Perfil de Panamá

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La ubicación de Panamá como punto de enlace entre Centro y Sur América ha hecho de este país un punto de tránsito fundamental para actividades ilícitas, además de refugio y zona de negociaciones para organizaciones criminales. Su economía favorable y el boom del contrabando en la Zona Libre de Colón (CFZ) han atraído durante mucho tiempo a lavadores internacionales de dinero.

El débil sistema judicial del país y los altos índices de corrupción han permitido avances de redes transnacionales, incluyendo grupos guerrilleros colombianos y carteles mexicanos.

Las pandillas locales en Panamá muchas veces colaboran con organizaciones narcotraficantes de mayor tamaño, y con el aumento del paso de narcóticos por el país en años recientes, también han crecido los crímenes violentos.

Geografía

Panamá se encuentra en el extremo sur del istmo centroamericano, limitando al este con Colombia, al oeste con Costa Rica, al sur con el océano Pacífico y al norte con el mar Caribe. Llamada en ocasiones “la boca del embudo”, ha sido por largo tiempo un punto de ingreso para drogas que van de Suramérica a México y Estados Unidos. Una densa franja de selva a lo largo de la frontera con Colombia, conocida como el Tapón del Darién facilita el tráfico de armas, narcóticos y personas.

Desde 1914, el canal de Panamá ha sido un puente entre los hemisferios esta y oeste, y por mucho tiempo se ha usado para el contrabando de todo tipo de mercancías ilegales. El país también tiene numerosas islas poco vigiladas, útiles para los traficantes.

Historia

La participación de Panamá en el tráfico de drogas se inició a comienzos del siglo xx, con el tráfico de opio de Asia a Europa a través del canal de Panamá, el cual sigue siendo una pasarela global para el transporte de productos legales e ilegales.

En las décadas de 1960 y 1970, se cultivaba cannabis en Panamá, pero el creciente negocio de la cocaína pronto reemplazó el negocio de la marihuana.

A medida que los grupos suramericanos que traficaban cocaína a Estados Unidos comenzaron a dejar las rutas por el Caribe, muy usadas durante los 1980, la frontera compartida entre Panamá y el productor de cocaína Colombia hizo del primero un punto de tránsito natural para los estupefacientes en dirección al norte.

Durante la década de 1980, Panamás se convirtió en uno de los ejemplos más emblemático de un “narcoestado” en la historia latinoamericana bajo el liderazgo del dictador militar general Manuel Noriega, quien estableció relaciones con el cartel de Medellín en Colombia y con traficantes centroamericanos.

Noriega se convirtió en el gobernante de facto de Panamá en 1983 y mantuvo una estrecha relación con Estados Unidos, colaborando por décadas con la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), pese a su implicación en el tráfico de drogas ilegales y en el lavado de dinero.

Tras llegar a un acuerdo con el capo colombiano Pablo Escobar, del incipiente cartel de Medellín en 1982, Noriega comenzó a cobrar a los traficantes colombianos US $100.000 por carga para ingresar cocaína por vía aérea a Panamá. A lo largo de los años ochenta, los colombianos también usarían a Panamá como refugio, base para el procesamiento de cocaína y como centro bancario y de lavado de dinero, lo que impuso la tendencia para las décadas siguientes.

El ostentoso estilo de vida de Noriega con fiestas animadas con drogas y suntuosas mansiones fue truncado abruptamente en 1989, cuando el ejército estadounidense invadió Panamá y arrestó al líder. Estados Unidos acusó al general del lavado de millones de dólares, contrabando de marihuana y colaboración con el cartel de Medellín. Las tensiones políticas en aumento, más que las preocupaciones por la participación de Noriega en actividades ilegales, fueron la motivación más para la invasión estadounidense y la captura del militar en el operativo. Tres años después, un juzgado estadounidense sentenció a Noriega a 40 años de cárcel. Posteriormente, fue extraditado a Francia para enfrentar un juicio por cargos de lavado de dinero, y después de su condena regresó a Panamá, donde también fue condenado por abusos contra los derechos humanos.

Luego de la invasión estadounidense, Panamá abolió su ejército en 1990, y traslado las responsabilidades de protección de la ciudadanía a organismos civiles de seguridad dirigidos por el Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo cuerpo tuvo problemas en los años siguientes por falta de capacidad y experiencia, lo que permitió que variados tipos de grupos del crimen organizado consolidaran su poder.

Por ejemplo, las primeras pandillas de Panamá aparecieron a finales de la década de 1980, pero el final de la era Noriega, la desbandada del ejército y los altos índices de pobreza en la década de 1990 abrieron el espacio para el crecimiento de estos grupos. La tendencia se mantuvo en los años 2000; entre 2005 y 2010, datos oficiales mostraron que se triplicó el número de pandillas que operaba en el país —un fenónemo que los expertos atribuyeron a una falta de coherencia en las políticas de seguridad.

En la década de 2010, el gobierno ha intentado varias estrategias para abordar el problema de las pandillas, ninguna de las cuales ha resultado ser especialmente exitosa. Durante su toma de posesión en julio de 2014, el presidente Juan Carlos Varela anunció una amnistía para pandilleros que accedieran a desarmarse. Ese programa se extendió a los siguientes meses para incluir formación para el trabajo para los pandilleros desmovilizados, pero los resultados fueron variados. En 2016, las autoridades lanzaron una ofensiva antipandillas contra una banda importante, y desestabilizó las operaciones de otra pandilla involucrada en el tráfico internacional de cocaína. Las medidas parecían anunciar un cambio hacia políticas más represivas en términos generales contra las pandillas.

De manera similar, grupos narcotraficantes internacionales aprovecharon su presencia en Panamá para expandir sus operaciones tras la caída de Noriega. Un informe del gobierno estadounidense publicado en 1991, dos años después de la invasión, indicaba que el narcotráfico en el país iba en aumento. En 1999, una década después de la captura de Noriega, el Departamento de Estado estadounidense aún describía a Panamá como “un punto importante de trasbordo para las drogas ilícitas que se contrabandean desde Colombia”. Para 2016, el país decomisaba volúmenes récord de narcóticos, lo que se debía en parte a un boom de producción de cocaína en Colombia.

El estilo de gobiernos de Noriega, plagado de manejos turbios, dejó un legado de corrupción que ha fomentado una de las principales industrias criminales en Panamá: el lavado de dinero.

Históricamente, Panamá ha sido un centro para el lavado de dinero internacional, debido a su amplio sector bancario, la economía dolarizada y de rápido crecimiento y la presencia de la Zona Libre de Colón (ZLC), una zona de libre comercio creada en 1948 que es hoy en día una de las más grandes del mundo. Las estrictas leyes de secreto bancario combinadas con un sistema judicial laxo y las más de las veces corrupto son factores adicionales que favorecen las actividades de lavado de dinero.

El rol central de Panamá en el lavado internacional de dinero quedó en evidencia en 2016 con la publicación de los llamados “Panama Papers”, documentos que mostraban cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ayudaba a establecer cuentas offshore y empresas de papel para miles de clientes de la élite en todo el mundo, incluyendo la “reina” de la droga guatemalteca y un capo salvadoreño.

También en 2016, Estados Unidos incluyó en una lista negra a varios miembros de una de las familias más acaudaladas y poderosas del país, los Waked, por denuncias de lavado de dinero. En 2017, Nidal Waked Hatum, quien había sido designado “uno de los lavadores de dinero y facilitadores criminales más grandes del mundo” por la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense, se declaró culpable de participar en una conspiración para el lavado de dinero.

La debilidad de las instituciones judicial y de orden público han permitido que se perpetúe la corrupción en Panamá, lo que a su vez ha facilitado no solo el lavado de dinero, sino también el narcotráfico y otras actividades criminales.

A comienzos de 2010, cables filtrados del servicio diplomático estadounidense revelaron sospechas de que había políticos panameños implicados en el negocio de la droga. Estos temores persistieron a lo largo de toda la década; a finales de 2017, por ejemplo, las autoridades desbarataron una presunta red de narcotráfico internacional que tendría nexos con un alcalde local. También a finales de 2017, un narcotraficante colombiano afirmó a una agencia informativa local que las autoridades panameñas revendían los cargamentos de drogas incautados.

Los malos manejos entre la élite siguen siendo un problema de peso, como lo ilustra el caso del expresidente Ricardo Martinelli. El exmandatario huyó de Panamá en 2016, y solicitó refugio en Estados Unidos por una investigación en su contra por presunta participación en múltiples maquinarias de corrupción. Martinelli fue arrestado en 2017 cerca de su residencia en Miami en respuesta a una solicitud de extradición en la que se lo acusaba de escuchas ilegales, y aceptación de coimas de la constructora brasileña Odebrecht, la cual se encuentra en el centro de un escándalo multinacional con múltiples ramificaciones por corrupción.

Parece haber poca voluntad política entre la élite para erradicar la corrupción. En 2017, la fiscal general Kenia Porcell denunció que las élites intentaban sabotear las iniciativas anticorrupción, y describió la dinámica como un enfrentamiento entre “el dinero y la justicia”.

Grupos criminales

Panamá tiene presencia de pandillas desde la década de 1980, aunque no de la magnitud de otros países de la región. Por mucho tiempo, estos grupos se dedicaron mayormente a delitos menores, pero más adelante comenzaron a aumentar de tamaña y organizarse más y participar en narcotráfico, extorsión, trata de personas, lavado de dinero y secuestro.

Actualmente se cree que dos grupos rivales formados de la asociación de varias pandillas callejeras —“Bagdad” y “Calor Calor”— son los más poderosos del país.

Recientemente, las pandillas panameñas han comenzado a crear sofisticadas estructuras conocidas como “oficinas de cobro”, que trabajan directamente con narcotraficantes transnacionales.

Diferentes organizaciones criminales transnacionales —especialmente organizaciones con base en Colombia y México— usa a Panamá para el tráfico de drogas, escapar de la presión en sus países de origen y hacer sus negocios.

El Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha sido un actor clave en el tráfico de drogas que pasan de Colombia a Panamá a través del Tapón del Darién en cooperación con otros grupos internacionales.

También se sabe que grupos neoparamilitares colombianos, conocidos como BACRIM, operan a lo largo de la frontera con Panamá. Los grupos criminales colombianos también pueden estar implicados en una industria de minería ilegal emergente en Panamá.

En 2013, Panamá identificó al menos cuatro organizaciones criminales mexicanas que operaban en sus fronteras: el cartel de Sinaloa, los Zetas, la Organización Beltrán Leyva (BLO) y el cartel de Juárez. Sin embargo, la evidencia indica que puede haber más grupos mexicanos activos en el país.

En Panamá también operan redes de trata de personas. La mayor parte de la trata de personas hacia, desde y por medio de Panamá tiene relación con la industria sexual, pero el trabajo forzado también es un problema.

Grupos criminales conocidos como “tumbadores” se especializan en el robo de drogas de otros grupos criminales, en ocasiones con la colaboración de organismos de seguridad.

Fuerzas de seguridad

Desde la abolición de las fuerzas armadas de Panamá en la década de 1990, la seguridad ciudadana ha estado a cargo de las Fuerzas de Seguridad Pública, que incluyen la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, y el servicio nacional de fronteras, supervisados por el ministerio de Seguridad Pública.

Por largo tiempo se ha criticado a los organismos de seguridad de Panamá por su ineficacia y corrupción, con noticias de infiltración de varias organizaciones narcotraficantes y reclutamiento, en ocasiones de autoridades. Hay cierta ironía en el hecho de que la relativamente baja tasa de homicidios en el país pueda tener que ver con que los grupos criminales ejercen corrupción en lugar de la violencia para el logro de sus objetivos.

Panamá tiene varias bases aéreas y navales a lo largo de sus cosas, así como sistemas de radares. La ayuda estadounidense a Panamá se centra fuertemente en la acción conjunta contra el narcotráfico y el crimen organizado, y numerosas instituciones estadounidenses prestan asistencia en materia de seguridad a Panamá.

Sistema judicial

Panamá tiene un sistema legal civil, cuya autoridad judicial superior es la Corte Suprema. El resto de la rama judicial incluye tribunales superiores, salas secciones y juzgados municipales.

El Ministerio Público es responsable de los procesos criminales y la veeduría de los servidores públicos. Está conformado por el Procurador y Fiscales de Distrito, entre otros representantes. Las investigaciones penales las lleva a cabo la Policía Técnica Judicial, bajo las órdenes del Ministerio Público.

Aunque la constitución panameña concede independencia a la rama judicial, esta es susceptible, sin embargo, de influencia política y corrupción. En 2017, el Foro Económico Mundial clasificó a Panamá en el puesto 120 de 137 países en el aspecto de la independencia judicial.

Prisiones

El sistema penitenciario de Panamá es vigilado por el Ministerio de Gobierno por medio de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP). Las autoridades penitenciarias han enfrentado dificultades con escasez de personal y de recursos, que han contribuido a la corrupción. El sistema carcelario también ha sido blanco de críticas por su deficiente infraestructura y abusos de sus funcionarios.

En junio de 2017, el Instituto para la Investigación de Política Penal informó que el sistema penitenciario de Panamá tenía un índice de superpoblación de 114 por ciento, una cifra relativamente baja para los estándares regionales. Sin embargo, la tasa de detención preventiva es bastante alta, con 63 por ciento de personas privadas de la libertad en espera de un juicio.

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