Con los más de 150 cuerpos presuntamente encontrados en fosas clandestinas y las 240 personas desaparecidas en lo que va del año en Guerrero, México, está claro que el estado del Pacífico se ha convertido en un caldo de cultivo para la actividad criminal, gracias a una potente mezcla de grupos criminales y corrupción oficial.
Estas cifras, publicadas por el Servicio Médico Forense de Guerrero, incluyen a los 43 manifestantes estudiantiles que desaparecieron en la ciudad de Iguala este mes de septiembre, en un caso en curso que ha ido ganando la atención internacional. El 23 de octubre, otras nueve fosas clandestinas fueron encontradas en las afueras de Iguala tanto con restos humanos como con bolígrafos y mochilas, lo que podría indicar que allí estaban enterrados algunos de los estudiantes desaparecidos, informó El Universal.
El caso llevó a la renuncia del gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero la semana pasada. Su reemplazo, el gobernador interino Rogelio Ortega Martínez, ha anunciado que planea crear una comisión para investigar y llevar ante la justicia a los responsables de las desapariciones de los estudiantes, informó El Universal.
Mientras tanto, la ONG mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, ha afirmado que Martínez tiene vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se remontan a 2002. La organización no gubernamental dijo que según los correos electrónicos recuperados del computador portátil de un líder de las FARC, en algún momento Martínez pidió a representantes de las FARC en México que le prestaran dinero. También afirmó que tenía vínculos con un grupo involucrado en el secuestro.
Análisis de InSight Crime
Si bien el gobierno mexicano ha invertido bastante atención y recursos en la lucha contra el crimen organizado en el vecino estado de Michoacán, Guerrero se ha convertido silenciosamente en un epicentro de actividad criminal. El año pasado, Guerrero registró la tasa de homicidios más alta de México. Mientras tanto, según los informes, la desintegración de los Rojos, un grupo criminal de Guerrero escindido de la Organización Beltrán Leyva (OBL), dio lugar a una ola de violencia a principios de este año, a medida que los grupos rivales se enfrentaban por el control territorial.
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La corrupción oficial también ha jugado un papel clave en la escalada del caos en Guerrero. Se cree que Guerreros Unidos, otro grupo escindido de la OBL, estaría detrás de las recientes desapariciones de los estudiantes, al parecer trabajando a nombre del alcalde de Iguala y su esposa, actualmente en fuga. Mientras tanto, hasta el 18 de octubre, 36 policías municipales habían sido arrestados en conexión con el caso.