Las autoridades de México han señalado que ninguno de los cuerpos encontrados en las fosas comunes de Iguala pertenecen a los manifestantes desaparecidos, otro indicio de que semejantes atrocidades -y la corrupción oficial que las facilita- no son incidentes aislados en el turbulento estado de Guerrero.
El procurador Jesús Murillo Karam anunció que el análisis de ADN de los 28 cadáveres sepultados en las fosas clandestinas encontradas el 4 de octubre, había demostrado que los restos no corresponden a los de los estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre durante una protesta en Iguala, Guerrero, informó The New York Times.
Mientras tanto, el 14 de octubre las autoridades capturaron 14 policías y al alcalde del cercano municipio de Cocula. Según Karam, la mayoría de los detenidos posteriormente confesaron haber entregado los estudiantes a los Guerreros Unidos, el grupo criminal que estaría tras las desapariciones, informó Excelsior. En total, cerca de 50 sospechosos han sido detenidos durante la investigación en curso, mientras que las autoridades siguen tras la pista del alcalde de Iguala por su presunta participación en el caso.
El mismo día del arresto de los policías Milenio informó que Benjamín Mondragón Pereda, alias “El Benjamón”, uno de los presuntos líderes de los Guerreros Unidos, se suicidó de un tiro cuando se vio rodeado por la policía.
Análisis de InSight Crime
La revelación de que los cuerpos hallados en las fosas comunes no pertenecen a los manifestantes estudiantiles añade todavía más misterio a un caso que ha llamado la atención de los medios internacionales y provocado indignación generalizada en México. Si bien la revelación puede alimentar la esperanza de que los estudiantes todavía se encuentran con vida, ésta también plantea la posibilidad de la existencia de más cuerpos que aún no han sido descubiertos.
Ninguna de las 10 fosas clandestinas encontradas hasta el momento en Iguala parece haber sido creada recientemente, una señal de que el problema de las desapariciones en Guerrero no termina con los manifestantes desaparecidos. Del mismo modo, el arresto del alcalde y los policías de Cocula sugieren que la corrupción estatal no es una dinámica limitada a Iguala.
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El enfrentamiento entre la policía y el presunto líder de los Guerreros Unidos se produce en medio de una creciente presión para que las fuerzas de seguridad y el presidente Enrique Peña Nieto resuelvan el caso, presentándose apenas días después de las denuncias del papel jugado por los militares en la masacre de Tlatlaya, en el centro de México, la cual dejó 22 muertos en junio de este año. Ahora, Peña Nieto se enfrenta a una crisis de seguridad que amenaza con socavar su gobierno y eclipsar la noticia de las recientes capturas de algunos de los narcotraficantes más importantes del país.