Perfil de Perú

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Aunque la violencia en Perú ha sido relativamente baja desde el fin de su guerra civil a finales de los años noventa, el tráfico de cocaína ha aumentado en el país, superando a Colombia y convirtiéndose en el mayor productor mundial de cocaína en 2011, según algunas estimaciones. Las ganancias del narcotráfico y la tala ilegal han provocado un pequeño resurgimiento del Sendero Luminoso; una guerrilla maoísta que ya no representa una amenaza importante para la estabilidad del Estado peruano, pero que sigue atacando a las fuerzas de seguridad y a las multinacionales extranjeras en la remota región del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en el centro de Perú.

Geografía

Perú es un lugar importante para el tráfico de cocaína, y su idoneidad para el cultivo de coca y sus vastas áreas sin presencia estatal posibilitan el florecimiento de grupos como El Sendero Luminoso, así como otros clanes narcotraficantes. Su posición estratégica en la frontera con Bolivia y Brasil le da acceso al creciente mercado interno de cocaína en Brasil, así como a sus rutas de transporte marítimo internacional.

Historia

Perú ha sido un exportador de cocaína y hoja de coca desde el siglo XIX, cuando la mayor parte de su producto era exportado legalmente a Estados Unidos. Washington prohibió la droga en el siglo XX y presionó a Perú para hacer lo mismo en 1948. Esto provocó el crecimiento del negocio de las drogas ilegales, el cual en décadas siguientes se ubicaría alrededor del Valle del Huallaga, al norte del país.

Gran parte de la cocaína del país era enviada por el sur a través de Chile, hasta que la represión del régimen de Pinochet, en los años setenta, obligó a un cambio de ruta hacia el norte por Colombia, dando lugar al surgimiento de los poderosos Carteles de Cali y Medellín en ese país. Generalmente, la hoja de coca era procesada en Perú para transformarla en base de coca, y era refinada en cocaína pura una vez se encontraba en el extranjero. Ya en los años ochenta, Perú se había convertido en el mayor productor de cocaína del mundo.

Esa década también trajo consigo el surgimiento de la guerrilla del Sendero Luminoso, un grupo de comunistas maoístas dirigido por Abimael Guzmán; un profesor de filosofía que declaró la guerra al Estado en 1980. La insurgencia del grupo comenzó en la ciudad montañosa de Ayacucho y llegó a ocupar gran parte de las tierras altas, incluso llegando a Lima en su apogeo. El conflicto también involucró a un grupo guerrillero rival, el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y rondas campesinas apoyadas por el gobierno.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú encontró que casi 70.000 personas murieron o desaparecieron durante el conflicto entre los años de 1980 y 2000, atribuyendo un poco menos de la mitad de estas muertes al Sendero Luminoso. Las fuerzas del gobierno fueron acusadas de unas 23.000 muertes, así como de abusos generalizados en contra de los Derechos Humanos.

El Sendero Luminoso entró en declive luego de que Guzmán, su líder, fuera capturado en 1992, dando paso a la fragmentación del grupo en dos brazos separados. Mientras tanto, la producción de cocaína de Perú se redujo como producto de las duras políticas de seguridad del gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), y la producción se desplazó en gran medida hacia Colombia. No obstante, el narcotráfico sigue siendo una fuerza importante en el país, capaz de penetrar sus instituciones. El aliado cercano de Fujimori, y jefe de seguridad, Vladimiro Montesinos, fue arrestado y acusado no sólo de corrupción, sino de vínculos con el narcotráfico y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

No obstante, el negocio de la cocaína ha aumentado nuevamente, y el nuevo flujo de dinero ha contribuido a la reaparición del grupo Sendero Luminoso. Perú y Colombia han venido alternandose como los mayores líderes mundiales cultivadores de coca y productores de cocaína durante años. Hacia el 2015, Colombia fue considerado nuevamente como el líder mundial, después de una disminución del 14 por ciento de los cultivos en Perú en 2014. El gobierno ha advertido que la producción de coca se está extendiendo fuera de las zonas tradicionales de producción hacia el Amazonas, mientras que hay evidencia de infiltraciones del narcotráfico en las fuerzas de seguridad, la esfera política y el poder judicial. El gobierno ha respondido con duras campañas de erradicación y estrictos controles sobre los precursores químicos utilizados para fabricar cocaína.

El éxito de estos esfuerzos se relacionan con la lucha del gobierno contra El Sendero Luminoso, el cuale se sabe que está implicado con el tráfico de drogas. El estado ha encontrado difícil de penetrar la región de Apurimac, Ene el Río y el Valle Mantaro (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – VRAEM) – la última fortaleza restante del Sendero Luminoso y la región más grande que produce coca del país.

El gobierno pretende reducir la superficie dedicada al cultivo de coca, a 38.000 hectáreas para el año 2021. No obstante, esto representa un desafío político, debido a que los usos tradicionales de la hoja de coca siguen siendo legales y los cultivadores de coca son una fuerza política.

Mientras que el narcotráfico sigue siendo el centro de las preocupaciones en términos de seguridad, sus ganancias son pequeñas en comparación con las del comercio de la minería ilegal, que los funcionarios del gobierno estiman que es un valor de hasta US$3 mil millones anuales. El epicentro de este comercio es la región de Madre de Dios. Si bien no hay mucha violencia relacionada con el sector, sí ha causado la destrucción ambiental y social, y las regiones mineras son un centro de la trata de personas, tanto para el trabajo forzado como la explotación sexual.

Otros desafíos para Perú son su gran comercio ilegal de madera. Hasta el 80 por ciento de las exportaciones totales de madera del país son ilegales, registrando ingresos de hasta US$72 millones al año. 

Grupos Criminales

El grupo guerrillero Sendero Luminoso, lanzó su guerra contra el estado en 1980, y ahora está profundamente implicado en el crimen organizado. Mientras el tráfico de drogas ha ayudado a reforzar el grupo, en los últimos años ha sido debilitado por la muerte o la detención de varios de sus líderes superiores. Los rebeldes, como se piensa, trabajan con traficantes en la región del VRAEM. Esta es la última fortaleza restante del grupo después de que fue expulsado de la región del Alto Huallaga tras la captura, en el 2012 de Florindo Eleuterio Flores, alias ” el Camarada Artemio”.

Grupos de tráfico locales peruanos comparten su territorio con organizaciones de tráfico de drogas extranjeras, incluyendo grupos colombianos y mexicanos criminales. Estos mantienen redes de tráfico de cocaína sofisticadas hacia Europa, Asia del Este, Estados Unidos, y otros países.

Se tiene conocimiento que los traficantes locales tienen vínculos con otros grupos transnacionales criminales, incluyendo cuadrillas brasileñas y la Ndrangheta de Italia.

El sector de extracción de oro ilegal de Perú funciona como una red compleja de mineros, intermediarios y propietarios de concesión de minería, incluyendo “capos de oro”, como grupos extranjeros armados, familias poderosas y políticos quienes usan prácticas ilegales como el trabajo forzado y el soborno.

Se piensa que el Frente 63 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), proporciona protección y apoyo logístico a mineros peruanos ilegales a lo largo del Río Putumayo, en la frontera entre Colombia y Perú. Redes de tráfico humano y madereros ilegales también funciona en Perú. Adicionalmente, la extorsión es una industria principal.

Fuerzas de Seguridad

Perú cuenta con una fuerza policial centralizada conocida como La Policía Nacional del Perú – PNP, institución que tiene reputación de corrupción. 

Desde 2016, Perú cuenta con 120.660 personal activo militar de primera línea. La reputación de las fuerzas armadas se ha visto cuestionada en el pasado por incidentes de abusos de derechos humanos durante el conflicto interno, y el apoyo de algunos líderes militares a Fujimori, quien se encuentra en la cárcel acusado de corrupción y abusos.

Las fuerzas armadas han aumentado recientemente su participación en la lucha contra el narcotráfico y los remanentes del Sendero Luminoso, realizando operaciones conjuntas con las fuerzas policiales. Las autoridades han dado golpes severos al Sendero Luminoso en los últimos años, aunque el grupo rebelde permanece fuerte en ciertas regiones.

Los miembros de las fuerzas armadas, por mucho tiempo, han estado implicados en redes de tráfico de armas vinculadas a grupos criminales.

Perú gastó 1,4 por ciento de su PIB en “el gasto militar” en 2014.

Hay cerca de 700 empresas de seguridad privadas autorizadas en Perú, con más de 70.000 miembros en su personal.

Sistema Judicial

La Corte Suprema de Justicia es el cuerpo judicial más alto de Perú. Debajo de este están las Cortes Superiores de Justicia, que funcionan dentro de sus jurisdicciones locales, seguidas de cortes más pequeñas que también operan a nivel local.

La década del cada vez más autoritario gobierno de Fujimori dejó un legado de impunidad y dañó considerablemente la imparcialidad del sistema judicial peruano. Entre 2012 y 2013 el Foro Económico Mundial ubicó a Perú en el puesto 125 de 144, en el ranking de independencia judicial.

Prisiones

El hacinamiento en el sistema penitenciario de Perú muestra signos de tensión. El uso generalizado de la prisión preventiva ha provocado que la población de reos crezca más allá de la capacidad del sistema penitenciario. En el 2016, estaba funcionando al 233 por ciento de su capacidad.

En el 2015, el gobierno de Perú reveló que el 95 por ciento de los sospechosos estaba siendo liberado después de su detención – la mayoría habría sido cogidos en flagrancia- sugiriendo prácticas corruptas dentro de las fuerzas de seguridad de Perú. En el mismo año, una ley fue tramitada para acelerar procedimientos judiciales para los delincuentes que son sorprendidos en flagrancia, incrementando los temores por un aumento en el número de detenidos. Adicionalmente, hay evidencia de cooptación dentro de las prisiones de Perú, permitiendo fugas y falta de control de los internos. 

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