Perfil de Perú

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La violencia en Perú se ha mantenido en niveles relativamente bajos desde el final de su conflicto civil a finales de la década de 1990. Aunque sigue siendo el mayor productor mundial de coca, después de Colombia, los cultivos ilícitos se están reduciendo en el país. Las ganancias del narcotráfico y la tala ilegal han suscitado un pequeño resurgimiento de Sendero Luminosos, grupo guerrillero maoísta, que ya no supone una amenaza importante para la estabilidad del estado peruano, pero que continúa los ataques contra las fuerzas de seguridad y empresas extranjeras en la remota región del valle del Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM).

Geografía

Perú es una ubicación importante para el negocio de la cocaína gracias a sus condiciones para el cultivo de coca, vastas zonas sin presencia gubernamental que permiten el florecimiento de grupos como Sendero Luminoso y clanes narcotraficantes. Su ubicación estratégica en la frontera con Brasil y Bolivia le da acceso al creciente mercado interno de cocaína en Brasil, y a rutas internacionales de despacho.

Historia

Perú ha sido exportador de coca y cocaína desde el siglo XIX, cuando gran parte del producto se exportaba legalmente a Estados Unidos. A comienzos del siglo XX, el gobierno estadounidense declaró ilegal la sustancia, y presionó a Perú para que hiciera lo mismo en 1948. Esto desató el crecimiento del negocio ilegal de la droga, que a lo largo de las décadas que siguieron se concentraría en el valle de Huallaga, al norte del país.

Gran parte de la cocaína de Perú salía del país por rutas al sur, por Chile. Pero, en la década de 1970, una ofensiva del régimen militar de Augusto Pinochet obligó a desviar la ruta hacia el norte, pasando por Colombia, lo que dio origen a los poderosos carteles de Cali y Medellín, en ese país. Por lo general, las hojas de coca se procesaban en Perú, para convertirlas en pasta base de coca, y una vez en el exterior se refinaban en cocaína pura. Para la década de 1980, Perú se había convertido en el mayor productor mundial de cocaína.

Esa década también asistió al surgimiento de la guerrilla Sendero Luminoso, grupo comunista de filosofía maoísta liderado por el profesor de filosofía Abimael Guzmán, quien en 1980 declaró la guerra al estado. La insurgencia del grupo se inició en el pueblo de Ayacucho, en las montañas, y se expandió hasta ocupar grandes extensiones de las zonas montañosas, y en su mejor momento llegó incluso a Lima, la capital. En el conflicto también participaron el grupo guerrillero rival Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) y patrullas campesinas respaldadas por el gobierno.

Casi 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto entre 1980 y 2000, muertes de las cuales poco menos de la mitad se atribuyeron a Sendero Luminoso. Se acusó a las fuerzas del gobierno de unas 23.000 muertes, además de abusos generalizados contra los derechos humanos.

Sendero Luminoso entró en decadencia luego de la captura de Guzmán, su líder, en 1992, y posteriormente se dividió en dos ramas. Entre tanto, la producción de cocaína en Perú descendió ante las duras políticas de seguridad del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y la producción se trasladó a Colombia en su mayor parte. Sin embargo, el negocio de la droga siguió siendo una fuerza importante en Perú. El aliado cercano y jefe de seguridad de Fujimori, Vladimiro Montesinos, fue detenido en 2001 acusado de corrupción y vínculos con el negocio de estupefacientes y con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Políticos locales, como David Bazán Arévalo, dos veces elegido alcalde de la ciudad norteña de Tocache, azotada por la delincuencia, también fue arrestado en 2017, acusado de corrupción y vínculos con el tráfico de estupefacientes.

El negocio de la cocaína presentó un leve aumento entre comienzos y mediados de la década de 2010, lo que supuso una nueva entrada de dinero que posibilitó el retorno de Sendero Luminoso. En ese momento, Perú y Colombia se alternaban el primer lugar como mayores cultivadores y productores de coca y cocaína, respectivamente. Pero para 2015, Colombia había recuperado el título, luego de una reducción de 14 por ciento en los cultivos en Perú en 2014.

En aquella época, la producción de coca comenzó a difundirse fuera de las regiones productoras tradicionales y hacia la Amazonía, y se encontró evidencia de que el negocio de la droga seguía infiltrando las fuerzas de seguridad del país, y los sectores político y judicial del país. El gobierno peruano respondió con agresivas campañas de erradicación y controles estrictos sobre los químicos precursores usados para el procesamiento de la cocaína. Sin embargo, la financiación de estos programas antinarcóticos fue limitada, y el gobierno sigue enfrentando problemas para imponer el control en la remota región del VRAEM —último bastión de Sendero Luminoso y mayor región cocalera del país—.

El gobierno peruano ha lanzado un ambicioso plan de reducción de los cultivos de coca a la mitad para 2021, pero es improbable que esto se logre sin mejorar programas de sustitución de cultivos, como el de la selva de Puno, que se centra en el cambio de coca por café. Estas iniciativas también se complican con obstáculos políticos, pues los usos tradicionales de la planta de coca siguen siendo legales, y los cultivadores de la planta constituyen una fuerza política importante. Pese a ello, los cultivos de coca se han mantenido estables en los últimos años, y Colombia sigue manteniendo el relevo como principal cultivador de coca y productor de cocaína.

Aunque el narcotráfico sigue en el centro de las preocupaciones de seguridad, las ganancias que genera se ven eclipsadas por las de la minería ilegal, que según estimativos del gobierno, ascienden a US$3 mil millones anuales. El epicentro de esa actividad es la región de Madre de Dios. Aunque no hay mucha violencia asociada a ese sector, ha ocasionado destrucción ambientalsocial. Las regiones mineras son también epicentro de la trata de personas, tanto para el trabajo forzado como para la explotación sexual. El intercambio ilegal de oro también ha estado ligado al lavado de dinero, que implica una firma estadounidense con oficinas en Miami y Dallas. En 2017, Perú declaró oficialmente la minería ilegal como una actividad del crimen organizado y lanzó un programa para enfrentarla, incluyendo operativos policiales a gran escala.

Otro desafío importante para Perú es su negocio ilícito de madera, masivo, muy lucrativo y lesivo para el medio ambiente, que se facilita con la corrupción y la laxitud de los controles. Se cree que un 80 por ciento del total de exportaciones de madera en el país es ilegal. Los asesinatos de activistas ambientales también se han asociado a la industria ilegal de tala.

Perú también ha sido sacudido por los escándalos de corrupción que se han extendido por toda Latinoamérica en los últimos años. Cuatro expresidentes y un alto político enfrentan denuncias de lavado de dinero. A comienzos de 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski se convirtió en el primer jefe de estado en funciones en Latinoamérica que deja su cargo por acusaciones relacionadas con la mayor investigación por corrupción de la región, el caso Odebrecht.

Grupos criminales

El grupo guerrillero Sendero Luminoso emprendió su guerra contra el estado en 1980, y ahora está muy involucrado en el crimen organizado. Aunque el negocio de la droga ayudó a fortalecer al grupo, en los últimos años este se ha visto seriamente debilitado por las muertes y arrestos de varios de sus principales líderes. Se cree que los insurgentes trabajan con traficantes en la región del VRAEM. Este es el último bastión que le queda al grupo después de que fuera expulsado de la región del Alto Huallaga tras la captura, en 2012, de Florindo Eleuterio Flores, alias “Camarada Artemio”.

Los grupos traficantes locales peruanos comparten el territorio con organizaciones narcotraficantes extranjeras, incluyendo grupos criminales colombianos y mexicanos. Estos mantienen sofisticadas redes de tráfico de cocaína hacia Europa, Asia, Estados Unidos y otros países. También se conoce que los traficantes locales tienen vínculos con otros grupos criminales transnacionales, entre ellos las pandillas brasileñas y la ‘Ndrangheta italiana.

El sector de minería aurífera ilegal en Perú opera como una compleja red de mineros, intermediarios y propietarios de concesiones mineras, incluyendo “los capos del oro”, como grupos extranjeros armados, familias y políticos influyentes, que usan prácticas ilegales, como mano de obra forzada y sobornos.

Se cree que el frente 63 del grupo guerrillero FARC, de Colombia, ofrece protección y soporte logístico a los mineros ilegales en Perú a lo largo del río Putumayo, en la frontera entre Perú y Colombia.

En Perú operan también redes de tráfico de personas y taladores ilegales, y la extorsión es una industria importante.

Fuerzas de seguridad

Perú tiene un cuerpo de policía centralizado, la Policía Nacional del Perú (PNP). Este organismo tiene una reputación como ente corrupto.

En 2017, Perú tenía alrededor de 100.000 elementos militares activos de línea de fuego. La reputación de las fuerzas armadas sufrió en el pasado por hechos de abusos contra los derechos humanos durante el conflicto interno, y el respaldo de algunos mandos militares hacia Fujimori, quien estaba en prisión por corrupción y abusos contra los derechos humanos (aunque fue liberado a comienzos de 2018 en un controvertido indulto justificado en el deterioro de su salud).

Recientemente, las fuerzas armadas intensificaron su participación en la lucha contra el narcotráfico y los remanentes de Sendero Luminoso, con la realización de operativos conjuntos con la policía. En los últimos años, las autoridades han infligido fuertes golpes a Sendero Luminoso, aunque el grupo insurgente sigue siendo fuerte en ciertas regiones.

Durante mucho tiempo, se ha conocido de miembros de las fuerzas armadas implicados en redes de tráfico de armas vinculadas a grupos criminales.

Hay casi 700 firmas de seguridad privada autorizadas en Perú, con más 70.000 efectivos.

Sistema judicial

La Suprema Corte de Justicia es el más alto órgano judicial de Perú. Por debajo de este se encuentran las Cortes Superiores de Justicia, que operan en sus jurisdicciones locales, seguidas de tribunales menores que también operan en el ámbito local.

La década de régimen autoritario de Fujimori dejó un legado de impunidad y dañó bastante la imparcialidad del sistema judicial de Perú, que ha sido acusado de tener fuertes nexos con el crimen organizado.

El índice de Estado de Derecho 2017 a 2018 del Proyecto Justicia Mundial sitúa a Perú cerca del extremo inferior de países latinoamericanos y caribeños en lo que respecta a la justicia penal y la corrupción.

Las restrictivas leyes que penalizan la difamación en Perú pueden estar creando también un efecto coercitivo en la cobertura mediática sobre el crimen organizado y la corrupción.

Prisiones

La sobrepoblación del sistema penal en Perú muestra señales de agotamiento. El uso generalizado de la detención preventiva ha hecho salir de control el número de reclusos. En 2017, la población carcelaria en Perú se encontraba en casi el 219 por ciento de su capacidad total. De esta población, casi la mitad se encontraba retenida bajo la figura de detención preventiva.

En 2015, el gobierno peruano reveló que el 95 por ciento de los sospechosos salían libres después de su arresto —la mayoría de los cuales habían sido liberados en flagrancia— lo que indica prácticas corruptas en las fuerzas de seguridad peruanas. Ese mismo año, se aprobó una ley que aceleraba los procesos judiciales para criminales atrapados en flagrancia, lo que agudiza los temores de que se dispare el número de personas privadas de la libertad. En 2016, Perú aprobó también una ley que impone sentencias más prolongadas para los sentenciados por pertenecer a agrupaciones del crimen organizado.

Existe evidencia de amplia cooptación dentro de las cárceles de Perú, lo que permite fugas y una brutal falta de control sobre los presos.

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