Investigación y análisis de crimen organizado
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Nuevas dudas acechan depuración de policía de Honduras

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Una nueva fuerza élite se encargará de vigilar a los exagentes de policía expulsados de los servicios de seguridad de Honduras por presunta actividad criminal

Honduras ha conformado una fuerza élite para vigilar a los exagentes de policía expulsados de los servicios de seguridad por presuntas actividades criminales. Este plan alternativo relacionado con la depuración policial arroja dudas sobre todo el asunto.

La nueva fuerza trabajará junto con la Comisión de Depuración Policial (CDP), creada en el año 2016 para identificar y expulsar a oficiales corruptos del servicio de policía de Honduras. Según un informe de La Prensa, el propósito de la unidad consistirá en monitorear a los funcionarios destituidos, con el fin de asegurarse de que no se involucren en el crimen organizado.

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Al anunciar la depuración policial, el presidente Juan Orlando Hernández elogió a la CDP por considerarla artífice del plan más ambicioso del país para sanear los organismos de seguridad, cuya situación es preocupante. Según La Prensa, en los tres años de operación, la comisión ha destituido a 5.775 policías.

Pero una serie de escándalos y fracasos han empañado la labor de la CDP. En julio de 2018, La Prensa informó que decenas de oficiales seguían  activos en la policía a pesar de haber sido despedidos por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas. En octubre de ese año, la Procuraduría General del país desenmascaró una red de tráfico de ganado en la que policías activos colaboraban con agentes que habían sido despedidos de la institución.

Análisis de InSight Crime

No está claro cuál será el verdadero papel del nuevo organismo. ¿Estará realmente dedicado a acompañar a los agentes destituidos y evitar que se involucren en la delincuencia? ¿O será utilizado para llevar a cabo cacerías de brujas e ir tras quienes participen en las protestas policiales?

Hacer seguimiento a las actividades de los policías despedidos es un paso positivo en la reforma policial de Honduras, dado el frecuente problema de los exagentes corruptos y desempleados que terminan dedicándose tiempo completo al crimen. Pero el momento en que se produce esta medida levanta sospechas, dado que Hernández se ha enfrentado recientemente con policías activos.

En junio de 2019, varios miembros de las fuerzas especiales de Honduras se declararon en huelga para exigir mejores condiciones laborales. Aunque algunos de ellos negaron que la huelga tuviera otras motivaciones políticas, otros afirmaron que reflejaba un rechazo a participar en las represiones por parte del gobierno. Después de esto, durante dos meses se presentaron protestas contra el gobierno, en las cuales la policía fue acusada de reprimir violentamente a los manifestantes.

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Los funcionarios respondieron afirmando que la huelga había sido organizada por agentes despedidos que tenían vínculos con la delincuencia, luego de que se conocieran unas grabaciones del policía expulsado Aldo Oliva, en las que este se comunicaba con algunos de los huelguistas por teléfono. Oliva es supuestamente el jefe de un grupo conocido como Organización de Policías Retirados (OPR), que según funcionarios de inteligencia hondureños es responsable de actos deliberados de desestabilización social y política.

Según El Libertador, estas acusaciones se utilizan para deslegitimar a los huelguistas, quienes estarían en riesgo de ser expulsados por complicidad criminal.

Por otro lado, esta nueva fuerza señala la continuidad de una extraña tendencia. Hernández ha creado tres escuadrones especializados de la policía recientemente, pues inauguró una unidad de protección del transporte público en el mes de marzo y una unidad de protección de las escuelas en julio. Según El Libertador, la policía de Honduras cuenta actualmente con 17 unidades diferentes.

Aunque el país ha logrado cierta reducción de los homicidios en los últimos años, vale la pena cuestionar si el gobierno de Hernández está creando nuevas fuerzas de policía como una reacción instintiva a los problemas sociales, en lugar de buscar soluciones más innovadoras.

La crisis ignorada del desplazamiento forzado en México

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La violencia desplazó a cientos de miles de personas en la última década

Nuevas cifras revelan la magnitud de desplazamiento de cientos de miles de mexicanos por causa de la violencia en la última década, y cómo las sucesivas administraciones han ignorado esta crisis nacional.

Alrededor de 380.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en México entre 2009 y 2018, como resultado de la violencia y el crimen organizado, según la directora del Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos (IDMC, por sus siglas en inglés), Alexandra Bilak, informó El Universal.

Pero Bilak, quien se reunió con las autoridades mexicanas a comienzos de la semana, cree que el número real puede ser sustancialmente mayor.

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De hecho, un informe reciente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) puso la cifra de desplazados en más de 1,1 millones, aunque la metodología incluyó en el cálculo a cualquier persona que hubiera dejado su hogar por causa de la violencia.

Luego de años de inacción, el 23 de julio se conoció un anuncio del gobierno mexicano de que está trabajando en una nueva ley para enfrentar el desplazamiento interno, según un reportaje de EFE.

Análisis de InSight Crime

Los datos del IDMC son solo un ejemplo de las numerosas investigaciones e informes que han documentado la magnitud de la crisis de desplazamiento interno en México, y su relación con la violencia y el crimen organizado. Pero aun cuando esta información lleva bastante tiempo el poder de las autoridades mexicanas, hasta el momento el gobierno nacional no ha aprobado ninguna legislación para tratar de dar solución al problema.

Hasta ahora, la negación del problema por parte del Estado tiene al país sin un marco legal para diseñar una estrategia para contrarrestar el fenómeno. Ahora, la legislación planea reformar la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que en la actualidad se ocupa únicamente de los extranjeros, para que tenga las herramientas para tratar casos de desplazamiento forzado interno.

Sin embargo, el plan de ampliar el mandato de la Comar puede desbordar una organización que ya se ocupa de cifras inmensas de desplazados de otros países. Aparte de esa propuesta, no hay información clara sobre qué elementos de la crisis tratará la nueva legislación.

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En 2017, el desplazamiento forzado interno afectó a más de 20.000 personas en al menos nueve estados, que se extienden desde la frontera norte, plagada de enfrentamiento entre carteles, hasta el sur del país, donde las comunidades indígenas padecen una violencia desproporcionada, según la CMDPDH.

Datos de la CMDPDH ponen en evidencia que el desplazamiento puede originarse por una amplia gama de factores, entre ellos enfrentamientos entre grupos armados y el estado, violencia entre pandillas, asesinatos de líderes sociales y políticos, y temor de violencia futura.

Cualquier iniciativa tendrá que mejorar la capacidad del gobierno de monitorear el número de desplazados dentro del territorio nacional, pues en la actualidad no hay datos ni instrumentos, capaces de medir con precisión el fenómeno.

Un factor que puede agravar la situación es que México enfrenta actualmente tasas récord de homicidios. Junio de 2019 fue el mes más sangriento de la historia, con 2.560 muertes violentas, que dio pie a una tasa de homicidios de 22 por 100.000 habitantes, lo cual significa un incremento año a año de 6 por ciento.

Pandillas de Honduras usan empleados del transporte para cobrar extorsiones

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Los trabajadores del transporte de Honduras han sido obligados a cobrar extorsiones de las pandillas callejeras

Las pandillas callejeras de Honduras están obligando a los trabajadores del transporte a participar en las redes de extorsión, lo que aumenta la vulnerabilidad de este sector, ya bastante golpeado por la actividad pandillera.

Desde 2018, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) ha detenido a 21 empleados de autobús sospechosos de colaborar en esquemas de extorsión, según un informe de La Tribuna. Las pandillas utilizan a los empleados de autobús como intermediarios para cobrar extorsiones a otros operadores del transporte público.

Esta táctica surgió después de que el aumento de la presencia policial en las terminales de transporte les hiciera más difícil a los pandilleros chantajear a los conductores y propietarios de autobuses mediante llamadas telefónicas o mensajes escritos. Los empleados, que podrían enfrentar penas de prisión de hasta 20 años, afirman que las pandillas los presionaron para que participaran en los esquemas de extorsión. Ante este argumento las autoridades responden, según el informe de La Tribuna, que los cómplices intentan obtener drogas de los pandilleros, o simplemente buscan su amistad.

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En abril pasado, hubo protestas en las que participaron cientos de trabajadores del transporte, quienes exigían que el gobierno tomara medidas contra la extorsión. Sin embargo, lo que dichas protestas lograron fue un aumento en las tarifas de extorsión, que pasaron de 900 lempiras semanales (cerca de US$36) a 1.200 (unos US$47).

Análisis de InSight Crime

La cooptación de los trabajadores de autobuses por parte de las pandillas para que cobren sus extorsiones representa un mayor deterioro de las condiciones de seguridad de los empleados del transporte de Honduras, que durante años han sido aterrorizados por estas organizaciones criminales.

La extorsión al sector del transporte público no es un fenómeno nuevo. Durante mucho tiempo, esta práctica ha servido de sustento a las pandillas callejeras en los países del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras). En Guatemala, se estima que la extorsión a los autobuses en 2017 generó a las pandillas unos US$70 millones.

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En El Salvador, la extorsión es una fuente de ingresos particularmente importante para la MS13. Las empresas de transporte público del país han incluso agregado los pagos de extorsiones como parte de su contabilidad formal, deduciendo los pagos semanales de los salarios de los conductores.

Sin embargo, con frecuencia los conductores y los operadores del transporte se convierten en cómplices de las redes de extorsión. En un caso en El Salvador, un informante reveló que los operadores de autobuses pueden convertirse en intermediarios de los líderes de las pandillas que extorsionan sistemáticamente a otros dueños de autobuses.

Cuando los conductores de autobús y sus operadores se niegan a pagar las extorsiones, son amenazados o asesinados. En los primeros siete meses de 2019, unos 50 trabajadores del transporte público han sido asesinados en Honduras.

En marzo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró una nueva fuerza policial para proteger a los empleados del transporte. Sin embargo, estos tienen pocas razones para confiar en las autoridades.

Se ha descubierto que fuerzas de seguridad y funcionarios públicos corruptos están involucrados en las redes de extorsión; además, denunciar las amenazas de extorsión ante la policía suele resultar inútil. De 431 casos de extorsión presentados ante la unidad antiextorsión de la policía de San Pedro Sula en 2018, solo uno terminó en sentencia judicial.

Hampa de Paraguay opone resistencia al PCC en Brasil

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Agujeros de bala en el vehículo de un miembro del PCC abaleado en Mato Grosso do Sul, Brasil

El brutal homicidio de un narcotraficante brasileño presuntamente ejecutado por una pandilla paraguaya muestra cómo la escalada de violencia impacta al estado limítrofe de Mato Grosso do Sul, por tradición un bastión criminal del PCC de Brasil.

El 16 de julio, Emanuel Dias Ecker, integrante del mayor grupo criminal del Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital —PCC), recibió cerca de 50 tiros en la ciudad de Paranhos, en territorio brasileño sobre la frontera con Paraguay, según información de Midiamax, medio informativo de Mato Grosso do Sul.

El homicidio se atribuyó al clan Alderete de Paraguay, pandilla con base en la ciudad de Ypejhu, cerca de Paranhos, según Midiamax.

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Este asesinato ocurrió luego de que 30 integrantes del PCC presuntamente atacaran dos propiedades del clan Alderete en Ypejhu, en diciembre de 2018, según ABC Color. Las noticias en la prensa local interpretaron esto como un mensaje al comandante del PCC Sérgio de Arruda Quintiliano Netto, alias “Minotauro”, quien lideraba las operaciones de la pandilla en la frontera Brasil-Paraguay antes de ser capturado a comienzos de 2019.

También puede leerse el homicidio como un contraataque del clan Alderete contra el PCC, cuyo predominio en el narcotráfico transfronterizo ha aumentado, especialmente en ciudades limítrofes, como Pedro Juan Caballero, Ypejhu y Capitán Bado.

En mayo pasado, el PCC supuestamente alertó a la policía sobre un gran cargamento de marihuana perteneciente al grupo paraguayo, que terminó con su decomiso.

En años recientes, el PCC ha hecho incursiones a Paraguay, y rápidamente ha consolidado su control sobre economías criminales claves, como el narcotráfico y el dominio de las prisiones paraguayas, al igual que sucede en grandes áreas de Brasil.

Análisis de InSight Crime

El homicidio de un miembro del PCC por parte de una pandilla paraguaya en territorio brasileño, especialmente en el patio trasero de la pandilla, como es Mato Grosso do Sul, constituye un fuerte mensaje del hampa paraguaya en el sentido de que no le dejarán simplemente el lugar al PCC, sin importar su poderío e influencia.

Aunque el PCC surgió como una pandilla carcelaria en São Paulo, se ha extendido para constituir una amenaza nacional, y el estado de Mato Grosso do Sul es una de sus tres fortalezas principales, junto con los estados de São Paulo y Paraná. Su control de Mato Grosso do Sul, que comparte una extensa frontera con Paraguay, ha sido una ventaja importante para la expansión del grupo al vecino país.

“Históricamente, el PCC ha concentrado casi todo su poder en Mato Grosso do Sul, al establecer allí desde 2009 un modelo de negocio que ha ampliado hasta las fronteras con Paraguay y Bolivia”, explicó Bruno Paes Manso, reconocido experto en el PCC e investigador del Instituto de Estudios sobre Violencia en la Universidad de São Paulo.

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“Mato Grosso do Sul es especialmente estratégico, pues sirve de puente para el tráfico de armas y narcóticos entre su capital, Campo Grande, Rio de Janeiro, São Paulo y Paraguay”, señaló.

El Comando Rojo (Comando Vermelho —CV), rivales históricos del PCC y la segunda mayor pandilla de Brasil, también compite por una tajada de la torta criminal de Paraguay. Los brotes regulares de violencia por todo el territorio brasileño se han asociado a la guerra entre el PCC y el Comando Rojo. Por esta razón, la prolongación de esa violencia en Mato Grosso do Sul no es sorpresa.

Pero el osado asesinato de un miembro del PCC por parte de un clan paraguayo en territorio del PCC es un indicio de que la toma que el PCC pretende hacer del mundo criminal de Paraguay no será pan comido como se había pensado.

Incierto plan para proteger a líderes de sustitución de cultivos en Colombia

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Un nuevo plan presentado por el gobierno de Colombia busca proteger a los líderes involucrados en el programa de sustitución de cultivos

Los recientes asesinatos de líderes comunitarios, así como las falencias del gobierno en el apoyo a la sustitución de cultivos de coca en Colombia, indican que el plan para proteger a los involucrados en estos programas no está funcionando para aliviar los problemas de seguridad.

El nuevo plan anunciado por el gobierno busca proteger a los líderes involucrados en el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), piedra angular del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

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Según El Heraldo, Medicina Legal, el instituto forense de Colombia, informó en julio que 58 líderes comunitarios vinculados al programa han sido asesinados desde la firma de los acuerdos de paz. El sitio web colombiano Verdad Abierta ha informado que 19 líderes fueron asesinados solo en 2018.

El gobierno dice que unas 400 personas se beneficiarán inicialmente del programa de protección. El plan se enfocará en mecanismos para denunciar amenazas, así como en talleres de autoprotección, mejoramiento de la comunicación con los líderes y creación de redes de informantes.

Antes de ser implementado a nivel nacional, se llevó a cabo un programa piloto en Tumaco, municipio costero en el departamento de Nariño, al suroriente colombiano, una de las principales regiones de cultivo de coca en el país. Aunque no se han dado a conocer muchos detalles sobre el programa piloto, en Tumaco no se han reportado asesinatos de líderes de sustitución de cultivos desde el anuncio del gobierno del 22 de marzo, y el más reciente homicidio ocurrió el 17 de marzo.

El programa se extenderá ahora a los departamentos de Antioquia, Córdoba, Bolívar, Norte de Santander, Meta, Valle del Cauca, Arauca, Putumayo, Cauca, Guaviare y Caquetá.

Análisis de InSight Crime

Si bien el nuevo plan del gobierno colombiano para proteger a los líderes de sustitución de cultivos tiene algunos aspectos prometedores, no garantiza mucha tranquilidad.

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El gobierno señala a los grupos narcotraficantes como los culpables de la serie de asesinatos de líderes del PNIS y afirma que los traficantes los están presionando para que abandonen los programas de sustitución. Sin embargo, la administración del presidente Iván Duque ha dejado a la deriva el programa de sustitución de cultivos, y por el contrario ha apoyado la erradicación forzosa.

El gobierno no ha cumplido sus compromisos con respecto a las inversiones económicas y sociales y ha dejado en riesgo a los participantes, como lo señala Wilder Mora, presidente de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Norte de Santander, departamento en la frontera con Venezuela.

En un informe de El Colombiano, Mora dice que “los actores armados que se lucran del narcotráfico sienten amenazadas sus economías y nos declaran objetivo militar a nosotros por querer sustituir”.

Al centrarse en acciones preventivas, el nuevo plan intenta ir más allá del plan de seguridad de Duque, que ha reconocido que los líderes comunitarios están siendo asesinados con una regularidad escalofriante.

Esto demuestra que el gobierno por lo menos reconoce que los líderes de sustitución de cultivos se han sentido abandonados. Este es un paso en la dirección correcta, pero quizá llega muy tarde y es insuficiente.

Desarticulación de cartel no detendrá robo de combustible en México

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Autoridades en México decomisan gasolina robada, una fuerte industria criminal

En México, las autoridades han desarticulado el cartel de Santa Rosa de Lima, al que se presenta como la principal banda de robo de combustible del país. Esta enorme economía criminal, sin embargo, no desaparecerá atribuyendo toda la culpa a un solo grupo criminal.

Desde marzo de 2019, la unidad de inteligencia financiera de México congeló 35 millones de pesos mexicanos (US$1,8 millones) en cuentas bancarias asociadas al cartel de Santa Rosa de Lima (CSRL), y a su jefe, José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”. Además, la policía del central estado de Guanajuato, donde opera el CSRL, arrestó o abatió a 62 sospechosos de colaborar con el cartel, y confiscó 14 propiedades, 129 vehículos y una gran variedad de armas, según Milenio.

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La persecución del CSRL ha sido una estrategia clave en la guerra contra el huachicoleo -robo de combustible-, que fue declarada prioridad de seguridad nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) desde su toma de posesión en diciembre de 2018.

El robo de combustible le ha costado miles de millones de dólares a la economía mexicana, según Reuters. Guanajuato es un punto crítico para esta lucrativa economía criminal, y la predominancia del CRSL en el robo de combustible en ese estado llevó a este grupo a posicionarse como un importante actor criminal desde sus inicios en 2017.

Análisis de InSight Crime

Aunque el líder del CSRL, Yépez Ortiz, sigue prófugo, el desmantelamiento del cartel es una hazaña para AMLO. Representa una victoria tangible en su lucha contra los ladrones de combustible, conocidos como “huachicoleros”, y muestra su capacidad de enfrentar a los grupos criminales que lo desafíen. Sin embargo, es poco probable que esto tenga un impacto real en el problema global del robo de combustible.

En primer lugar, las operaciones del CRSL se restringen a Guanajuato, mientras que el huachicoleo es un problema de todo el territorio mexicano. Durante el primer semestre de 2019, como lo muestran datos de Pemex, en Guanajuato se contaron 629 puntos de extracción ilegal, lo que lo pone en el quinto lugar entre los estados mexicanos. El estado que encabeza el problema, Hidalgo, registró 2.170 puntos de extracción. La baja cifra de Guanajuato puede reflejar la persecución de las autoridades contra el CSRL, pero el estado se inserta en un mapa mucho más amplio.

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En segundo lugar, la cantidad de combustible robado en todo el país se ha desplomado ante la ofensiva de AMLO, pero el número de extracciones ilegales registró un leve aumento. Es inevitable que cuando las autoridades atacan una zona, resurjan puntos de extracción en una ciudad cercana o un estado vecino. Por ejemplo, a comienzos de 2019 las extracciones ilegales de combustible bajaron 17 por ciento en Guanajuato debido a los operativos policiales. Pero el número de puntos de extracción ilegal en el vecino Hidalgo, donde también ha operado el CSRL, presentó un incremento de 182 por ciento.

Tercero, el golpe al CRSL representa una oportunidad para otros grupos criminales. El cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) también tiene fuerte presencia en Guanajuato, y es mucho más sofisticado y peligroso que el CRSL, el cual surgió como defensa contra las incursiones del cartel de Jalisco en el estado. El CJNG está en buena posición para aprovechar la desaparición del CRSL en sus esfuerzos por controlar la economía del huachicoleo.

Fiscalía: Élites de Guatemala usaron sector salud para llenarse los bolsillos

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Jorge Alejandro Villavicencio Álvarez, exministro de Salud de Guatemala

La fiscalía de Guatemala investiga un multimillonario esquema de corrupción al interior del Ministerio de Salud Pública del país. Es el caso más recientede saqueo de los sistemas de salud latinoamericanos por parte de funcionarios y élites empresariales para obtener beneficios personales.

Según un comunicado de prensa del 16 de julio, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), adscrita al Ministerio Público, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo respaldado por Naciones Unidas, se encuentran investigando a más de 50 personas —incluidos funcionarios del gobierno— por presuntamente participar en el esquema, mediante el cual obtuvieron millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2014.

Entre los acusados se encuentra Jorge Villavicencio Álvarez, quien por esa época se desempeñaba como ministro de Salud del país. Los fiscales afirman que él ideó el esquema, mediante el cual los miembros presuntamente recibieron pagos de empresas contratadas para construir hospitales nuevos y reconstruir los que resultaron afectados por el terremoto de 2012 en la costa Pacífica del país, que destruyó hospitales y otra infraestructura del país.

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Los fiscales dicen que los sobornos por las reparaciones ascendieron a por lo menos 17 millones de quetzales (cerca de US$2,2 millones), mientras que los recibidos como parte de la construcción de nuevos hospitales ascendieron a 36 millones de quetzales (alrededor de US$4,7 millones).

La red además compró equipos médicos innecesarios a cambio de sobornos y repartió 450 puestos de trabajo como “favores políticos”. Sin embargo, alrededor de 100 de estos trabajos eran puestos “fantasma”. Según las autoridades, los funcionarios recibían su salario sin realizar ningún trabajo.

Como ministro de Salud, Villavicencio Álvarez supuestamente ideó el plan con su hija, Cándida Saraí Villavicencio Delgado, y lo mantuvo con el excandidato presidencial Luis Fernando Pérez Martínez. Ninguno de los tres ha sido arrestado.

Sin embargo, las autoridades han detenido a 19 personas, han emitido 29 órdenes de captura y han ordenado a otras 84 personas que comparezcan ante la justicia.

“Lo que para los guatemaltecos significó tragedia y pérdidas, como el terremoto de noviembre de 2012, para la estructura criminal significó una oportunidad para negocios ilícitos”, se lee en el comunicado de prensa.

Análisis de InSight Crime

Los sistemas de salud latinoamericanos han sido usados con frecuencia por algunos de los funcionarios públicos más corruptos de la región, los cuales se enriquecen de manera ilícita a sí mismos y a sus socios, a la vez que ponen en riesgo a los ciudadanos.

En Honduras, las autoridades descubrieron un gran escándalo de corrupción dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que causó que a los ciudadanos se les entregaran medicinas vencidas y tratamientos inadecuados.

Las autoridades comenzaron a investigar el instituto en 2013 y descubrieron un intrincado esquema compuesto por 10 empresas fantasma que supuestamente malversaron unos US$330 millones. En 2015, el presidente Juan Orlando Hernández admitió que las empresas relacionadas con la “corrupción institucionalizada” dentro del IHSS contribuyeron US$150,000 para su exitosa campaña presidencial de 2013.

Hay quienes creen que una cantidad mayor fue canalizada al Partido Nacional y utilizada en parte para la carrera electoral de Hernández en 2013. El exdirector del IHSS, Mario Zelaya, el cerebro del esquema de corrupción, fue condenado a más de 50 años de prisión. El escándalo también implicó a otros miembros de las élites.

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En México, funcionarios corruptos del nivel estatal también se han enriquecido mediante el sistema de salud del país.

El desacreditado exgobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte, estuvo al frente de un corrupto sistema de salud pública que supuestamente “utilizaba medicamentos falsos para tratar a niños con cáncer y a sabiendas compró” unas 70.000 pruebas de VIH falsificadas.

“En todas ellas daban negativo y se pudo detectar a tiempo y nunca llegó a la población, pero se gastaron ocho millones de pesos (cerca de US$420,000) en comprar estas pruebas a sabiendas de que eran falsas”, dijo en 2017 Antonio Nemi, quien fue secretario de salud de Duarte entre marzo de 2013 y octubre de 2014, en declaraciones a El País.

Después de seis meses prófugo, Duarte, quien transformó a Veracruz en un “estado del terror”, fue arrestado en abril de 2017 por numerosos cargos relacionados con crimen organizado, corrupción y malversación de fondos públicos.

‘Narcosubmarinos’ vuelven al mapa del tráfico de cocaína a EE. UU.

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Agente de la Guardia Costera de Estados Unidos aborda "narcosubmarino" en el océano Pacífico

Agentes de la Guardia Costera de Estados Unidos interceptaron un “narcosubmarino” que transportaba 7.700 kilogramos de cocaína, mientras surcaba el océano Pacífico, lo que marca un repunte de esta modalidad de trasiego de narcóticos.

En un dramático video divulgado el 11 de julio aparece un patrullero de la Guardia Costera junto a un semisumergible a toda velocidad. Los guardacostas saltan para abordar la nave  y uno de ellos golpea la escotilla hasta que se abre. El operativo, ocurrido el 18 de junio, terminó con el arresto de cinco supuestos traficantes y la incautación de un alijo de cocaína valorado en US$232 millones.

La Guardia Costera ha encontrado un mayor número de estas naves recientemente. En un lapso de dos meses en 2017, detuvieron siete “naves de bajo perfil para el trasiego de drogas”, según un comunicado oficial, en las que se incautaron alrededor de 10.300 kilogramos de cocaína por un valor superior a los US$306 millones.

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Las autoridades en Colombia también están viendo un repunte de esta modalidad de tráfico.

En agosto de 2018, por ejemplo, la marina colombiana interceptó dos semisumergibles, uno de los cuales transportaba más de dos toneladas de narcóticos valoradas en US$66 millones, y otro con más de 1.700 kilogramos de cocaína. Para septiembre del mismo año, la marina colombiana había capturado 14 semisumergibles en el océano Pacífico, más del triple que el año anterior, según información de Business Insider.

Estas naves zarpan en su gran mayoría de la costa Pacífica de Colombia, donde los manglares ofrecen la cobertura ideal para los constructores.

Análisis de InSight Crime

El creciente uso de los llamados narcosubmarinos para el trasiego de narcóticos entre Colombia y Estados Unidos refleja dos realidades del tráfico de cocaína: la producción de coca pasa por un pico histórico en Colombia, y los traficantes siguen considerando los océanos como la manera más efectiva de transporte de drogas. En 2018, el cultivo de coca en Colombia se mantuvo en 208.000 hectáreas, apenas una fracción por debajo del récord de 209.000 hectáreas registrado en 2017. Esa bonanza ha llevado a los traficantes a recurrir a todos los tipos de transporte marítimo.

El método de tráfico tradicional, que consiste en ocultar cocaína en barcos de carga que arriban a puertos estadounidenses, ha sido empleado recientemente por los traficantes, lo que se evidencia en los enormes decomisos del alcaloide en puertos de Nueva York y Philadelphia.

También es evidente que los traficantes consideran que los semisumergibles, usados originalmente por narcos colombianos a comienzos de la década de 1990, son un método de transporte efectivo. Estas naves se usan básicamente para eludir la tecnología de radar mejorada y el uso de lanchas rápidas por parte de las autoridades.

Desde 2009, esas naves podían construirse por solo US$50.000 y ensamblarse en menos de 90 días. Desde entonces, se han hecho cada vez más veloces, sofisticadas y posiblemente más económicas en su construcción.

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Los traficantes también han ensamblado versiones totalmente sumergibles, cuya construcción vale millones de dólares, pero tienen espacio suficiente para algunos miembros de tripulación y enormes cargamentos de narcóticos.

El aumento de las interdicciones de este tipo de embarcaciones muestra que ha sido efectivo triplicar los recursos de la Guardia Costera estadounidense en el Pacífico. Pero el uso continuado de submarinos por parte de los traficantes muy probablemente indique que una parte aún logra esquivar a las autoridades. Aun cuando sean detenidos, estos submarinos pueden resultar frustrantes para las autoridades. Están construidos para hundirse con facilidad, lo que quiere decir que es difícil levantar cargos contra la tripulación una vez el cargamento de narcóticos y la nave yacen en el lecho de océano.

Reacciones encontradas en Argentina por decreto de extinción de dominio

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Argentina ha confiscado casi US$19 millones en activos del clan Loza

Las autoridades de Argentina están implementando por primera vez un programa de incautación de activos criminales, un mecanismo legal mediante el cual se les expropian sus bienes a los grupos ilegales, pero que no está exento de tropiezos.

El 16 de julio, el Ministerio Público de Argentina solicitó el decomiso de casi US$19 millones (800 millones de pesos) en propiedades y vehículos de los miembros del clan Loza, una gran organización criminal con conexiones internacionales.

Esta es la primera vez que se hace uso a gran escala de un decreto firmado por el presidente Mauricio Macri, mediante el cual se creó el Régimen de Extinción de Dominio, después de dos años de intentos fallidos para la aprobación de una ley similar por parte del Congreso.

El decreto permite a las autoridades investigar los orígenes de los bienes de presuntos criminales paralelamente a las investigaciones judiciales. Si los propietarios no logran explicar satisfactoriamente cómo pagaron los bienes en cuestión, estos pueden ser confiscados, incluso antes de que se dicte sentencia.

Según el decreto, los casos relacionados con crímenes como narcotráfico, corrupción, crimen organizado, terrorismo y tráfico de personas pueden dar lugar a la extinción de dominio. Las autoridades pueden investigar crímenes cometidos incluso hace 20 años.

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El clan Loza fue investigado después de que 12 miembros del grupo fueron detenidos en diciembre pasado y acusados de delitos como tráfico de drogas y lavado de dinero en Argentina. Otros miembros de la organización están siendo investigados en España e Italia.

El clan dirigía una sofisticada estructura de tráfico de cocaína, que involucraba a productores en Perú y Bolivia, funcionarios de aduanas corruptos en Argentina y una red de distribución de droga en España y otros países europeos.

Las autoridades afirman que la organización era particularmente eficaz para lavar millones de dólares provenientes de ganancias ilegales a través de la compra de cientos de propiedades y vehículos de lujo en varios países.

Análisis de InSight Crime

En principio, las leyes de extinción de dominio son una manera eficaz de atacar a los grupos criminales donde más les duele: sus billeteras.

A pesar de que estas políticas son relativamente nuevas en Latinoamérica, al menos una docena de países tienen leyes similares vigentes y otros las están considerando o están en el proceso de implementarlas.

Pero prácticamente todas las leyes de extinción de dominio han recibido duras críticas, lo que dificulta su aplicación.

En Argentina, los críticos cuestionan el hecho de que el decreto permite que el proceso vaya paralelo a las investigaciones judiciales, por lo que el acusado se ve obligado a demostrar que es inocente, lo cual va en contra de la Constitución argentina.

Además, aunque a veces es claro que los bienes ilegales pertenecen a un individuo sospechoso de actividades criminales, este no es siempre el caso. A menudo es difícil establecer las pruebas de propiedad, lo cual puede conducir a irregularidades.

Pero los fiscales argentinos han respondido que el decreto es esencial, dado que puede ayudar a acelerar los procesos criminales, que a menudo son muy largos.

También existe el temor de que la incautación de activos pueda ser utilizada para retribuciones políticas, pues en efecto muchos altos políticos argentinos han sido acusados de corrupción, y el poder judicial del país ha recibido abundantes críticas.

Las autoridades aseguran que esto no sucederá, dado que se implementará un fuerte mecanismo de supervisión independiente —que actualmente no está siendo considerado—, el cual permitirá asegurar la mayor transparencia posible.

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En tercer lugar, la burocracia ha sido un obstáculo para la efectiva aplicación de las leyes de extinción de dominio en otros países latinoamericanos, particularmente cuando se trata de la manera como se utilizarán los dineros decomisados.

En Argentina, parece que el énfasis se ha puesto en la cantidad de activos que se incautarán, en lugar de lo que las autoridades harán con el dinero.

Otros países de la región enfrentan problemas similares.

En México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un nuevo organismo gubernamental para destinar los fondos incautados a la educación, el deporte y otros programas de infraestructura social, pero hay quienes han cuestionado la viabilidad de dicho plan.

Y en Estados Unidos, el hecho de que los bienes incautados suelen ser utilizados para aumentar los presupuestos de los departamentos de policía locales ha sido particularmente polémico.

Informe revela control de redes criminales en industria maderera de Perú

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Un nuevo informe revela la magnitud del tráfico de madera en Perú

Un nuevo estudio que ofrece un análisis detallado de la industria maderera en Perú pone al descubierto los alarmantes grados de ilegalidad que han contaminado la cadena de suministro maderero del país y la constante evolución de las redes de tráfico.

En el informe, “Autorizado para robar: redes del crimen organizado blanquean madera ilegal de la Amazonía peruana”, el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) analiza 1.024 guías de transporte forestal (GTF). Estos documentos acompañan los cargamentos de madera como señal de legalidad, pero con frecuencia se negocian en el mercado negro para blanquear madera producto de la tala ilegal.

Las GTF, que cubren un periodo de tres meses en 2017, registran el paso de madera desde los departamentos de Loreto, Ucayali, Huanaco y San Martín, en el noreste del país, por un punto de control en la vía a Lima.

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La mayoría de los cargamentos de madera que representan los documentos fueron avalados por los Planes de Manejo Forestal, que detallan dónde pueden trabajar los aserradores y qué ejemplares pueden beneficiar. De los que cuentan con planes, el 44 por ciento fueron inspeccionados por el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (OSINFOR), ente del gobierno encargado de supervisar la industria maderera. El 58 por ciento de los cargamentos inspeccionados aparecieron en la “lista roja” de OSINFOR, que identifica operaciones de tala con alto riesgo de ilegalidad.

El OSINFOR inspecciona las operaciones madereras en concesiones forestales, comunidades indígenas, terrenos particulares y “bosques locales” —un marco que otorga permisos limitados de explotación a las comunidades locales en zonas selváticas. Los datos de las GTF muestran patrones claros sobre cuáles de esos son más atractivos para los traficantes de madera. Las inspecciones de cargamentos procedentes de bosques locales hallaron que el 98 por ciento tenían origen en operaciones de la lista roja de  OSINFOR, mientras que el 94 por ciento de la madera inspeccionada de terrenos privados y el 76 por ciento de comunidades indígenas también venía de operaciones que aparecían en la lista roja. En contraste, solo el 6 por ciento de los cargamentos de concesiones forestales se encontraba en la lista roja.

Del 56 por ciento restante de los cargamentos que OSINFOR no inspeccionó, es imposible decir qué porcentaje puede ser ilegal. El 8 por ciento de ellos provenían de plantaciones forestales sobre las que el OSINFOR no tiene jurisdicción. El 48 por ciento restante o no fueron inspeccionados por OSINFOR o no se declararon para la supervisión del  OSINFOR, o la GTF no incluía el número de resolución del Plan de Manejo Forestal, sin el cual es imposible rastrear si la operación se ha inspeccionado o no.

Análisis de InSight Crime

El tráfico de madera en Perú está en manos de una variedad de actores criminales, desde traficantes individuales hasta grandes redes sofisticadas, y es facilitado por funcionarios públicos abiertamente corruptos. El informe de CIEL identifica y nombra a varios funcionarios forestales, cuya firma aparece de manera consistente en planes falsificación, sin que se hayan visto repercusiones.

Lo que deja en claro el informe es cuánta parte de la industria han captado estos actores criminales.

El análisis del CIEL solo pudo identificar alrededor de un 25 por ciento de los cargamentos de madera examinados, como con alta probabilidad de haberse beneficiado de fuentes ilegales, pero al mismo tiempo solo pudo identificar un 18 por ciento con muchas probabilidades de ser legal. Al resaltar cómo la mayoría de los cargamentos pasan sin inspección, el informe llama la atención sobre la manipulación del papeleo, las zonas grises y vacíos jurídicos que los traficantes de madera aprovechan.

Además de esto, hay también una parte importante del sector que opera completamente por fuera de este marco, con la venta de madera directamente en los mercados locales o contrabandeada en la frontera a países vecinos de Perú.

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Teniendo en cuenta estas secciones de la industria, los expertos consultados por InSight Crime creen que los índices reales de ilegalidad en la explotación maderera en Perú podrían llegar al 80 por ciento, lo que representa cientos de millones de dólares para las redes de tráfico de madera.

El análisis de los índices de ilegalidad en los diferentes tipos de zonas de explotación que muestra  el informe también ilustra cómo ha evolucionado el tráfico para eludir la atención de OSINFOR.

Inicialmente, las inspecciones del OSINFOR se concentraron en las concesiones forestales, lo que desencadenó un auge de la ilegalidad en comunidades nativas, con la búsqueda de alternativas por parte de los traficantes. Cuando el OSINFOR comenzó a dirigir su atención a estas comunidades, hubo un incremento en el uso de los bosques locales. Con los traficantes decididos a mantenerse un paso adelante, ya hay evidencia de que su próximo blanco pueden ser las plantaciones forestales, que están fuera de la jurisdicción del OSINFOR.

Sin embargo, para uno de los autores del informe, y exdirector del OSINFOR, Rolando Navarro, el aspecto más perjudicial del informe del CIEL es que hay pocos indicios de que la ley forestal de 2015 en Perú, que introdujo una serie de nuevas regulaciones y sanciones concebidas para frenar el tráfico de madera, haya tenido un impacto visible en la criminalidad en la cadena de suministro.

“Este informe constituye la evidencia de que nada cambió con la nueva ley forestal”, concluyó Navarro en intercambio con InSight Crime. “Los mismos actores siguen operando con impunidad, usando los mismos esquemas y el mismo modus operandi del pasado”.

Detenciones masivas en Jamaica son ineficientes para frenar la violencia criminal

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Los estados de emergencia en Jamaica han llevado a grandes despliegues del ejército y la policía, pero quizá no logren resultados a largo plazo

En solo dos meses, 906 personas fueron detenidas en Jamaica durante los estados de emergencia que se decretaron en todo el país, pero es probable que esta estrategia para reducir los crímenes violentos no produzca resultados a largo plazo.

Los datos de la Policía de Jamaica indican que, durante los estados de emergencia pública que se han implementado en Hannover, St James y Westmoreland, se han detenido 906 personas, de las cuales 811 han sido liberadas después de su enjuiciamiento, según un informe de The Gleaner. Como resultado de esta ola de detenciones masivas, solo 17 personas fueron acusadas de participar en homicidios o tiroteos, y solo dos presuntos pandilleros fueron enjuiciados.

Desde el 30 de abril, los estados de emergencia han otorgado poderes adicionales de manera temporal a las fuerzas de seguridad en esos tres distritos jamaiquinos, lo que le ha permitido al gobierno desplegar el ejército y aumentar la presencia de la policía en ciertas zonas. Además, los agentes pueden parar a las personas, registrarlas y arrestarlas sin que medie una orden judicial.

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La utilización de estas medidas por parte del gobierno de Jamaica no es algo nuevo; en St. James, un estado de emergencia que se extendió por un año expiró en el mes de enero y fue renovado a finales de abril, junto con los de Westmoreland y Hanover. El 7 de julio, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, anunció que se haría lo mismo en la región de St. Andrew South.

El uso de estados de emergencia hace parte de la estrategia del Gobierno para reducir las altas tasas de homicidio en Jamaica: en 2018 se registraron 47 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que representa un total de 1.287 asesinatos. Esta cifra es casi tres veces más que el promedio de América Latina y el Caribe. Holness afirma además que el 70 por ciento de los asesinatos que se cometen en Jamaica están relacionados con pandillas.

Análisis de InSight Crime

A pesar de algunos resultados alentadores a corto plazo, el represivo plan de seguridad de Jamaica podría ser contraproducente en cuanto al control de la delincuencia a largo plazo. Las detenciones masivas durante los estados de emergencia son utilizadas por otros gobiernos latinoamericanos, pero rara vez se han logrado avances sostenibles.

Jamaica tuvo una disminución del 21,7 por ciento en la tasa de homicidios en 2018, y St. James experimentó un descenso del 70 por ciento en los homicidios durante el estado de emergencia que se decretó allí por un año. Sin embargo, durante una conferencia de prensa, Holness dijo que el plan de seguridad actual podría ser insuficiente para detener la violencia criminal. “La verdad es que el nivel de criminalidad está por encima de la capacidad de las fuerzas del orden para responder [de manera efectiva]. En los últimos ocho años ha habido 11.000 asesinatos, y no tenemos suficientes investigadores”, afirmó el primer ministro.

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El ex vicecomisario de policía de Jamaica, Mark Shields, está de acuerdo en que los estados de emergencia y las detenciones masivas tienen limitaciones. “Las empresas de servicios estatales fracasarán si no se implementan planes a largo plazo para mejorar la educación, el empleo y la seguridad, respaldados por un sistema de justicia eficiente”, le dijo a InSight Crime.

Recurrir a los estados de emergencia produce objetivos solamente a corto plazo, como detener temporalmente a las pandillas y tranquilizar a los habitantes al desplegar uniformados en las calles.

Las grandes operaciones que involucran detenciones masivas han sido utilizadas por otros gobiernos en toda la región de América Latina y el Caribe, y sus pocos resultados demuestran la ineficiencia del uso de dicha estrategia.

En El Salvador, detrás de la reciente ola de enfrentamientos con la policía se oculta un patrón de asesinatos extrajudiciales; por su parte, en Argentina, el alto aumento en los arrestos y decomisos de drogas ha sido criticado porque no se enfoca en los grandes narcotraficantes.

En ascenso paso de narcoaviones por Guatemala

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Guatemala se ha convertido en pista de aterrizaje para narcoaviones, como el que aparece en la imagen

En lo que ha transcurrido de 2019, Guatemala ha descubierto más de 20 aviones sospechosos de llevar drogas, una evidencia de que los traficantes siguen aprovechando la ubicación del país (en América Central) y su deficiente control del espacio aéreo.

El último avión fue rastreado por las autoridades hasta el departamento de Escuintla, este de Guatemala, donde lo encontraron incendiado y abandonado en un campo remoto. Con el hallazgo de esta nave el 9 de julio llega a 22 el número de aviones sospechosos de transportar drogas que las autoridades han descubierto en 2019, según información de Prensa Libre.

Representantes del gobierno declararon que la mayoría de los aviones aterrizan en pistas ocultas en los departamentos de Petén, Izabal, Retalhuleu, Escuintla, Quiché y Alta Verapaz, la mayoría de los cuales se encuentran cerca de la frontera entre México y Guatemala.

En el extenso departamento de Petén al noreste, los traficantes se han repartido la Reserva de la Biosfera Maya —la mayor selva húmeda tropical de Centroamérica— para abrir lugar para esas pistas clandestinas. El patrullaje de una extensión tan vasta ha sido difícil para las autoridades, y son rutinarios los incendios de partes de la reserva por los traficantes.

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Muchos de los narcoaviones con destino a Guatemala salen de Venezuela, según un reportaje de CNN. En medio del colapso de ese país, los narcoaviones que despegan desde el país han pasado a casi uno diario, según el medio informativo.

Los aviones se dirigen hacia el norte y aterrizan en su gran mayoría en pistas clandestinas que controlan criminales locales en Guatemala y Honduras. Posteriormente se ingresan los narcóticos a México, y finalmente se contrabandean a Estados Unidos.

Análisis de InSight Crime

Amplias extensiones de tierras inaccesibles propicias para el uso de pistas clandestinas y los débiles sistemas de control aéreo han hecho de Guatemala una plataforma de aterrizaje y punto de tránsito para los narcoaviones cargados de cocaína.

En 2015, Guatemala adquirió tres unidades de radar para mejorar la detección de aeronaves.

El exministro de gobernación Carlos Menocal señaló que muchos de los radares no están funcionando y que los que funcionan no cumplen su tarea como se espera. Entretanto, el exministro de defensa Cecilio Leiva declaró que los narcotraficantes conocen las debilidades del sistema de radar y han estado explorando el espacio aéreo del país.

Los traficantes podrían estar mirando hacia Guatemala como destino para los narcovuelos luego de que las autoridades tomaran medidas enérgicas en otras rutas. Honduras fue un punto de tránsito importante para los narcóticos procedentes de Suramérica. Pero la compra de radares de Israel y la estrecha coordinación con las autoridades estadounidenses han permitido reducir la afluencia de narcovuelos en ese país.

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La ubicación de Guatemala también reviste importancia estratégica para los traficantes. Al contrario de los vecinos Honduras y El Salvador, el país tiene una extensa frontera compartida con México.

Exfuncionarios estadounidenses también han apuntado a los altos índices de corrupción en el país y han afirmado que la presencia de un gran número de vuelos clandestinos son una señal de que hay complicidad en las fuerzas de seguridad.

Un caso notable en 2018 fue el de un coronel del Ejército guatemalteco capturado en el departamento de Petén luego de que las autoridades caminaran por horas en medio la selva para finalmente hallar al coronel junto a un Cessna 210 y en posesión de US$15.000. Sin embargo, para cuando las autoridades llegaron a la escena ya se habían descargado los narcóticos, lo cual desafortunadamente es una situación bastante común.