En el acontecimiento histórico en La Habana, Cuba, el gobierno colombiano y los guerrilleros de las FARC establecieron sus planes para un cese al fuego definitivo y para definir los lugares donde estarán concentrados los guerrilleros. Pero nada de esto se hará efectivo hasta que se firme el acuerdo de paz final, y aún no existe ningún plan para abordar el tema de los ingresos criminales que sostienen al movimiento insurgente.
Si bien haber llegado a un acuerdo de paz es de vital importancia para Colombia, la misión de InSight Crime es determinar los efectos sobre la dinámica del crimen organizado, particularmente sobre las multimillonarias economías criminales que se asientan en las zonas de influencia de las FARC. En este sentido, en las 35 páginas que integran el acuerdo recién firmado se hacen algunas menciones a este botín criminal, compuesto en gran parte por ingresos provenientes del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Las FARC dominan las regiones cocaleras de Colombia y han asegurado el control sobre zonas auríferas en más de nueve departamentos del país.
En cuanto al tema territorial, las FARC y el gobierno acordaron 23 zonas de concentración para los combatientes guerrilleros, las denominadas “Zonas Veredales Transitorias de Normalización”. Dentro de estas zonas habrá ocho campamentos de las FARC, en los cuales se almacenarán armas y vivirán los guerrilleros, pero no se permitirá el acceso a la ciudadanía. El tamaño de las zonas aún no se ha divulgado, pero se puede asumir que, dado que son denominadas “zonas veredales”, no se tratará de una enorme zona de distensión como la que les fue concedida a las FARC durante las negociaciones de 1999-2002, que era de 42.000 kilómetros cuadrados.
La ubicación de estas zonas podría cumplir un papel importante en la dinámica criminal en el futuro. Existe un riesgo significativo de que las FARC reincidan en las economías criminales. El año pasado, InSight Crime visitó municipios claves de las FARC donde se generan gran parte de las ganancias de la guerrilla. Identificamos que más de 90 de los cerca de 1100 municipios del país tienen un alto riesgo de reincidir en las economías criminales y por tanto en la violencia. Se trata de municipios bajo el dominio de las FARC, que generan importantes ingresos a partir de las economías ilegales y que por lo tanto también son de interés para otros actores ilegales que buscarían tener su control. Si cerca de estos municipios se ubica una zona de concentración, ello puede ayudar a reducir el riesgo de reincidencia en estas economías criminales. El Estado, en cooperación con las FARC, podría socavar estas economías criminales y vincular estas áreas del país, a menudo descuidadas, al resto del territorio nacional. Si el Estado no hace nada, estas actividades económicas pueden caer en manos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), o bien algunos elementos de las FARC pueden entrar en el negocio por su propia cuenta, u otros grupos criminales “invadirían” el territorio.
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La incapacidad o la falta de voluntad del Estado para ocupar el territorio en el año 2006, después de la desmovilización del ejército paramilitar de derecha Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) condujeron al surgimiento de una nueva generación de grupos criminales, las Bacrim (o “bandas criminales”). El temor ahora es que sí el Estado no logra llenar este vacío, otras estructuras criminales ocuparán el espacio dejado por las FARC.
Uno de los principales beneficiados de que las FARC se retiren del conflicto y de territorios estratégicos en todo el país pueden ser las organizaciones neoparamilitares llamadas Bacrim. Estos grupos ya se están preparando para asumir el control de los territorios de las FARC. Hemos identificado nuevas actividades, expansiones o enfrentamientos de las Bacrim en Antioquia, Chocó, Guaviare, Meta, Norte de Santander Putumayo y Santander.
El acuerdo hace referencia a este riesgo. De hecho, el punto 3.4 dice:
“Acuerdo sobre garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra defensores/as de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”.
El Estado está conformando una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que formulará las políticas para desmantelar las organizaciones que amenazan el acuerdo de paz. Como parte de estas medidas, habrá un cuerpo élite de la policía con un “enfoque multidimensional”. Sus miembros “serán seleccionados bajo un modelo especial que certifique altos estándares de idoneidad, transparencia y efectividad”.
La verdad es que ya existe un cuerpo como éste, el denominado Bloque de Búsqueda, que actualmente está enfocado en ir tras las Bacrim, aunque aún le falta dar con los cabecillas del grupo criminal más poderoso de Colombia, Los Urabeños. No está claro si se establecerá otra unidad o si el Bloque de Búsqueda existente recibirá un nuevo nombre o será incorporado a un nuevo organismo.
Además de esto, la Fiscalía General de la República establecerá una Unidad Especial de Investigaciones, que trabajará con la policía judicial en sus esfuerzos por desmantelar estos grupos. De nuevo, la Fiscalía ya cuenta con unidades dedicadas a la lucha contra las Bacrim. El acuerdo sólo estará asignando nuevos nombres a planes ya existentes.
Otro tema importante es el de las armas de las FARC, que pueden llegar a ser unas 45.000. Si estas armas entran en el mercado negro, podrían convertirse en una bonanza para el crimen organizado. Los guerrilleros han prometido entregarle a Naciones Unidas todas las armas que poseen, tanto las que están en manos de los milicianos como las que tienen los combatientes uniformados. Habrá tres entregas en momentos diferentes, pero todas las armas deben ser entregadas 180 días después de la firma del acuerdo de paz final. Sus armas se utilizarán para construir tres monumentos: uno se ubicará en Colombia, otro en Cuba, que fue la sede de las conversaciones de paz, y otro más en el edificio de las Naciones Unidas.
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El hecho de que los milicianos hayan sido mencionados aparte sugiere que ellos no irán a las zonas de concentración. En términos criminales, estas redes son importantes dado que en muchos casos ayudan a administrar las finanzas de los rebeldes, recibir los dineros de las extorsiones, lavar dineros y recaudar los “impuestos” sobre el narcotráfico. Si estos grupos permanecen, en muchas partes del país existe el riesgo de que continúen dedicándose a actividades criminales, y que sigan reuniendo dinero pero esta vez para quedarse con él.
Mientras que los guerrilleros de las FARC ascienden a 8000, según cifras del gobierno, hay unos 10.000 milicianos y 30.000 colaboradores. En los últimos diez años ha aumentado la importancia de las milicias de las FARC, a la vez que ha disminuido el número de sus “guerrilleros rasos”. Los milicianos se han convertido en una de las principales armas ofensivas en el arsenal de las FARC, pues se dedican a instalar bombas, sembrar minas antipersona y asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad. También se han convertido en un elemento clave para dominar el territorio y las economías criminales que existen en su interior. Si permanecen fuera del acuerdo y mantienen el control de las economías criminales, hay una alta posibilidad de que continúen en sus negocios o que conformen “Farcrim” en ciertas partes del país.
Cuando se firme un acuerdo definitivo de paz en La Habana, quizá el 20 de julio como ha prometido el presidente, las FARC harán la transición de un ejército rebelde financiado por la ilegalidad, a conformar una fuerza política. Sin embargo, las firmas no acabarán con los más de mil millones de dólares de ingresos ilegales que actualmente sostienen a las FARC. También es posible que las FARC estén poco dispuestas a renunciar a esos dineros hasta que estén seguras de que se cumplirán los acuerdos de paz y que se les permitirá participar en el sistema político.
El futuro de estas economías criminales determinará el siguiente capítulo en la historia criminal de Colombia.