupo de rebeldes también figura Enrique Muñoz, alias “Villa”, antiguo miembro del Frente 33 y exlíder de la Columna Móvil Antonio Santos.

Desde 2018 circulaban rumores en Norte de Santander de grupos ex-FARC liderados por Villa, y, aunque él los desestimó asegurando que estaba “sacando adelante el proceso de paz en lo colectivo y en lo personal”, estos quedaron confirmados con su aparición junto a Márquez.

De hecho, al parecer Villa estaría liderando un grupo conformado por miembros del Frente 33 en Catatumbo, el cual, de acuerdo con fuentes de campo, sería pequeño y tendría alrededor de 20 integrantes.

Finalmente, a la izquierda de Márquez, en un lugar de privilegio y con un fusil entre las manos (a pesar de ser ciego), aparece Seuxis Pausías Hernández, alias “Jesús Santrich”.

La importancia de Santrich para las FARC y ahora paras las ex-FARC mafia es la de un ideólogo y un facilitador con elementos del régimen chavista en Venezuela.

El exguerrillero cobró predominancia inicialmente como parte del equipo negociador de las FARC en La Habana, lo que le mereció una de las 10 sillas en el Congreso reservadas para el ahora partido de la FARC. Sin embargo, nunca tomó posesión de su curul debido a su arresto en 2018 por cargos de tráfico de drogas. Su reclusión y posible extradición fue uno de los detonantes del escape de Márquez y El Paisa del proceso de paz.

Así, es claro que el grupo de Márquez se fortalece al integrar múltiples líderes de los Bloques Caribe, Occidental, Oriental, Sur, varias Columnas Móviles y hasta el Comando Conjunto Central y el Secretariado. Esto le permitiría a las ex-FARC mafia refundar una amplia red nacional.

En el manifiesto de su regreso a las armas los ex-FARC anuncian el nacimiento de “la nueva Marquetalia” y se trazan como objetivo quitarle el poder del Estado, a cuyos representantes califican como “forajidos y la mafia de la corrupción e impunidad”. Márquez continúa explicando su lucha insurgente al describir el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, creado en 2000, como su principal extensión política. Además, el grupo ex-FARC pretende revivir herramientas como la Coordinadora Continental Bolivariana, un programa creado desde 2005 para organizar la actividad política clandestina en Colombia, Venezuela y Ecuador, con el objetivo de fortalecer al Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia.

InSight Crime presenció el nacimiento de la Coordinadora en la zona de “despeje” en el año 2000. Las FARC presentaron uno de los más grandes ejercicios militares que la guerrilla haya podido tener en su historia. Por ello, parece que Márquez y su grupo buscan recordar esos días de gloria y aumentar sus credenciales insurgentes al revivir estas herramientas del pasado.

¿Puede Márquez unificar los elementos ex-FARC mafia en Colombia?

El vídeo de Márquez y compañía estaba cargado de simbolismo. Con su grupo, conformado por líderes guerrilleros históricos y la bandera política de las FARC ondeando a sus espaldas, los ex-FARC de Márquez buscan reunir a los elementos dispares de las disidencias bajo su histórica marca y su liderazgo. Y si alguien puede hacerlo, es precisamente Márquez.

Sin embargo, la actualidad de la ex-FARC mafia en general parece estar unida solo por su historia. Mientras Márquez apela a su lucha ideológica, muchos otros elementos disidentes parecen estar más interesados en el dinero y el control de las economías criminales que ha mantenido por cinco décadas al ejército insurgente.

Y aunque la reputación de Márquez no se pone en duda, su llegada a las disidencias es tardía. Él fue uno de los principales arquitectos del proceso de paz y debe cargar en sus hombros la culpa de la desmovilización y la posterior “traición” del gobierno.

Gentil Duarte, Iván Mordisco y Jhon 40 ya establecieron la base disidente inicial y han construido un sindicato criminal alrededor de ocho departamentos. Duarte y su grupo ya han buscado reconectarse con otros elementos ex-FARC mafia a través del país, contactando antiguos combatientes rebeldes en lugares estratégicos como Caquetá, Nariño y Cauca. Esto les ha permitido expandirse rápidamente por fuera de sus bastiones en los departamentos de Meta y Guaviare.

En Cauca, Duarte, Mordisco y Jhon 40 han creado alianzas con la columna Dagoberto Ramos, liderada por Israel Méndez Quitumbo, alias “El Indio”. Conformado por exintegrantes del Frente 6, y las columnas Miller Perdomo y Jacobo Arenas, el grupo llegó a un acuerdo con los enviados de Duarte en Caloto y Corinto, municipalidades estratégicas para el tráfico de droga y la minería ilegal.

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Su crecimiento parece basarse en la estructura: se aleja de la verticalidad y se asemeja a una red horizontal, en la cual cada grupo divide rentas criminales, territorios y pactan acuerdos para trabajar juntos, sin que esto implique necesariamente una subordinación entre ellos.

De hecho, Márquez parece bastante consciente de la ventaja que le llevan Duarte y su grupo, e intentó llegar a un acuerdo con ellos, según información de inteligencia militar. Sin embargo, la respuesta parece haber sido negativa, pues les criticaron a Márquez y a sus aliados el intentar actuar como líderes del movimiento disidente.

Lo anterior habría llevado a que Márquez buscara apoyo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a pesar de que en el pasado esa guerrilla y las FARC tuvieron múltiples conflictos.

En teoría, parece que Márquez está lidiando con mandos medios que son renuentes a subordinarse. Un ejemplo de esto fue Pedro Goyes Cortés, conocido como “Sinaloa”, un desaparecido mando medio del Frente 48, quien, una vez se desarmó la guerrilla en Putumayo en 2017, “tomó de inmediato la zona” y se fortaleció con el control del narcotráfico, de acuerdo a fuentes cercanas a InSight Crime.

Fue tal su crecimiento que enviados de Duarte intentaron aliarse con ellos en 2018. Sin embargo, fueron rechazados ya que Sinaloa y su grupo “no querían trabajar bajo su protección”. Como consecuencia, comenzó una guerra entre elementos disidentes por controlar la zona, conflicto que sigue hasta la fecha.

Al final, parece que la potencia militar y el control sobre las economías criminales es lo que asegurará el liderazgo sobre los elementos ex-FARC. Y no es claro si Márquez lo tiene.

Tener experimentados comandantes, liderazgo y credibilidad política parece significar poco en el panorama criminal actual. Sin una verdadera tropa, armas y financiación, Márquez tiene poco para ofrecer a los elementos dispersos de las ex-FARC mafia y pocas chances de reconstruir cualquier tipo de red a través del territorio nacional.

Los días de mandato del secretariado, donde las órdenes eran obedecidas sin cuestionar, por distintos rangos, parecen haberse ido hace mucho tiempo. Los ex-FARC pelearán hasta incluso construir una organización tan horizontal como el ELN, donde cada unidad tiene un alto grado de autonomía, pero una alta adhesión ideológica y de lealtad con el Comando Central (COCE). En efecto, las ex-FARC mafia pueden aspirar en este punto a una federación de grupos con una antigua historia compartida. Sin embargo, lo único que parece tener esa federación en común son los intereses criminales, no su ideología ni su historia.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

El origen de las ex-FARC mafia

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Aun antes de la firma del Acuerdo de Paz, era claro que no todos los exguerrilleros se acogerían o entrarían al proceso.

A mediados del 2016, justo cuando la firma de la paz empezaba a concretarse, llegó una carta a las manos del Secretariado de las FARC, cuyas legiones ya se preparaban para dejar las armas. La misiva expresaba el descontento frente al proceso de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias “Iván Mordisco”, un guerrillero con más de 20 años de experiencia en las extintas FARC y quien tenía a su cargo al Frente Primero.

Mordisco fue el primer miembro del antiguo grupo que se declaró disidente. Un hombre que empezó como guerrillero raso, pero que se hizo un nombre como explosivista y francotirador, así como por el buen manejo financiero, especialmente del narcotráfico, como lo señaló la secretaría de gobierno de Miraflores en entrevista con InSight Crime.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

El ascenso de Mordisco se produjo después de la mayor humillación de las FARC, en 2008, en el marco de la Operación Jaque. La guerrilla fue engañada para entregar sus rehenes a una falsa comisión humanitaria repleta de miembros del Ejército. Con los rehenes, el comandante del Frente Primero, Gerardo Aguilar, alias “César”, se entregó y enseguida fue extraditado a Estados Unidos. Mordisco fue el sucesor de un desafortunado César y heredó el Frente Primero, junto con fuertes sospechas hacia cualquier persona, incluidos los altos mandos de las FARC.

“El tema de la paz fue votado por el Frente”, relató un militante de las FARC a InSight Crime en septiembre de 2016. “Solo un puñado de nosotros votó por permanecer en el proceso de paz y nos vimos obligados a caminar durante días por Guaviare hasta que encontramos otra unidad.”

La pérdida del histórico frente fue un duro golpe para el liderazgo de las FARC, mientras intentaba promover los acuerdos de paz de La Habana.

El Secretariado de las FARC señaló que toda la tropa debía someterse a la decisión mayoritaria, ya que “si los mandos y combatientes involucrados tienen el deseo de lanzarse a una aventura incierta, les corresponde hacerlo tomando un nombre distinto al de las verdaderas estructuras”.

El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, también le envió un mensaje al Frente Primero: “No lo duden. Acójanse a este proceso porque será su última oportunidad […] o sea que cualquiera que tenga alguna duda, que mejor la deje a un lado y se acoja, porque es la última oportunidad que tienen para cambiar de vida […] Porque de otra forma, terminarán —se lo aseguro— en una tumba o en una cárcel”.

El mensaje del gobierno fue reforzado por el entonces comandante del Ejército Nacional, Alberto José Mejía, quien advirtió que 240.000 hombres serían los encargados de enfrentar a los grupos armados ilegales y la institución atacaría “con toda su fuerza y capacidad”.

Mordisco no era un comandante muy conocido, no tenía una historia militar gloriosa, y mucho menos jerarquía dentro del movimiento. Era un comandante competente, con antecedentes como miliciano, como lo señaló una autoridad de San José del Guaviare en entrevista con InSight Crime. Su partida fue desafortunada, pero suficientemente fácil de absorber para las FARC.

Quizás lo más relevante para el gobierno fue el hecho de que el Frente Primero se encontrara establecido en Guaviare, con influencia en Vichada y Guainía, ubicados en medio de miles de hectáreas de cultivos de coca y dos corredores principales de narcotráfico en Venezuela y Brasil. Además, el Frente también tiene contactos internacionales de narcotráfico. El dinero, en este caso, nunca sería un problema.

El Frente Primero rápidamente abrió nuevas rutas de tráfico al norte del departamento de Amazonas, en la región de Puerto Córdoba y la Pedrera, donde se encuentran el río Apaporis y Caquetá. Esto alimentó la creciente demanda de cocaína proveniente de Brasil.

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Un par de meses después, el 22 de septiembre de 2016, se realizó la X Conferencia de las FARC en la región del Yarí, departamento de Meta. Allí, el grupo insurgente en pleno se sentó a discutir y finalmente aprobar, el acuerdo de paz negociado en la Habana. En dicha conferencia participaron importantes líderes, entre ellos, Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, quien apoyó públicamente el proceso. Siendo este el último acto como grupo ilegal, los guerrilleros y el Gobierno Nacional se encontrarían de nuevo el 24 de noviembre de ese año para la firma de la paz.

Días después, justo cuando la implementación de los acuerdos daba sus primeros y vacilantes pasos, Gentil Duarte, quien había sido enviado meses atrás para disuadir a Iván Mordisco de abandonar el proceso de paz, reapareció y se declaró en disidencia. La estrategia de las FARC para apagar la llama de las disidencias había fracasado.

A diferencia de Mordisco, Duarte era reconocido en el movimiento y hacía parte del Estado Mayor Central, uno de los entes decisorios más importantes de la guerrilla, desde donde eran elegidos los miembros del Secretariado. Fue uno de los discípulos de Víctor Julio Suárez, alias “Mono Jojoy” y por largo tiempo comandante del Frente 7 de las FARC. A sus 18 años llegó a la guerrilla y con el tiempo logró escalar posiciones hasta ingresar al Bloque Oriental, dentro del cual se ganó el liderazgo del Frente 7 de las FARC, con fuerte injerencia en el sur del Meta, uno de los bastiones de la guerrilla.

De la noche a la mañana, Duarte se convirtió en el criminal más buscado del país, hasta el día de hoy, con una recompensa de hasta 2000 millones de pesos (cerca de US$601.000) por información que permita su captura.

Durante las visitas de campo a Guaviare en 2017, una fuente gubernamental que prefirió omitir su nombre, explicó a InSight Crime que el grupo ya empezaba a organizarse en la zona. “Están dejando un grupo que tiene experiencia, que conoce las rutas, que ya sabe cómo operar, lo dejan crecer porque creen que está en la selva, en la mitad de la nada, y por eso creen que está desarticulado”, comentó el funcionario.

En diciembre de 2016, el partido FARC expulsó a Duarte, junto con otros comandantes que se le habían unido. Ellos eran Luis Alfonso Lizcano Gualdrón, alias “Euclides Mora”, Géner García Molina, alias “John 40”, alias “Giovanny Chuspas” y Miguel Díaz Sanmartín, alias “Julián Chollo”.

Estos veteranos de las FARC tenían varias características en común. Eran parte del Bloque Oriental y todos tenían experiencia en la lucrativa actividad del narcotráfico. Juntos tendrían la capacidad de reconstruir gran parte del Bloque Oriental y volver a ocupar el territorio de los Llanos Orientales y el Amazonas.

Las ambiciones de Gentil Duarte se extendían mucho más allá del antiguo territorio del Bloque Oriental. De vuelta en su tierra natal, Duarte empezó a reforzar su grupo, para reconstruir alianzas a nivel nacional e internacional. Reclutó otros antiguos mandos medios guerrilleros, como Noé Suárez Rojas, alias “Grannobles” (hermano del Mono Jojoy) y alias “Nicolás”, hermano de Euclides Mora. Además, contactó a aliados en Venezuela y Brasil, con el fin de asegurar compradores internacionales para la cocaína que él estaba produciendo en los Llanos Orientales.

Así mismo, empezó a establecer contactos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), para delinear territorio e influencia tanto en Colombia como en Venezuela. Mientras mantenían su influencia en los departamentos de Guaviare, Guainía y parte del Meta, Julián Chollo y Jhon 40 se adentraron en el estado venezolano de Amazonas, con la tarea de adecuar rutas de tráfico y tomar control de las minas de oro en el parque natural Yarapacana.

Actualmente, Duarte y su grupo tienen bajo su mando las rutas de la cocaína y coltán que salen por Brasil y Venezuela.

En términos financieros y de narcotráfico es difícil subestimar la importancia de Jhon 40. Él se ha convertido en uno de los aliados más fuertes de Duarte y en el cerebro financiero de la facción disidente. Fue cabecilla de los frentes 16 y 43 durante su época en la guerrilla y trabajó de cerca con Tomás Molina Caracas, alias “El Negro Acacio”, quien para ese entonces era el zar narcotraficante de las FARC. En 2006, Jhon 40 ya era considerado uno de los capos del narcotráfico en el departamento del Meta.

Actualmente, lidera las disidencias del Frente Acacio Medina en suelo venezolano, al mando de cerca de 300 hombres de esa misma nacionalidad. Este frente ha penetrado la región del río Atabapo y controla los depósitos de oro en el suelo del Parque Nacional Yapacana, en Venezuela. Se encarga de llevar los cargamentos de cocaína del este de Colombia hasta los compradores en Venezuela, y de la ayuda financiera a los demás disidentes liderados por Duarte. Así mismo, coordina las relaciones con compradores de drogas en las fronteras de Colombia con Brasil y Venezuela.

Tras la expulsión de los cinco comandantes, el ministro de defensa del gobierno Santos, Luis Carlos Villegas, declaró a los expulsados como objetivos de alto valor, lo que significaba que podrían ser neutralizados por las Fuerzas Militares usando ataques aéreos con armas de alto poder. Parecía que la sensación de peligro que representaban los disidentes de las FARC empezaba a crecer, pero, según fuentes del Ministerio de Defensa, bajo la administración de Santos las órdenes eran minimizarlos para no socavar el proceso de paz.

Tan pronto como los combatientes de las FARC se concentraron en las distintas zonas veredales en todo el país, a principios de 2017, Walter Arizala, alias “Guacho”, abandonó el proceso de paz. Inicialmente se había presentado en la zona veredal de El Playón, municipio de Tumaco, Nariño. De vuelta al ruedo, Guacho reclutó a miembros de la extinta columna Daniel Aldana de las FARC y creó el Frente Óliver Sinisterra (FOS). Aunque no tenía un perfil de importancia dentro de las FARC, Guacho decidió armarse en la capital de la cocaína en Colombia.

La importancia de Tumaco en el tráfico de droga es imposible de ignorar. Solo en ese municipio hay más cultivos de coca que en todo Bolivia. Tumaco tiene todas las condiciones para traficar libremente: cultivos, laboratorios de cocaína, puntos de salida hacia Ecuador y la costa pacífica, al igual que el pueblo de Llorente, un centro para la negociación de cargamentos y la cocaína como divisa cambiable.

Sin embargo, fue el asesinato de los tres periodistas ecuatorianos del diario El Comercio, en abril de 2018, lo que convirtió a Guacho en el enemigo público número 1 a ambos lados de la frontera y en el disidente más visible de las FARC. Sin embargo, no era tan poderoso como aseguraba el gobierno, y para algunos analistas Guacho era más “fama que fuerza”.

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Aunque se creía que Guacho y Gentil Duarte no estaban vinculados, ambos comandantes cruzaron algunas cartas. En una de ellas, Guacho le agradece a Gentil por “haber entendido que no somos bandidos, el personal y yo que estamos a cargo del FOS somos revolucionarios que buscamos el cambio de igualdad con justicia social”.

Si bien las cartas revelan una intención ideológica, eso no se traduce en sus acciones, ya que casi todas estaban orientadas a conseguir rutas del narcotráfico y sacar cargamentos de coca. De hecho, el accionar del FOS no estaba enmarcado en la lucha subversiva, sino fundamentalmente en la protección de su negocio: el narcotráfico.

El FOS utilizó el nombre de las FARC y las antiguas rutas y contactos para levantar una poderosa organización. De hecho, agentes de Inteligencia en Colombia describían a Guacho como “un narcotraficante con una estructura armada”. Su principal cliente era el cartel de Sinaloa, que estaba dispuesto a comprar cada kilo de cocaína que Guacho y su grupo pudieran producir.

Con varios financiadores dentro del territorio y un punto de partida para la salida de la droga hacia el extranjero, el FOS respondía más a una simple estructura criminal, unas FARCRIM, una designación que refleja el paralelo con los grupos que nacieron como reductos de la desmovilización de las AUC, a los cuales el gobierno describió como BACRIM (bandas criminales).

El 21 de diciembre de 2018, durante la “Operación David”, Guacho fue asesinado en el área rural de Llorente. El entrante gobierno de Iván Duque salió rápidamente a reclamar el hecho como una victoria contra los disidentes de las FARC.

La muerte de Guacho no fue una sentencia de muerte para el FOS. De hecho, aunque debilitadas, las redes de apoyo del FOS y su infraestructura de tráfico se mantienen firmes y operativas en Tumaco y alrededor de la frontera con Ecuador, en la provincia de Esmeraldas.

Mientras gran parte de la atención se mantenía en Guacho y su constante movimiento en la frontera ecuatoriana, Duarte y su grupo se habían mantenido ocupados. Se habían encargado de sumar otro antiguo comandante a sus filas. En septiembre de 2017, Édgar Mesías Salgado, alias “Rodrigo Cadete”, desertó de la zona de reincorporación de Icononzo, Tolima.

Rodrigo Cadete con una camiseta en que se ven las imágenes del fundador de las FARC, Pedro Marín, alias “Manuel Marulanda”, y del “Mono Jojoy”

Cadete era uno de los hombres de confianza de Mono Jojoy y un guerrillero con una trayectoria de más de 35 años en las FARC. Durante muchos años se desempeñó como comandante del Frente 39, donde se destacó por su destreza militar, a pesar de que su Frente perdió territorio ante los paramilitares en Meta.

Una vez afuera del proceso, fue enviado en una comisión a Putumayo para absorber y reunificar algunos disidentes de allí y tratar de establecer una alianza con Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, otro silencioso mando disidente a cargo de elementos del antiguo Frente 48. La alianza no resultó. Sin embargo, el rol de Cadete, designado por Duarte, pasó a ser clave como articulador principal de las estructuras al sur del país.

Ante el creciente fenómeno de las ex-FARC mafia, el Ministerio de Defensa emitió la directriz en octubre de 2017 de enmarcarlos como Grupo Armado Organizado (GAO) Residual, con lo que abrió un marco jurídico donde se aseguraba que las fuerzas militares podrían bombardear a las disidencias.

Un mes antes de firmar esa directriz, el Ejército había tenido su primer resultado: en medio de las selvas del Guaviare, había localizado el campamento de Luis Liscano Gualdrón, alias “Euclides Mora” y lo había asesinado. La mano de derecha de Duarte y quien fuera jefe de seguridad del Mono Jojoy y cabecilla de varios frentes, había caído.

Pasarían cinco meses para que el Ejército reclamara otro de los aliados de la facción de Duarte. El 2 de febrero de 2019, cayó abatido Rodrigo Cadete, en el marco de la operación Zeus en Caquetá. El unificador de la zona sur del país salía del tablero de guerra.

Con la implementación de los acuerdos de paz aún en una fase muy frágil, Santos entregó la presidencia a Iván Duque el 7 de agosto de 2018. El nuevo presidente dijo que el país estaba “en conmoción”, durante su discurso de posesión, y aunque nunca mencionó las disidencias, anunció que combatiría dichas estructuras y revisaría los acuerdos.

Aunado a lo anterior, Duque mencionó que “se han hecho promesas y compromisos con organizaciones sociales sin asegurar su financiamiento”, con lo que declaraba que el gobierno saliente no habría dejado dinero para implementar la paz.

La llegada del nuevo mandatario a la presidencia acrecentó la desconfianza de los excombatientes y el temor de que el acuerdo de paz pudiera ser modificado. La transición de un gobierno que había tratado de implementar la paz hacia otro que la había cuestionado abiertamente generó discordias en las filas de excombatientes. Algunos comandantes empezaron a dejar las zonas de concentración y desaparecieron.

Para septiembre de 2018 varios mandos medios habían dejado los espacios de reincorporación (ahora llamados ETCR), estos fueron: José Manuel Sierra Sabogal, alias “el Zarco Aldinever”, Alberto Cruz, alias “Enrique Marulanda“, Élmer Caviedes, alias “Albeiro Córdoba”, y Nelson Díaz, alias “Iván Alí”.

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Al cumplirse casi un año de la era Duque, el presidente reconoció que “el proceso de paz es frágil pero estamos avanzando” y advirtió que “el Gobierno será contundente con quienes vuelvan a cometer crímenes después de someterse al acuerdo de paz”. Duque buscaba demostrar a los excombatientes que la implementación del acuerdo seguía adelante.

“Cuando empezó nuestro Gobierno apenas se habían desarrollado dos proyectos productivos colectivos durante 20 meses de implementación del Gobierno anterior […] En diez meses de gobierno, puedo decir, que ya tenemos 25 que cobijan a más de 1,200 personas”, anunció el presidente.

Mientras tanto, las ex-FARC mafia seguían creciendo. Para mediados del 2019, ya tenían presencia en 18 de los 32 departamentos de Colombia y alrededor de 117 municipios, así como presencia en Venezuela, Brasil y Ecuador. Hoy cuentan aproximadamente con unos 2500 combatientes.

La administración de Duque parecía incapaz de contener el crecimiento de las ex-FARC mafia y, de hecho, la percepción, infundada o no, de que el gobierno no tenía intención de honrar todos los aspectos del acuerdo, empujó a algunos excombatientes de vuelta a las disidencias. El gobierno parecía carecer de una estrategia clara para contenerlos y, al menos públicamente, ignoraba la evolución de este grupo y la amenaza que suponía.

Una serie de banderas rojas debieron alertar al gobierno de que la situación podría cambiar drásticamente.

La primera fue el caso de Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich”. Arrestado por cargos de tráfico de drogas en abril de 2018 y amenazado con ser extraditado, este fue un llamado de atención para las FARC y un punto de prueba para el frágil proceso de paz. Al mismo tiempo, señaló la salida de uno de los excomandantes más importantes de las FARC, Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”.

Tras la captura de Santrich, Márquez decidió abandonar su curul en el Congreso y se desplazó provisionalmente a la zona de concentración de Miravalle, Caquetá, donde se encontró con otro de los líderes exguerrilleros: Hernán Darío Velásquez, mejor conocido como “El Paisa”.

En medio de la incertidumbre sobre el paradero de ambos excombatientes, surgieron reportes sobre dos reuniones entre ellos y miembros del ELN. La primera en abril de este año, en la ciudad de Elorza, estado venezolano de Apure. El segundo encuentro fue un mes después, en mayo, en la ciudad de Simón Bolívar, Apure. La primera reunión habría estado encabezada por Márquez y líderes del ELN como Gustavo Aníbal Giraldo, alias “Pablito”, Adelmo Aguirre, alias “Bateman”, y alias “Lenin”. Mientras que, en la segunda, Márquez, El Paisa y Jhon 40 habrían estado juntos.

Sin embargo, la amenaza de las ex-FARC mafia para Colombia estaba a punto de cambiar.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

Foto: AP

 

¿Está condenada Colombia a repetir la historia?

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Siempre habrá elementos disidentes de las FARC, es decir, aquellos que se negaron a aceptar el acuerdo de paz. Pero ahora, las ex-FARC mafia están creciendo a tal velocidad que ponen en riesgo el proceso de paz en su conjunto.

En casi todos los procesos de paz ha habido combatientes que se niegan a dejar las armas. No había razón para esperar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) fueran distintas.

Mirando el panorama global, en el proceso de paz en Irlanda del Norte, por ejemplo, el Ejército Provisional Republicano Irlandés (PIRA, conocido más comúnmente como el IRA) llegó al “Acuerdo de Viernes Santo” con el gobierno británico en abril de 1998. No pasó mucho tiempo antes de que aparecieran la “Continuidad IRA” y el “Verdadero IRA”, que se ha metamorfoseado en el “Nuevo IRA”. Aunque han puesto varias bombas y ha habido algunos asesinatos aislados, las disidencias irlandesas no han logrado obtener ningún respaldo importante ni reconstruir la capacidad militar del PIRA.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

En Colombia ha habido disidencias separatistas de acuerdos de paz previos. El Ejército Popular de Liberación (EPL) se desmovilizó en marzo de 1991, con la entrega de armas de unos 2.200 guerrilleros. Sin embargo, hasta el 20 por ciento del ejército guerrillero permaneció en el campo de batalla. Hoy en día aún queda un remanente, aunque han recibido fuertes golpes y pueden estar en vía de extinción, más como resultado de su guerra con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que gracias a alguna campaña adelantada por el Estado colombiano.

La desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) dio pie al surgimiento de diversos grupos disidentes, a quienes suele denominarse como Bacrim (“bandas criminales”). Hasta el día de hoy, el más poderoso de estos grupos, “Los Urabeños”, ahora llamado el “Clan del Golfo” por el gobierno, aún cuenta con más de 2.000 integrantes.

Lo que hace tan difícil erradicar las disidencias colombianas son los ingresos criminales que las sostienen, empezando por el narcotráfico (de cocaína, marihuana, heroína e incluso algunas drogas sintéticas), y seguido por la minería ilegal (principalmente el oro) y la extorsión.

El EPL hoy parece estar en sus últimos estertores, mientras que Los Urabeños han sufrido una serie de golpes, que los han repelido hasta el punto de reducirse de movimiento nacional a poder criminal regional en sus territorios originales en Antioquia, Chocó y Córdoba. Ninguno de esos movimientos disidentes logró reconstruir la fuerza o el poder de convocatoria de sus predecesores. ¿Es posible que las disidencias de las FARC, o como las llamamos, las “ex-FARC mafia”, estén condenadas al mismo camino, inevitable, aunque lento, hacia la extinción?

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Esperamos que ese sea el caso, pero hay algunas señales de peligro, que abren la posibilidad de que las ex-FARC mafia puedan convertirse en algo aún más peligroso que el EPL o Los Urabeños combinados.

Las señales de peligro

1. Liderazgo: uno de los líderes más veteranos y respetados de las FARC abandonó el proceso de paz. No es secreto que muchos en las filas insurgentes pensaban que Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, debía haber sido nombrado máximo comandante de las FARC, en lugar de Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”. Normalmente, las facciones disidentes no están bajo el mando de sus comandantes de mayor rango, en especial si estos participaron en las negociaciones del acuerdo de paz, como fue el caso de Márquez.

2. Números: el número de disidentes de las FARC se acerca ahora a los 3.000 combatientes, más del 20 por ciento de los 13.000 miembros de las FARC que se desmovilizaron. Este número sigue en aumento y puede seguir creciendo a corto y mediano plazo. Aunque no hay indicios de que las ex-FARC mafia lleguen a alcanzar los números de las FARC, es claro que los elementos disidentes son una amenaza para la seguridad nacional y podrían llegar a ser algo más que una amenaza localizada dentro del territorio colombiano.

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3. Fe en el proceso de paz con las FARC: es baja entre la opinión pública colombiana, entre los excombatientes e incluso en el mismo gobierno. A menos que se adopten medidas de peso para dar seguridad a los excombatientes que siguen en el proceso de paz, el riesgo de nuevas deserciones es alto. Si a esto se suma el asesinato de exintegrantes de las FARC, algunos quizás a manos de las fuerzas de seguridad, la precariedad del acuerdo de paz se hace más clara.

4. Economías criminales: las economías criminales que apoyaron a las FARC durante más de cinco décadas son más rentables que nunca, pues Colombia se encuentra en un pico de producción histórico. Sin embargo, la cocaína no es lo único que sostiene a las ex-FARC mafia. La marihuana, especialmente en el departamento de Cauca, actualmente azotado por la violencia, es una mina de oro, mientras que las ganancias de la amapola y su subproducto, la heroína, son más lucrativas que la misma cocaína.

5. Debilidad del Estado: el gobierno colombiano se ha mostrado incapaz de llenar el vacío en gran parte del territorio que estuvo bajo la influencia de las FARC. Este trabaja en medio de importantes restricciones de financiamiento, lo que ha permitido el auge de grupos criminales y economías ilícitas en ciertas zonas del país. Otra manifestación de este problema ha sido el asesinato masivo de líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y activistas por la restitución de tierras, lo que hace al Estado parecer impotente. Entre enero de 2016 y mayo de 2019, han muerto cerca de 800 líderes e incluso exintegrantes de las FARC.

6. Ideología: muchos elementos de las ex-FARC mafia siguen profesando la ideología marxista-leninista que enarbolaron las FARC, lo que indica que pretenden reconstruir un ejército insurgente, no solo una empresa criminal. El EPL y los Urabeños (que se llaman Autodefensas Gaitanistas de Colombia, en memoria de su legado paramilitar) ostentan una fachada ideológica, pero nunca han realizado un trabajo político serio de base ni han actuado de una manera diferente a la de organizaciones criminales. Hay evidencia de que algunos elementos de las ex-FARC mafia han continuado el trabajo político, en especial en Meta y Guaviare, pero esas iniciativas parecen esporádicas y su interés primordial parece ser la actividad criminal.

7. Deficiente desempeño político del partido FARC: aunque nadie esperaba que la transición de ejército insurgente a partido político fuera sencilla, hasta la fecha los resultados de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) han sido claramente decepcionantes. Fue de esta forma como el Secretariado de las FARC persuadió a los combatientes rasos para que aceptaran el acuerdo, insistiendo en que la lucha militar por el poder podía sustituirse por la lucha política. La FARC tuvo un impacto nimio en las recientes elecciones regionales, en las que solo dos ediles locales salieron elegidos directamente con la bandera del partido FARC, si bien otros seis excombatientes de las FARC fueron elegidos en coalición o en las listas de otros partidos. Igual de preocupantes han sido los asesinatos de exintegrantes de las FARC y las amenazas a la actividad política del partido FARC.

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La sombra del exterminio de la Unión Patriótica (UP) sigue viva en la mente de muchos políticos de la FARC. La UP fue un partido político creado por las FARC en 1985 durante el proceso de paz con el entonces presidente Belisario Betancur. Cerca de 3.000 militantes, entre ellos un candidato presidencial, fueron asesinados. Eso empujó a muchos activistas de izquierda a la lucha militar. Aunque el clima actual no es el mismo, hay amenazas sistemáticas contra activistas políticos de la FARC en ciertas zonas del país.

8. Venezuela: la situación de Venezuela ofrece a las ex-FARC mafia un refugio, y posiblemente un aliado internacional poderoso. Aunque la presencia de las FARC en Venezuela no es nada nuevo, y aunque Hugo Chávez dio refugio y apoyo limitado al grupo insurgente colombiano, no les suministró el armamento que solicitaban, en particular los misiles tierra-aire, que podrían haber neutralizado la principal ventaja estratégica del Estado colombiano. El actual gobierno de Nicolás Maduro está mucho más aislado de lo que alguna vez estuvo el presidente Chávez, y se encuentra luchando contra el colapso económico. Colombia apoya directamente el movimiento de oposición respaldado por Estados Unidos, cuya cabeza es Juan Guaidó. Es de todo el interés de Venezuela distraer y debilitar al gobierno colombiano, suministrando ayuda a las ex-FARC mafia; además, Márquez vivió durante muchos años en Venezuela y tiene vínculos con funcionarios chavistas de muy alto rango. Es probable que él y gran parte de los altos mandos de las ex-FARC mafia estén radicados en Venezuela en este momento.

9. Respaldo de Estados Unidos: aunque Estados Unidos está muy comprometido con la situación venezolana, e interesado en menor grado en la producción de narcóticos en Colombia, actualmente presta mucho menos apoyo que antes en la lucha contra las facciones ilegales. Sin contar sus fallas como estrategia antinarcóticos, el “Plan Colombia”, apoyado por Estados Unidos, fue esencial para contener las ambiciones de las FARC a comienzos de los años 2000 y para forzar al grupo a sentarse a la mesa de negociaciones. En este momento, no se observa la misma voluntad ni financiamiento de la Casa Blanca. Colombia debe asumir mucho más de la carga que supone la lucha contra las ex-FARC mafia, aunque ahora tiene mucha mayor capacidad que en toda su historia. Pero, de nuevo, los recursos de operación son escasos, pues gran parte del gasto del Ministerio de Defensa lo consumen los salarios.

10. El Ejército de Liberación Nacional (ELN): el último ejército guerrillero alzado en armas en Colombia ha gozado de un crecimiento importante en los últimos tres años, lo que da cuenta de la incapacidad del gobierno para contenerlo e indica que las ex-FARC mafia pueden tener el mismo margen de maniobra y expansión. Existe un riesgo importante de que el ELN, o al menos algunos de sus elementos, puedan aliarse con algunas células de las ex-FARC mafia. Entre el ELN y las ex-FARC mafia pueden tener la capacidad de atraer hasta 7.000 combatientes. Sin embargo, aunque en nada se acerca a los 13.000 de las FARC, el número va en aumento.

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Estrategia del gobierno

¿Puede el gobierno atender las señales de peligro enumeradas arriba? ¿O efectivamente el gobierno hace parte del problema y promueve con sus políticas a las ex-FARC mafia?

Es fácil atribuir la culpa del fortalecimiento de las ex-FARC mafia al gobierno de Iván Duque. El mandatario heredó un acuerdo de paz que quiso impedir, al ganar el referendo sobre el acuerdo de paz de octubre de 2016, que el entonces presidente Juan Manuel Santos ignoró en su mayor parte.

El presidente Santos también derrochó gran parte del tiempo que tenía para prepararse para la situación del posconflicto. Iván Duque heredó un acuerdo con el que no estaba cómodo, promesas casi imposibles de cumplir y recursos insuficientes para cumplirlas. No había manera de que pudiera ejecutar a cabalidad la implementación del acuerdo de paz como se lo legó Santos, aunque lo hubiera querido. Y no lo quería.

Duque dejó en claro desde el principio que tenía la intención de cambiar el marco legal del acuerdo, básicamente cambiando las reglas del juego en el plano judicial. El que no lograra hacerlo, gracias al fallo de la Corte Constitucional, no cambió el hecho de que, para la FARC, él buscaba socavar el acuerdo de paz y no cumpliría las promesas por las cuales habían depuesto las armas.

Duque nunca creyó realmente en el programa de sustitución de cultivos iniciado por la administración Santos y sentía aún menos entusiasmo por su elevado costo. Si la aspersión aérea de cultivos de drogas se reinicia en 2020, los sembradores de coca y las comunidades que habitan en zonas en las que dominaron las FARC considerarán que este gobierno traicionó el acuerdo de paz y las promesas hechas.

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La percepción, errada o real, de que Duque y su padrino político, el expresidente Álvaro Uribe, quieren herir de muerte al acuerdo de paz con las FARC, ha sido uno de los motores que mueve a las ex-FARC mafia. Márquez la citó como el principal motivo de su deserción del proceso.

“Esta es la continuación de la lucha guerrillera en respuesta a la traición del Estado al acuerdo de paz de La Habana. Nunca fuimos vencidos ni derrotados ideológicamente. Por eso la lucha continúa”, declaró Márquez durante el discurso guerrillero en el que anunciaron el rearme.

La naturaleza de la amenaza planteada por las ex-FARC mafia aún no se manifiesta por completo. No es claro a cuántos combatientes se llevó consigo ni el territorio desde el cual operarán. Fuera de un par de videos propagandísticos, hay muy poca evidencia de la capacidad de la división de las ex-FARC mafia.

Las facciones disidentes bajo el mando de Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, no han lanzado grandes ataques a las fuerzas de seguridad. ¿Esto es porque no tienen la capacidad militar, porque están siendo contenidos por el ejército o porque tienen una estrategia distinta? La investigación de campo de InSight Crime en Meta y Guaviare durante 2017 indicaba lo último. Fuentes del gobierno local, fuerzas de seguridad y exguerrilleros, todos afirmaban que las ex-FARC mafia allí habían adoptado deliberadamente una estrategia no confrontacionista en su mayor parte.

“No se dejen engañar”, advirtió una fuente oficial en San José de Guaviare, “los disidentes aquí son un león dormido”.

*Esta investigación de InSight Crime sobre las ex-FARC mafia se realizó a lo largo de cuatro años con trabajo de campo en 140 municipios amenazados en todo Colombia. Lea la serie completa aquí.

*Este artículo fue escrito con la ayuda del Observatorio Colombiano del Crimen Organizado de InSight Crime.

Foto: AP

Mujeres participan en tribunales del PCC en Brasil

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Varias mujeres al interior del PCC estarían ejerciendo posiciones de poder que se creían reservadas para los hombres

El asesinato de una mujer en el estado de Mato Grosso ha puesto en evidencia los roles que ejercen las mujeres dentro de varios núcleos criminales del Primer Comando de la Capital en Brasil.

El 31 de octubre la Policía Civil de Brasil lanzó la Operación Halloween con el propósito de detener a 18 personas acusadas de participar en el asesinato de Érica Rodrigues Ribeiro en la región de Cascalheira en el estado de Mato Grosso el pasado 3 de septiembre.

Rodrigues habría fallecido luego de recibir 40 puñaladas tras haber sido secuestrada por cuatro personas quienes al parecer la incriminaban por su participación en la violación de una niña de ocho años en el sector. La mujer habría abusado de la menor y luego enviado fotos del hecho a su esposo, quien se encuentra en la cárcel pagando una condena por narcotráfico.

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De acuerdo con Roberto Guimarães, delegado de la 1ª Comisaría de Policía Civil de Três Lagoas en el occidente del país, durante las investigaciones del homicidio se encontró que el asesinato de la víctima fue orquestado y ejecutado por miembros de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC).

Las personas arrestadas estarían también involucradas en el asesinato de Daniela Pereira, una joven de 17 años que habría sido asesinada por el PCC al parecer por ser simpatizante de la organización rival Comado Vermelho.

Análisis de InSight Crime

Este caso revelaría la forma en que varias mujeres al interior del PCC estarían ejerciendo posiciones de poder que les permitirían participar de procesos de justicia en la organización que se creía estaban reservados para los hombres.

De acuerdo con la investigación que condujo a esta operación, la decisión de asesinar a Erica Rodrigues se tomó durante un juicio interno de la organización que se llevó a cabo por videoconferencia y en el que participaron mayoritariamente mujeres en posiciones de poder a lo largo del estado de Mato Grosso.

Aunque no se dieron detalles sobre las personas capturadas, la Policía informó que varias de las detenidas tenían antecedentes criminales por narcotráfico y homicidio.

Las investigaciones apuntan a que las mujeres que participaban en este grupo criminal dirigían actividades delictivas a nivel estatal, controlando y orientando a niveles inferiores en la ejecución de delitos, en la conducta de los miembros, y también trasladando al alto nivel de la organización los hechos que requerían una deliberación superior.

Lo que llama la atención de este caso es que se observa la participación de las mujeres en posiciones de liderazgo que rompen con la creencia de que las mujeres solo ocupan roles de poco poder en este tipo de organizaciones criminales.

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Como InSight Crime ha podido comprobar, en el pasado, se asumía que las mujeres en este tipo de bandas fungían únicamente como parejas o cónyugues de sus líderes, que realizaban labores domésticas en cuidado de los miembros del grupo, que estaban encargadas de llevar mensajes dentro y fuera de las cárceles, o que incluso trabajaban como mulas o expendedoras de droga.

Sin embargo, su participación activa en la planeación y ejecución de este asesinato da cuenta de una expansión en los roles que estas mujeres estarían dispuestas a asumir dentro del mundo criminal. Ya no parecen estar relegadas a labores menores sino que estarían prestas a ocupar los mismos roles que su contraparte masculina.

En conversación con el diario El País, Antonio Jesús Silva, profesor de antropología de la Universidad Estacio de Sá, en Río de Janeiro, aseguró que este tipo de situaciones permiten desmitificar estereotipos asociados con el carácter de las mujeres que asumen que no están dispuestas a participar en acciones violentas.

Por el contrario dice Silva, “revelan que, a la hora de la verdad, pueden ser tan feroces como los hombres y tan fascinadas por el poder, las armas y la violencia como ellos”.

Pesca ilegal amenaza a un pequeño municipio en Bolívar, Colombia

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El uso del trasmallo ha puesto en peligro a varias especies que habitan el río Simití

La destrucción de fauna producto del aumento en la pesca ilegal en la Ciénaga de Simití en el departamento de Bolívar, está generando una crisis ambiental en el municipio.

El grupo ecológico Pescado Sueños ha denunciado desde el mes de agosto la matanza de caimanes y babillas en la ciénaga del río Simití que cruza el municipio que lleva este mismo nombre al noroeste de Colombia, a causa del uso de implementos de pesca no permitidos.

De acuerdo con la organización el uso del trasmallo, una técnica de pesca que consiste en el uso de una serie de redes que se encuentran una encima de otra, ha hecho que este tipo de animales queden atrapados mientras cruzan de lado a lado la ciénaga, por lo que mueren a las pocas horas o son atacados con arpones.

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Según el grupo, ya son más de cinco caimanes y babillas, algunos de más de dos metros de largo, que han sido encontrados en el último mes en el municipio.

Como en este caso, otras especies se encuentran amenazadas por el uso de trasmallo producto de la pesca ilegal en otros lugares de Colombia.

En la región de la Orinoquía, los delfines rosados, que volvieron a estar en la lista de especies en peligro, también son víctimas de la pesca ilegal. En algunos casos quedan atrapados en las redes de pesca, mientras que en otros, son capturados deliberadamente para usarlos como carnada o extraer su aceite.

Análisis de InSight Crime

El incremento de la pesca ilegal en la Ciénaga de Simití tiene al ecosistema, y al municipio, sumido en una crisis ambiental que amenaza no solo a las especies nativas, sino que también pone en juego el sustento de gran parte de la población.

Durante el primer semestre de 2019 un equipo de InSight Crime visitó el municipio de Simití y pudo comprobar la situación que vive la Ciénaga a causa de la pesca ilegal, actividad que viene en aumento desde las primeras capturas reportadas por esta actividad en 2013.

Una de las principales razones para el auge de esta economía criminal es la disparidad en las ganancias que esta actividad deja a los pescadores de la zona. De acuerdo con fuentes locales, los pescadores artesanales en Simití pueden ganar entre 15.000 y 20.000 pesos al día (unos US$4 y US$6), mientras que, al llevar a cabo la pesca ilegal, las ganancias oscilan entre los 200.000 y 500.000 mil pesos diarios (US$57 y US$142). En un municipio donde la mayor parte de la población se dedica a la pesca, las ganancias que promete la pesca ilegal son mucho más atractivas.

La diferencia entre las ganancias de pescadores artesanales y los ilegales reside en el uso del trasmallo, esta herramienta que es comúnmente utilizada para pescar especies que viven en el fondo de los cuerpos de agua.

Autoridades ambientales en el municipio confirmaron a InSight Crime que han llegado a incautar trasmallos de 25 metros de longitud.

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El uso de este elemento permite atrapar una mayor cantidad de peces. Sin embargo, su costo ambiental es bastante alto. Los trasmallos no son elementos de pesca selectivos, por lo cual atrapan también a peces pequeños, y en otras ocasiones, aves, y reptiles como los caimanes y las babillas, y hasta los manatíes que habitan la ciénaga.

Esto ha generado una disminución en los números de peces presentes en el río, pues los más pequeños que son atrapados por las redes no tienen la posibilidad de desarrollarse, interrumpiendo el ciclo de renovación del recurso pesquero.

Además de los preocupantes daños ambientales, la pesca indiscriminada en la Ciénaga de Simití también pone en riesgo la seguridad alimenticia de la población del municipio, cuya dieta se basa en el pescado. De acuerdo con un funcionario local, existe una gran preocupación de que en los próximos años la ciénaga se quede sin peces.

A pesar de la existencia de un Inspector de Pesca en el municipio, esta actividad es muy difícil de controlar. Los pescadores ilegales extienden sus trasmallos en la noche, lo cual hace más difícil para las autoridades que patrullan la zona detectarlos.

La provincia de Sucumbíos en Ecuador: santuario de narcotraficantes

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En enero de 2019, un grupo de hombres fuertemente armados que se movilizaba en una camioneta y una motocicleta emboscaron a un pequeño grupo de agentes antinarcóticos en Sucumbíos, provincia de Ecuador que limita con Colombia en la región amazónica. El tiroteo que se desencadenó dejó como resultado un agente muerto y dos gravemente heridos.

Sin embargo, no hubo respuesta por parte de las autoridades. Algo no encajaba bien en la historia, según revelaron fuentes policiales en privado. Nadie lograba explicar qué estaba haciendo un pequeño grupo de agentes y con pocas armas en una ciudad donde pulula el narcotráfico y la ley está ausente.

La alarma inicial pasó pronto; no hubo despliegue del ejército ni de ningún comando de tarea, ni ninguna investigación especial. Por el contrario, toda la unidad antinarcóticos de Sucumbíos fue sigilosamente transferida y remplazada.

* Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.

En 2018, una serie de ataques contra las fuerzas de seguridad en la provincia de Esmeraldas hizo pensar que aquello era el comienzo de una nueva era, en la que estaría acabando la connivencia entre el Estado y el hampa. Pero la emboscada en Sucumbíos indica lo contrario. Allí, las alianzas entre criminalidad y legalidad establecidas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) le han dado continuidad a la revolución armada de la guerrilla.

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La capital de Sucumbíos, Nueva Loja, más conocida como Lago Agrio, es un hervidero de comercio ilegal. La primera pregunta que suelen hacer allí los abogados es: “¿usted viene de abajo?”, es decir, “del hampa”. Muchos habitantes de la ciudad tienen dos identidades: su nombre original colombiano y su nuevo nombre ecuatoriano, obtenido gracias a notarios corruptos. Es además una ciudad donde las fuerzas de seguridad protegen los cargamentos de drogas.

Lago Agrio pasó de ser un olvidado rincón de la Amazonía a convertirse en un importante centro regional cuando la industria petrolera comenzó a extender sus tentáculos en la selva ecuatoriana. Pero fue la llegada de las FARC la que transformó la ciudad. A medida que Lago Agrio crecía, la guerrilla desarrollaba una economía paralela: clínicas para el tratamiento de los combatientes heridos, hoteles, bares y burdeles para el entretenimiento de los guerrilleros en licencia, tiendas de suministros militares y, por supuesto, nuevas oportunidades de empleo en el tráfico de drogas.

Si bien parte de esta infraestructura criminal desapareció tras la desmovilización de las FARC en 2017 —la demanda de servicios médicos las 24 horas del día y sin cuestionamiento alguno ha disminuido notablemente—, Lago Agrio continúa siendo un centro de logística del tráfico de estupefacientes. La maquinaria de tráfico puesta a rodar por la guerrilla sigue en movimiento, y quizá esté pasando más cocaína por Sucumbíos que nunca.

“[En Lago Agrio] hay empresarios muy ricos que utilizan sus negocios para mover dinero o para ayudar con la logística en caso de que [los traficantes] necesiten camiones o suministros”, dice una fuente de inteligencia de Ecuador, que habló bajo condición de anonimato. “Si [los traficantes] tienen algún problema con un juez o un fiscal, pueden resolver el asunto porque han sido diputados estatales, alcaldes o han tenido cualquier otro cargo”.

Las fuerzas de seguridad también forman parte de dicha maquinaria, según fuentes del hampa que afirman que la policía y los militares son comprados para que dejen pasar los cargamentos de drogas a través de sus puestos de control, o incluso para escoltarlos ellos mismos.

“[En Sucumbíos], si no eres corrupto, te corrompen”, dice uno de ellos, quien habló bajo condición de anonimato.

Lago Agrio es también escala y punto de encuentro de traficantes internacionales que buscan hacer negocios en la región fronteriza con Colombia, como lo señala la fuente de inteligencia.

“Como es una ciudad petrolera, también hay muchos extranjeros trabajando para las compañías petroleras, y los traficantes se pueden camuflar entre ellos fácilmente”, añade.

Fuentes criminales dicen que los que más llegan son los traficantes europeos, especialmente de la región de los Balcanes, afirmación que coincide con los informes de inteligencia policial a los que InSight Crime tuvo acceso. Sin embargo, los carteles mexicanos también hacen negocios en la zona, e incluso también se ha sabido de traficantes de lugares tan lejanos como el Medio Oriente.

La cocaína que los traficantes vienen a comprar se produce al otro lado de la frontera, en el departamento colombiano de Putumayo. La mayoría hace sus negocios con una red de tráfico que domina las rutas de la droga hacia Sucumbíos: la alianza entre el grupo de tráfico La Constru y las Ex-FARC mafia.

Dicha alianza surgió tras el vacío que dejó la desmovilización de las FARC en el hampa. Varias unidades del Frente 48 de las FARC no participaron en el proceso de paz, sino que mantuvieron sus armas y sus territorios, incluso al interior de Ecuador.

Y lo que es quizá más importante: también lo hicieron las milicias y las redes de logística que habían sido un apoyo vital para la guerrilla, transportando drogas, precursores químicos y dinero, y proporcionando armas y suministros.

“Las milicias no se entregaron, y ellas eran las que tenían todas las conexiones”, dice un habitante de un territorio controlado por la guerrilla en la región fronteriza, quien pidió no ser identificado por temor a represalias. “El gobierno ni siquiera les pidió que se entregaran, solo se involucraron con los uniformados”.

En un principio, estos remanentes de las FARC quedaron a la deriva. Aunque tenían el poder y el conocimiento para dirigir el tráfico de drogas a nivel local, carecían de los contactos internacionales para hacer negocios transnacionales, así como del capital para mantener en movimiento el mercado de suministro.

La solución a sus problemas llegó con La Constru, una red de tráfico conformada durante la época de los grupos paramilitares de derecha que más tarde se convirtieron en los principales socios narcotraficantes de las FARC. La Constru entró en el juego como operador de la cocaína, encontrando compradores internacionales e invirtiendo en la producción local de coca para satisfacer sus demandas.

Según las fuentes, las Ex-FARC son actualmente un ejército mercenario al servicio de La Constru. Ofrecen control territorial en las zonas de cultivo y procesamiento de coca, así como rutas de tráfico hacia Ecuador. Han utilizado este control armado para establecer un monopolio virtual sobre la producción de cocaína en la región fronteriza, asesinando a cualquiera que venda el producto a traficantes rivales.

“Nadie puede mover un solo gramo sin ellos”, dice la fuente criminal.

La Constru compra la coca, la procesa y luego se la vende a las mafias internacionales. El precio que cobran depende del punto de entrega, que puede ser en la frontera, pero también pueden coordinar entregas en lugares más distantes.

“Un kilo vale US$2.200, y a eso le agregan la seguridad, el transporte y todo lo demás”, señala la fuente de inteligencia. “Ofrecen seguridad enviando dos o tres carros [para que escolten la carga] o activando sus fuentes en la policía y el ejército, haciendo todo lo necesario para asegurar todo el sector”.

Sucumbíos ha sido la provincia más violenta de Ecuador desde 1990, excepto una sola vez. Desde que las FARC se retiraron, se ha registrado una tasa de homicidios casi tres veces superior a la cifra nacional.

“La idea de que las cosas se han calmado es una mentira”, dice la fuente criminal.

Aunque ya no hay una lucha insurgente, en muchos antiguos bastiones de las FARC la seguridad se ha deteriorado. Anteriormente la violencia era regulada por las FARC. Ejecutaban a presuntos informantes, a colaboradores de los paramilitares, a criminales comunes y a personas que cometían errores en el tráfico de drogas, pero lo hacían después de investigar los casos. Hoy en día no existe ese control.

Las ex-FARC han estado en alerta máxima en toda la frontera. Cualquier desconocido que entre en la zona corre el riesgo de no salir.

“Te matan por la más mínima sospecha”, dice el habitante de la zona.

El despliegue de las Ex-FARC en la región fronteriza podría ser una táctica para proteger sus intereses en el tráfico de drogas. O puede ser una respuesta a una amenaza del este y a un conflicto que se extendió a finales de 2017.

La red más poderosa de las Ex-FARC en el país, los disidentes liderados por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, había enviado un bloque de combatientes para que se tomara Putumayo. Entraron por el río Caquetá, para luego continuar hacia la capital del departamento, Puerto Asís, donde encontraron resistencia de grupos del antiguo Frente 48.

Los combates se trasladaron luego al río Putumayo, que fluye a lo largo de la parte oriental de la frontera. Las comunidades ubicadas en las orillas del río quedaron atrapadas en medio de los combates, y los residentes fueron asesinados, desplazados y reclutados, según un trabajador de derechos humanos en la zona, que prefirió no ser identificado.

Pero esta ha sido una guerra en gran medida silenciosa. Las aterrorizadas comunidades se encuentran demasiado temerosas como para hablar con las autoridades, y la presencia de las autoridades en la zona fronteriza es efímera en el mejor de los casos. Como resultado, aún no se ha contabilizado la mayor parte de los muertos, según el trabajador de derechos humanos —una afirmación con la que concuerdan otros residentes de la región fronteriza.

“Lo que pasa en la frontera, se queda en la frontera”, expresa.

Si bien ese conflicto amainó a principios de 2019, también ha habido violencia relacionada con conflictos al interior de la alianza La Constru-Ex-FARC.

Dichos conflictos comenzaron en agosto de 2018, cuando el exguerrillero Pedro Oberman Goyes Cortés, alias “Sinaloa”, se convirtió en la cara pública del narcotráfico en la región fronteriza.

Fuentes que conocían personalmente a Sinaloa dicen que antes era un mandadero de las FARC, pero que trabajaba para uno de los narcotraficantes más conocidos de la guerrilla, quién le proporcionó los contactos y lo conocimientos que le permitieron surgir en esta nueva época. Las fuentes afirman que él no lideró a las Ex-FARC en la región, pero que fue comandante de uno de los grupos autónomos del antiguo Frente 48.

Sinaloa se convirtió en el más conocido miembro de esta nueva generación, tras la publicación de un informe de inteligencia de la policía en el que se describen sus relaciones con La Constru y la manera como en conjunto lograron suministrar toneladas de cocaína al “Cartel de los Balcanes”. A Sinaloa se le atribuye la emboscada a los agentes antinarcóticos cinco meses después.

Sin embargo, el reinado de Sinaloa fue efímero, pues en marzo de 2019 fue asesinado por sus propios hombres. La noticia de la muerte de Sinaloa ocupó los titulares tanto en Colombia como en Ecuador, pero en Sucumbíos fue un asunto como cualquier otro.

“Este es un negocio, y en este tipo de negocios sabes que te puedes ir en cualquier momento”, afirma la fuente de inteligencia. “Puede ser por un pleito de dinero, por un malentendido, por celos o porque alguien quiere tomar tu lugar —siempre hay alguien que quiere tu lugar”.

Al igual que con el sospechoso asesinato del agente antinarcóticos, el asesinato de Sinaloa confirmó lo que había quedado evidente desde la desmovilización de las FARC: que la frontera Sucumbíos-Putumayo pertenece al hampa, y aunque los nombres cambian, el negocio continúa.

* Mayra Alejandra Bonilla participó en la investigación para este artículo.

* Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.

Archipiélago de Venezuela, nueva plataforma para el tráfico de drogas

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Los Roques, de paraíso caribeño a enclave criminal

El archipiélago de Los Roques, un grupo de islas frente a la costa norte de Venezuela, famoso por sus playas de arena blanca y aguas turquesas, se ha convertido en base de operaciones para el trasiego de oro y drogas al Caribe.

El 29 de octubre, José Luis Pirela, presidente de la subcomisión de Lucha Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, denunció que un grupo de delincuencia organizada opera desde Los Roques, un parque nacional y destino turístico situado frente a las costas del estado venezolano de Vargas. El grupo usa los islotes en su mayoría deshabitados para el trasiego de narcóticos y oro hacia países del Caribe, principalmente a Bonaire.

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En su presentación ante la AN, Pirela afirmó que “parte de la banda está formada por Carlos Betancourt y Noel Lugo, a quienes identificó como primo y hermano de Stella Lugo Betancourt”, dijo el diputado ante la Asamblea Nacional (AN). Desde 2017, Lugo Betancourt es jefa de gobierno del Territorio Insular Francisco de Miranda, jurisdicción de Los Roques. Entre 2008 y 2017, fue gobernadora de Falcón, un estado ubicado muy cerca de Los Roques y las islas del Caribe Holandés.

Pirela afirmó que la banda actuaba en alianza con un empresario italiano, dueño de bares y hoteles en Los Roques, y con el venezolano José Ramón Llavanera, presuntamente condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

“Llavanera ofrece sus nexos y vínculos en la intermediación del tráfico de drogas entre los Roques y Bonaire. Utilizan aviones de su propiedad, modelos King 200, cuyas siglas se las proporcionaremos a los organismos internacionales para que realicen las investigaciones correspondientes”, aseveró el parlamentario Pirela.

Pirela afirmó que planeaba reunirse con el gobernador de Bonaire, Edison Enrique Rijna, para intercambiar información sobre el modus operandi del grupo.

Análisis de InSight Crime

La utilización de Los Roques como punto de salida de drogas de Venezuela tiene lógica, pues el archipiélago se encuentra a solo 176 kilómetros de Caracas, es decir, a 30 minutos en avioneta desde la capital, y 167 kilómetros de Bonaire en las Antillas Holandesas.

Las islas del Caribe holandés, Aruba, Bonaire and Curaçao, están siendo cada vez más usadas para contrabando de oro y el trasiego de la cocaína procedente de Colombia que pasa a través de Venezuela. Por ejemplo, un remolcador registrado a nombre de una firma venezolana fue confiscado recientemente frente a la isla de Aruba después de que se hallaran dos toneladas de cocaína a bordo.

Y luego del naufragio de varios migrantes que viajaban en dirección a Curazao, se conoció que bandas locales estarían usaban los transportes de migrantes para encubrir cargamentos de cocaína.

Las naciones isleñas, con vínculos con los Países Bajos, han sido usadas cada vez más para el contrabando de drogas hacia Europa. También han servido históricamente como escala para narcóticos en su ruta a Estados Unidos.

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Los Roques ya habían llamado la atención anteriormente. En septiembre de 2019, la Sociedad Venezolana Ecológica (SVE) denunció al gobierno de Nicolás Maduro por la entrega de concesiones ilegales para proyectos de infraestructura en archipiélago. La SVE hizo la denuncia luego de que el Ministerio de Turismo ofreciera a inversionistas nacionales y extranjeros la oportunidad de construir “alojamiento turístico de alto nivel” en Los Roques, pasando por encima de la normativa venezolana que prohíbe realizar nuevas construcciones dentro de los parques nacionales.

De resultar ciertas las acusaciones de Pirela, podría significar que los hoteles de administración foránea en la región podrían estar siendo utilizados para facilitar el narcotráfico en el Caribe.

Henry Castellanos Garzón, alias ‘Romaña’

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Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, fue comandante del frente 53 de las ahora extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Su fama a nivel nacional e internacional la obtuvo especialmente al practicar los secuestros aleatorios en vías nacionales, conocidos popularmente como ‘pescas milagrosas’.

También es reconocido por participar en ataques tan conocidos como la toma de Mitú en 1998. Romaña integró el Estado Mayor Central de la guerrilla por el Bloque Oriental y también la delegación enviada en 2014 para adelantar las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla en Cuba.

Años después, desertó de la desmovilización colectiva de las FARC hasta que reapareció en un video en el que se anunciaba la creación de un nuevo grupo disidente conformado por exlíderes de la guerrilla.

Las autoridades lo han dado por muerto en varias ocasiones, lo cual incrementa su imagen histórica e impulsa la que ahora pretende crear dentro de las ex-FARC.

Historia

Henry Castellanos Garzón, alias “Romaña”, nació el 20 de marzo de 1965 en el municipio de El Castillo, departamento del Meta. Existen varias versiones sobre su educación temprana, no obstante, la más cercana dice que solo estudió hasta cuarto de primaria y ubican su juventud en Bogotá, dónde se vinculó a las Juventudes Comunistas (Juco).

En Bogotá, su actividad con las Juco se centró en los barrios del sur de la ciudad. Al quedar reseñado por las autoridades y ante la inminencia de su captura, ingresó a las FARC, en las cuales se destacó por su habilidad en la elaboración de artefactos explosivos.

Dentro de la insurgencia tuvo como guía a Jorge Briceño, alias “Mono Jojoy”, y conoció a Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de la guerrilla. Se dice que fue uno de los alumnos más aventajados que tuvo Marulanda en los cursos de formación de comandos especiales, y según testimonios, llegaron a entenderse muy bien.

Sus primeros registros judiciales se remontan a 1982, cuando dirigía el frente 11 de las FARC y ordenó el asesinato de un centenar de personas en la zona del río Guaguaquí, límites entre los departamentos de Cundinamarca y Boyacá.

Años después fue trasladado al frente 53 donde comenzó a tomar importancia, especialmente en 1993, debido a las incursiones en la vía entre Bogotá y Villavicencio. Un año después, Romaña ascendió como comandante de todo el frente.

Su actividad en esta vía se basó en los retenes ilegales, asesinatos, secuestros de policías o militares y múltiples robos.

En uno de los casos más conocidos, el frente 53, bajo su mando, asesinó a dos personas y secuestró a otros 32 en esta misma vía. Entre los secuestrados había un italiano y cuatro norteamericanos. De estos, tres fueron ejecutados tras ser acusados de espionaje. Por lo anterior, el gobierno de EE. UU. pidió la extradición del comandante guerrillero.

Fueron estos secuestros los que empezaron a ser conocidos como ‘pescas milagrosas’, debido a lo aleatorio de la elección de las víctimas. Fue así como convirtió esta actividad en una lucrativa fuente de dinero para las FARC.

La nueva importancia que estaba acumulando le valió para ser parte en operativos de las FARC tan importantes como la toma de Mitú, capital del departamento de Vaupés. Allí la guerrilla atacó la ciudad y asesinó a 16 policías, 14 militares y 11 civiles, además de secuestrar a 61 policías.

Tiempo después, Romaña fue nombrado responsable del anillo de seguridad de la zona de distención durante las conversaciones de paz entre el gobierno y los delegados del grupo guerrillero en 1998.

Desde ese momento hasta el 2010, la información sobre Romaña es intermitente. De hecho, ese año se pensó que había muerto junto al Mono Jojoy en la operación donde fue dado de baja. Sin embargo, información posterior descartó su supuesta muerte.

Luego de eso, integró el Estado Mayor Central de la guerrilla por el Bloque Oriental e integró la delegación enviada en 2014 para adelantar las conversaciones de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla en Cuba. En Colombia fue el que encabezó la desmovilización en Tumaco, en el departamento de Nariño, lugar en el que no había estado durante el conflicto.

Luego de esto, en marzo de 2019 no compareció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Desde ese momento su paradero fue desconocido, hasta que apareció el 29 de agosto de 2019 en un video en el que, junto a Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”; Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa” y Seuxis Pausias Hernández, alias “Jesús Santrich”, anunció su regreso a la ilegalidad.

Actividades criminales

Romaña cuenta con el peso de ser el mayor artífice de las pescas milagrosas en las FARC, convertida en una importante economía criminal para la guerrilla. De igual importancia es su participación primordial en operaciones como la toma de Mitú.

Ha participado en el tráfico de drogas para las FARC desde mediados de 1980. Participó en la producción, fabricación y distribución de cientos de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y el mundo.

Geografía

Hasta el momento de su integración al frente 53, Romaña había pasado por los frentes 26, 27, 40 y 51, los cuales operaban en el departamento del Meta y la parte suroriental del departamento de Cundinamarca.  Ya en su momento, el frente 53 comenzó a tener una fuerza notoria con sus operaciones en las vías que conectan las ciudades de Bogotá y Villavicencio.

Así mismo, fue el segundo al mando de una estructura mixta conformada por los frentes 31, 51, 53, 54, 55 y la columna móvil Che Guevara, que cometían secuestros y extorsiones en Cundinamarca.

Luego de su desaparición en el 2018, comenzaron a identificarse inmuebles que estaban dominados por él. Eran 8 predios rurales, ubicados en Mesetas y La Uribe, del departamento del Meta y 7 más hallados en el casco urbano de Villavicencio y Fusagasugá, en el departamento de Cundinamarca. Se estableció que los bienes fueron adquiridos por presuntos testaferros, y que habían sido producto de actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico, extorsión y desplazamiento.

En enero del mismo año, 50 campesinos de la vereda Ativa, de La Julia, en Meta, denunciaron que Romaña había tomado posesión de las tierras en las que vivían.

En el momento de su abandono del proceso de paz, alrededor de septiembre de 2018, se tenía información que lo situaban entre Arauca y Norte de Santander, al parecer con 80 hombres, aunque esta no era la zona donde él tenía más impacto, lo que generaba dudas de por qué estaba ahí.

Aliados y enemigos

Mientras integró las FARC Romaña tuvo relaciones con líderes guerrilleros como Pedro Antonio Marín Marín, mejor conocido como alias “Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo” y Víctor Julio Suárez Rojas, alias “Jorge Briceño Suárez” o “Mono Jojoy”. De la misma forma fue cercano con Carlos Arturo Osorio Velásquez, alias “Marco Aurelio Buendía”, miembro del Estado Mayor y con su hermano, Luis Alexis Castellanos Garzón, alias “Manguera”, comandante de la columna móvil Manuela Beltrán, abatido en 2003.

También en 2018 se mencionaron nexos con los hermanos Mora Urrea, quienes se encargaron por años del recaudo y administración de dineros provenientes del Frente 53 de las Farc. Según la Fiscalía, Romaña enviaba el dinero para que, a través de establecimientos comerciales, se legalizara el dinero producto de extorsiones y secuestros.

Cuando estuvo en zona veredal transitoria de normalización (zvtn) de Tumaco durante los acuerdos de paz, Romaña asumió la crisis de los mandos medios insubordinados por quedarse con el narcotráfico, por esto expulsó de los a 73 jóvenes que salieron con los contactos con narcos mexicanos y del Clan del Golfo, entre los que estaba Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”.

Durante un año, Guacho hizo de las suyas y se apoderó del territorio de tal manera que acorraló al propio Romaña, lo amenazó, razón por la cual pidió protección especial del gobierno y abandonó la zvtn.

En la actualidad, la alianza más importante de Romaña es con Luciano Marín Arango, alias “Iván Márquez”, con quien apareció en el vídeo publicando su regreso a las armas, y con Jose Manuel Sierra, alias el “Zarco Aldinever”, quien delinquió en varias de las zonas de Romaña e integró varios de los mismos Frentes que él, como el 53.

Perspectiva

En su momento Romaña fue, para aquellos dentro y fuera de las FARC, un temor constante. Para la población representaba la indiscriminada ofensiva de las FARC y la materialización de un método de financiación devastador. Sin embargo, Colombia ya no está en el auge del secuestro, por lo cual no es claro que su conocimiento de esta práctica vaya a jugar un papel primordial.

Por otro lado, tiene un profundo conocimiento de las zonas del centro del país y especialmente en departamentos como Cundinamarca y Meta, así como su accionar en una vía tan importante como la que conecta Bogotá y Villavicencio, lo que podría llegar a ser clave para el accionar criminal del grupo que integra con Iván Márquez y Santrich.

Por ello, lo más probable es que Romaña lidere los avances del nuevo grupo exFARC en el centro-occidente del país, bordeando las frontera ente Cundinamarca, Meta, Huila y Tolima.