Los repetidos ataques a los equipos de restitución de tierras en Colombia ponen de relieve los riesgos involucrados en un aspecto poco reportado, pero clave, para el proceso de paz en el país.
El 27 de mayo, una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), compuesta por dos hermanas reclamantes de tierra, un conductor y una integrante de la URT, fue declarada como desaparecida en el municipio de Mesetas, departamento de Meta, al centro del país.
Las dos hermanas se habían encontrado con la funcionaria de la URT Karen Sulay Garay para realizar labores catastrales en un predio que le había sido despojado a su familia por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999.
Dicho encuentro había sido programado desde 2019, pero las dos hermanas lo habían pospuesto por temor, dado que ya habían recibido amenazas.
La desaparición de esta comisión no se la ha adjudicado ningún grupo, aunque se sabe que en la zona tienen presencia algunos frentes de las ex-FARC mafia (grupos criminales compuestos por exguerrilleros que decidieron no sumarse a los Acuerdos de Paz de La Habana o que abandonaron el proceso para rearmarse en estas nuevas estructuras).
Según una alerta temprana publicada por la Defensoría del Pueblo en 2020, en la zona en la cual se encontraba la comisión hay presencia de los Frentes 40, Séptimo y Primero de las ex-FARC mafia. Según dicha alerta, estos grupos utilizan los territorios de Mesetas para diversas actividades ilegales, explotación ganadera y la venta ilegal de tierras.
Todo esto pone en riesgo a las autoridades, funcionarios, reclamantes y líderes de la restitución de tierras.
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En febrero de este año, un policía fue asesinado en el departamento de Córdoba mientras acompañaba la restitución de un predio en zona rural de Montería, al noreste del país.
En octubre de 2020, un policía murió y otros cinco resultaron heridos al ser emboscados por miembros de la Compañía Adán Izquierdo, mientras acompañaban labores de catastro y restitución de tierras en Bugalagrande, departamento del Valle del Cauca.
En 2018, ocho policías que brindaban apoyo a una comisión de restitución de tierras murieron tras ser atacados por hombres armados al norte del departamento de Antioquia.
Análisis de InSight Crime
El proceso de restitución de tierras en Colombia se ha visto amenazado y sistemáticamente debilitado tanto por actores criminales como legales.
En junio de 2011, el entonces presidente Juan Manuel Santos firmó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que sentó las bases para que las tierras fueran devueltas a los campesinos que habían sido despojados de ellas tanto por paramilitares como por guerrilleros.
Cinco años más tarde, los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC brindaron una nueva oportunidad para acelerar el proceso de restitución en las regiones controladas por la guerrilla.
Pero las intimidaciones y la violencia han hecho que los reclamantes teman continuar con sus causas. Entre 2011 y 2020 fueron asesinados 48 reclamantes de tierras; en estos hechos también han fallecido agentes de policía que acompañaban a los equipos de restitución de tierras. La sola presencia de personal del gobierno en los territorios donde los actores armados realizan actividades ilícitas pone en peligro sus vidas.
Además de los disidentes de las ex-FARC, Los Urabeños, grupo que surgió de los paramilitares, son uno de los principales grupos criminales que atacan y amenazan a las personas involucradas en las labores de restitución de tierras, particularmente en los departamentos de Córdoba, Antioquia, Chocó y Sucre, los cuales encabezan las listas nacionales de asesinatos de reclamantes de tierras.
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Para los actores criminales, el acceso a tierras puede ser clave para el control estratégico del territorio, para el desarrollo de economías criminales como el narcotráfico y la minería ilegal.
La presión de los actores criminales sobre las tierras se relaciona en algunos casos con intereses económicos y políticos asociados a grandes proyectos de desarrollo, agroindustria y minería. En efecto, algunas de las tierras que fueron despojadas por los paramilitares en el pasado beneficiaron proyectos asociados a banano, siembra de palma y ganadería extensiva.
Según un informe publicado en 2020 por la Fundación Forjando Futuros, la cual ha venido acompañando los procesos de restitución de tierras en Colombia, 66 empresas —entre las que se encuentran agroindustrias, compañías mineras y bancos— fueron condenadas a restituir las tierras, suspender títulos mineros y deshacer hipotecas sobre tierras que fueron despojadas a campesinos y comunidades étnicas.
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