Perfil de Panamá

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La ubicación de Panamá que conecta a Centro y Suramérica ha convertido al país en punto de tránsito clave para las rutas de tráfico ilegal, como también un refugio y un área de negociación para organizaciones criminales a lo largo de la historia. Su economía propicia y el auge del mercado de contrabando en la Zona Libre de Colón (ZLC) han atraído durante mucho tiempo a lavadores internacionales de dinero.

El débil sistema judicial del país y los altos grados de corrupción han hecho posible la incursión de redes transnacionales, incluyendo grupos guerrilleros colombianos y carteles mexicanos.

Las pandillas callejeras locales de Panamá a menudo colaboran con organizaciones criminales más grandes, y con el incremento en los últimos años del volumen de narcóticos que pasan por el país, la violencia se ha incrementado en proporción directa.

A pesar de ser la economía más próspera de Latinoamérica, los niveles de pobreza se mantienen altos.

Geografía

Panamá es el país más meridional en el istmo centroamericano, fronterizo con Colombia al este, Costa Rica al oeste, el océano pacífico al sur y el mar Caribe al norte. A veces llamado “la boca del túnel”, por mucho tiempo ha sido el punto de entrada para las drogas que se dirigen a México o a Estados Unidos desde Suramérica, la única región del mundo que produce cocaína. El tráfico de armas, drogas y personas es facilitado por una densa franja de selva conocida como El Tapón del Darién, que sirve como frontera porosa con Colombia, que a su vez es generalmente intransitable en vehículos.

El canal de Panamá ha sido un punto de ingreso entre Oriente y Occidente desde 1914, lo que ha facilitado desde ese entonces el contrabando de todo tipo de bienes ilegales.

Historia

La participación de Panamá en el tráfico de drogas comenzó a principios del siglo XX con el tráfico de opio de Asia a Europa a través del canal de Panamá, que continúa siendo la puerta global para el transporte de bienes tanto legales como ilegales.

Entre 1960 y 1970, Panamá estuvo involucrado en la producción de cannabis, aunque esto fue rápidamente eliminado por el creciente tráfico de cocaína.

Mientras que los movimientos de narcotráfico desde Suramérica a los Estados Unidos se desplazan de la ruta caribeña que había sido popular en los años ochenta, la frontera compartida de Panamá con el productor de cocaína en ascenso, Colombia, lo conviritó en punto de tránsito natural para los narcóticos que se dirigían al norte. Pero la compuerta ilegal de Panamá se abrió realmente con el establecimiento de una relación entre el Cartel de Medellín, traficantes centroamericanos y el dictador militar panameño general Manuel Noriega.

Noriega se convirtió en el gobernante de facto de Panamá en 1983 y mantuvo una relación con los Estados Unidos, caracterizada por décadas de colaboración con la CIA, a pesar de su participación en el tráfico ilegal de drogas.

Luego de pactar un acuerdo con el capo colombiano Pablo Escobar del emergente cartel de Medellín en 1982, Noriega comenzó a cobrar US$100.000 a los traficantes por carga para que pudieran volar a Panamá. A lo largo de los años ochenta, los colombianos también utilizaron Panamá como lugar de refugio, como asiento para sus laboratorios de cocaína y como un centro bancario y de lavado de dinero, lo cual instauró una tendencia que se mantuvo por varias décadas.

Las corruptas excentricidades de Noriega eventualmente se volvieron muy comprometedoras para el gobierno estadounidense, y en 1988 dicho país acusó al general de haber lavado millones de dólares, traficar marihuana al país y colaborar con el cartel de Medellín. Las tensiones en aumento llevaron a Estados Unidos a invadir a Panamá en 1989, en cuya acción capturaron a Noriega. Tres años después fue sentenciado a 40 años de prisión por una corte de Estados Unidos. Luego fue extraditado a Francia para ser juzgado, y luego de ser condenado fue retornado a Panamá para pagar una sentencia por abusos contra los derechos humanos.

Luego de la invasión de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas de Panamá fueron abolidas de manera permanente en 1990. La seguridad ciudadana ahora está en las manos en las fuerzas de seguridad pública de Panamá, las cuales están subordinadas al Ministerio de Seguridad Pública.

A finales de los años ochenta, surgieron las primeras pandillas panameñas —o pandillas callejeras—. Con la pérdida de los militares y un alto porcentaje de pobreza, sus números comenzaron a crecer.

Hoy en día, se calcula que cerca del 90 por ciento de la cocaína que llega a Estados Unidos pasa por territorio o aguas panameñas.

Panamá ha sido, históricamente, un centro internacional para el lavado de dinero, debido a su extenso sector bancario, su economía dolarizada y en rápido crecimiento y la presencia de la segunda zona franca más grande del mundo, en Colón (ZLC). La discreción bancaria y un sistema judicial a la vez laxo y corrupto son otros factores, como lo revelan los “Papeles de Panamá”.

Dicho escándalo puso al descubierto el rol del país en el lavado global de dinero en 2016, cuando millones de documentos filtrados revelaron cómo la firma Panameña Mossack & Fonseca ayudó a crear cuentas off-shore y empresas fantasmas para miles de clientes élites alrededor del mundo.

La trata de personas ha sido un problema prominente en Centroamérica desde los años noventa, y hoy en día sigue habiendo trata de mujeres a Panamá para atender la demanda de la alta sociedad, una gran comunidad expatriada y turistas sexuales, especialmente de Estados Unidos.

La mayoría del tráfico de personas hacia, desde y a través de Panamá está conectada con la industria sexual, pero el trabajo forzado también es un problema. Se presume que el grupo narcoparamilitar colombiano “Los Urabeños” está involucrado en actividades locales de prostitución. La prostitución adulta es legal en Panamá.

Grupos criminales

Las pandillas locales de Panamá han estado activas desde finales de los años ochenta, aunque no con la misma extensión que en otros países de la región. Por mucho tiempo estos grupos solo cometieron crímenes insignificantes, pero luego comenzaron a agruparse, a crecer en tamaño y a organizarse.

La juventud local es reclutada por grupos de crimen organizado para transportar o guardar drogas y proveer inteligencia. Las pandillas son pagadas en efectivo, armas o drogas que luego utilizan para crear su propia red de microtráfico. Pequeños grupos conocidos como los “tumbadores” se especializan en el hurto de la droga de otros grupos criminales, a veces con la cooperación de las fuerzas de seguridad. Las pandillas también están involucradas en la trata de personas, el lavado de activos y el secuestro.

Recientemente, varias pandillas panameñas han estado creando sofisticadas estructuras conocidas como ‘oficinas de cobro’, que trabajan directamente con traficantes transnacionales de droga.

Dos grupos rivales formados por la asociación de diferentes pandillas locales —”Bagdad” y “Calor Calor”— son concebidas como las más fuertes en el país.

En 2004, entró en vigencia una ley antipandillas, que castigaba a pandilleros con sentencias de prisión de uno a tres años, aunque esto no resolvió el problema. El número de pandilleros supuestamente se incrementó en 441 por ciento entre 2007 y 2013, hasta reunir un estimado de 7.500 jóvenes. En 2015, se creía que había, por lo menos, 204 pandillas en el país.

En el 2014, la administración del presidente Juan Carlos Varela introdujo un programa de rehabilitación de pandillas llamado “Barrios seguros”, lo que reportó la asistencia de 3.000 jóvenes en un año.

Varias organizaciones de crimen transnacional utilizan a Panamá para el tráfico de drogas, escapar del peligro en sus países natales o para llevar a cabo negocios.

El frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido un actor clave en el tráfico de drogas de Colombia a Panamá a través del Tapón del Darién con cooperación de otros grupos internacionales. El frente ha estado presente a ambos lados de la frontera desde la década de 1990, aunque actualmente se encuentra debilitado.

Grupos neoparamilitares colombianos, o Bacrim, también se han visto operando a lo largo de la frontera con Panamá. La Bacrim más poderosa, Los Urabeños, también está involucrada en el tráfico de droga y en el control de varias redes lícitas e ilícitas en el país vecino.

En el 2013 Panamá identificó al menos cuatro organizaciones criminales mexicanas que operaban dentro de sus fronteras: el Cartel de Sinaloa, Los Zetas, la Organización Beltrán Leyva (BLO) y el Cartel de Juárez, aunque la evidencia sugiere que hay más activos en el país.

Luego de su captura en México en 2010, el miembro de la OBL Édgar Valdez Villareal, alias “La Barbie”, afirmó: “Todas las drogas que nosotros recibíamos en México venían de Colombia y nosotros las transportábamos desde Panamá”.

La permanente migración criminal al país centroamericano es un fenómeno más reciente, y al parecer va de la mano con la creciente sofisticación de los grupos locales.

Fuerzas de seguridad

Desde que fueron abolidas las fuerzas de seguridad de Panamá en los años noventa, la seguridad ciudadana ha sido responsabilidad de las fuerzas de seguridad panameñas, que están bajo la jurisdicción del Ministerio de Seguridad Pública. Estas, al momento, están compuestas de la Policía Nacional (PNP), el Servicio Naval y Aéreo (SENAN), y el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT).

Las fuerzas de seguridad panameñas han sido, desde hace tiempo, criticadas por su ineficiencia y corrupción, pues muchas organizaciones narcotraficantes se han infiltrado o, por épocas, reclutado a agentes.

Desde los ochenta, ha habido informes de participación de policías panameños en el tráfico activo de drogas y el robo de sustancias ilícitas, a menudo en cooperación con los “Tumbadores”, pandillas de ladrones de droga.

Algunos creen que la relativa baja frecuencia del crimen violento en Panamá en comparación con otros países de la región se debe, mayormente, a que los criminales se apoyan en el soborno a funcionarios de justicia y seguridad, en vez de acudir a las tácticas de intimidación.

Panamá tiene varias bases aéreas y navales antidrogas a lo largo de sus costas, como también sistemas de radar. La ayuda de Estados Unidos a Panamá se enfoca fuertemente en la cooperación contra el tráfico de drogas y el crimen organizado, y la ley y el orden, y numerosas instituciones estadounidenses proveen asistencia en control de drogas a Panamá.

Sistema Judicial

Panamá tiene un sistema de derecho civil, y su autoridad judicial más alta es la Corte Suprema, que a su vez falla sobre casos constitucionales. El resto de la rama judicial está compuesta de juzgados superiores, como también de juzgados provinciales y municipales.

El Ministerio Público es un organismo autónomo y no afiliado responsable del procesamiento penal, así como de la supervisión de funcionarios públicos. Está conformado por el fiscal general y fiscales de distrito, entre otros representantes. Las investigaciones penales las lleva a cabo la policía técnica judicial del Ministerio Público para apoyar los procesos judiciales.

El poder judicial panameño es independiente por constitución, aunque es susceptible a la influencia gubernamental y la corrupción. En el foro económico mundial 2015-2016 se clasificó a Panamá en el puesto 119 entre 140 países en el rubro de independencia judicial.

Prisiones

El sistema carcelario de Panamá está vigilado por el Ministerio del Interior (Ministerio de gobierno) a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP).

Con una población penitenciaria de 17.197 reclusos en 2016, el país tenía un índice de encarcelación de 426 por 100.000 habitantes —el doceavo más alto en el mundo—. La población encarcelada en Panamá exhibe una tendencia al alza, mientras que 10 por ciento de los encarcelados son extranjeros.

Las precarias condiciones en las prisiones y las prolongadas detenciones previas al juicio son considerados los abusos más importantes de los derechos humanos en el país. El sistema ha sido criticado por la precariedad de sus condiciones de higiene, salud e infraestructura, y por los castigos inhumanos impuestos por los agentes carcelarios.

Panamá tenía en 2016 el sexto nivel más alto de prisión preventiva en Latinoamérica, con 63 por ciento de los prisioneros esperando su juicio.

Más aún, el hacinamiento en las cárceles es de 116 por ciento, un porcentaje relativamente bajo comparado con sus vecinos centroamericanos.

La DGSP se ha visto en apuros por falta de recursos y de personal, el cual es susceptible de corrupción.

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