A un año de gestión del presidente Enrique Peña Nieto en México, el paisaje criminal del país es en gran medida el mismo que el de antes de su llegada, aunque una serie de modificaciones sugieren el comienzo de una nueva evolución, tanto del gobierno como de los criminales.
Desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2012, Peña Nieto ha llevado a cabo una serie de cambios políticos que contrastan con su predecesor, Felipe Calderón, quien apostó la reputación de su gobierno en la lucha contra del crimen organizado. Algunos de estos cambios son más superficiales que reales, y la política general de utilizar a la policía militar y federal para sofocar las zonas calientes (hotspots) continúa sin cesar. Bien sea como consecuencia de los cambios políticos o de otros factores independientes, los grupos del crimen organizado de México también han sufrido una serie de cambios sutiles, aunque distintos.
Pocos cambios reales en el enfoque del gobierno
Quizás la diferencia más notable entre Calderón y Peña Nieto está en la cantidad de atención que el gobierno pone en destacar sus esfuerzos. A lo largo del gobierno de Calderón, la seguridad pública fue el tema principal de interés público. Incluso durante la crisis económica, cuando las encuestas mostraron que la economía superaba a la violencia como un asunto de interés público, el presidente y sus principales asesores hicieron del crimen organizado su principal tarea, y celebraron sus muchos golpes en contra de prominentes capos.
Según Peña Nieto, la presentación de la política de seguridad ha sido mucho más moderada. Los comunicados de prensa que proclaman los éxitos son menos frecuentes, los discursos con retórica belicosa se han vuelto bastante raros, y ninguno de los funcionarios de seguridad actuales gozan del perfil del que gozó García Luna. Peña Nieto pasa la mayor parte de sus apariciones públicas ocupándose de otras cuestiones, en particular en el ámbito económico. La frecuencia de los golpes a los capos se ha desacelerado, y la atención prestada a los que ocurren es más moderada.
Como resultado de ello, los titulares internacionales que detallan el derramamiento de sangre en México, que alimentaron la percepción pública del país como algo parecido a un Estado fallido, se han apaciguado. A diferencia de Calderón, quien fue comparado con el agente de Estados Unidos, Eliot Ness, a principios de su mandato, la mayor parte de la cobertura que rodea a Peña Nieto se ha centrado en sus esfuerzos de reforma. Parece estar surgiendo una visión más equilibrada de la seguridad mexicana, y los protagonistas de estas batallas frontales han sido capaces de concentrarse en una mejor coordinación entre las agencias en lugar de competir por atención.
Sin embargo, detrás de escena la estrategia de utilizar las fuerzas federales en las áreas problemáticas, sigue siendo el medio principal del gobierno para lidiar con el crimen organizado. El ejército y la marina están por todo el país, incluso en los lugares exactos donde Calderón famosamente los envió a principios de su administración. Muchos ex oficiales militares continúan dirigiendo las unidades de la policía local. La policía federal tiene igualmente un gran apoyo y a veces un papel primordial a medida que el país sigue mirando cómo reestructurar sus fuerzas municipales y estatales.
Otros cambios propuestos se han convertido en atracciones secundarias. A lo largo de su campaña y después de su elección, por ejemplo, Peña Nieto se comprometió a crear una gendarmería híbrida cívico-militar que aliviaría la carga de las agencias federales que encabezaron la guerra contra las drogas bajo Calderón. Inicialmente, la gendarmería iba a ser una fuerza de 40.000 hombres, de carácter militar, pero bajo control civil. Aunque la propuesta tuvo éxito en atraer la atención a las ideas de Peña Nieto, la meta operativa precisa de la gendarmería nunca fue clara. El plan consistía en concentrar la gendarmería en las zonas rurales, pero no estaba claro por qué se necesitaba una nueva fuerza federal (en lugar de, por ejemplo, desplegar la Policía Federal).
Desde su toma de posesión, el equipo de Peña Nieto ha reducido la ambición del programa de gendarmería. Disminuyeron el número de nuevos agentes de 40.000 a 5.000, y anunciaron que en lugar de operar como una nueva unidad, sería un subgrupo de la Policía Federal. La gendarmería aún no ha comenzado a operar, aunque el gobierno ha comenzado la capacitación y el reclutamiento, y ha fijado el verano de 2014 como su fecha de inicio.
Otro ajuste al aparato institucional se produjo con la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública (conocida como la SSP) como agencia de gabinete. La SSP fue incorporada a la Secretaría de Gobernación. Esto marcó un fin simbólico de la era Calderón, ya que la SSP fue controlada por su principal oficial de seguridad, Genaro García Luna. La medida también tuvo el efecto práctico de centralizar el control de la política de seguridad en un grado mucho mayor, y devolviendo a la Secretaría de Gobernación a su papel tradicionalmente preeminente entre las agencias del gabinete nacional.
Tendencias de la violencia, criminalidad
En cuanto a los homicidios, las noticias son buenas. Según cifras preliminares del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), la violencia letal en México ha disminuido en el primer año de la presidencia de Peña Nieto. De un promedio mensual de más de 1.800 homicidios dolosos durante el último año de la administración de Calderón, la cifra nacional ha caído a 1.550 este año, una disminución de aproximadamente el 15 por ciento. Según el estadista Diego Valle-Jones, el índice de asesinatos anualizado cayó desde un elevado 22 por cada 100.000 habitantes en 2011, a menos de 15 a partir de octubre de 2013. (Vea el gráfico de Valle-Jones abajo)
Pero mientras que las tasas de homicidio han caído, las de secuestro y extorsión han ido en la dirección opuesta, continuando una tendencia desafortunada que se remonta a años atrás. Según Valle-Jones, la tasa anualizada de secuestros denunciados se ha mantenido alrededor de 1,5 por 100.000 habitantes bajo Peña Nieto, superando las peores tasas registradas bajo Calderón.
La distribución de la guerra de pandillas también ha cambiado. Durante el gobierno de Calderón, Juárez fue el epicentro de la violencia mexicana. La tendencia alcanzó su punto máximo en 2010, con más de 3.000 asesinatos en la ciudad fronteriza, y miles más en todo el estado natal de Juárez, Chihuahua. Mientras que Chihuahua y Juárez siguen siendo zonas violentas, la incomparable ola de asesinatos se ha frenado, y tanto la ciudad como el estado han sido sustituidos por otros como los lugares de derramamiento de sangre.
El patrón es similar en algunos de los otros estados del norte que más sufrieron bajo Calderón. Nuevo León va a terminar 2013 con aproximadamente la mitad de los homicidios dolosos que registró un año antes. En Tamaulipas, el número de asesinatos igualmente ha caído en alrededor de un 50 por ciento.
Otros estados, sin embargo, han visto una tendencia inversa. Según los datos de la SNSP, Guerrero ha sufrido casi un 50 por ciento más de asesinatos durante la presidencia de Peña Nieto que Chihuahua, a pesar de que Chihuahua es un estado un poco más grande. Jalisco, el hogar de la segunda ciudad más grande del país, Guadalajara, también se ha convertido en uno de los lugares más prominentes de la violencia del país.
Recientemente, podría decirse que Michoacán se ha convertido en el estado con la crisis de seguridad más alarmante, aunque más a causa de la disfunción del gobierno que por una tasa de homicidios estratosférica. Como informó InSight Crime, Michoacán es el hogar de los grupos de autodefensa más prominentes que han surgido en los últimos años, que han erosionado la legitimidad del gobierno y agregaron otro elemento de incertidumbre a la situación. Los grupos criminales locales, completamente opuestos a los grupos de autodefensas, se han involucrado en tácticas cada vez más perjudiciales para mantener su control sobre la región, incluyendo el bloqueo de la entrega de alimentos a las ciudades vinculadas a los grupos de autodefensas y la voladura de centrales eléctricas.
El tablero de ajedrez criminal
Dados los problemas en Michoacán descritos anteriormente, no es sorprendente que el grupo dominante en el estado, los Caballeros Templarios, actualmente esté clasificado como los villanos más significativos en el mundo criminal de México. Aunque el grupo ha limitado su alcance geográfico y ha mostrado poco interés en el tipo de expansión agresiva que provoca espirales de violencia, tiene una capacidad inusual para afectar a la sociedad civil y penetrar las instituciones gubernamentales.
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Mientras que muchos grupos celebran su negativa a participar en actos de extorsión, para los Caballeros es un elemento importante de su modus operandi. En lugar de limitarse al tráfico, el grupo trabaja para fomentar una visión más holística de su papel, a menudo afirmando actuar en nombre del pueblo de Michoacán. El grupo ha establecido vínculos con un número incalculable de políticos locales, entre ellos Julio César Godoy, un exdiputado que se encuentra prófugo, y el hermano de un exgobernador. El líder de los Caballeros, Servando Gómez, alias “La Tuta”, también afirmó recientemente que su grupo fue contactado por la senadora Luisa María Calderón, hermana de Felipe Calderón, durante su fallida campaña a la gobernación en 2011, aunque ella negó la acusación.
Por el contrario, los Zetas, ampliamente considerado como el grupo criminal más peligroso de la era de Calderón, parece haber perdido fuerza, con sus dos principales líderes, Miguel Ángel Treviño, alias “Z40”, y Heriberto Lazcano, alias “Z3”, capturado y muerto, respectivamente, en los últimos 16 meses. La detención de Treviño y la muerte de Lazcano se dieron tras una serie de capturas de otros operadores de alto nivel, dejando al grupo, responsable de algunos de los ataques más infames durante la administración Calderón, severamente debilitado.
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En caso de que esto continúe, el declive de los Zetas promete abrir nuevas oportunidades para sus rivales en gran parte del norte y el noreste de México. Gran parte de este espacio puede ser llenado por ramificaciones locales, como ha sido el caso de Torreón, por ejemplo. Otro probable ganador es un renovado Cartel del Golfo, cuya alianza de larga data con los Zetas terminó en 2010.
Pero el mayor beneficiario del debilitamiento de los Zetas es probable que sea el Cartel de Sinaloa, el cual, junto con su líder Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”, sigue siendo el grupo más fuerte en el país. La alianza de los Zetas con la Organización de los Beltrán Leyva ha ayudado a este último grupo a retener las áreas de control en su natal Sinaloa, y los Zetas han servido como un baluarte contra los intentos del Cartel de Sinaloa para tomar Tamaulipas y Nuevo León, lo que les daría el control de facto sobre la mayor parte de la frontera.
En este sentido, la continua fortaleza del grupo de El Chapo representa uno de los ejemplos más importantes de la continuidad desde Calderón hasta Peña Nieto. También es uno de los más preocupantes, ya que cualquier política criminal que deje al Cartel de Sinaloa a sus pies parece sufrir de una ambición muy limitada.