El pescador nicaragüense Ted Hayman Forbes y su red operaba el tráfico de drogas desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua y la isla de San Andrés en el Caribe. Su detención y posterior sentencia pusieron fin a una carrera criminal que tenía todas las señas de ser tolerada y protegida por las élites políticas regionales y nacionales de Nicaragua durante años.
La noche del 19 de junio de 2012, un retén policial ubicado en las afueras de la ciudad de San Carlos, en el departamento de Río San Juan, detuvo una camioneta particular. San Carlos es capital del departamento de Río San Juan y cuenta con una población aproximada de 50.000 habitantes. Está ubicada a casi 300 kilómetros al sureste de Managua y se ubica justo donde termina el lago de Nicaragua y comienza el río San Juan. Esta posición geográfica la ha proyectado como una de las rutas claves del narcotráfico que usa las costas del Caribe como tránsito y las rutas fluviales y terrestres desde Costa Rica. La densidad de los bosques lluviosos aún facilita el acopio de la droga que es transportada hacia la ruta del pacífico de Nicaragua para luego ser trasladada a la frontera con Honduras.
En la camioneta viajaban tres personas y en la tina se trasladaban siete contenedores de plástico, cada una de doce galones de capacidad. Según los ocupantes, los recipientes contenían solo “semolina”, que es una mezcla pastosa de diversos granos utilizada como alimento para animales. El retén policial se montó esa noche y de última hora por información de inteligencia que advertía sobre un trasiego de drogas en la ciudad de San Carlos. Para corroborar esa información, las autoridades ordenaron a los efectivos policiales del retén que trasladaran el vehículo, los pasajeros y los contenedores de plástico a la sede de la Policía Nacional en la ciudad para determinar si trasladaban droga oculta o no.
*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición. Lea los demás capítulos de la investigación aquí.
Al día siguiente, en el área de visitas de reos de Auxilio Judicial, las autoridades policiales procedieron a inspeccionar el vehículo y su carga. Vaciaron cada contenedor y, además de la semolina, encontraron ocultos 140 paquetes rectangulares, que al pesarlos habrían sumado 161 kilogramos de cocaína. Tras este hallazgo, la Policía Nacional desarrolló la llamada “Operación Dique”, que trajo consigo una serie de allanamientos en varias ciudades del país y la captura y detención de unos 19 integrantes de uno de los más poderosos grupos criminales en el Caribe sur de Nicaragua, liderado por Ted Hayman Forbes, quien tres meses después de ser arrestado cumpliría 42 años.
Gracias a la “Operación Dique”, la Policía Nacional desarticuló una red que operaba desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua y la isla de San Andrés en el Caribe. Según fuentes de la Policía Nacional, Hayman y su gente daban todos los servicios necesarios para el traslado de las drogas: pangas, pangueros, combustible, comida y salarios a los colaboradores. El grupo reabastecía de combustible en alta mar a los narcos que usaban la ruta de la isla de San Andrés, y en tierra les daban refugio en lugares clandestinos a los que tenían acceso a las pangas.
La detención de Ted Hayman, la tarde del 22 de junio de 2012, mientras presenciaba un partido de softball en el estadio Glorias Costeñas, de la ciudad de Bluefields, capital de la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS) de Nicaragua, conmocionó a toda la sociedad blufileña, del municipio de Laguna de Perlas y de su isla natal, Tasbapauni, ya que se le consideraba el hombre más poderoso en esa región del país. Su detención provocó manifestaciones de protesta y reclamo a las autoridades en la ciudad de Bluefields.
Pero el malestar social y las protestas fueron más intensas en su lugar natal, Tasbapauni, una paradisíaca isla caribeña ubicada a dos horas en lancha desde Bluefields. Ahí era donde Ted Hayman residía y se desempeñaba como pescador, y donde acostumbraba a brindar regalías de forma generosa a los pobladores.
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La comunidad de Tasbapauni marchó en protestas, enarbolando pancartas que reclamaban por su libertad. También amenazaron con no votar en las elecciones municipales que se celebrarían en noviembre de ese año y de las que se dice que Hayman aseguraba los votos para los partidos que lo protegían regional y nacionalmente. Sin embargo, la protesta no trascendió, dada la lejanía de la localidad con los centros de poder de Nicaragua, la falta de beligerancia de sus aliados y el desinterés paulatino de los medios de comunicación en la captura de quien era el narcotraficante más fuerte de toda la región del Caribe nicaragüense.
Meses después, Ted Hayman, junto a sus subordinados y colaboradores, fue declarado culpable de los delitos de transporte internacional de estupefacientes, lavado de activos y dirección de un grupo criminal organizado para transportar estupefacientes y proporcionar provisiones para trasegarlos. Fue condenado a 32 años de prisión. Además, se le ordenó pagar altas sumas de dinero como multas. Aunque le fueron decomisados vehículos y bienes muebles e inmuebles, hay fuentes que aseguran que la mayoría de sus propiedades y dinero está en manos de testaferros o escondido, y otros habrían sido robados por las autoridades policiales. También le incautaron una mansión que había construido en la ciudad de Bluefields y que, según fuentes consultadas, fue el detonante que llevó a su detención y a ponerle fin a una carrera criminal que tenía todas las señas de ser tolerada y protegida por las élites políticas regionales y nacionales.
De hecho, el caso Hayman destapó los nexos entre la sociedad bluefileña y una élite política regional que lo amparaba desde su condición de subordinación y colaboración con las estructuras políticas nacionales de Managua. También demostró la forma en que se construye capital social y político a través del crimen organizado y cómo ese capital le permitió a la red de Hayman operar durante años.
La configuración del poder en la costa Caribe
Para poner en perspectiva la dimensión y sostenibilidad de la red criminal de Ted Hayman es necesario entender las manifestaciones de poder en la región del Caribe que devienen a partir de lo étnico y la afiliación política.
Étnicamente, la región se caracteriza por su heterogeneidad y territorios donde conviven seis diferentes comunidades étnicas: tres pueblos indígenas: los ramas, mayangnas y miskitus, y tres no indígenas: los creoles, mestizos y garífunas. En Puerto Cabezas y Waspám predominan los miskitus; los creoles en la Laguna de Perlas y Corn Island, y los mestizos y creoles en Bluefields. Por otro lado, en la Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN), más de un 57 por ciento de la población censada en el 2005 se autoidentificó como perteneciente a pueblos indígenas o comunidades étnicas, mientras que en la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), y producto de migraciones masivas desde hace unos 25 años, apenas el 24 por ciento dijo pertenecer a pueblos indígenas o comunidades étnicas.
Las jerarquías étnicas de la región Caribe de Nicaragua han sido una herencia marcada en la sociedad costeña colonial. Por un lado, una élite miskita que estuvo fuertemente vinculada con los ingleses durante el tiempo de vigencia del protectorado británico (1687-1894). La élite creole, emergente y en proceso de configuración desde el asentamiento del Rey Mosco en Bluefields, se vinculó con los norteamericanos y las compañías que representaban y constituían el músculo central de la economía de enclave en la costa Caribe. Gracias al manejo del inglés, y por la importancia que le otorgaron a la educación, los creoles encontraron trabajo fácilmente en el ámbito administrativo y gozaron de cierta confianza, mientras que los miskitos y mayangnas fueron considerados y asimilados como fuerza laboral en las actividades productivas.
Entre estos principales grupos étnicos se dio a su vez una división del trabajo según el área de residencia. Los creoles en el sur se centraron principalmente en la ciudad. Los miskitos y mayangnas en el norte combinaron su participación en la economía de enclave con su agricultura de subsistencia. En el ámbito de la minería extractiva, la división étnica fue evidente. Miskitos y mayangnas realizaban el trabajo riesgoso, mientras que creoles y mestizos (estos últimos presentes en la estructura poblacional de la región a partir de la incorporación en 1894) controlaban la administración y los servicios.
La dictadura de la familia Somoza en Nicaragua (quienes gobernaron durante 1936 y 1979) consolidó estas jerarquías. Posterior a la incorporación de la Mosquitia al Estado de Nicaragua, hubo un constante enfoque hacia la costa Caribe, dado que se mantuvo y profundizó una visión extractivista sobre la región. Las relaciones amplias y de subordinación entre las autoridades nacionales y Estados Unidos (tanto con el gobierno como con diversas empresas) condicionaron la proliferación e intensificación de la presencia de empresas multinacionales y sus procesos extractivos, consolidándose en el proceso economías de enclave que ofrecían empleos temporales de alto riesgo y mal remunerados. Esta dinámica económica influyó en la jerarquización étnica de la costa Caribe. Miskitos, mayangnas y ramas constituyeron el grueso de la mano de obra de las empresas mineras, bananeras y madereras, mientras creoles y mestizos ocupaban cargos administrativos medios en las empresas y en instituciones públicas, y se encargaban del comercio de las principales sedes urbanas de Puerto Cabezas y Bluefields.
La revolución sandinista, que culminó con la toma de poder en 1979, no alteró estas relaciones. Sin embargo, la posterior guerra sí lo hizo. De hecho, entre la comunidad de académicos persiste la opinión de que incluso en los años ochenta no hubo cambios importantes en la configuración étnica y social de la región, y si bien el gobierno sandinista impulsó “acciones afirmativas”, no se afectó la configuración étnica ni el tipo de inserción económica y social. Donde sí se habría dado alteraciones importantes en términos de roles y funciones de la población costeña fue en el contexto del conflicto armado durante los años ochenta. Mientras los miskitos se incorporaron en grandes cantidades a la lucha armada para expresar su descontento y voluntad de luchar por sus derechos, los creoles en el sur contribuyeron, más que todo en el ámbito intelectual, en la formulación de la RAAN y la RAAS en 1987.
Después de 1990, el elemento más importante de la configuración étnica del Caribe se dio con la migración de los mestizos y su masiva presencia, lo que terminó dándoles una mayor presencia en la región y participación en los espacios políticos de gobierno. A partir de 1990 las relaciones de poder en la región se han gestado en la dinámica que impusieron los partidos nacionales.
Con la victoria de la Unión Nacional Opositora (UNO) y Violeta Barrios de Chamorro como candidata, el país pasó por otro fuerte periodo de cambio político, y la clave para entender la configuración de las élites de poder en la región del Caribe tiene que ver con el referido incremento de la población mestiza y su control del entramado político a través del Partido Liberal y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Irónicamente, las reformas constitucionales que dieron autonomía, así como los pactos políticos entre el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y el FSLN, limitaron las formas de participación política a nivel regional.
Las representaciones de dichos partidos a nivel regional generaron a su vez una división étnica. Hasta el 2010 fue posible observar que parte del directorio regional del PLC estaba integrado principalmente por población mestiza. En cambio, el FSLN tuvo mayor participación de creoles. Además de su vinculación con el partido, optaron por participar social y políticamente de forma alternativa mediante la conformación de organizaciones o movimientos de la sociedad civil, como el Centro de Derechos Ciudadanos y Autonómicos (CEDEHCA), la Fundación para la Autonomía y el Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC) en la RAAS y el Centro para la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas (CADPI) en la RAAN.
En la RAAN, la división étnica y política es menos compleja. La participación de los miskitos en las esferas políticas es mayoritaria y se observa dividida entre el partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), el FSLN y el PLC. La participación mayangna, rama o afrocaribeña en las élites políticas siempre ha sido escasa o vinculada con las bases y no en espacios de decisión.
Es así como el juego entre lo étnico y lo político determina las relaciones entre el gobierno central y el gobierno regional y los grupos de poder o las élites a nivel local. Esta articulación es funcional para el poder del gobierno nacional, en tanto es base y sustento de su poder a nivel regional, debilitando espacios para la consolidación de otros actores sociales o políticos con poder y movilización propia en la región Caribe. Así, con el paso de los años, la jerarquización política ha pasado de estar basada en un andamiaje étnico y de posición socioeconómica a verse permeada por los intereses de los partidos políticos nacionales. Es fácil observarlo por la eliminación de varios pequeños movimientos y partidos políticos regionales, lo que ha conllevado a que las élites regionales se vinculen en relaciones verticales de subordinación a las agendas y las élites políticas de los partidos nacionales, fundamentalmente al FSLN a partir de su visión hegemónica del poder.
Esta configuración de la gestión del poder político ha llevado a que el gobierno central cuente con los recursos económicos como mecanismo de control y dispositivo de poder. Además, las élites políticas indígenas y afrodescendientes del Caribe han podido mostrar sus vínculos con las élites del poder político nacional, lo que les permite propagar en el imaginario comunitario de esa región la idea de que la gestión de lo público requiere de la idoneidad de actores que en términos prácticos han tenido la capacidad de estar vigentes en la vida política del Caribe. Es así como la política se ha rejugado constantemente en viejos actores que antes eran combatientes contra el FSLN y devinieron luego en aliados que se presentan como los intermediarios entre el Estado, sus instituciones y las comunidades del Caribe. La alianza YATAMA-FSLN, por ejemplo, fue formalizada en 2006 bajo el liderazgo de Brooklyn Rivera, un antiguo líder del movimiento indígena. Esta alianza se encuentra rota actualmente y Rivera fue electo diputado para el período 2017-2022.
En esta lógica de relaciones que determinan la configuración de las élites del poder en el Caribe es que se gestiona el régimen de autonomía que se organiza formal y políticamente en la RAAN y la RAAS en dos Consejos Regionales. Ambos están integrados por 45 miembros con funciones y competencias legislativas; y una coordinación de gobierno con funciones y competencias ejecutivas en ámbitos como salud, educación, producción, recursos naturales y políticas de carácter social. En cambio, ámbitos y funciones consideradas de interés nacional, como la administración de justicia, procesos electorales, seguridad pública y el resguardo de la soberanía nacional, son competencias del Estado mediante las instituciones rectoras de estos sectores, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua. Esta dualidad de lo regional y lo nacional administrando institucionalmente la seguridad y la justicia desde el Estado ayuda en parte a entender el entramado de relaciones entre los liderazgos regionales del Caribe y las élites políticas nacionales, y luego a entender cómo se cimientan las relaciones entre esos liderazgos regionales y nacionales y el crimen organizado en delitos como el narcotráfico o el tráfico ilegal de maderas.
Por otro lado, la persistencia de la subordinación de las élites políticas y económicas regionales a los partidos nacionales, además de representar escenarios de conflictos, ha incidido en la débil configuración de grupos con poder económico autóctonos del Caribe. De hecho, el poder económico y político de las élites en ambas regiones autónomas está íntimamente vinculado y articulado con los intereses de élites nacionales en dos vías: las posibilidades que da el gobierno central a las élites regionales de obtener mayor acceso a cuotas de poder político-institucional y económico en la región, y las oportunidades que esas élites regionales puedan dar a las élites nacionales, por medios cuasi legales o ilegales, para la explotación indiscriminada de los recursos naturales de la región en beneficio de grupos oligopólicos usualmente vinculados a la familia del presidente Daniel Ortega y el capital internacional.
En forma práctica, el poder de las élites creoles, miskitas y mestizas de la costa Caribe está vinculado al FSLN por un lado y el partido regional YATAMA por el otro, cuyo poder está concentrado en el RAAN. Ese poder de YATAMA se ve reflejado en su presencia dentro de las instituciones públicas regionales, delegaciones del gobierno central en cada región autónoma y en la designación de ciertos líderes de dichos grupos étnicos en cargos nacionales de relevancia. Dichos posicionamientos, además de ser una expresión de poder, resultan ser un medio a través del cual las élites locales logran reconocimiento o refuerzan la proyección de su poder a nivel nacional y regional, y además son visibles en tanto grupo de poder con relativa facilidad al acceso y disposición de recursos económicos amparados en la institucionalidad pública del Estado.
Por eso es que la configuración de las élites y las dinámicas de poder en la costa Caribe debe explicarse a partir de la organización de pequeños grupos de poder fuertemente vinculados al poder político dominante a nivel nacional (YATAMA siendo el ejemplo por excelencia). Por otro lado, estas relaciones de poder entre las élites regionales y nacionales son dinámicas y emergen en diferentes configuraciones, según los intereses lícitos o ilícitos de actores como Ted Hayman Forbes.
El caso Hayman: de pequeño pescador a narcotraficante internacional
Como otras historias de agricultores o pequeños comerciantes de las costas o montañas de Centroamérica que apenas sabían leer y escribir y que con los años irrumpieron como potentados narcotraficantes, Ted Hayman sobresale por convertirse de pescador semianalfabeto en uno de los narcotraficantes más activos y poderosos de la región Caribe de Nicaragua. Además, se dice que en su juventud fue uno de los miles de indígenas del Caribe que combatieron contra el gobierno sandinista en la década de los ochenta. Sus orígenes serían parte de su defensa cuando durante su juicio fue descrito como un humilde pescador, comerciante y agricultor que con el fruto de su trabajo logró amasar una importante fortuna. Sin embargo, ya desde el año 2007 circulaba el nombre de Hayman como un potentado narcotraficante nicaragüense, con contribuciones caritativas y gusto por las mansiones.
Desde tiempo atrás, las costas del Caribe eran conocidas por tales historias que involucraban drogas, comunidades, narcotraficantes y corrientes marinas. La región costera del Caribe nicaragüense, con sus regiones autónomas norte y sur, suma más de 500 kilómetros de costa que albergan centenares de pequeñas isletas. Esta zona, que colinda con aguas colombianas, costarricenses y hondureñas, ha sido identificada desde hace tiempo como una de las rutas del narcotráfico más importante de Centroamérica por su cercanía con la isla de San Andrés, que es parte de Colombia. La posición geográfica, la pobreza extrema y la débil presencia estatal terminaron favoreciendo el surgimiento, asentamiento y expansión de redes criminales muy activas en el tráfico de drogas.
Además, las corrientes marinas favorecen que la droga tirada al mar por los narcotraficantes sea llevada a las costas, para luego ser recogida y acopiada por los residentes “bendecidos”, quienes la venden a los narcotraficantes, que retornan en busca de sus cargamentos para luego seguir su viaje hacia el norte o se dirigen hacia Managua. Un exjefe de la Fuerza Naval de Nicaragua que accedió a conversar con InSight Crime bajo condición de anonimato asegura que, a los lugares como Tasbapauni, con las características de una pequeña bahía, llega todo lo que se bota en el mar. Dice que mucha gente se ha visto involucrada en la recuperación y venta de drogas porque cada “taco” (o kilo) que encuentran flotando o en las costas pueden venderlo por un precio que oscila entre US$3.000 y US$5.000. Así que esa droga nunca se ha denunciado a las autoridades y se ha llegado a un punto en que las mismas autoridades han hecho parte de este comercio por acción u omisión.
El acopio ha dado lugar de manera casi natural al apoyo logístico para el transporte de la droga, una operación mucho más lucrativa que se paga en efectivo y en algunos casos con droga, que luego es movilizada hacia el Pacífico cuando las condiciones de seguridad y logística lo requieren. Pequeños remanentes de esa droga son dejados en la capital y otras ciudades importantes para abastecer el raquítico mercado nacional, y la mayoría busca el camino hacia las fronteras terrestres y marítimas de Honduras. Sin embargo, los quiebres policiales y el incremento de las operaciones de la policía contra el tráfico interno de drogas habrían obligado a los habitantes a buscar otras salidas. Es así como habrían surgido los compradores locales de cocaína, conectados con los carteles internacionales, especialmente con los colombianos.
Con el tiempo, se logró montar una sofisticada estructura para el acopio y transporte de drogas por la costa Caribe nicaragüense. Otras crónicas indican que con el pasar de los años no solo llegaron a garantizarse las condiciones para enviar libremente importantes volúmenes de narcóticos de sur a norte a lo largo del litoral, sino que los miembros de la comunidad levantaron sus propias “empresas” que brindaban los servicios de resguardo, abastecimiento de combustible y transporte a otros narcotraficantes colombianos, mexicanos y costarricenses que operaban en la zona. Esta dinámica se repetía por toda la región, incluso en Tasbapauni, bajo el liderazgo del pescador Ted Hayman.
“Ted Hayman empezó a ser un sujeto de interés en 2008 o 2009, porque tuvimos información de que estaba abasteciendo de combustible a narcotraficantes”, dijo la fuente de la Fuerza Naval. “Nuestra información provenía de gente que se relacionaba con él y que nos brindaba información. Se le dio seguimiento y se abrió un expediente. Buscamos pruebas, prensarlo para poder capturarlo, pero era hábil, inteligente. Operaba con los colombianos, luego se pegó con los hondureños […] y además teníamos información de que la policía en esa región estaba pegada con él”.
De acuerdo con la acusación ampliada presentada por la Fiscalía en junio de 2012, a la que InSight Crime y Expediente Público tuvieron acceso parcial y temporal, la organización liderada por Hayman se encargaba de brindar apoyo logístico a grupos de narcotraficantes colombianos, costarricenses y hondureños que trasegaban cocaína por la vía acuática, asegurando dicho trasiego desde la costa Caribe de Costa Rica hasta la Moskitia hondureña. Para sus operaciones desde Limón, Costa Rica, utilizaban lanchas Eduardoño con motores de 200 caballos de fuerza. Salían de noche de Costa Rica y llegaban a la comunidad de Tasbapauni en la madrugada. En dicha comunidad, específicamente en una finca de Ted Hayman, se brindaba seguridad a los tripulantes y la embarcación, apoyándose en hombres armados con fusiles tipo AK-47. Mientras la tripulación descansaba bien custodiada, se reabastecía de combustible la lancha rápida, que luego partía en la noche rumbo a la Moskitia hondureña, donde se entregaba el cargamento de cocaína.
Según el mismo expediente, el último traslado, antes de que el grupo criminal fuera desmantelado, se habría realizado el 15 de mayo de 2012 cuando Hayman y su agrupación garantizaron el traslado de 1.500 paquetes de cocaína de Puerto Limón, Costa Rica, a la Moskitia hondureña. En pago por ese operativo habrían recibido posteriormente los 140 paquetes de cocaína que fueron incautados la noche del 19 de junio de 2012, en el retén policial de San Carlos, Río San Juan, el mismo que abrió el camino para la captura de Hayman.
La red de Hayman: un círculo pequeño
La estructura criminal de Hayman estaba fundamentalmente conformada por familiares y conocidos de la zona del Caribe Sur, quienes habían montado una organización relativamente sofisticada que se organizaba a partir de tres células encargadas de transportar las drogas por el Caribe, la zona central y el Pacífico de Nicaragua.
Encima de la pirámide de la célula que operaba por la costa estaba Marty Oscar Downs Carlson, quien habría sido el lugarteniente de Hayman en las actividades de narcotráfico. Según testimonios policiales, cumplía funciones de reclutamiento de personas para el transporte de la droga; además, era el encargado de coordinar la vigilancia y seguridad de los transportes de droga de la organización. Otro hermano de Marty Downs, Roger Samuel Downs Carlson, era el encargado de abastecer de combustible las lanchas rápidas en altamar que venían desde Colombia, pasaban por Panamá, luego por Costa Rica y posteriormente por Nicaragua. Luego se dirigían a Honduras y finalmente a Guatemala. Otro hermano, Kurt Downs Carlson, habría cumplido el rol de testaferro de la organización criminal, adquiriendo bienes inmuebles en su nombre.
La célula en río San Juan también estaba bajo el liderazgo de Ted Hayman, e introducía desde Costa Rica a Nicaragua la droga que luego era transportada hacia la frontera con Honduras por la zona central y vías terrestres de la costa del Pacífico. Se trataba de una ruta alterna para traficar drogas a través del río San Juan, un río de 200 km de longitud que nace en el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca y desemboca en el mar Caribe. La droga regularmente era transportada en pequeñas cantidades por medio de taxis, camiones de carga y muleros que ocupaban el transporte público. Parte de la droga era dejada para abastecer el mercado local, pero la mayor parte iba con destino a ser vendida a carteles de Guatemala y Honduras. El jefe de esta célula era César Felipe Aragón Campos y eran apoyados directamente por dos hermanas: Cirilia Consuelo Aragón Campos y Mónica Antonia Aragón Campos, quienes se encargaban de recibir la droga que había sido transportada desde Puerto Limón, Costa Rica. También eran apoyados por otros miembros de la red encargados de trasladar la droga en pangas y mulas que usualmente se movilizaban en transporte público (buses y taxis) hacia la zona del Pacífico de Nicaragua. Esta célula recibía también apoyo de otros colaboradores, usualmente parientes, para inspeccionar la vía y detectar si había presencia de autoridades de la policía o del ejército. También cumplían la función de seguridad, resguardando los traslados desde motocicletas o taxis.
Una tercera célula operaba en Managua y se dedicaba a legitimar las ganancias derivadas del narcotráfico. Invertían en propiedades en Managua, la ciudad de Bluefields y la comunidad de Tasbapauni. Las operadoras claves de esta célula eran Diana Susana Beer Hayman y Damaris Iveth Lackwood Hodgson, ambas emparentadas con Hayman. Según las investigaciones policiales, Diana Hayman había adquirido a su nombre diferentes bienes inmuebles en Managua, entre ellos un hotel ubicado en un barrio de clase media llamado Bello Horizonte, que ha sido históricamente uno de los puntos favoritos de residencia de las clases acomodadas del Caribe. Damaris Lackwood, esposa de Marty Downs Carlson, administraba un inmueble de Ted Hayman que servía como casa de seguridad para los miembros de la organización y como resguardo y custodia de grandes cantidades de dinero. Además, habría cumplido funciones de enlace entre miembros de la organización y narcotraficantes en Panamá y San Andrés. Durante el juicio, Bernardo González, suboficial mayor de la Policía Nacional que participó en el allanamiento de la mansión de Hayman en Bluefields, dijo que se habían incautado libretas de ahorro del banco Bancentro a nombre de Marelie Chavarría, la esposa de Ted Hayman.
Fuentes que estuvieron vinculadas a la investigación policial y judicial del caso Hayman y que también solicitaron el anonimato afirman que buena parte de los bienes seguirían en manos de testaferros de Hayman; otros bienes estarían escondidos, sobre todo grandes cantidades de dinero, porque él confía muy poco en su familia. También dijeron que otros bienes, si no todos, que le fueron incautados a él y sus colaboradores cuando se hicieron los cateos, fueron distribuidos entre los agentes y oficiales policiales que estuvieron presentes durante esos cateos.
Algunas fuentes locales consultadas señalaron que será difícil saber en realidad cuántos bienes de Hayman continúan operando como negocios lícitos para lavar parte del dinero que obtuvo traficando drogas, y que Bluefields en particular se ha convertido en el lugar donde se estaría lavando buena parte del dinero narco sin que al respecto las autoridades hayan hecho mucho, por no decir nada, por descifrar quiénes están detrás de estas operaciones y la dimensión real del lavado.
Un exfuncionario del poder judicial de Nicaragua afirmó que “en Bluefields está asentada, digamos, el ala financiera de los grupos delictivos organizados que se dedican al tráfico de droga, utilizando ese corredor del caribe nicaragüense. Ahí están los negocios, la inversión de capital, es decir, adquieren negocios lícitos, que después son utilizados para legitimar los capitales provenientes del narcotráfico, de actividades ilegales. No es exagerado pensar que cerca del 50 por ciento de la economía de Bluefields podría tener como fuente de recursos dinero del narcotráfico».
Hayman y su capital social
La red de Hayman se estructuraba fundamentalmente a partir de un círculo reducido y cerrado de familiares y lugartenientes que en la mayoría de los casos estaban unidos por vínculos de parentesco, étnicos y territoriales. En este sentido, a Hayman y su capacidad de haber creado una estructura bastante sofisticada para el tráfico de drogas no solo hay que verlo a partir de una combinación de benefactor, generador de empleo, sino también como un organizador social con profundos vínculos comunitarios y territoriales que le permitieron organizar una red que durante años operó con relativa tranquilidad.
Es justo entonces entender que en el Caribe nicaragüense, así como en otras zonas de Centroamérica, el narcotráfico ya es parte del tejido social y goza, si no de legitimidad, de una importante base social que para el caso de esta región se refuerza por los vínculos étnicos y territoriales en un ambiente en que se percibe al gobierno central como un agente alejado de los intereses relacionados con el bien común. En estas condiciones los grupos criminales pueden fácilmente sustituir al Estado ausente y desinteresado.
En algunas situaciones, el dinero ha invertido la pirámide social tradicional. Un activista de la sociedad civil de la RAAS, quien accedió a dar información a InSight Crime y Expediente Público bajo condición de anonimato, afirma que los traficantes de drogas de esa región “tienen una cantidad de dinero que la comunidad nunca ha visto antes. En ciertos casos, en algunas comunidades ellos están haciendo cosas que el gobierno no hacía, y eso la gente lo aprecia y de allí que sea justo protegerlos”.
Tal era el caso de Hayman. En uno de los documentos del expediente judicial a los que InSight Crime tuvo acceso, un oficial describe con alguna fluidez cómo se organiza la relación entre Hayman, la comunidad y sus colaboradores.
“Ted [Hayman] ha sido una persona bien inteligente, ha sabido traficar y hasta ahorita lo estamos agarrando, pero sí tenía reclutada a la mayoría de las personas de la comunidad”, dijo el oficial. “Les daba trabajo para que no lo fueran a delatar, igual en Bluefields, les regalaba US$500, US$100 a cualquier persona. Por ejemplo, él tenía un proyecto de hacer un condominio de unas casas para los trabajadores, para los que le retanqueteaban, para los que cuidaban la droga, para los que la cargaban, para los que vigilaban, para que estuvieran cómodos. Todo esto desde su fachada que se dedicaba a la pesca artesanal, que tenía un acopio de pescados y mariscos, además de una distribuidora de productos en Tasbapauni”.
Las opiniones de diversos líderes, lideresas y funcionarios del sector judicial y seguridad que estuvieron familiarizados o de alguna forma involucrados con el caso coinciden con dicho testimonio. Describen a Hayman como un hombre humilde, sin las ostentaciones y extravagancias propias de otros narcotraficantes que por la naturaleza de su actividad ilegal pasan de la pobreza a una vida de abundancia. Dicen que era un hombre más bien respetuoso con la gente. Era callado, introvertido, no molestaba a nadie y era común verlo en el estadio de la ciudad sentado y sin protección, al menos evidente, viendo algún partido de béisbol, que era una de sus actividades de ocio favoritas. Un periodista de la región familiarizado con los eventos criminales y policiales del lugar le dijo a InSight Crime, refiriéndose a Hayman: “Ahí entraba, se sentaba solito, a veces con algún amigo, a veces con su mujer y la gente que no sabía de su asunto, no sabían quién era él […] Jamás se le hubiera ocurrido pensar a la gente que ese hombre, así sentado en las gradas con una Coca-Cola en la mano era un poderoso narcotraficante. No era como el resto de los narcos, que cuando llegaban a Bluefields hacían sus grandes francachelas”.
Mientras tanto, los negocios de Hayman se multiplicaban, y con ellos su capital social. Además de la pesca, tenía una cantidad importante de negocios vinculados a la agricultura y la ganadería, y también otros bienes inmuebles distribuidos en su comunidad natal, Bluefields, y en la ciudad de Managua. Según el expediente del caso, sus empresas le habrían generado ingresos mensuales por el orden de los US$35.000. Gente que estuvo familiarizada con la defensa de su caso, y que como todos los otros consultados solicitaron el anonimato, dicen que Hayman ya encarcelado insiste en que esos bienes fueron el resultado de su trabajo y que está preso porque simplemente lo “quisieron joder”.
Su fama de hombre muy amable y servicial hizo que la gente lo adorara, sobre todo cuando salía bien en sus operativos de traslado de droga. “Era un Pablo para Tasba [Tasbapauni]. Ni más ni menos. Cualquier persona que tenía una necesidad, él la resolvía”, dijo un habitante de Laguna de Perlas, haciendo referencia a Pablo Escobar, de Colombia, quien era famoso por su carisma y apoyo al pueblo. “Y aunque fuera lógico asumir que lo hacía para reforzar su base social para ser protegido y apoyado en sus operaciones, es más racional y cercano a la realidad interpretar que él daba ese apoyo porque quería ayudar a la gente de su comunidad”.
Una activista de derechos humanos originaria de Bluefields, donde habita, y que también pidió no ser citada como fuente, hizo énfasis en esa narco filantropía que le hizo ganar popularidad a Hayman. “Regalaba dinero al que necesitaba; si alguien estaba enfermo, lo atendía; si alguien se moría y [sus familiares] no tenían cómo enterrarlo, les daba para sepultarlo. Si alguien tenía una necesidad, si un enfermo necesitaba trasladarse, él asumía. Era bien querido por la comunidad”.
Pero el ser bien querido se mezclaba también con el temor, con el callar y dejar hacer por una simple y sencilla razón: porque nadie actúa en contra de esta gente, de los narcotraficantes, porque además es de conocimiento extendido que son protegidos por la policía, como dijo la fuente vinculada al periodismo de la región. Sobre la comunidad de Tasbapauni y sus alrededores, manifestó que prevalecía más el sentimiento de miedo hacia él y su gente, a pesar de que también se le conocía como una persona dispuesta ayudar a quien lo necesitara. “A Hayman nunca se le vinculó o investigó por varios homicidios que tenían que ver con el asunto de las drogas en sus áreas de influencia, pero en Bluefields se sabía que no era bueno hablar de él y de las cosas que hacía”, dijo el periodista.
En sus testimonios, los entrevistados fueron categóricos en indicar que la reacción del pueblo frente a su detención dijo mucho sobre el apoyo hacia Hayman a nivel local. Dijeron que su detención en junio de 2012 conmocionó a toda la sociedad de Bluefields, del municipio de Laguna de Perlas y de su isla natal, Tasbapauni. Es conocido en toda Nicaragua que cientos de pobladores se movilizaron y aglomeraron frente a las instalaciones de la Policía para demandar su liberación. En Tasbapauni, los comunitarios marcharon en protesta enarbolando pancartas que reclamaban su libertad. Amenazaron con retomar las armas si fuera necesario, con suspender las clases en el segundo semestre escolar de 2012 y con no votar en las elecciones municipales que se celebrarían en noviembre de ese año, y de las que se dice que Hayman aseguraba los votos para el partido o partidos que lo protegían. En efusivos discursos afirmaron que la detención de Hayman era parte de un montaje organizado por el gobierno del presidente Daniel Ortega, quien había estado tratando de controlar la elección de cargos electos por votación popular con gente que responde a sus intereses por explotar los recursos naturales. En un noticiero, un líder no identificado señala que “el gobierno central tiene mucho que ver con lo que está pasando debido a que ellos tienen las manos dentro de la situación”.
Hayman y las élites regionales
Cuando se ven los resultados electorales en esa zona del Caribe pueden observarse tendencias consistentes con la realidad descrita por los habitantes respecto a la alianza entre YATAMA y el FSLN. Las cifras electorales muestran un cambio de tendencias después de la alianza. En los comicios generales de 2001, en lo que respecta a la votación para presidente y vicepresidente, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) ganó en Laguna de Perlas con el 68,1 por ciento de los votos válidos. Una década después, en 2011, el Frente Sandinista ganó con el 61 por ciento de los votos válidos. Otras áreas también tuvieron importantes cambios electorales.
Se trata de cambios electoralmente importantes a partir de la alianza política del FSLN con YATAMA, pero muchos lo interpretan también como el resultado del liderazgo de gente como Ted Hayman, de quien se decía que desde hace años jugaba un papel decisivo en la designación de puestos políticos a nivel regional y el apoyo financiero para que esto fuera posible. Esta capacidad de influir, designar y controlar al nivel local le garantizaba lo que los costeños califican como una especie de blindaje social.
La detención y el juicio de Hayman no hicieron más que poner en público lo que ya se sabía en la región del Caribe sur sobre sus vínculos políticos, económicos y sociales en la región, sobre todo su relación con YATAMA. El día que allanaron la mansión de Ted Hayman en Bluefields, por ejemplo, la entonces diputada nacional suplente del partido, Socorro Marely Galagarza Gómez, llegó hasta la propia vivienda de Hayman y forcejeó violentamente con los agentes policiales que irrumpieron en la mansión y defendió públicamente a Hayman.
“Él es un indígena, es YATAMA y estamos aquí para defenderlo”, dijo ella según La Prensa. “Que digan de qué lo acusan, de qué lo señalan”.
Pronto la diputada suplente nuevamente recibiría la atención de los medios de prensa cuando reportaron que un miembro del Consejo Regional Autónomo del Atlántico Sur (CRAAS) dijo que su bancada y ese poder analizarían la actuación de Galagarza por su defensa a Hayman durante el allanamiento a la mansión y que pedirían su desaforación. Esta nunca fue discutida, al menos públicamente, y Galagarza mantuvo su cargo de diputada suplente.
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Es difícil saber a ciencia cierta la cuestión de los vínculos entre Hayman y YATAMA. Como agrupación indígena, política y militar YATAMA llegó a tener hasta 5.000 hombres alzados en armas para contrarrestar la presencia militar del ejército sandinista en la década de los ochenta. No obstante, no es claro si Hayman fue un combatiente. “A Ted Hayman se le vincula, tal como lo dijo la diputada suplente de YATAMA, Galagarza, con la organización indígena donde se le identifica también como un guerrillero YATAMA. Como una persona que luchó y combatió en los años ochenta al lado de YATAMA, eso no lo puedo asegurar”, dijo una fuente que era parte de la resistencia en esos años y que accedió a participar en una conversación sobre la situación del narcotráfico en el Caribe.
Más bien prevalece la opinión de que Hayman era un colaborador económico de YATAMA, y por extensión del FSLN, y que en compensación habría recibido un nivel relativamente importante de protección política para sus operaciones criminales. De hecho, un exfuncionario del poder judicial de Nicaragua dijo que en Bluefields se asocia esa defensa política de la diputada suplente a compromisos políticos de antaño. “Se dice que Ted financiaba a YATAMA en las elecciones, pero también era vox populi que no solo a YATAMA, sino que también financió al Frente [Sandinista]”, dijo la fuente a InSight Crime.
Durante la investigación, las autoridades habrían encontrado en las pertenencias de Hayman una hoja desprendida de agenda, en la que se describía la suma de US$500.000 en una cuenta bajo el nombre de Mercedes Lorenzo Alanis, el alcalde electo de El Rama por YATAMA, según añadió la fuente. Dos testigos también llamaron la atención sobre los vínculos de negocios de Hayman con Alanis, a quien describieron como un fuerte comerciante radicado en El Rama y un líder político de YATAMA. “Ya el resto sería que cada uno saque sus conclusiones porque todos sabían de la alianza entre el FSLN y YATAMA, y a Alanis las autoridades nunca lo requirieron por esta situación”, dijo el exfuncionario.
Los nexos de Hayman con la política podrían haber llegado hasta la cúpula de YATAMA, específicamente hasta Brooklyn Rivera, el líder histórico de ese partido regional. Rivera, al igual que Hayman, es de origen miskito, y en la década de los ochenta combatió militarmente al gobierno sandinista. A través de ese control político territorial que le garantizaba además la relación fluida con las élites políticas del partido sandinista, Rivera había logrado consolidar su posición como uno de los intermediarios políticos más poderosos de la región.
Sin embargo, su relación con narcotraficantes no era precisamente superficial. En 2009, Brooklyn Rivera y Steadman Fagoth —quien era director del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (Inpesca), aliado del FSLN, otro líder de la comunidad miskita, y como Rivera exintegrante del estado mayor de la entonces llamada “resistencia indígena” de la década de los ochenta— se acusaron de proteger los intereses de los narcotraficantes en la RAAN.
Rivera acusó a Fagoth de ofrecer seguridad a los pobladores de una de las comunidades donde el narcotráfico había logrado organizar una base importante de apoyo logístico y de seguridad para el transporte de drogas. Según Rivera, la protección de Fagoth se aseguraría sacando y manteniendo a las fuerzas de seguridad fuera de esas comunidades. Fagoth apuntó que Rivera era quien estaba tras el narcotráfico en las comunidades de la región atlántica norte. La Prensa reportó que Fagoth dijo que “YATAMA está protegiendo a los narcotraficantes porque está pidiendo el retiro del Ejército de Nicaragua del litoral, en lo que asegura es una clara muestra de la intención de proteger a los narcotraficantes”.
Las cosas empeoraron con los operativos del año 2012 para capturar a los integrantes de la banda de Hayman, cuando las autoridades policiales decomisaron una camioneta con placas oficiales asignada al diputado Brooklyn Rivera y Marty Downs Carlson, quien ya tenía historia con la ley y con Rivera. Downs había sido capturado en agosto de 2008 junto con otra persona transportando más de una tonelada de cocaína y dos fusiles de guerra M-16. Posteriormente fue juzgado y condenado a una pena mínima de cinco años por el delito de tráfico ilegal de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias controladas. En octubre del mismo año, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia le dio el beneficio de convivencia familiar extraordinaria porque Downs sufría “hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica descompensada, ambas patologías de difícil manejo bajo régimen carcelario”. La Prensa, citando fuentes judiciales, reportó que esa liberación se habría dado por presión de políticos de YATAMA aliados del FSLN y que semanas antes el diputado Brooklyn Rivera se había reunido con Martin Downs Carlson y el juez a cargo del caso.
La relación entre Hayman y Rivera empeoró en algún momento. De hecho, líderes comunitarios de esa región, al ser consultados por InSight Crime, dijeron que ese blindaje se habría hecho trizas por el apoyo de Hayman a liderazgos opuestos a los intereses corporativos del FSLN en la RAAS, sobre todo su oposición a los vinculados al Frente y a la explotación y tráfico ilegal de madera y otros recursos naturales.
La industria maderera comenzó su gran impulso en la región después de que Ortega ganara la presidencia en 2008. Compañías como HEMCO Mining y ALBA Forestal —un consorcio estatal venezolano-nicaragüense que trabajó bajo los auspicios del Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA)— comenzaron a cosechar la madera de la zona y a expulsar a la gente de sus tierras. Otros colonos, en particular ganaderos, entraron a la región autónoma a veces por la fuerza. El gobierno los apoyó y las tensiones han aumentado año tras año.
Líderes como Rivera estaban entre esas partes en conflicto. Jimmy Martínez, presidente del gobierno comunal de Tasbapauni, dijo a La Prensa en julio de 2012 que la detención de Hayman debía entenderse como parte de un montaje que buscaba impedirle continuar apoyando líderes opuestos a los intereses del FSLN y controlar la explotación de la madera preciosa de la región a través de Brooklyn Rivera y Lumberto Campbell.
Pero la alianza entre Rivera y el FSLN también era frágil. En mayo de 2014, los sandinistas tomaron el control mayoritario de los consejos regionales RAAN y RAAS en las elecciones regionales. Dichas elecciones fueron denunciadas como fraudulentas por Rivera. Con estos resultados, al menos formalmente le quitaron a Rivera el control territorial que como agrupación política indígena y afrodescendiente habían tenido en el Caribe. Un año después, el congreso destituyó a Rivera de su puesto y lo acusó de robo de tierras indígenas.
La élite burocrática y el narcotráfico
Abordar la participación de operadores de las instituciones de seguridad en el tráfico de drogas es delicado y riesgoso en un país donde la falta de atención a la seguridad de dichos operadores se debe tradicionalmente, en parte, a la confianza ciudadana en la institución policial. Esta percepción positiva sobre la labor de la Policía Nacional contribuyó a que esta deviniera —junto con el ejército— en una suerte de élite burocrática que logró asentarse institucionalmente con una autonomía funcional casi absoluta y un nivel de profesionalización y prestigio ejemplar para los estándares de Centroamérica.
La Policía Nacional había logrado estructurar todo esto sobre una política de comunicación que hasta antes del levantamiento ciudadano de abril de 2018 enfatizaba constantemente en los éxitos de su proceso de reforma y modernización institucional y su lucha implacable contra el narcotráfico. Sin embargo, en los últimos años, y sobre todo a partir de la gestión del presidente Daniel Ortega, creció la percepción de que el modelo de control vertical, partidario y poco transparente de la policía ha contribuido a que se favorezca a grupos de interés específicos dentro de la misma institución policial y del Estado ligados a la narcoactividad.
Ya a inicios de la década del 2000 se habían dado antecedentes importantes que mostraban fisuras por las que se filtraban asuntos relacionados con el narcotráfico y la corrupción policial. Por ejemplo, en el año 2003, La Prensa publicó una serie de reportajes que ponían en evidencia el encubrimiento, participación y control de mandos de la Policía Nacional en el negocio del tráfico de drogas en la ciudad de Bluefields.
En la costa caribeña, la policía sigue siendo un punto preocupante. En diversas entrevistas desarrolladas en el transcurso de esta investigación, pobladores del Caribe sur manifestaron que existe un sentimiento generalizado de que, con el pasar de los años, la falta de castigo, o las sanciones únicamente administrativas a oficiales de la Policía y operadores del sistema de justicia claramente involucrados por acción u omisión en la protección de las redes del crimen organizado, ha alentado la impunidad. Subrayan que el narcotráfico y la expansión del comercio de drogas en el Caribe sur no puede entenderse en su actual dimensión sin la participación de la policía, el sistema judicial y algunas de las pocas élites empresariales de la zona.
Diversas personas puntualizaron los casos de poderosos personajes a quienes califican de intocables y como la clave para entender buena parte del engranaje y funcionalidad del narcotráfico en esa región. No solo por su alianza con las élites políticas regionales y nacionales, sino también por el control que habrían logrado sobre los mandos de la Policía Nacional. Por eso, el arresto de Hayman generó en la población de la región un sentimiento de confusión de lo que realmente el Estado de Nicaragua persigue con la “llamada lucha contra las drogas”, porque al final de cuentas prevalece el sentimiento de que los capos locales de la droga son quienes realmente manejan los hilos del poder en la región con el consentimiento de las élites políticas nacionales y la colaboración estrecha de oficiales de la Policía Nacional.
Para los habitantes del Caribe sur, la forma en que se ha configurado el narcotráfico tiene consecuencias delicadas y poco tomadas en cuenta. Básicamente, porque, dada la existencia de un sistema en el que coexiste el discurso oficial de la no tolerancia al tráfico de drogas con la falta de sanción penal para los funcionarios de instituciones que lo alientan y lo protegen, los esfuerzos institucionales se han orientado en la mayoría de los casos a los eslabones más débiles del delito de tráfico de drogas: jóvenes consumidores y mujeres que trafican pequeñas cantidades. Para los pobladores, esto conduce a un sentimiento generalizado de incertidumbre y frustración por un sistema de seguridad y justicia que no responde al bienestar común.
“Habrá que ver qué sucederá luego de la relativa calma que trajo la captura de Ted, pero no esperamos mucho porque desde que lo agarraron […] no se sabe nada sobre qué va a hacer el gobierno central respecto a este problema de corrupción entre policías y narcos y que, como hemos visto, tiene sus causas y funcionalidad más allá de Ted”, dijo a InSight Crime un líder de la comunidad del Caribe sur.
Pero si las situaciones que exponen la vulnerabilidad de la institución policial en el Caribe nicaragüense frente al narcotráfico son varias y recurrentes a través de los años, las que incumbe al sector justicia no son menos visibles. Operadores del sector justicia, que aceptaron hablar para este informe bajo condición de anonimato, dijeron que en la región Caribe norte y sur el sector justicia ha estado seriamente condicionado por la filtración del narcotráfico. Dicen que se suelen perder los expedientes y sobreseimientos fundamentados en dictámenes médicos o que hay vicios administrativos que desde todo punto de vista solo se entienden cuando se tiene la disposición institucional de proteger a los narcotraficantes. Sostienen que, en este sentido, la cooperación ciudadana con los procesos de investigación criminal es marginal porque se ha asumido que, sin importar lo que se diga para aportar pruebas contra las redes criminales, la norma es que al final todo se resuelve en arreglos institucionales dentro del poder judicial.
De hecho, un informe de la Fundación para el Debido Proceso, organismo no gubernamental basado en Washington D.C., señala que en Nicaragua hay una gran preocupación por la penetración del narcotráfico en el poder judicial. El informe indica que usualmente se trata de situaciones en las que los narcotraficantes son liberados por jueces que les otorgan beneficios cuando legalmente no son aplicables, y de escándalos de altos funcionarios del poder judicial en la desaparición de dinero y bienes incautados al narcotráfico.
Fuentes del poder judicial consultadas para esta investigación afirmaron que la actuación de varios jueces en casos injustificados de liberaciones de narcotraficantes debe verse en el contexto de la verticalidad de la toma de decisiones. Manifestaron que en la comunidad de los profesionales del derecho es sabido y asumido que ninguna decisión se toma abajo sin que venga la orden expresa de arriba. “Antes del 2007 todo esto era un desorden. Podías ver con facilidad una red de defensores de narcotraficantes que sabían qué jueces comprar. Entonces se daba el caso que proliferaba una industria sin control de compra de jueces y además la liberación de narcotraficantes era un asunto común que dependía de cuánto dabas y cuánto estaban los otros dispuestos a recibir”, dijo un funcionario judicial a InSight Crime. “Ahora no es así. Todo eso se ordenó y tenga la plena seguridad de que ningún narco es liberado si no viene la orden de arriba. Y cuando le digo arriba es de bien arriba, de gente que está muy pegada al poder”.
Conclusiones
En Nicaragua parece haber una pax narco, la cual ha sido comparada con el entendimiento no hablado entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México y los intereses criminales en ese país. Como lo describe César Morales, los traficantes mexicanos pagaban una cuota y los políticos vinculados a la gestión y control de las instituciones políticas de defensa y seguridad aseguraban que los traficantes podían hacer su negocio en relativa paz.
En Nicaragua, habría que ver el narcotráfico a partir del nivel de la gente que ha estado cercana a las grandes decisiones de ese país en materia de justicia y seguridad, pues existe un convencimiento bastante generalizado de que el narcotráfico se gestiona en niveles muy altos. Las cuotas permean todos los niveles del sistema. Por ejemplo, abogados defensores de narcos dijeron a InSight Crime que la decisión de los jueces en estos casos está supeditada al interés que tengan ciertos operadores sobre el acusado, y operativamente esto tendría dos vías que no tienen nada que ver con la justicia: una relacionada con la posibilidad que representa la incautación de bienes y propiedades a los acusados para el beneficio de los operadores y oficiales corruptos, y la otra relacionada con las sentencias a cambio de dinero para los mismo actores.
El caso de Ted Hayman tiene aún vigencia en la sociedad costeña porque, además de demostrar la proliferación de bandas dedicadas al tráfico ilegal de drogas, representa un escenario de conflictos entre lo nacional y lo regional. Esto se da por el arraigo mismo de Hayman en las comunidades indígenas y afrodescendientes y por el sentimiento, en las regiones del Caribe norte y sur, de que cuando se trata del narcotráfico hay que mirar hacia Managua y hacia arriba —bien arriba dentro de las estructuras del Estado—.
Además, la estructura y las operaciones de la red Hayman deben verse a partir de su contexto. Se trata de comunidades que históricamente han estado fuera de la lógica desarrollista del Estado y que sobre la base de la peculiaridad de sus sistemas de organización y convivencia han logrado desarrollar una gestión de cooperación relativamente sofisticada con las redes del narcotráfico. Esto ha terminado facilitando el acopio y traslado de la droga a la región de la Mosquitia.
El éxito de las operaciones de Hayman tuvo también que ver con los vínculos y las redes de solidaridad de lo indígena y lo étnico, que se articula políticamente en YATAMA, así como con una autonomía que ha sido utilizada para alentar el rejuego entre intereses lícitos e ilícitos. A través de YATAMA, Hayman logró consolidar su influencia y control institucional más allá de la comunidad de Tasbapauni. Esto le generó un sistema de protección y colaboración a nivel de la política y del sistema de seguridad y justicia. Esta situación favorecía que la idea de la autonomía fuera utilizada para administrar territorialmente las operaciones de la narcoactividad, garantizando de alguna manera la poca o nula presencia del ejército y la policía en las zonas de influencia territorial y política de YATAMA.
Lo anterior debe verse también a partir de las trayectorias históricas y los elementos culturales, materiales y simbólicos que configuran las identidades étnicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y cómo esto ha generado un conjunto de dinámicas comunitarias y territoriales que han facilitado la configuración de un capital social propio, que en casos como el de Hayman fue aprovechado para hacer prosperar sus actividades criminales.
De hecho, la configuración operativa y logística de la red Hayman se organizaba y ponía en marcha a partir de ese capital social indígena y afrocaribeño que resulta de un sistema de cooperación y organización comunitaria estructurado en torno al bien común y articulado a sus reivindicaciones históricas como pueblos. Es en esta lógica que se ha extendido un imaginario de tolerancia al tráfico de drogas bajo la argumentación de que los capos generan un sistema de mecenazgo que afecta positiva y materialmente a comunidades históricamente excluidas. En el caso de las comunidades autónomas, estas situaciones se agravan porque los territorios indígenas se alejan de los circuitos urbanos o semiurbanos, donde las redes criminales logran organizarse alrededor del paradigma comunitario de estas comunidades autónomas.
La relevancia de actores criminales como Hayman en estos entornos también limita sin duda el potencial de este capital social y cuestiona el poder y ejercicio efectivo de la gobernanza por parte de las autoridades tradicionales, que ven capturadas sus facultades por caudillos criminales dedicados al tráfico de drogas y por la organización de un sistema de convivencia basado en la narco filantropía y el miedo. Todo esto termina generando dinámicas que fracturan el tejido asociativo y el capital social de una diversidad de comunidades y hacen permeable los espacios y las dinámicas territoriales y comunitarias a los intereses criminales.
De alguna forma, los sistemas de convivencia en la región Caribe terminan organizándose a partir de un sistema de valores en el que predomina el lucro criminal en un contexto de escasa presencia de instituciones del Estado (del sector justicia y seguridad pública principalmente), una vulnerabilidad social y económica producto del contexto de privaciones y pobreza que enfrenta la región, y la ausencia sistemática de políticas públicas sectoriales y regionales dirigidas a atender los factores desencadenantes del fraccionamiento del tejido asociativo y el capital social. Sobre la base de este escenario se encuentra un tejido de relaciones e interacciones que involucra a los actores criminales con las élites políticas comunales, regionales y nacionales para favorecer la prosperidad e impunidad del narcotráfico.
Las interacciones entre las élites nacionales y regionales, así como la incidencia de estas últimas en los espacios comunitarios y territoriales, han terminado fragmentando el capital social indígena y afrocaribeño. En este sentido, los espacios de organización tradicional, como las directivas comunales territoriales y los sindicatos, sufren ciclos de manipulación y cooptación por parte de los liderazgos regionales, que se han realizado principalmente desde una perspectiva de filiación partidaria vertical a las élites políticas nacionales, principalmente el FSLN. La manipulación y cooptación de esos espacios de organización son elementos que ayudan a explicar la emergencia y consolidación de redes criminales dedicadas al narcotráfico.
Esta permeabilidad de intereses, además de fragmentar la legitimidad de los espacios comunales y territoriales de gobierno, habilitó la configuración de liderazgos avalados políticamente por parte de autoridades regionales, o bien de liderazgos político-partidarios. Esto habría facilitado condiciones para construir grupos de poder al interior de los espacios comunitarios y territoriales del gobierno. Estos grupos de poder se ven vinculados y responden más a los intereses de las élites regionales a través del eje político-partidario regional-nacional, que tiene una capacidad estratégica para modificar la gestión de las acciones de seguridad respecto al narcotráfico y permitir que las operaciones criminales como las de Hayman tengan sostenibilidad en el tiempo.
Al final de cuentas, el elemento que más caracterizó a Ted Hayman fue su capacidad de generar toda una infraestructura de protección y colaboración que se explicaba a partir del ambiente de corrupción casi generalizada en las instituciones de seguridad y justicia del Caribe, su poderosa base social que tenía su centro en la comunidad de Tasbapauni, así como sus relaciones con las élites políticas de la región que estaban en capacidad de garantizarle un nivel importante de impunidad a sus operaciones de narcotráfico.
*Este informe fue elaborado entre InSight Crime y Expediente Abierto y contó con la colaboración de periodistas nicaragüenses que, por la situación que pasa ese país, solicitaron que sus nombres fueran omitidos. El informe fue coordinado por Javier Meléndez. Steven Dudley y Hannah Stone contribuyeron también al reportaje y la edición.