El mes pasado, hombres actuando en representación de la comunidad – la mayoría con pasamontañas, armados con escopetas y machetes – estuvieron manejando puestos de control y patrullando pueblos en un esfuerzo por acabar con el acoso criminal en las montañas cerca de Acapulco, México.
Apoyados por fuerzas de policía comunitaria voluntaria de larga data en la mayor parte de la región indígena conocida como "Costa Chica," los vigilantes han arrestado al menos a 54 personas, la mayoría acusadas de venta de drogas, extorsión, y otros delitos “organizados”. Un puñado de hombres están acusados de secuestro y asesinato. Otro hombre enfrenta cargos por robar una vaca. Los activistas y los funcionarios locales dicen que los vigilantes han respondido a la creciente criminalidad que se ha apoderado de las comunidades locales en los seis años desde que se lanzó la campaña federal en contra de los poderosos grupos de tráfico de drogas en México. Esa dura medida federal ha provocado una explosión de violencia en toda la frontera norte del país y a lo largo de ambas costas, cobrando la vida de más de 60.000 personas, incluyendo unas 1.600 desde que el Presidente Enrique Peña Nieto asumió el cargo hace dos meses. Acapulco clasificó el año pasado entre las ciudades más violentas de México, y el empobrecido estado de Guerrero, que incluye tanto la ciudad como Costa Chica, ha sido un principal campo de batalla para los grupos en guerra. Oficiales estatales y federales han tachado a los vigilantes tanto de peligrosos como de inconstitucionales. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), un organismo federal autónomo, ha hecho lo mismo. La constitución de México, "establece categóricamente que ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho," dijo la comisión en un comunicado la semana pasada. Sin embargo, la respetada organización de derechos humanos Tlachinollan, con sede en las mismas montañas donde están las comunidades vigiladas por la cuadrilla, dijo que los grupos vigilantes son una reacción natural y legítima a la incapacidad del gobierno para garantizar la seguridad. Los habitantes están reclamando el derecho a hacer justicia sobre ellos mismos bajo los tradicionales “usos y costumbres” que gobiernan varias comunidades indígenas, argumenta. "El sistema judicial no es ni eficiente ni confiable," dijo Tlachinollan en un comunicado apoyando a los vigilantes, publicado en su página de internet: "Esta es una de las razones fundamentales por las cuales la estrategia contra el crimen organizado ha fracasado. "Hoy el pueblo organizado de Costa Chica se dio cuenta que las fuerzas de seguridad y los órganos de justicia no hacen su trabajo sino que, por el contrario, colaboran con las bandas de crimen organizado," dijo el grupo. "Por esta razón [el pueblo] ha decidido proveer seguridad y justicia de acuerdo con sus propios sistemas”. El miércoles, el Secretario de Gobernación (Ministro del Interior) Miguel Ángel Osorio llegó a un acuerdo con los líderes comunitarios sobre los patrulleros voluntarios para que se quiten las máscaras, y el líder activista Bruno Placido dijo a los reporteros que los prisioneros podrían ser liberados a la custodia del estado. Los líderes comunitarios habían amenazado con juzgar a los acusados en un juicio público el 31 de enero en El Mesón, un pequeño pueblo en el municipio de a Ayutla de los Libres, el epicentro del movimiento vigilante. Pero desistieron en el último minuto, simplemente presentando a los 50 hombres y a cuatro mujeres, y leyendo los cargos aún no corroborados contra ellos. Un segundo evento público fue programado para el 14 de febrero, cuando los líderes dicen que van a presentar pruebas de los cargos, pero aún no queda claro cómo el acuerdo del miércoles con el ministerio del interior podría afectar esos planes. El estado de Guerrero ha tenido su parte en la masacre del mundo del hampa, con las antiguas y actuales facciones del Cartel de Sinaloa, de Joaquín “El Chapo” Guzmán, luchando entre ellas, así como con los Zetas, la Familia Michoacana y otros grupos, por el control de las rutas de tráfico de drogas, las ventas de drogas al por menor, y otros fraudes. Supuestos mafiosos emboscaron y mataron a nueve policías estatales que patrullaban cerca de la ciudad de Apaxtla, varios cientos de kilómetros al noroeste de Ayutla, el 5 de febrero. Pero Guerrero también tiene una larga historia de insurrección armada y sentimiento anti-gobierno. Hace cuatro décadas, el ejército mexicano reprimió brutalmente una rebelión campesina en las montañas del noroeste de Acapulco. La policía estatal masacró a simpatizantes de un partido político de izquierda que se tomaron los ayuntamientos de la ciudad a lo largo de la costa del estado, después de las elecciones presidenciales de 1988, ampliamente vistas como fraudulentas a favor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Peña Nieto, el cual gobernó México durante la mayor parte del siglo pasado. En 1995, la policía estatal enviada por el gobernador, asesinó a tiros a 17 campesinos desarmados que estaban protestando cerca de un pueblo al oeste de Acapulco. Y en junio de 1998, soldados asesinaron a 11 personas, en su mayoría líderes comunitarios de pueblos locales, que se habían reunido en una escuela rural, a las afueras de Ayutla, para escuchar un discurso de reclutamiento por combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), un grupo escindido del pequeño Ejército Popular Revolucionario (EPR). Por suerte, esta vez, tanto el estado como los gobiernos locales parecen estar dispuestos hasta ahora para evitar una escalada de la confrontación con las comunidades. Los soldados y la policía federal y estatal el estado mantienen sus propios puestos de control en las afueras de Ayutla t otras ciudades, algunas veces, a unos pocos cientos de metros de aquellos de los vigilantes. Ellos permiten a las cuadrillas de comunidad armada pasar por los puestos de control sin ser molestados, algo inaudito casi en cualquier lugar de México, donde el derecho a portar armas está severamente restringido. Análisis de InSight Crime Tanto la injusticia oficial como la justicia por mano propia tienen profundas raíces en México, que sólo han sido reforzadas por la violencia desquiciada de los últimos tiempos. Los linchamientos de los presuntos ladrones, violadores, y asesinos, son comunes en los pueblos rurales y barrios urbanos marginales por igual. Otros pueblos sitiados por pandillas – especialmente la comunidad indígena de Cherán en el estado de Michoacán y la ciudad de Cuencame plagada de Zetas, en Durango al norte – han tratado de defenderse, con resultados mixtos. Además, las bandas de mafiosos como La Familia Michoacana, el Cartel del Golfo, y la conocida Federación del Pacífico ( también conocido como el Cartel de Sinaloa) han tratado varias veces de presentarse en público como defensores del pueblo contra la extorsión, el secuestro, y la violencia a manos de los Zetas y otros rivales. En eso, han hecho eco de los capos colombianos de la década de los ochenta, cuya sangrienta campaña en contra de los secuestros hechos por la guerrilla de izquierda a sus familiares sentó las bases de los ejércitos paramilitares de derecha, de la década de los noventa y la última década. Un misterioso grupo que se hace llamar "Mata Zetas," apareció en un video hace 15 meses alegando responsabilidad por matar a 35 personas en el puerto de Veracruz, cuyos cuerpos fueron arrojados en una concurrida intersección en un exclusivo distrito suburbano. En el video, unos 20 hombres uniformados al estilo militar son vistos agarrando armas de asalto en el estilo de soldados entrenados, al costado, un líder que lee un manifiesto reclamando que el grupo estaba actuando en nombre de los ciudadanos sitiados de México. Investigaciones posteriores descubrieron poca conexión entre las víctimas y los Zetas i delincuencia de cualquier tipo. A pesar de asegurar ser un “movimiento de ciudadanos” armados, los Mata Zetas parecen estar más vinculados a los aliados de el Chapo Guzmán, quien está luchando contra los Zetas en gran parte del norte y el este de México. Muchos habitantes de las ciudades mexicanas consideran a Guerrero y a su gente como “salvaje México,” – una fuente garantizada y perenne de problemas. Aunque no fuera aparentemente político, en cuanto a favorecer un partido el otro, las milicias comunitarias actuales exponen la tradicional aversión de la región por el gobierno nacional de México y sus muchos fracasos. En un área que a menudo se ha rebelado en contra del poder central, cualquier movimiento armado por fuera del control del estado tiene que levantar las cejas de los encargados de diseñar políticas. A pesar de cierta retórica dura en el último mes, tanto los funcionarios como los activistas parecen querer apaciguar la situación a través de la negociación, como lo evidencia el acuerdo del miércoles entre el Ministerio del Interior y los líderes vigilantes. Las fuerzas de seguridad de el gobierno se están manteniendo a raya hasta ahora. Los líderes comunitarios tienen más probabilidades de entregar a esos acusados con los crímenes más graves a los fiscales estatales. Es muy posible que las cosas se calmen rápidamente de nuevo en Guerrero, y que las acciones tomadas dentro y cerca de Ayutla no inspiren a las comunidades en otros lugares. La justicia de los vigilantes no es un reemplazo del tipo formal, por más frágil que ésta sea. Aún así, con años de intentos de reformas judiciales en México, fracasando en alcanzar mucho bien hasta ahora, y las fuerzas de seguridad todavía luchando para tener la violencia y el crimen bajo control, el ejemplo de las montañas de Guerrero podría sentar un precedente tentador y peligroso para las comunidades sitiadas.
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