Investigación y análisis de crimen organizado
Inicio Blog Página 5

Aves traficadas en Venezuela encuentran mercado en Trinidad y Tobago

0
Aves exóticas en medio del océano entre Venezuela y Trinidad y Tobago.

Las capturas recientes de traficantes de aves en Trinidad y Tobago ponen bajo la lupa una economía criminal que ha acechado la fauna exótica de la vecina Venezuela por varias décadas.

Al menos 47 loros, guacamayas y camachuelos murieron ahogados en cajas y cestas que tres hombres tiraron por la borda de una lancha poco antes de que la guardia costera de la isla caribeña los detuviera, reportó el 2 de junio el Trinidad & Tobago Guardian.

Los tres hombres, nativos de la comunidad de Cedros en Trinidad, intentaban ingresar los animales atrapados ilegalmente en Venezuela para luego venderlos en el mercado negro de la isla.

Las aves probablemente fueron adquiridas en Delta Amacuro, un estado venezolano a pocas millas náuticas de Trinidad donde comunidades indígenas pobres suelen cazar animales para venderlas a las redes de tráfico.

VEA TAMBIÉN: De aves cantoras a huevos de rapaces: el robo de aves en América Latina

Las aves exóticas venezolanas son codiciadas por varias razones. Los loros y guacamayas son vendidos como mascotas, mientras que las especies cantoras son destinadas a participar en competencias de canto (“bird race competitions”) tradicionales en Trinidad y Tobago, Guyana y Suriname y pueden venderse hasta en US$5.000 en Trinidad.

El tráfico ilegal de fauna no es nuevo en Venezuela. Un estudio de científicos y activistas venezolanos indica que desde 1981 hasta 2015 fueron traficadas 641.000 aves en el país, en promedio 18.334 por año, y con un aumento continuo.

Análisis de InSight Crime

A pesar de que palidece ante las demás economías criminales en Venezuela, el tráfico de animales exóticos es una actividad histórica que ha engendrado redes acostumbradas a valerse de la pobreza de algunas comunidades para comprarles aves cazadas ilegalmente.

Los bosques y selvas de Delta Amacuro poseen gran variedad de especies de guacamayas, loros y pajaros cantores. A esto se suma la existencia de cientos de caños fluviales que han fomentado actividades criminales de intercambio con Trinidad, desde contrabando hasta tráfico de drogas.

Delta Amacuro también es uno de los estados con mayores índices de pobreza, por lo que comunidades indígenas cazan ilegalmente estas aves ante la demanda de las redes de tráfico.

Un indígena de la etnia Warao que vive en Delta Amacuro explicó a InSight Crime que las comunidades son visitadas cada dos semanas por traficantes originarios de Trinidad y Tobago y de Guyana que compran aves y otros animales que suelen encargar previamente.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela

Una pequeña porción de las aves capturadas ilegalmente se vende en el mercado negro local, indica la investigación venezolana, mientras la mayoría son traficadas a Colombia, Brasil, Guyana y las islas del Caribe, desde donde pueden ser enviados a Estados Unidos, Europa e incluso Asia.

La ruta predilecta para el traslado de las aves en Venezuela se realiza por tierra desde los estados en que son capturados hasta la frontera con Colombia o Brasil. Por mar se envían animales escondidos en buques que parten desde Puerto Cabello, uno de los puertos más importantes del país en Carabobo, un estado central costero. Los animales también son traficados por avión.

El impacto de la caza ilegal de aves en Venezuela ha reducido la población de varias especies, en especial la del cardenalito, un pequeño pájaro rojo y negro en peligro de extinción tras haber sido traficado por décadas, según Red Siskin Initiative.

Los Chapitos

0

El ahora preso exjefe del Cartel de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, tuvo muchos hijos, pero solo un selecto grupo de ellos, a quienes se conoce en conjunto como “Los Chapitos”, se encuentran en el centro de una actual pugna interna por el control de las operaciones del grupo contra el último miembro que queda de la “vieja guardia”, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Aunque ninguno de los bandos ha llegado a ejercer el tipo de dominio que dejaría en claro quién está al mando de las actividades criminales del grupo, no se ha escatimado en sangre derramada en la disputa entre las dos facciones.

Historia

Aunque se dice que El Chapo tiene hijos por docenas, solo cuatro han figurado en las operaciones criminales del Cartel de Sinaloa: los hermanos Guzmán López: Joaquín, de 34 años, y Ovidio, de 28, y los Guzmán Salazar: Iván Archivaldo, de 39, y Jesús Alfredo, de 36.

Al parecer Ovidio, Iván y Jesús Alfredo fueron involucrados en las operaciones criminales del Cartel de Sinaloa en su adolescencia por su padre y El Mayo con el fin de que aprendieran el tejemaneje de la organización. Ovidio, quien en 2012 fue sancionado por por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado estadounidense e imputado en febrero de 2019, ha recibido mucha más atención en los últimos años.

En octubre de 2019, las fuerzas de seguridad mexicanas ejecutaron una operación para capturar a Ovidio en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, que resultó mal planeada. Poco después de que se corriera la voz sobre la detención de Ovidio, los miembros del Cartel de Sinaloa respondieron con toda su fuerza, llenando la ciudad con un ejército que paralizó a los ciudadanos y lanzó una ofensiva total para demandar su liberación. El presidente Andrés Manuel López Obrador finalmente “ordenó que se detuviera el operativo y se liberara al presunto criminal”.

Según el Departamento del Tesoro estadounidense, Ovidio era un “lugarteniente clave” en las filas del Cartel de Sinaloa.

Por su parte, se cree que Iván y Jesús también son operadores importantes del cartel. En 2016, ambos hermanos hicieron parte de un grupo de hombres secuestrados por el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en un fino restaurante de un elegante distrito del centro turístico de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, donde el CJNG tiene su territorio. Ambos hijos fueron liberados posteriormente.

Pero Jesús parece tener un papel más destacado en las actividades del Cartel de Sinaloa. De hecho, él mismo se coló en la lista de los más buscados de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), el único de los hijos que ha obtenido tal distinción. En 2015, los fiscales estadounidenses también lo imputaron junto con su padre y a otros jefes del cartel por cargos de narcotráfico. 

Además, se cree que Jesús cumple un papel importante en las actividades internacionales del grupo. En 2016, supuestamente pasó unos meses en la ciudad colombiana de Medellín bajo la protección de La Terraza, una de las bandas criminales más poderosa de la ciudad en expansión.

De Joaquín no se sabe mucho. Ha mantenido un perfil relativamente bajo en comparación con sus demás hermanos. Dicho esto, en febrero de 2019, el Departamento de Justicia estadounidense lo acusó formalmente junto con Ovidio por conspirar para traficar cocaína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. La imputación en sí carecía de detalles específicos, pero los fiscales estadounidenses alegan que el tráfico se dio en el transcurso de una década, entre abril de 2008 y abril de 2018, para el Cartel de Sinaloa.

En ausencia de su padre luego de su captura definitiva en 2016 y su posterior extradición, Los Chapitos no se han puesto de acuerdo con El Mayo, ni con su tío, Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”, sobre el control de las operaciones del grupo.

Dado que su padre fue fundador del grupo, los hijos han sentido que tienen derecho a heredar lo que él construyó. Aunque es cierto que son mucho más ostentosos que El Mayo a la hora de hacer gastos y fiestas con las ganancias de la droga, Los Chapitos sí conocen el funcionamiento interno del cartel y quieren asumir el control absoluto.

Como resultado, los dos bandos llevan años envueltos en feroces batallas. Más recientemente, en mayo de 2020, José Rodrigo Aréchiga Gamboa, alias “El Chino Antrax”, quien fuera el jefe del escuadrón de sicarios Los Antrax, para el Cartel de Sinaloa, y aliado de El Mayo— fue hallado muerto luego de escapar de la supervisión federal por su libertad condicional en San Diego. Se cree que Los Chapitos fueron los responsables de la masacre.

El Chino Antrax era un aliado cercano de El Mayo, pues creció con la familia Zambada y junto a los hijos de El Mayo en Culiacán. Esta larga historia hace improbable que el anciano capo tuviera mucho que ganar al asesinar a un antiguo aliado en un momento en que podría necesitarlo por las tensiones internas en el grupo.

Solo un mes después del asesinato del Chino Antrax, se presentó un tiroteo de varias horas a las afueras de Culiacán, al parecer, entre los dos bandos que dejó un saldo de 16 muertos.

No es claro qué, si hay algo, permitirá que las dos facciones se encuentren cara a cara y lleguen a un acuerdo sobre cómo debería operar el Cartel de Sinaloa. Por el momento, las divisiones internas no han desbancado al grupo de su posición como una de las organizaciones criminales más poderosas de México.

Actividades criminales

El principal negocio de Los Chapitos, tal como lo fuera de su padre, es el narcotráfico internacional. Según varios pliegos acusatorios en Estados Unidos, los hijos están involucrados en el tráfico de grandes cantidades de todo, desde cocaína y marihuana hasta metanfetaminas, hacia Estados Unidos, usando una amplísima red de contactos en toda Latinoamérica.

En particular, el grupo se ha adaptado a los cambios de los mercados de la droga y han entrado con mayor fuerza cada vez en el tráfico de drogas sintéticas, junto al CJNG, especialmente en lo que respecta al tráfico del potente opioide sintético fentanilo. Además, el grupo ha buscado otros mercados diferentes al estadounidense y ha comenzado a capitalizar los lucrativos mercados en Australia.

Geografía

Los principales territorios para Los Chapitos son su lugar natal en el estado de Sinaloa, el feudo del grupo en el noroeste de México a lo largo de la costa Pacífica del país, especialmente en la capital Culiacán. 

Sin embargo, los hijos de El Chapo parecen tener mucha más influencia y poder dentro de Culiacán y otros centros urbanos. De otro lado, se cree que El Mayo matiene un control fuerte de sus redes rurales en las zonas circundantes a la capital, cuyo control no se han podido tomar Los Chapitos.

En su conjunto, el Cartel de Sinaloa opera en grandes ciudades que van desde Nueva York, Estados Unidos, hasta Buenos Aires, Argentina, y un sinnúmero de otras más entre esas dos. El grupo también opera en por lo menos 17 estados mexicanos, y según algunos estimativos, hasta en 50 países.

Sin embargo, hay menos claridad sobre qué tan directamente figuran los hermanos en operaciones ajenas a Sinaloa.

Aliados y enemigos

Actualmente, el exmano derecha de su padre, El Mayo, parece el enemigo interno número uno de Los Chapitos. Adicionalmente, se han reportado fricciones familiares con su tío, El Guano, por el control del territorio de tráfico y los presuntos pagos de extorsiones que se pensaba que él cobraba en algunos lugares de Sinaloa.

Aparte de eso, Los Chapitos tienen la mira puesta en atacar la Organización Beltrán Leyva, aliado del Cartel de Sinaloa antes de que una división en 2008 desatara una sangrienta guerra entre los dos grupos. En 2016, se dice que más de 100 integrantes de Beltrán Leyva fueron responsables de saquear la casa de la madre de El Chapo en las montañas de Sinaloa, lo que la obligó a huir de la región, junto con cientos de personas más de comunidades cercanas.

Por último, el CJNG sigue siendo uno de los mayores enemigos de Los Chapitos, por su disputa con el Cartel de Sinaloa por el control absoluto de las vastas economías criminales de México. Incluso, se dice que el jefe del CJNG Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, juntó un escuadrón de la muerte para cazar y matar a los hijos de El Chapo.

Prospectos

Hacia el futuro, Los Chapitos tienen sin duda ventaja sobre El Mayo en lo que respecta a la longevidad. Se rumora que el anciano capo tiene quebrantos de salud y lucha contra la diabetes. Pero las raíces de El Mayo en el Cartel de Sinaloa son profundas. El hecho de que Los Chapitos no hayan logrado tomar control total de las operaciones del grupo hasta ahora indica que a El Mayo le queda aún mucha fuerza para pelear.

Sin embargo, cuando El Mayo eventualmente caiga, sea porque finalmente es capturado o abatido a la manera común del crimen organizado, puede que uno o más de Los Chapitos estén prestos a ocupar el primer lugar en el Cartel de Sinaloa por delante de cualquier otro.

Letalidad policial continúa en Brasil durante la pandemia

0
Policías de São Paulo, 2013

Los estados de São Paulo y Río de Janeiro registraron un aumento en el número de asesinatos cometidos por la policía brasileña durante los primeros meses de 2020, a pesar de que las tasas de criminalidad disminuyeron y que los casos de coronavirus aumentaron.

Según una noticia de O Globo del 23 de junio, la policía del estado de São Paulo asesinó a 381 personas entre enero y abril de este año, o cerca de una persona cada 7,5 horas.

Esto significa un aumento del 30 por ciento en los asesinatos policiales con respecto a 2019, cuando las unidades de policía de todo el estado de São Paulo fueron responsables de 291 muertes en los mismos cuatro meses.

El aumento en el estado de Río de Janeiro es menos drástico: un incremento del 1 por ciento en los asesinatos policiales durante los primeros cinco meses de 2020 en comparación con el año pasado, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP).

Sin embargo, las 741 muertes hacen probable que las fuerzas policiales de Río casi alcancen o superen por poco su año más letal, registrado en 2019, cuando fueron asesinadas 1.814 personas.

     VEA TAMBIÉN: Policía de Brasil ejerce su licencia para matar en Río de Janeiro

Además, los asesinatos a manos de la policía han continuado a pesar de una orden del 5 de junio del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil que manda que la policía detenga sus operaciones en las hacinadas favelas ubicadas en el perímetro de la ciudad de Río. El juez expresó su temor de que las operaciones contribuyan a la propagación del coronavirus.

Sin embargo, la noche después de que se emitiera dicha orden, varios oficiales hicieron disparos en una de las favelas de Río, llamada Complexo do Alemão, según dijeron algunos residentes a UOL. Fue en ese mismo barrio donde la policía mató a tiros a 13 personas en el lapso de unas cuantas horas durante una sola operación en mayo.

La fuerza letal de la policía sigue creciendo, a pesar de que las tasas de criminalidad han disminuido en todo Brasil debido a las restricciones por el coronavirus. En abril, las detenciones disminuyeron un 40 por ciento en São Paulo. En Río de Janeiro, los indicadores de robos y homicidios han disminuido drásticamente durante la cuarentena.

Análisis de InSight Crime

Las violentas redadas de la policía en las desvalidas favelas de Río de Janeiro y São Paulo han agravado la crisis de salud por la que atraviesan los residentes, quienes padecen la peor parte de la pandemia de coronavirus.

Como en la mayor parte de los países en la región, la violencia policial en Brasil afecta sobre todo a las comunidades que no son de raza blanca. Según una investigación de O Globo, el 78 por ciento de las personas asesinadas por la policía de Río de Janeiro en 2019 eran de raza negra o mestiza.

La pandemia del coronavirus en Brasil ha experimentado disparidades raciales similares. Un estudio en torno a 30.000 pacientes brasileños con coronavirus estableció una tasa de mortalidad del 38 por ciento para los pacientes blancos, pero una tasa de mortalidad del 55 por ciento para pacientes negros y mestizos. La mayor parte de las muertes del país se han reportado en barrios con mayoría negra en São Paulo y Río de Janeiro.

     VEA TAMBIÉN: Políticas de seguridad

Históricamente, la violencia policial en Río de Janeiro ha recibido una gran atención internacional. En 2019, la policía mató al doble de civiles que toda la policía de Estados Unidos, y una investigación del New York Times halló un patrón según el cual los agentes de Río ejecutan emboscadas y hacen múltiples disparos contra sospechosos en huida.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, quienes llegaron al poder simultáneamente en 2018 con base en plataformas de mano dura contra el crimen, han atizado el fuego de la violencia policial. Han animado a la policía a utilizar la fuerza contra los sospechosos, y Bolsonaro ha dicho que los criminales deben “morir como cucarachas”.

Pero el gobernador de São Paulo, João Doria, es un crítico acérrimo de Bolsonaro y de la violencia policial. Hasta el año pasado, la estrategia de su estado en materia policial, de orientación más liberal, había logrado que el número de asesinatos fuera de menos de la mitad de los que se presentaron en el estado de Río, el cual es menos poblado.

Sin embargo, el reciente aumento de los asesinatos policiales en São Paulo indica que la retórica de los líderes no puede lograr mucho cuando a la policía se le han dado amplias libertades para hacer uso de la fuerza bruta.

Las violentas operaciones policiales, que continúan en las favelas en medio de una floja respuesta ante la pandemia en el país, han incluso dificultado que los residentes reciban la poca ayuda ofrecida durante la creciente crisis de salud. En algunos casos, las misiones policiales han impedido que los residentes reciban alimentos y asistencia de salud pública.

Un sistema fracturado: la red de investigación criminal de México

0

En 2015, el gobierno de la CDMX lanzó un sistema electrónico que iba a articular el trabajo de policías, peritos y ministerios públicos, para mejorar su capacidad de investigación y resolver más crímenes. Aquí la historia de un remedio prometedor que falló.

Prometieron que sería la herramienta que simplificaría las investigaciones criminales en la Ciudad de México. Ofrecieron una solución digital que terminaría con la infame burocracia que ralentiza los procesos de justicia. Aseguraron que la capital tendría una plataforma para conectar peritos y policías investigadores con los ministerios públicos. Sería una fuente de información de inteligencia para prevenir el crimen.

La plataforma conectaría por primera vez a peritos y policías investigadores con los ministerios públicos a la cabeza de la investigación de delitos, distribuyendo el trabajo a las áreas de la Procuraduría alrededor de la ciudad.

*Este artículo fue preparado por Quinto Elemento Lab. Fue editado para mayor claridad y reproducido con su autorización, pero no representa necesariamente las opiniones de InSight Crime.

El Sistema de Interoperabilidad de Actuaciones y Procedimientos (SIAP) iba a cambiar el trágico curso que tienen los crímenes sin resolver en la capital.

En 2015, el gobierno de Miguel Ángel Mancera echó a andar un sistema de cómputo que desarrollaron empleados de la misma Procuraduría General de Justicia de la ciudad. El gobierno incluso recibió un premio a la mejor innovación en el sector público, un año después del debut.

Cinco años más tarde, una investigación hecha con Quinto Elemento Lab muestra que el SIAP ha tenido abundantes fallas técnicas desde el principio y que obstaculiza los esfuerzos de la policía al investigar los crímenes.

Y resolver crímenes nunca ha sido más urgente.

Este se perfila como otro año violento en la ciudad. Recién la semana pasada, un cartel atentó contra la vida del Secretario de Seguridad de la capital en un desplante de poder de fuego nunca antes visto en la capital. La impunidad con la que operan los criminales es en parte resultado de un diezmado sistema de recolección y análisis de información de inteligencia, algo que el SIAP iba a atender.

VEA TAMBIÉNAsesinato de policías y crisis de identidad de la institución en México

Lejos de eso, el SIAP es un sistema fragmentado que hace poco por ayudar a la policía. El ciudadano que acude a denunciar un crimen espera que, cuando menos, su caso quede registrado en el sistema. Pero ni siquiera esto ocurre todas las veces.

Algunas partes de la investigación criminal quedan registradas en archivos de Microsoft Word o impresas en papel, pero no son capturadas en la plataforma digital, de acuerdo con documentos internos de la fiscalía y el testimonio de 15 agentes entrevistados para este reportaje.Muchos de los agentes pidieron la omisión de sus nombres por temor a represalias en su trabajo.

El botón en el SIAP que debía dar las coordenadas de una escena del crimen -y ayudar a generar información de inteligencia-, no funciona. Peritos dicen que a menudo el sistema no les permite subir evidencia crucial en video; los campos destinados a la descripción de las evidencias en la escena del crimen tienen un límite prohibitivo para el número de palabras.

“Es un Frankenstein”, dijo Omar Ramos un forense en Xochimilco, “y le faltan pedazos.”

Hasta 2019, cada día se capturaban en el sistema, en promedio, 728 crímenes nuevos. Cientos de agentes entran a la plataforma con usuario y contraseña.

Pero con frecuencia, la información que resulta de su trabajo de investigación ya no entra al SIAP y el seguimiento electrónico de los casos queda incompleto. En lugar de eso, la información de las investigaciones viaja en los USB y memorias externas de los propios agentes, según las fuentes consultadas.

Y el SIAP a menudo falla.

Documentos filtrados indican que los agentes han reportados fallas miles de veces desde el lanzamiento de la plataforma.

El análisis de cientos de miles de casos en una base de datos filtrada revela que los agentes han reportado regularmente fallas que les impiden subir los reportes de sus investigaciones, descripciones de la evidencia, videos relacionados con la escena del crimen e incluso su firma electrónica -con la que dan validez legal a sus reportes-.

De acuerdo con la base de datos, los agentes notaron fallas en el uso del SIAP más de 11,000 veces entre 2015 y 2018. Es decir, siete veces al día en promedio en ese periodo.

Y ese número no incluye las miles de menciones a otro tipo de problemas como que aún no tenían el SIAP instalado en esa oficina o no estaba actualizado o problemas para ingresar con su usuario y contraseña.

Otros documentos públicos obtenidos vía solicitudes de Transparencia, muestran que el equipo de soporte técnico del SIAP atendió 1,831 llamadas reportando fallas, entre enero de 2015 y diciembre de 2019. En promedio, recibieron una llamada al día con un reporte de falla.

El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó la plataforma, pero no la ha reparado.

Un funcionario cercano al SIAP dijo que está en desarrollo un nuevo sistema. La Fiscalía no lo ha anunciado y no atendió a las solicitudes de entrevista.

Entretanto, el SIAP falla tan a menudo que el gobierno de la ciudad publicó un Acuerdo que autoriza a los agentes a mandar sus reportes “utilizando cualquier herramienta de edición de texto”. Por esa razón muchos agentes deciden entregar sus reportes como antes, impresos.

Pero aún si el SIAP operara bien, las computadoras que tienen en la Fiscalía apenas podrían correr el programa.

Las computadoras de las diversas áreas de la Fiscalía, son tan anticuadas que abrir un archivo de Word ya es un desafío; más aún ingresar al servidor.

El resultado es un sistema de investigación criminal mal coordinado que retrasa o que incluso deja los casos sin resolver por falta de información.

El hecho de que la información de los casos esté dispersa en oficinas alrededor de la ciudad, sin una coordinación central, obstaculiza el trabajo de inteligencia. Los hotspots del crimen que podrían ser descubiertos, quedan sin ser identificados. Y la información acerca de delincuentes que reinciden está dispersa o fuera del alcance de los agentes. El resultado es que muchos delincuentes quedan impunes.

La ciudad de México registró 560 homicidios en los primeros seis meses del año, a pesar de la cuarentena obligada por Covid-19.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de México

La historia sugiere que muchos de estos crímenes quedarán sin resolver. Un 94.5% de los crímenes que ocurrieron en la capital en 2018 quedaron en la impunidad indica un reporte de la organización México Evalúa.

Los policías de investigación y ministerios públicos a menudo tienen pocas herramientas con qué hacer sus investigaciones y son creativos porque los crímenes no pueden esperar a que el sistema funcione.

“Yo no le puedo decir al denunciante ‘oiga mire discúlpame, venga mañana o venga pasado mañana porque el sistema no funcionó’. ¿Sí me explico?”, dijo un policía de investigación que ha trabajado más de 10 años en la dependencia. “Yo debo de resolver en ese momento. Entonces yo tengo que empezar a tomar los registros de las entrevistas de la persona en sistema Word”.

Eso vuelve el combate al crimen aún más difícil, dice Ramón Bernal, un expolicía de investigación de la ciudad que lidera un movimiento nacional en defensa de los derechos humanos de los policías.

“Esa información se queda en la computadora del agente pero no llega a las áreas de inteligencia donde se tienen que analizar todo los delitos”, dijo Bernal. “Entonces ya es mas difícil acabar con los grupos de crimen organizado o con los grupos que se dedican a algún tipo de delito; ya no se sabe dónde están operando dado que el informe no llegó a las áreas de inteligencia.”

La presente administración identificó problemas sistémicos en la plataforma en una revisión que realizó en 2019 y determinó que el SIAP está mal construido y carece de funciones importantes.

“Esta herramienta funciona como un repositorio de información y no como una herramienta de gestión de procesos”, se lee en el reporte. “Lo anterior genera que sea muy difícil para la PGJ controlar la operación.”

El reporte identificó que las deficiencias en el sistema pueden tener un impacto incluso en la precisión de la estadística criminal que la Fiscalía hace pública cada mes y que sale del SIAP.

El documento recomienda contar con un nuevo sistema.

Pero aún si realizaran cambios, las computadoras que usan los policías de investigación son viejas y muchas apenas funcionan.

Según registros obtenidos vía Transparencia, más de 80 por ciento de las computadoras de escritorio que usan en la Fiscalía operan con Windows 7, un sistema operativo de 2009. El otro 20 por ciento funciona con Windows 10, del 2015.

Un agente que trabaja en el cuartel de la Fiscalía en Álvaro Obregón dijo que es difícil abrir casi cualquier programa en sus computadoras, mucho más una plataforma pesada como SIAP. “La computadora se congela si trato de abrir un archivo de Word”, dijo. En una visita a sus oficinas, un agente intentó mostrar las funciones de SIAP y el programa nunca cargó.

Los agentes no confían en las computadoras para almacenar la información de los casos así que la llevan consigo en dispositivos USB u otras memorias externas, confirmaron varios oficiales. Esto también les permite hacer lo que el SIAP no facilita: hacer cruces de información de casos y patrones de delincuentes.

Detectar patrones en el actuar de un presunto criminal es un gran desafío, dijo un policía de investigación que trabaja en El Búnker, como llaman a las oficinas centrales de la Fiscalía. “El problema es que yo hago un informe en Word con el mismo sujeto que robó dos días en otro lugar, que también (tiene un) informe esta en Word”, dijo. “Entonces esa información nunca se va poder cruzar digitalmente porque no ha sido subida; tú estas a ciegas, solamente tienes lo que el denunciante te esta dando en ese momento”.

Las investigaciones languidecen por la falta de acceso a información.

El agente que trabaja en El Búnker dijo que pierde horas buscando información de un caso y que a menudo debe cruzar la ciudad para encontrar los registros en la oficina de un ministerio público. Si es que está disponible. “A veces la gente está de vacaciones”, añadió.

VEA TAMBIÉNEsclarecer homicidios impunes en México tomaría 124 años

El trabajo de los peritos también se ve obstaculizado por SIAP.

“El video es la reina de las evidencias”, dijo otro agente. Pero el SIAP a menudo falla al cargar estos archivos, coincidieron otros oficiales. Un perito que trabaja al sur de la capital comentó que el sistema se congela casi cada vez al final de su turno. “Muchas veces tardamos horas en mandar nuestra carga de trabajo”, dijo. “Llega ser muy, muy tedioso y muy cansado estar repitiendo procedimientos”.

El gobierno sí lanzó una nueva versión del SIAP a fines de mayo, a la que llamó F-SIAP, con ajustes que responden a una serie de cambios en la estructura de la Fiscalía. Pero las fuentes dicen que los problemas persisten.

La Fiscalía continúa haciendo crecer al sistema. En colaboración con el Poder Judicial de la Ciudad de México comenzó un “Plan de Interconexión Tecnológica de la Información”, con SIAP al centro de la iniciativa. Los agentes ahora podrían -en teoría- solicitar órdenes de detención, cateos y vinculaciones a proceso, vía SIAP.

“Lo importante de todo esto es que nos permitirá ir a los juicios en línea”, declaró Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal de Justicia, en el evento de presentación de la iniciativa, en octubre de 2019.

Y la procuradora Ernestina Godoy estuvo de acuerdo. “Esto es algo realmente que pone al Tribunal y a la comunicación con la Procuraduría de manera a la vanguardia”, dijo en una rueda de prensa.

Documentos de la Fiscalía indican que su área de soporte técnico recibió siete llamadas con reportes de fallas del SIAP este mes del anuncio conjunto.

*Ilustración / Diego Huacuja

*Contribuyeron con esta investigación: Fase 1 (2019). Yosune Chamizo, análisis de datos y diseño de la información; Spaceshiplabs, desarrollo y análisis de datos; Omar Bobadilla, desarrollo de mapas exploratorios. Fase 2 (2020): Efraín Tzuc y Diego Martorell, análisis de datos. Quinto Elemento Lab es una organización sin fines de lucro que hace e impulsa el periodismo de investigación en México. Steve Fisher es un reportero de investigación freelance establecido en México.

 

Nuevo índice revela que corrupción empeora en gran parte de Latinoamérica

0
Los brasileños protestan contra Lava Jato, un escándalo de corrupción que se extendió por América Latina.

Un índice que analiza la capacidad de los países latinoamericanos para combatir la corrupción pone de relieve alarmantes reincidencias en toda la región.

El índice que mide la capacidad para combatir la corrupción para el año 2020 (2020 Capacity to Combat Corruption —CCC— Index) halló que, en 2019, muchos países de la región se apartaron de las medidas anticorrupción. El momento no podría ser peor, pues la corrupción y los malos manejos han frenado la respuesta de Latinoamérica frente a la pandemia en innumerables formas.

Para medir el grado de impunidad en cada país, el informe —recopilado cada año por la Mesa de Trabajo Anticorrupción (Americas Society and Council of the Americas, AS/COA) y la consultora Control Risks— analizó 14 variables que incluyen la capacidad legal, las instituciones políticas y la sociedad civil. A continuación, InSight Crime da una mirada a cómo se comparan los países, desde los que quedaron por encima del promedio hasta los que tuvieron un desempeño penoso. 

1. Sobre el promedio: Uruguay, Chile, Costa Rica

Un nuevo índice muestra que América Latina está retrocediendo en cifras de corrupción.

Uruguay superó a los otros 15 países de la región, gracias a la eficiencia e independencia de sus cortes, sus organismos de orden público y sus entes anticorrupción. Desde 2018, el congreso del país también ha enfrentado el lavado de dinero, una importante causa de precupación que persiste.

Chile, que suele ser uno de los países con mejor desempeño del índice, ocupó el segundo lugar, pese a la agitación política en 2019. Sin embargo, las protestas en el país le asestaron el golpe más fuerte a la calificación de Chile, pues las prioridades anticorrupción cedieron paso a temas de atención sanitaria e igualdad de género. Los planes de Chile de redactar una nueva constitución determinarán el trato que el país le dé a la corrupción en el futuro, según señaló el informe.

2. Buen desempeño, pero con tareas pendientes: Brasil, Perú, Argentina, Colombia

Este grupo contiene el mayor perdedor y ganador de un año a otro: Brasil y Perú, respectivamente. Mientras que Colombia y Argentina se mantuvieron casi invariables respecto a sus calificaciones en 2019.

VEA TAMBIÉN: Una comisión estilo CICIG, ¿resolvería la plaga de corrupción en Argentina?

Aunque Brasil se sitúa en cuarto lugar en el Índice global, su puntaje bajó 10 por ciento desde el año pasado y “presenta una de las trayectorias más preocupantes de la región”, apuntó el informe. El índice señala la interferencia del presidente Jair Bolsonaro en los organismos de orden público y los interrogantes planteados en el histórico caso Lava Jato, una investigación sobre corrupción de gran alcance que develó que varias empresas —entre las que sobresale la megaconstructora brasileña Odebrecht— habían lavado dinero para pagar sobornos y coimas por contratos inflados de obras públicas. La investigación ha derivado en cargos contra congresistas, magnates empresariales e incluso presidentes.

Varios intercambios de mensajes filtrados a The Intercept, sin embargo, muestran que el notable juez brasileño del caso, Sergio Moro, entregó pistas a los fiscales sobre las líneas investigativas, una colaboración prohibida por la ley y que supone una grave violación a la ética. El informe también destaca las investigaciones a los hijos de Bolsonaro —una por corrupción y nexos con milicias de Rio de Janeiro más otra por ser miembros claves de una red criminal de noticias falsas.

En el lado positivo, el Índice califica a Perú como su historia más positiva en 2020, cuando cita los evidentes avances del país en capacidad policial y el sistema de tribunales, y la trascendencia de las iniciativas anticorrupción en la agenda del presidente Martín Vizcarra. InSight Crime informó sobre el difícil arranque de Vizcarra con la reforma anticorrupción a comienzos de 2019, pero la creación de un nuevo organismo con capacidad de judicializar a jueces y funcionarios públicos acusados de corrupción (Junta Nacional de Justicia, JNJ), los avances en la investigación Lava Jato y las mejoras en la financiación electoral han rendido resultados, de acuerdo con el reporte. Las reformas a la inmunidad y las campañas parlamentarias son eventos para resaltar.

3. Por debajo del promedio: México, Ecuador, Panamá

Este grupo se caracteriza por países con una fuerte retórica anticorrupción, pero con cuestionables acciones sobre el terreno. La nueva administración de Panamá, por ejemplo, llegó al poder respaldada por la demanda del público de una reforma anticorrupción. Pero una vez que el presidente Laurentino Cortizo se posesionó, su agenda encontró problemas  para ser respaldada en el congreso, incluso de su propio partido, como señaló el informe. Panamá sigue siendo preocupante por el lavado de dinero y el secreto financiero.

En México, la sociedad civil lleva años pidiendo una reforma y Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018 con la promesa de acabar con la corrupción. Pero, en la práctica, el país se ha estancado, como lo demuestra una larga lista de acusaciones contra su anterior policía, la clase política e incluso equipos deportivos. En parte, el índice critica la atención del presidente en su capacidad personal para hallar y detener la corrupción, en lugar de empoderar instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). También cita preocupaciones de que la UIF no sea realmente independiente del presidente.

VEA TAMBIÉN: Una plaga de corrupción policial se niega a ser extinguida en México

4. Pobre desempeño:  Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Bolivia

La sociedad civil ha intentado compensar la débil capacidad legal e institucional en este grupo. La desarticulación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, que fortaleció las capacidades de investigación de los fiscales locales y ayudó a enviar a la cárcel a poderosos hombres de negocios, figuras del crimen organizado y políticos, fue un golpe importante para los esfuerzos anticorrupción en el país. Pero las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil de Guatemala han mantenido la atención sobre el asunto.

En República Dominicana, el público entiende la importancia de una reforma anticorrupción. De acuerdo con las encuestas de Transparencia Internacional, el tema es prioridad para los dominicanos en general, e incluso han salido a la calle para exigir cambios en las recientes protestas de la Plaza de la Bandera. Sin embargo, esto no compensa la debilidad de los organismos de investigación y anticorrupción del país, que aún no resuelve el supuesto esquema de sobornos de Odebrecht, por US$92 millones.

Paraguay ocupa el lugar 12 en el índice debido a sus importantes economías ilícitas, que incluyen lavado de dinero, contrabando, y tráfico de drogas, exacerbando los problemas de debilidad de las instituciones. Según el informe, la infiltración de carteles de la droga en todas las esferas del gobierno hacen poco probable la perspectiva de mejora en el futuro previsible. El índice CCC destaca la expansión de las bandas brasileñas, entre las que se destacan el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) en el país como otra seria preocupación.

5. El caso aislado: Venezuela

El último lugar de Venezuela en el índice no es una sorpresa. Los autores señalan que el puntaje del país bajó otro 11 por ciento desde el año pasado, con la mayor erosión del presidente Nicolás Maduro sobre las instituciones gubernamentales, al punto de que ya no quedan entidades verdaderamente independientes.

En un ejemplo flagrante, un fallo emitido en mayo por la Corte Suprema de Justicia designó oficialmente al diputado Luis Parra, aliado del presidente Maduro, como nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Remplazó al líder de la oposición, Juan Guaidó, quien fue expulsado después de una disputada elección en enero, la cual la oposición tildó de ilegítima. El ente legislativo ya había perdido sus poderes en 2017, cuando Maduro creó una legislatura paralela.

En este contexto de decadencia institucional, la sociedad civil venezolana obtuvo una calificación excepcionalmente buena gracias “al trabajo de periodistas de investigación independientes y las ONG que aún operan en el país”. Sin embargo, sin instituciones democráticas y judiciales que la apoyen, la sociedad civil tiene pocos recursos.

Alza en precios del oro durante la pandemia atiza minería ilegal en Perú

0
Con el incremento del precio del oro, mineros en Perú retornan a la extracción del metal a pesar del coronavirus

Los mineros en Perú han eludido las restricciones de movilidad por el coronavirus para regresar a Madre de Dios, región en el Amazonas donde el ejército lanzó un operativo de gran alcance en 2019 para erradicar a los mineros ilegales.

Las operaciones de minería ilegal se incrementaron en la Reserva Nacional Tambopata, una zona de bosque húmedo tropical protegido, como informó El Comercio. Los mineros también hicieron incursiones en las riberas de los ríos Malinowski, Tambopata y Pariamanu.

Al inicio de la cuarentena, los mineros de Madre de Dios salieron hacia otras regiones, como Cusco y Puno, según El Comercio.

Pero quienes están involucrados en actividades ilegales están ingresando de nuevo a zonas prohibidas, como afirmó la bióloga peruana Carmen Chávez al medio informativo La República.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Perú

En respuesta a las denuncias de intensificación de la actividad, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Perú realizó más de 75 intervenciones contra las operaciones de minería ilegal en Madre de Dios entre marzo y comienzos de junio, en las cuales se irrumpió en las excavaciones y se destruyó la maquinaria.

Aunque Madre de Dios no ha reportado brotes de coronavirus a gran escala, con solo 1.467 casos confirmados y 25 muertes el 29 de junio, las autoridades alertaron que la llegada de más mineros podría propagar el virus en una región mal equipada para detectar y tratar casos.

Perú ha registrado unos 279.000 casos de coronavirus, y 9.300 muertes.

Análisis de InSight Crime

Los débiles controles y los precios del oro disparados son incentivo para los mineros ilegales en Perú.

En febrero de 2019, Perú lanzó un despliegue masivo de 1.800 policías y militares en Madre de Dios. Ese ejército desalojó a miles de mineros, destruyó millones de dólares en equipos de minería de perforación, y desarticuló el negocio en La Pampa, un hervidero de minería ilegal y otras actividades criminales, como la trata de personas y la prostitución.

En la región de La Pampa, la deforestación se redujo en 92 por ciento durante los primeros cinco meses de la operación. La minería ilegal, sin embargo, pronto creció en otras partes del país, incluido el departamento de Loreto en el Amazonas.

Ahora el repliegue de la policía y las fuerzas armadas para imponer el confinamiento y atender la crisis humanitaria ha permitido el retorno de la minería ilegal a Madre de Dios, según declaró Karina Garay, fiscal ambiental de Madre de Dios, en entrevista con El Comercio.

VEA TAMBIÉN: Imágenes satelitales muestran evolución de minería ilegal de oro en Perú

El repunte de los precios del oro a nivel global, que en el mes de mayo alcanzó su máximo histórico desde 2012 a US$1.764,55 la onza, también ha incrementado la demanda de oro extraído ilegalmente.

Según  Pablo de la Flor, director ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), las exportaciones mineras legales cayeron en 65 por ciento en abril. Las operaciones oficiales han tenido que sumarse a la cuarentena, lo que ha permitido a los mineros ilegales crecer en su lugar.

Perú no está solo en esta crisis. En Venezuela, la minería ilegal de oro ha proveído flujos de dinero ilícito al régimen del presidente en medio del colapso del precio del petróleo y la caída de las remesas a raíz de las medidas de confinamiento global.

El oro venezolano se extrae principalmente de la región del Arco Minero, donde se obliga a los mineros a trabajar en condiciones precarias bajo la amenaza constante de los grupos armados, incluida la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ­(ELN).

Luis Fernández, un investigador con décadas de experiencia en el estudio de los impactos de la minería de oro, predijo que los mineros ilegales regresarían a Madre de Dios en Perú.

“Aplicar el puño de hierro detiene el problema mientras el puño está cerrado”, dijo Fernández a Mongabay. “Pero si abres el puño las cosas pueden cambiar muy rápido y todo puede volver a como era antes”.

Parece que la crisis por el coronavirus ha aflojado la fuerza del puño.

Nuevo código penal bajo sospecha de favorecer a criminales en Honduras

0
El Congreso de Honduras aprobó un polémico código penal

El congreso hondureño dio por aprobado un nuevo código penal que, entre otras cosas, disminuye las penas en casos de corrupción y narcotráfico. La polémica enmienda puede facilitar aún más la impunidad con que opera el crimen organizado en este país centroamericano.

El anteproyecto de la nueva ley fue aprobado en 2019 tras cuatro años de discusión en el Congreso, pero su vigencia había estado en suspenso luego de que organizaciones civiles y la oposición política lo objetaran.

Finalmente, tras vencerse la última extensión para su vigencia —figura legal conocida como vacatio legis—, el nuevo código penal se convirtió en ley de la república en medio de protestas de la oposición al gobierno de Juan Orlando Hernández, cuyo Partido Nacional controla el Congreso y el Órgano Judicial.

Los críticos a la nueva ley la señalan de ser una herramienta del sistema político hondureño para favorecer a criminales al rebajar penas de cárcel y el periodo de prescripción de delitos contra la administración pública, de malversación de caudales públicos y otros relacionados con corrupción.

Para el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), una de las organizaciones que más ha estudiando el nuevo código, es claro que algunos congresistas implicados en casos de malversación y saqueo de fondos públicos manipularon el proceso de discusión en el Congreso para protegerse de futuras investigaciones.

“Hay artículos que se aprobaron en sesiones legislativas sin contar con al menos 65 diputados, como le exige la ley. Y en la aprobación de la ley participaron diputados que se encontraban en procesos de investigación y en procesos que ya son causas judicializadas”, dijo Odir Fernández, jefe de investigación y análisis del CNA, a InSight Crime.

VEA TAMBIÉN: La corrupción es el sistema operativo de Honduras

Una de las instituciones que con más fuerza criticó el nuevo código fue la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que en un exhaustivo estudio jurídico enviado al presidente del Congreso en agosto pasado hace 17 observaciones específicas de cambios que, de no subsanarse, “afectarían las acciones de investigación y enjuiciamiento penal frente a delitos vinculados con la corrupción en el país”.

En el caso del narcotráfico, una de las principales economías criminales en Honduras, la MACCIH objetó que el nuevo código simplifica los tipos de pena e impone sanciones de cárcel con base en la droga traficada sin considerar el papel que los acusados juegan en las organizaciones criminales.

El nuevo código también despenaliza la difamación, lo cual fue considerado por MACCIH como un aspecto positivo, ya que las élites habían utilizado esa figura para acallar a críticos y periodistas.

En una movida política de última hora, y ante crecientes protestas por el nuevo código, Ebal Díaz, secretario de la presidencia y brazo derecho de Hernández, aseguró que su partido buscará derogar la nueva normativa. Mientras eso no ocurra el código penal está vigente.

Análisis de InSight Crime

La vigencia del nuevo código penal es una reforma más de varias que el estado hondureño ha hecho en los últimos meses y que han dificultado investigaciones y procesos judiciales contra redes de narcotráfico y corrupción estatal.

Ya en marzo de este año se hizo efectiva una reforma a la Ley del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) que impide que el Ministerio Público inicie investigaciones penales en casos de corrupción sin que antes se agote el proceso sancionatorio del TSC, institución que no es independiente del Ejecutivo.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Honduras

Otra reforma reciente, esta al Código Procesal Penal, impide al Ministerio Público hacer allanamientos sorpresivos a sospechosos. Esto, dice Joaquín Mejía, analista hondureño que ha estudiado estas reformas legales, facilitaría a los investigados la destrucción de evidencia.

Mejía cree que estas reformas están destinadas a debilitar la investigación criminal.

“Tiene que ver con toda una estrategia, con un proceso sistemático que desde el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo han venido desarrollando para debilitar a las instituciones, ya debilitadas, que persiguen el crimen, la corrupción sobre todo, y el narcotráfico”, dijo en conversación con InSight Crime.

En septiembre pasado, un fiscal que habló con InSight Crime bajo condición de anonimato por seguridad, dijo que, una vez aprobado, el nuevo código penal podría poner una lápida a las investigaciones de alto impacto en casos de corrupción, como los llamados Pandora y Arca Abierta.

Para Fernández, del CNA, la aprobación del nuevo código penal no es otra cosa que la facilitación de un instrumento que sirve a la criminalidad: “La intención de muchos congresistas ha sido legislar para blindarse y evitar que la justicia llegue a ellos, por haber cometido diferentes hechos delictivos ya sea de corrupción o narcotráfico”.

La polémica en torno al nuevo código penal es una más entre muchas que plagan a la administración de justicia y combate al crimen organizado, un país cuyo presidente ha sido señalado de ser copartícipe en una empresa internacional de narcotráfico.

 

Los Pachenca sobreviven en el norte de Colombia tras muerte de cabecilla

0
La muerte de Chucho Mercancía en junio de 2019 marcó el comienzo de un año muy malo para Los Pachenca

En mayo de 2019, el presidente colombiano Iván Duque prometió acabar con el grupo Los Pachenca y dijo que hacerlo era un compromiso del consejo de seguridad nacional. Luego de un año, esa promesa podría cumplirse.

Los Pachenca han sido blanco de repetidos ataques del gobierno, como resultado de lo cual muchos de sus máximos líderes han sido abatidos o capturados. El último golpe contra el grupo se dio a mediados de junio, cuando Deimer Patiño Giraldo, alias “80”, identificado como comandante de Los Pachenca, resultó muerto en un operativo ejecutado por los Comandos Jungla de la Policía Antinarcóticos en lo alto de la Sierra Nevada de Santa Marta, según la información de El Tiempo y el Heraldo.

Óscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, explicó que sus fuerzas abatieron a Patiño Giraldo durante un tiroteo entre el Comando Jungla y el escuadrón de seguridad del cabecilla.

Alias “80” no había estado al mando por mucho tiempo. Heredó el liderazgo del grupo criminal, también conocido como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), tras la muerte hace un año de su antiguo líder Jesús María Aguirre Gallego, alias “Chucho Mercancía” o “Chucho Pachenca”, y de la captura de su segundo al mando Jhon Salazar Salcedo, alias “Flash”, en otro operativo policial en la Sierra Nevada.

VEA TAMBIÉN: Muere líder de ‘Los Pachenca’ en Colombia: ¿Cuál es el futuro del grupo?

Como consecuencia, Patiño Giraldo quedó al mando de 200 integrantes, quienes tenían presencia en zonas claves para el movimiento de drogas, como la Troncal del Caribe, vía que conecta el departamento del Magdalena con el de la Guajira de norte a sur, y corredores rurales que conectan la Sierra Nevada de Santa Marta con el Mar Caribe de este a oeste.

Una de las primera tareas de Patiño Giraldo fue declarar la guerra a sus antiguos aliados Los Urabeños, un conflicto que se concentró en la ciudad de Santa Marta desde finales del 2019. Esto, en un intento de ambos grupos por hacerse con el control de las rutas de narcotráfico internacionales que salen de la ciudad.

Análisis InSight Crime

La muerte de Patiño Giraldo ocurrió en mal momento para Los Pachenca. El grupo, que es un objetivo marcado del gobierno, ha sufrido un gran número de capturas y asesinatos de sus integrantes, además de renovados ataques por parte de Los Urabeños.

La pérdida de Patiño Giraldo no tiene el mismo impacto inmediato de la muerte de Aguirre Gallego, quien llevaba varios años al mando del grupo. Sin embargo, el número de integrantes también se ha visto diezmado en los últimos meses.

En octubre de 2019, apenas cuatro meses después de la muerte de Chucho Mercancía, fue capturado también Leandro Jhonatan Lara, alias “Barbas”, jefe de finanzas de Los Pachenca, uno de los fundadores del grupo y enlace para el tráfico de droga entre estos y los Urabeños, con quienes para ese momento aún trabajaban.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Los Urabeños

Apenas dos meses después, en diciembre de 2019, Elkin Javier López Torres, alias “La Silla” o “Doble Rueda”, se entregó en Barranquilla. La Silla era un veterano narcotraficante buscado por las autoridades y pedido en extradición por Estados Unidos.

De acuerdo con un analista de conflicto en el Caribe que habló con InSight Crime en condición de anonimato, alias La Silla era pieza clave de Los Pachenca para el movimiento de droga en el puerto de Santa Marta, por lo cual su entrega a las autoridades debilitó mucho la capacidad del grupo para sacar la droga por esa zona.

Pero el gobierno no solo quiere cercenar la cabeza del grupo criminal. Otros operativos apuntan al flujo de narcóticos que salen del puerto de Santa Marta, punto crítico del grupo para el envío de cargamentos de drogas hacia Europa y Asia.

Todo esto mientras una ola de asesinatos recorre el departamento de Magdalena y todo el sistema de la Sierra Nevada, como consecuencia de la lucha entre Pachencas y Urabeños.

A esto se suma que los Urabeños controlarían también los puertos de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, y de Cartagena, capital del departamento de Bolívar y el puerto más importante de Colombia, lo que les daría una posición de mucho poder sobre las rutas narcotraficantes en el mar Caribe.

Así, aunque los Pachencas parecen seguir contorlando la Sierra Nevada de Santa Marta, su enclave criminal por muchos años, la perdida de puntos clave para el movimiento y salida de droga los ha debilitado mucho.

Atentado contra jefe policial de México pone al Cartel de Jalisco en una encrucijada

0
Vehículo de Omar García Harfuch, agujereado por las balas

La emboscada sufrida por el jefe de policía de Ciudad de México por parte de pistoleros fuertemente armados fue calificada por las autoridades como un fallido intento de asesinato del Cartel de Jalisco, y vuelve a abrir interrogantes sobre la capacidad del gobierno para detener la continua ola de violencia en el país.

Durante la madrugada del 26 de junio, Omar García Harfuch, secretario de seguridad de la Ciudad de México, resultó herido en un ataque perpetrado en la céntrica Avenida Reforma que también costó la vida a dos escoltas y una transeúnte.

García Harfuch, quien al parecer recibió tres impactos de bala, escribió en Twitter desde el hospital que uno de los grupos del crimen organizado más poderosos del país, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), era el responsable del “cobarde” ataque.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró en una conferencia de prensa que 12 personas han sido detenidas por su presunta relación con el ataque. Uno de los autores del atentado fue identificado por las autoridades como José Armando “N”, alias “Vaca”, líder de una célula de Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tonalá, estado de Jalisco. Vaca presuntamente actuó bajo las órdenes de un comandante llamado Carlos Andrés Rivera Varela, alias “Morro”.

VEA TAMBIÉN: ¿Por qué el Cartel de Jalisco no domina México?

Videos de cámaras de seguridad difundidos en redes sociales muestran que un grupo de varios hombres se abasteció de armas arriba de un camión antes de llevar a cabo el atentado.

Fotos publicadas en medios mexicanos después del ataque mostraron que entre las armas usadas había rifles de asalto de francotirador Barret, calibre 50. Estas son armas utilizadas en varios ejércitos del mundo, incluyendo las fuerzas especiales estadounidenses, y son difíciles de conseguir en México.

Óscar Balderas, periodista especializado en crimen organizado, escribió en su cuenta de Twitter que el CJNG ya había utilizado este tipo de poderoso armamento en un ataque contra el Estado en 2015 que dejó 15 policías muertos.

Según algunos columnistas y periodistas, el gobierno ya tenía conocimiento de amenazas por parte del CJNG en contra del secretario, así como hacia otros funcionarios del gobierno federal.

Las últimas muestras extremas de violencia en México que causaron alarma incluyen la masacre de una familia mormona en el estado de Sonora y la liberación de Ovidio Guzmán López, hijo del capo del cartel de Sinaloa alias “El Chapo” en medio de un masivo tiroteo en la ciudad de Culiacán.

Sin embargo, ese despliegue de violencia era raro en la capital del país. La última vez que la violencia prendió las alarmas así en Ciudad de México fue en junio de 2018, durante un enfrentamiento entre la Unión de Tepito y una banda rival. En esa ocasión, se dejó una narcomanta junto a varios cuerpos desmembrados sobre Insurgentes, otra avenida importante de la ciudad.

Análisis InSight Crime

El CJNG ha estado involucrado en numerosos actos violentos en el país, pero el ataque a un alto funcionario de seguridad en la Ciudad de México es ciertamente un hito en sus intentos para reclamar su espacio en el hampa capitalino.

En mayo, InSight Crime reportó que, si bien el CJNG es una de las principales amenazas en México, el grupo no ha logrado tener una fuerte presencia en la capital. Según Balderas, el CJNG había estado operando en algunos barrios marginales de la Ciudad de México.

Si se confirma la autoría del CJNG, el ataque en contra de García Harfuch podría indicar que la presencia del grupo en la capital estaría cambiando. La magnitud del ataque y el armamento utilizado apuntan a una sofisticación que poseen solo pocos grupos criminales en México y ocurre luego de varios sonados ataques a políticos y funcionarios judiciales.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de México

“Fue un hecho excepcional, hasta ahora nadie se había atrevido a meterse con la policía de la Ciudad de México”, opinó Alejandro Hope, analista de seguridad en intercambio con InSight Crime.

Hope, sin embargo, advirtió que aún es pronto para determinar el motivo del ataque y no se puede descartar la posibilidad de que el atentado no fuera producto de un razonamiento estratégico, sino que también pudo haber sido resultado de malos cálculos.

Los atentados de alto impacto, generadores de mucha publicidad, han sido parte importante de la estrategia del CJNG en varios estados del país. En 2015, por ejemplo, el grupo asesinó a 15 policías en una emboscada y más adelante derribó un helicóptero del Ejército en Jalisco. En 2018, en el occidental estado de Nayarit algunos miembros del CJNG secuestraron y asesinaron a dos agentes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no sin antes difundir un video en el que los mostraba atados de manos y los forzó a criticar las políticas de seguridad del gobierno.

El ataque contra García Harfuch también se da en el marco de una serie de asesinatos de funcionarios públicos. Entre ellos destacan dos casos recientes en el occidental estado de Colima. El 16 de junio, un grupo de sicarios asesinó a Uriel Villegas Ortiz, un juez federal de Colima y a su esposa, Verónica Barajas. Si bien aún no se determina quién fue el responsable de la matanza, se sabe que Villegas Ortiz había liderado juicios en varios casos que involucraban a miembros del CJNG y el Cartel de Sinaloa. Unas semanas antes, la diputada Anel Bueno había sido secuestrada y asesinada.

En los últimos años, también se han vuelto más comunes los asesinatos de políticos en el país. En 2018, un año de elecciones, un número récord de 37 alcaldes, exalcaldes o candidatos a alcaldes fueron asesinados, en ocasiones por su conexión con grupos criminales o por sus intentos de contrarrestarlos.

Sin embargo, el atentado contra García Harfuch alcanza otros niveles. Sea o no la autoría del CJNG, el ataque abiertamente desafía al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyos 18 meses en el poder han sido marcados por un número récord de homicidios y la falta de una clara política de seguridad.

Caída de cultivos de coca en Colombia no afectó aumento en producción de cocaína

0
De acuerdo con el informe de ONUDD, la producción de cocaína creció un 9 por ciento.

Una caída de 15.000 hectáreas de cultivos de coca en Colombia parece no hacer ninguna diferencia en la reducción de producción de cocaína en 2019. Por el contrario, esta aumentó en comparación con el año anterior.

De acuerdo con el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Colombia concentró para el 2019 alrededor de 154.000 hectáreas de hoja de coca cultivada, mientras que el año inmediatamente anterior, 2019, el país había registrado 169.000. Una disminución del 9 por ciento, el porcentaje más alto en 6 años.

En la presentación del informe, el representante de ONUDD, Pierre Lapaque, calificó las cifras como “buenas noticias” para Colombia, elogiando los esfuerzos del gobierno y los agricultores que abandonaron los cultivos de coca, lo que facilitó romper una tendencia de crecimiento que inició en 2014.

VEA TAMBIÉN: Noticias y perfil de Colombia

Sin embargo, a pesar de la disminución de cultivos de coca en el 2019, la producción de cocaína aumentó 1.5 por ciento, llegando a 1.136 toneladas métricas.

Las cifras no concuerdan con las estimaciones que, unos meses atrás, realizó la Casa Blanca. En marzo, la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca registró un aumento de 4.000 hectáreas de coca el año pasado. Es decir, 212.000 hectáreas en 2019, mientras que en 2018 reportó 208.000.

Además, la dependencia del gobierno estadounidense señaló un aumento en la producción de cocaína de 951 toneladas métricas, comparadas con las 879 del 2018.

Curiosamente, la Casa Blanca registró 58.000 hectáreas más de cultivos de coca que ONUDD, pero reportó 185 toneladas métricas menos de producción de cocaína.

El incremento en el clorhidrato está relacionado con los enclaves productivos que, de acuerdo con los datos de la organización internacional, se presenta desde el 2015. “Territorios con condiciones propicias para el ciclo de producción completo: cultivo de hoja de coca, transformación a base o clorhidrato de cocaína y tráfico a centro de consumo en Colombia y en el exterior”, reza el documento.

Análisis de InSight Crime

El aumento de la cocaína, a pesar de las disminución en las hectáreas de coca, evidencia que la reducción de cultivos parece no ser la solución del tráfico y producción de droga.

Desde el inicio de la administración de Iván Duque, el gobierno colombiano se comprometió con la lucha antidroga, por los incrementos de producción de cocaína que venían desde el 2013. Los resultados parecen no ser los más efectivos desde entonces, teniendo en cuenta que el presidente Donal Trump ha señalado que Duque “no ha hecho nada” por la reducción del flujo de cocaína a Estados Unidos.

El gobierno ha considerado como un triunfo los resultados en departamentos como Caquetá, que redujo más de la mitad de las hectáreas sembradas, Antioquia con casi un 30 por ciento, Nariño con 12 y Bolívar con 7.5 por ciento.

Pero ciertas zonas, que conducen no solo a los cultivos, sino también al contrabando, están viendo aumento en la producción. Tal es el caso de lugares como el departamento del Valle del Cauca y Norte de Santander, donde, según el informe, los cultivos tuvieron un incremento del 82 y 24 por ciento respectivamente.

Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia, está estratégicamente ubicado para trasladar drogas a través corredores como la ruta del Naya, mientras que la posición de Norte de Santander, justo en la frontera con Venezuela, permite que la coca sea transportada hasta el país vecino y enviada por vía aérea a otros países en Centroamérica.

El representante de la Oficina de ONUDD, Pierre Lapaque, lo aclaró en entrevista con el diario El Tiempo: “[…] Se debe a la tecnificación del crimen organizado. Han mejorado sus técnicas para tener más coca con menos hojas. Usan mejores químicos, entonces, la transformación de la hoja de coca se ha profesionalizado, han logrado mejor calidad”.

VEA TAMBIÉN: Nuevo despliegue militar de EE. UU. en Colombia causa controversia

Al parecer los grandes laboratorios y la intrincada infraestructura hacen parte del pasado. Los puntos estratégicos y la tecnificación son ahora factores determinantes.

Y cuando se trata de cocaína, incluso las victorias parecen saber más a derrota.

Cómo saber si una prisión en Latinoamérica funciona o no

0
Centro penitenciario La Modelo en Bogotá, Colombia.

Como parte de su trabajo en derechos humanos, justicia transicional y reforma penitenciaria, Michael Reed ha estado en docenas de prisiones de todo el continente americano. Reed, quien tiene doble ciudadanía colombiana y estadounidense, es profesor adjunto del Centro para Estudios Latinoamericanos de Georgetown University. Habló con InSight Crime sobre sus experiencias con estos ecosistemas paralelos.*

InSight Crime: Cuéntame sobre la primera vez que entraste a una prisión en Latinoamérica.

Michael Reed: Comencé a visitar prisiones en 1995, en Venezuela, cuando trabajaba como monitor de derechos humanos de las condiciones de personas privadas de la libertad. Esto hacía parte de un programa para impedir la tortura [organizado] por un par de oenegés nacionales e internacionales, y solo hicimos una serie de visitas para que la gente conociera las condiciones de detención… Yo estaba muerto de miedo.

IC: ¿Era un sentimiento indefinido, del tipo “tengo que salir de aquí”?

MR: No, sentía curiosidad. Antes de entrar en la prisión, fui terapeuta de rehabilitación para menores de edad detenidos. Era una instalación privada en Texas que en realidad administraba programas para clientes particulares (que eran pocos), pero también trataba clientes de sistemas penitenciarios de menores que no tenían centros de retención, como Washington, DC. Así que ya había estado metido en centros de retención con personas que eran intimidantes o amenazantes.

Supongo que lo que me sorprendió mucho fue la sobrepoblación. Entré a una prisión en la que los olores te atacan de inmediato, en la que te preguntas dónde están los barrotes. Simplemente mis pies me introdujeron a una ciudad muy tumultuosa; hay oscuridad ahí dentro, y muy pronto te haces consciente de que estás por tu cuenta.

IC: Pero no estás por tu cuenta, los presos controlan tu seguridad, literalmente.

MR: Eso fue durante la década de 1990; en esa época había muchos negocios dentro de las prisiones. Había mucha gente vendiendo café o fritos. Primero que todo, las autoridades te cuentan lo peligroso que es y tienes que firmar que no se hacen responsables por tu vida. Y luego entiendes que la primera capa de protección radica en presentarte a quien sea que tenga el control, o que al menos haga visible su control.

Pienso que por lo general quienes tienen el control nunca son visibles. Las cárceles están tan bien estructuradas que en Colombia y Chile, por ejemplo, saben si alguien ajeno a la prisión entra al lugar. De hecho, saben si alguien ajeno al patio entra, ¿verdad? (Nota del autor: las prisiones latinoamericanas tienen grandes pabellones abiertos llamados patios, donde los presos generalmente pueden estar durante el día).

IC: Cuando entras a una prisión, ¿qué señales buscas para saber si funciona o no?

MR: El caos está en todas partes. Si es una instalación con sobrepoblación, puede ser difícil entenderlo, pero lo harás. Hay rasgos típicos. Tomemos La Modelo (una conocida prisión en Bogotá, Colombia), los patios por lo general se construyeron para 300 a 350 personas. Pero albergan entre 1.200 y 1.800 personas en determinado momento. Comienzas a pensar en lo que eso significa, en quién es capaz de organizar la sobrepoblación. Por ejemplo, si ves un grupo de veinte chicos jugando al fútbol, ocupan un espacio que otros podrían ocupar cómodamente, pero están jugando al fútbol. Sabes que esos veinte chicos no dirán, “Quítate de mi camino, voy a jugar al fútbol”. Hay alguien controlando eso.

Lo otro que es importante es ver dónde se consumen ciertas drogas. Fumar es incómodo para algunas personas. Por lo general, quienes son adictos están muy controlados y no se les permite deambular por ahí. Es muy importante controlarlos, pues pueden cometer estupideces. Entonces, quien tenga el control de la prisión (y lo repito, no serán las autoridades, serán los reclusos) estará muy al tanto de quiénes no tienen autocontrol.

VEA TAMBIÉN: El dilema de las prisiones en Latinoamérica

También, los ruidos son muy importantes. Gritos y alaridos ahogados son todos códigos. Si se pasa el tiempo suficiente en una prisión, se empieza a descubrir qué son esos códigos y cómo van y vienen ciertos silbidos. Cómo se elige a la gente para ciertas tareas específicas tiene mucho que ver con cuántos gritos y chillidos pueden emitir. Todos esos son signos muy importantes.

La limpieza también es un buen indicador. Hay cosas en las que ni tú ni yo pensamos, como el manejo de baños en malas condiciones. Eso sí es un problema mayor. Los visitantes podrían decir, “Oh, esas personas viven como animales”. Ya quisiera ver a un grupo de gente muy bien educada tratar de arreglárselas para mantener en funcionamiento cinco baños que deben atender las necesidades de 1.500 personas. He visto que eso pasa, y eso es un gobierno mágico. También se basa en el temor, pero administrar —y detesto ser tan gráfico, pero eso es lo que la sobrepoblación hace— la orina y las heces no es poca cosa cuando se tienen cinco baños para 1.000 personas. Esas cosas en verdad son cruciales. El acceso al agua, a lugares donde extender la ropa y poder lavar la ropa son cosas absolutamente cruciales.

IC: ¿Cuál fue tu peor experiencia?

MR: La peor fue probablemente en El Salvador. Entré con un colega y de inmediato grupos distintos nos llevaron a lugares aparte. Perdí la noción de con quién estaba, estaba completamente aislado, nadie me hablaba hasta que me llevaron a un espacio aparte donde apareció el gran palabra (el líder de la pandilla). Resultó bien al final, pero era claro que había habido una orden. “Está bien, dejen que entren, pero después de eso, tienen que descubrir quiénes son esas personas y por qué están aquí, y luego yo me presentaré ante ellos”.

En otros lugares, donde entiendes la relación entre la autoridad y los presos que llevan a cabo la organización, un guardia te presentará a tu chaperona. Si fueras un neófito en esto, te preguntarías adónde se fue el guardia.

En Honduras, tuvimos una situación en la que los guardias entraron a la prisión con rifles de largo alcance. Esto es algo que definitivamente no se hace, no se entra con ese tipo de arma a menos que se la consiga adentro. Cuando íbamos a medio camino en la prisión, el sargento nos dijo que hasta ahí era lo más lejos que podíamos llegar. No dieron media vuelta, comenzaron a caminar hacia atrás. Solo nos dejaron ahí, en medio de la prisión, solos, y no había a quién recurrir. Nos preguntamos qué haríamos en ese momento. Seguimos por el camino hasta que encontramos a alguien y vimos un tipo de orden distinto.

Para mí, la magnitud de orden que ellos pueden producir es simplemente fenomenal. Supongo que se debe al efecto coercitivo que pueden tener la violencia y la amenaza de violencia. No hay ejercicios de solidaridad, todo se basa principalmente en el miedo, pero esa disciplina puede funcionar bien.

IC: Nuestras investigaciones en toda la región han revelado que la regulación de la violencia es parte nuclear de la vida en prisión. El surgimiento y la fuerza de las pandillas carcelarias se deben a su capacidad de regular la violencia, en especial, la violencia sexual. ¿Cuál es tu percepción de eso en un contexto latinoamericano?

MR: La agresión sexual y la violencia son sin duda un acto simbólico al que todo el mundo teme. Y eso se usa con mucha eficacia. Ese es un problema cuando los recién llegados entran, por lo que lo llaman “el desfile”. De nuevo, todas esas palabras son muy simbólicas en ese sentido. Son sometidos a acoso sexual, afrentas, esa amenaza de “vas a ser mío”. A los chicos delicados de inmediato les ponen el mote de “porcelana”. Eso está muy presente. Lo único que diría es que no lo he visto tanto como lo veo en Estados Unidos, lo que no significa que no se dé allí.

Mi percepción es que el sexo en la prisión es algo que no se ha estudiado suficiente, y sobre lo que no sabemos, en un sentido académico. Pienso que hay muchas cosas que pasan en la vida sexual tanto de los hombres como de las mujeres en prisión sobre lo que no sabemos y de lo que no se habla —de la manera simplista de que “lo que pasa en la cárcel se queda en la cárcel”.

Durante mucho tiempo he hablado con reclusos en Latinoamérica sobre la homosexualidad y lo que constituye o no una conducta homosexual. Eso varía mucho dependiendo de quién tenga el poder y el control. Para cualquier persona de afuera, esto se consideraría una conducta homosexual. Pero tiene muchas connotaciones sexistas que se interpretan de formas muy diferentes.

No estoy seguro de hasta qué punto (la violación) sea un factor determinante, pero la integridad sexual, la integridad física y la protección de la agresión sexual son relevantes. Pienso que también se trata de mantenerse vivo. Podría llegarse a la violación, pero también se trata de desaparecer, ser golpeado y morir.

En los 90, hubo casos muy evidentes de tortura. En La Modelo (en Bogotá, Colombia), cualquiera como castigo era arrojado entre los pabellones. Había agujeros oscuros, donde llenaban de agua unos recipientes enormes y hacían que la gente se metiera al agua durante horas. Ese era un tipo de tortura que realmente causaba temor en muchos de ellos.

IC: Ciertos grupos criminales controlan la violencia en las prisiones y luego por lo general usan ese poder para expandirse afuera de la prisión. ¿Qué viste en este sentido por allá en los 90 cuando comenzaste a visitar estos lugares? ¿De alguna manera eran visibles o manifiestas ese tipo de expresiones?

MR: Seguro, en Colombia, de nuevo. Lo que ha cambiado es la tecnología, por ejemplo. En esa época, para poder hacer una llamada, tenía que controlarse las líneas fijas. En los 90, estábamos jugando con teléfonos satelitales, pero tener uno de esos no era tan fácil como tener un teléfono móvil, ¿verdad?

Esas manifestaciones estaban ahí, poder controlar el mundo exterior desde la prisión sin duda pasaba. Pero las redes extorsivas de hoy en día pueden crearse un poco más fácil simplemente porque la tecnología es más fácil de usar y más accesible.

Por ejemplo, en los 90 había redes de extorsión y secuestro tal como las hay ahora. Pero ahora se presentan mucho más, porque montar una red de extorsión ahora es mucho más fácil que antes.

También hemos visto un incremento progresivo de la población carcelaria. En los 50 y 60, las cárceles comunes en Latinoamérica estaban diseñadas para retener a unos 1.500 reclusos a plena capacidad. Para los 90, esas mismas prisiones por lo general contenían alrededor de 3.000 personas. También estaban cerca de las ciudades o dentro de la ciudad misma, lo que cambia las cosas.

Hoy en día, esas estructuras siguen en pie. Están ruinosas. Y además de los presos y guardias que entran y salen, algunos se han quedado y siguen ahí. Eso implica que la gente empieza a adaptarse a esas estructuras y ahora, en 2020, cárceles (en ciudades de Colombia) como La Modelo en Bogotá, Bellavista en Medellín, Villahermosa en Cali, fácilmente pueden albergar 5.000 presos en un momento determinado.

IC: ¿Cuáles son las mejores prácticas en términos de enfrentar a las pandillas carcelarias que se están fortaleciendo y mitigar su influencia? ¿Qué has visto que funcione en ese aspecto?

MR: Eso es en verdad muy, muy difícil. Lo que no se puede deshacer es lo que ya pasó. Existe una memoria, un hábito, una cultura y una práctica que se transmite. Es muy difícil decir, “vamos a empezar a hacer las cosas bien a partir de ahora”. Hay mucha tradición oral (sobre pandillas y prisiones), cierta o ficticia, que se transmite de generación en generación. Muchos de estos nuevos gánsteres han pasado por el sistema de justicia de menores y llegan a una cárcel a los 18 años de edad. No tienen noción de lo que pasó en los 90, pero conocen muchas mentiras e historias.

Debemos ser muy cuidadosos con eso. Las falsas historias son tan importantes como entender qué pasó realmente. Odio ponerlo en esos términos, pero una cárcel es un lugar donde todo pasa de boca en boca. Una cárcel es un lugar de mitos. Una cárcel tiene mucho de mentiras. Es realmente duro confrontar y cambiar esas prácticas.

Yo trataría realmente de darle un enfoque estructural. Intentaría cambiar la atmósfera en la que se opera. Hay muy poco que pueda hacerse en una prisión ruinosa con muchos espacios que han sido manipulados, donde pueden ocultarse cosas o personas.

VEA TAMBIÉN: Las prisiones de El Salvador y la lucha por el control de MS13

Si estamos condenados a seguir reteniendo gente en el tipo de instalaciones que tenemos ahora, no hay nada humanamente posible que pueda cambiar eso. Cualquier diálogo no demorará en convertirse en negociación. Y esa negociación no demorará en ser un despliegue de poder, y ese despliegue de poder no se limitará a la vida entre los muros de la prisión, no demorará en expresarse afuera.

IC: ¿Qué aspectos en común tienen las prisiones bien administradas? ¿Qué características comparten?

MR: Tienen buena dotación de personal. Buena dotación de personal significa personal suficiente y bien elegido. Así, poblaciones pequeñas y un presupuesto adecuado para hacer cosas, de manera que la vida (para los presos) no sea cuestión únicamente de hacer tiempo.

Pero eso no puede hacerse en una instalación con sobrepoblación, no puede hacerse en una instalación en la que la violencia y el control estén totalmente del lado de los prisiones. Así que, repito, el punto de partida es estructural.

*Esta entrevista se editó para mejorar la claridad y la concisión.

El oscuro intermediario colombiano que involucró a un connotado académico en lavado de dinero

0
El profesor Bruce Bagley (Foto: Universidad del Norte)

Mientras las comunidades académicas, policiales y de investigación continúan conmocionadas tras la declaración de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero, el ciudadano de Colombia que lo introdujo en el esquema criminal continúa libre. Un ejemplo de cómo el sistema de justicia estadounidense suele favorecer a las figuras más escurridizas.

Jorge Luís Hernández Villazón, alias “Boliche”, fue un narcotraficante que se abrió camino en el hampa hasta llegar a formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el violento grupo de derechas que comenzó siendo un ejército paramilitar aliado del gobierno colombiano en la lucha contra las guerrillas de izquierda y más tarde se convirtió en una de las mayores organizaciones de narcotráfico en el mundo.

Hernández fue perseguido por sus compañeros de las AUC y luego por agentes estadounidenses; finalmente se convirtió en informante de Estados Unidos, y recientemente en el intermediario de una operación de lavado de dinero que involucra a Bruce Bagley, especialista en crimen organizado que ha escrito numerosos libros sobre el tema.

Durante una audiencia del 1 de junio, Bagley se declaró culpable de dos cargos de lavado de dinero. El profesor le dijo al juez que otro ciudadano colombiano, el empresario Álex Saab —que no fue identificado por su nombre en la acusación—, era quien transfería ingresos ilícitos de un esquema de corrupción venezolano a cuentas bancarias que el mismo Bagley controlaba. Saab fue arrestado el 12 de junio en la isla Sal de Cabo Verde, en el oeste de África.

     VEA TAMBIÉN: Noticias y perfiles de Venezuela

Si bien el arresto de Saab ocupó los titulares debido al importante papel del empresario en la ayuda al corrupto régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, es Hernández quien ejercía como conexión entre Saab y Bagley. Sin embargo, Hernández permanece prófugo.

En la acusación a Bagley, Hernández es identificado como “Individuo 1”. En los tribunales, el académico admitió haber recibido una transferencia de dinero en enero de 2019 “proveniente de una cuenta bancaria en el extranjero” a nombre de Saab, quien es identificado como “individuo colombiano (‘Individuo 2’)”. Luego el profesor transfirió la mayor parte de ese dinero a Hernández con el fin de “camuflar una transferencia directa” entre Saab y Hernández. Bagley hizo lo mismo con otra transferencia en febrero de 2019, según la transcripción de la audiencia.

“Yo debí haber entendido que el dinero implicaba ganancias de actividad ilegal porque Jorge Luís Hernández me dijo que el dinero de Saab era de corrupción”, dijo Bagley ante la corte. Según fiscales estadounidenses, los dos depósitos suman en total US$474.000.

Bagley transfirió el 90 por ciento de este dinero a cuentas controladas por Hernández, con el fin de ocultar su procedencia ilícita, pero se quedó con una comisión del 10 por ciento, según sostiene la acusación en su contra. No está claro qué pasó con el dinero transferido a Hernández, o si hubo otras personas involucradas.

“El profesor Bagley admitió […] haber blanqueado dinero de extranjeros corruptos —ganancias provenientes del soborno y la corrupción, robadas a los ciudadanos de Venezuela—”, dijo el entonces fiscal Geoffrey Berman a principios de junio.

Bagley, quien fue arrestado en noviembre de 2019, será sentenciado el 1 de octubre de 2020, y podría enfrentar una pena de hasta 40 años de prisión. Es posible que su condena sea menor, debido a su cooperación. Su abogado defensor, Peter Quijano, no respondió a la solicitud de comentar hecha por InSight Crime.

Análisis de InSight Crime

El caso de Bagley causó conmoción en los círculos académicos, periodísticos y de los funcionarios gubernamentales que lo consultaban por su experiencia, como lo hacía InSight Crime. Como dijo el fiscal Berman, Bagley pasó “literalmente de escribir un libro sobre el narcotráfico y el crimen organizado, a cometer crímenes”.

Pero si bien el papel de Bagley en este esquema es cada vez más claro, el de Hernández apenas se está dilucidando.

Según se sabe, Hernández pasó sus años de formación en Valledupar, una animosa ciudad cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, famosa por su festival anual de la música que lleva el nombre de la ciudad, el vallenato. En la costa colombiana, Hernández trabajó con numerosos clanes de narcotráfico y contrabando. Concretamente, entre 1996 y 2000, trabajó junto con Víctor Manuel y Miguel Ángel Mejía Múnera —conocidos como los “Mellizos Mejía”— a través de un testaferro, llamado Iván Álvarez, alias “Pinocho”, como narra Verdad Abierta.

Los Mellizos Mejía se vincularon a las AUC. A finales de la década de los noventa, Hernández era supuestamente un importante operador financiero de los Mellizos, así como de Salvatore Mancuso y Carlos Castaño, quienes en ese entonces eran cabecillas de las AUC. Sin embargo, las AUC ordenaron el asesinato de Hernández después de que este supuestamente robó un cargamento de cocaína de Mancuso. Temiendo por su vida, Hernández huyó a la vecina Venezuela ayudado por un grupo criminal local.

Una vez allí, Hernández comenzó a negociar con las autoridades estadounidenses. En 2001, supuestamente comenzó a colaborar con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y con fiscales estadounidenses. Entre los casos en los que cooperó con los fiscales se encuentra uno contra Mancuso y Castaño. En 2002, los dos líderes de las AUC fueron formalmente acusados por Estados Unidos.

Hernández no pagó pena de prisión, y al parecer fue deportado por un corto periodo debido a una disputa con quienes manejaban su caso. Aun así, regresó a Estados Unidos, y finalmente logró evadir la deportación gracias a la Convención contra la Tortura, una norma internacional que obliga a las cortes de inmigración estadounidenses a considerar si es probable que el solicitante sea torturado o asesinado por su propio gobierno en caso de que sea deportado.

Fue durante esos procedimientos cuando Bagley entró en escena: dio un testimonio oral durante la audiencia de Hernández, en el que confirmó que el colombiano podría ser torturado o asesinado en su país de origen. Como experto, no era extraño que Bagley participara en este tipo de casos y describiera ciertas circunstancias que podrían poner en riesgo a la persona que solicitaba asilo.

Hernández ganó su caso y se mantuvo en contacto con Bagley en los años siguientes. El académico continuó dando clases, publicando, ofreciendo conferencias y colaborando en casos jurídicos. Hernández, por su parte, ofrecía sus servicios a abogados en casos de narcotráfico, e incluso se presentaba como un “paralegal”.

Hernández no era un paralegal. No tenía experiencia jurídica ni licencia. Pero eso no le importaba, pues sabía que su valor añadido consistía en conectar a abogados con posibles clientes. También estableció relaciones con agentes antinarcóticos, y en algunos casos conectaba a abogados, clientes y agentes.

Hernández también ayudaba a organizar ofrecimientos, como se conoce a los documentos que describen lo que los traficantes pueden ofrecer a los funcionarios en sus casos. Los ofrecimientos allanan el terreno para los acuerdos de culpabilidad, las condenas y casos adicionales. El carrusel jurídico continuaba girando.

Hernández cobraba por estos servicios. Sus tarifas variaban, pero en general no superaban el 25 por ciento de la remuneración por los casos, como afirman varios abogados de Miami, el centro de operaciones de Hernández. Si los abogados están desesperados por encontrar casos, los honorarios de intermediarios como Hernández pueden ser incluso más altos.

Dado que pagar a quienes no sean abogados puede ser causa de inhabilidad en el ejercicio de la profesión, los abogados hacían pasar a intermediarios como Hernández por “contratistas independientes”, con el fin de pagarles un salario por horas o un sueldo. Los más inescrupulosos llegan incluso a sacar el porcentaje que le corresponde al intermediario, para pagarle en efectivo, como confirman varios abogados.

Estas comisiones no son insignificantes, especialmente cuando los narcotraficantes suelen pagar millones de dólares con el fin de negociar la manera de evadir una sentencia. Este negocio ha atraído a decenas de abogados colombianos, quienes buscan ingresar en el negocio y cobrar su parte.

El negocio puede volverse sucio. Intermediarios y abogados les compran sus potenciales clientes a abogados defensores estadounidenses, e incluso venden información de terceros a los criminales y sus representantes, de manera que puedan hacerlos pasar como si fueran propios y recibir beneficios judiciales.

“Es un encantador de serpientes”, dice una persona que trabajó recientemente con Hernández en Miami y que habló bajo condición de anonimato, pues afirma que Hernández es “peligroso”.

“Es un mercenario”, asegura.

Durante los últimos 20 años, Hernández continuó ayudando a la policía y a los fiscales estadounidenses, y trabajando con abogados defensores. A todos ellos les ofrecía los mismos servicios: intermediario con información de terceros para la venta. Los abogados tienen clientes; la policía tiene testigos cooperantes, casos e incautaciones; los narcotraficantes tienen acceso a “abogados flexibles” que fácilmente pueden convertir la información en un acuerdo de culpabilidad beneficioso una vez que su cliente “cede”, como se dice en el lenguaje jurídico.

“Todo eso genera corrupción”, dice Bonnie Klapper, exfiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, que ahora ejerce de manera privada. “Y uno se pregunta: ¿por qué el Gobierno no hace nada para detener esto? Puede ser porque a los agentes les gustan los resultados. A muchos no les importa realmente de dónde proviene la información, siempre y cuando les ayude a hacer una incautación o un arresto”.

En algún momento a mediados de la década de 2010, Hernández se conectó con Álex Saab a través de sus redes en la costa colombiana. Saab, que también es de la costa Caribe, había trabajado durante mucho tiempo en Colombia como empresario y contrabandista. También se le acusa de tener un papel importante en la obtención de flujos financieros ilícitos para Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, mediante la venta de oro y otros mecanismos, lo que lo ha convertido en un objetivo de los organismos de seguridad estadounidenses.

Hernández volvió a presentarse ante Saab como un intermediario que podría organizar su entrega a las autoridades estadounidenses y posiblemente conseguirle una pena más indulgente. Ambos comenzaron a trabajar con varios abogados estadounidenses con el fin de conseguir un acuerdo. Hernández comenzó a recibir grandes pagos por este servicio, lo cual se supone llamó la atención de las autoridades estadounidenses, que no tardaron en actuar.

Hernández se convirtió en un testigo cooperante en este caso, una vez más para salvarse a sí mismo. Esta vez, quienes manejaban el caso eran del Buró Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), no de la DEA. Tenían varios objetivos: Saab, abogados defensores y, por supuesto, Bagley.

     VEA TAMBIÉN: Cobertura sobre lavado de dinero

Lo más seguro es que en 2016 Hernández conectó a Saab y Bagley, como se desprende de un informe de Associated Press. Estos dos últimos comenzaron a relacionarse. AP señala que Saab empleó los servicios de consultoría de Bagley para que lo asesorara en varias inversiones y para obtener una visa de estudiante para su hijo.

Pero lo que realmente estaba en juego era la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses. Con ese objetivo, al año siguiente Saab comenzó a hacer depósitos de cientos de miles de dólares en las cuentas de Bagley, que luego fueron transferidos a las cuentas de “Individuo 1”, es decir, de Hernández.

No está claro para qué pensaba Bagley que eran los pagos, pero algunas fuentes le dijeron a InSight Crime que al parecer él creía que eran para los servicios legales que Hernández les estaba ofreciendo o consiguiendo. Esto coincide con el papel que Hernández había desempeñado durante mucho tiempo en otros casos.

La justificación que Hernández pudo haber dado a Bagley para mover el dinero a través de sus cuentas es más difícil de discernir. Pero la versión de numerosos abogados defensores consultados para este informe —que coincide con la que presentó una noticia de Univisión— es que Saab no quería que el dinero fuera directamente a un intermediario o un abogado conocido, por temor a que el gobierno venezolano se enterara de que posiblemente estaba negociando su entrega a las autoridades estadounidenses.

Esta versión también permitiría explicar por qué Bagley, a pesar de que una de sus cuentas empresariales fue cerrada en octubre de 2018 por actividad sospechosa, abrió otra cuenta para seguir recibiendo dineros de Saab.

Alrededor de un año más tarde, en noviembre de 2019, Bagley fue arrestado en Miami. Siete meses después, Saab fue arrestado en Cabo Verde. Se desconoce el paradero de Hernández. Ha sido imposible dar con él, pero los fiscales le dijeron a Associated Press que está “trabajando bajo la dirección de las autoridades”.

*Asmann es investigador de InSight Crime; Dudley es codirector de InSight Crime; Molinares es periodista de investigación colombiano, director del medio de noticias 360 Grados.