Una reciente encuesta del gobierno de México muestra que la percepción pública no concuerda con las indiscutibles mejoras en materia de seguridad en los últimos cinco años.
Como siempre, el gobierno le imprimió un sesgo positivo a la encuesta. El comunicado de prensa del gobierno que acompañaba a la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) destacó el hecho de que la proporción de encuestados que sentían que vivían en ciudades inseguras disminuyó 4,5 por ciento con respecto a la encuesta de marzo de 2014.
No obstante, los resultados de la encuesta no fueron uniformes, y reflejan una ambivalencia que contradice la reducción significativa de la tasa de homicidios. Por ejemplo, mientras que claramente la disminución del 4,5 por ciento fue una mejora, el 67,9 por ciento de los encuestados consideran que su ciudad es insegura, lo que no indica precisamente un “milagro” mexicano.
Igualmente, las expectativas sobre el futuro siguen siendo en general negativas: el 38 por ciento de los encuestados dijo que esperan que la seguridad pública permanezca en buen estado o mejore, mientras que el 63 por ciento señaló que esperaba que permaneciera en mal estado o empeorara. La evolución reciente en la respuesta a esta pregunta ha sido en general negativa.
Esta nueva encuesta fue más positiva con respecto a la prevalencia de la delincuencia. La proporción de encuestados que han presenciado tiroteos (24 por ciento), la existencia de pandillas violentas (33,8), la venta de drogas (39.9), el hurto (67) y el vandalismo (59) disminuyeron con respecto a la encuesta anterior. El único crimen que no siguió esta tendencia fue el consumo público de bebidas alcohólicas. Igualmente, los encuestadores de la ENSU hallaron una tendencia decreciente de los mexicanos a alterar sus hábitos cotidianos para protegerse de la delincuencia.
Los resultados de la ENSU también ofrecen una interesante perspectiva sobre los distintos órganos policiales que operan en México. Un poco menos del 62 por ciento de los encuestados tienen una opinión positiva de la gendarmería —el organismo que el presidente Enrique Peña Nieto inauguró poco después de su investidura en diciembre de 2012, en medio de abundantes críticas—. Sólo el 33 por ciento se refirió positivamente a la policía municipal, mientras que el 56 por ciento tuvo una opinión positiva de la policía federal y el 41 por ciento tuvo una opinión positiva de la policía estatal.
Análisis de InSight Crime
Los resultados disímiles en cuanto a las percepciones de seguridad bajo la administración Peña Nieto no son nada nuevo. Para mencionar sólo un ejemplo, otra encuesta estatal reveló un fuerte repunte en las percepciones de inseguridad durante el primer año de la administración de Peña Nieto, a pesar de que hubo una mejora evidente en la tasa de homicidios y un menor énfasis al papel que se le ha dado a la delincuencia en el programa federal.
Hay una serie de factores que influyen en este fenómeno. Uno de ellos consiste en que, no obstante la disminución en la tasa de homicidios (en los primeros dos meses de 2015, México estaría registrando 15.288 asesinatos, en comparación con más de 27.000 en el mismo período de 2011), de alguna manera la tasa de criminalidad ha empeorado. (La brecha se ve agravada por la tendencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública de revisar bajas cifras preliminares, que posteriormente se revisan en retrospectiva). Las cifras del gobierno revelan que el secuestro y la extorsión, los cuales están estrechamente vinculados al crimen organizado, han empeorado. Los problemas de México con grupos de autodefensa, que tienen el potencial de generar una crisis democrática, se han vuelto más complejos y extensos.
Quizá lo peor de todo es que la sensación de inseguridad en ciertas áreas críticas, como Guerrero y Michoacán, ha aumentado drásticamente. A pesar de que se trata de casos relativamente aislados y aunque hubo mejoras en otras regiones, la cobertura que los medios de comunicación hacen sobre estos dos estados está aparentemente compensando la campaña de relaciones públicas del gobierno para mostrar sus logros a nivel general.
Además, los dos ejemplos más importantes de errores del gobierno en materia de seguridad han sido enormes. El supuesto asesinato de 22 presuntos miembros de un grupo criminal por soldados en Tlatlaya en junio de 2014 representa una violación a los derechos humanos sin precedentes recientes. La desaparición de 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, fue un desastre aún mayor: un gobierno local corrupto supuestamente planeó el masivo secuestro y asesinato, mientras que los ineptos esfuerzos federales y estatales no hicieron nada para enfrentar la creciente catástrofe y luego tuvieron fallas en la investigación; el presidente se demoró casi tres meses para visitar el estado después de la masacre.
Todo esto crea una sensación de caos que puede opacar cualquier mejora en las estadísticas.
Finalmente, los horrores de la última década, en la que México pasó de una nación de ingresos medios moderadamente violenta a ser un país con algunas de las ciudades más peligrosas del mundo, no se pueden olvidar fácilmente. El espíritu nacional se vio profundamente traumatizado durante la época de Calderón, pues se sospechaba de cualquier promesa de una posible mejora. Cientos de miles de mexicanos fueron víctimas de manifestaciones extremas de inseguridad, como intentos de extorsión o el asesinato o secuestro de familiares. La recuperación emocional de la nación, especialmente en medio de abundantes noticias negativas, tomará tiempo.