El juicio de más de 30 miembros de una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de la Argentina, Los Monos, acusados de actividades de narcotráfico, podría significar un hito en la lucha contra el crimen organizado, pero se requerirá más que un proceso judicial para acabar con el férreo control que ejerce el grupo criminal.

Este 20 de septiembre, 39 personas deberán comparecer a juicio en un tribunal federal en la ciudad de Rosario por crímenes que incluyen desde la producción hasta el empaquetamiento y la venta de drogas como parte de la organización criminal de Los Monos, según informó La Capital.

Los Monos, dirigida por miembros de la poderosa familia Cantero, es una de las organizaciones criminales más violentas de Argentina. Se dedican sobre todo al control del tráfico de drogas en Rosario, una estratégica ciudad puerto situada sobre el río Paraná y que sirve como punto de tránsito de los cargamentos de droga procedentes de Bolivia y Paraguay.

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Cerca de una docena de los imputados que comparecerán para el juicio son miembros de la familia Cantero, la cual ya tiene algunos miembros tras las rejas cumpliendo penas por cargos de extorsión y asesinato, y ser parte de una organización ilegal.

Esta es la primera vez que los principales líderes de la organización criminal enfrentarán a la justicia en Rosario por cargos de tráfico de drogas, que es un delito federal en Argentina.

A continuación se presentan tres razones por las cuales este juicio es clave para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la nación suramericana:

1. Muestra que Argentina estaría decidida a luchar contra el crimen organizado

El hecho de que las autoridades argentinas hayan decidido seguir adelante con el juicio a pesar de la ola de violencia que Los Monos han desencadenado en Rosario (los medios de comunicación han informado sobre 14 ataques violentos contra jueces, fiscales y testigos desde el mes de mayo) es un claro indicio de lo resueltas que están a detener a la organización criminal.

Los jueces encargados del caso han expresado públicamente sus temores por posibles ataques durante el juicio. Pero en un país donde la justicia avanza de manera lenta, los fiscales parecen decididos a llevar a los Cantero tras las rejas.

Los medios locales han informado que las autoridades nacionales están implementando estrictas medidas de seguridad para este proceso sin precedentes en el país: habrá unidades de policía militarizada acompañando a las fuerzas de policía locales en la corte, y 22 de los acusados enfrentarán el juicio solamente por videoconferencia.

2. La justicia como una herramienta de lucha contra el crimen

Recurrir al sistema de justicia y no solo a las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado es una estrategia prometedora que podría resultar eficaz a mediano y largo plazo.

Esta es la primera vez que miembros de alto nivel de una de las más poderosas y violentas organizaciones criminales de Argentina enfrentarán cargos federales por tráfico de drogas en Rosario.

El juicio es el resultado de una larga investigación denominada “Los Patrones”, que inició en el año 2014 y dio a conocer una compleja red de producción y distribución de drogas, principalmente gracias a las evidencias obtenidas mediante grabaciones telefónicas que involucran a decenas de personas.

El hecho de que las autoridades hayan invertido tanto tiempo y recursos, y que hayan demostrado tal nivel de voluntad para seguir con el caso hasta que se presentaron cargos y se realizaron los juicios, puede disuadir a otros grupos menos poderosos, que se darían cuenta de que sus acciones pueden tener consecuencias.

3. La justicia sola no es suficiente

Aunque el juicio parece bastante sólido, el hecho de que las fuertes evidencias contra los miembros de Los Monos provienen de grabaciones telefónicas que demuestran que los líderes del grupo —Máximo “Guille” Cantero y Jorge Emanuel “Ema” Chamorro— dirigían la organización desde la prisión, mientras que su compañeras —Vanesa Barrios y Jésica Lloan— coordinaban actividades por fuera de la misma, da cuenta de los altos niveles de corrupción en el sistema penitenciario de Argentina.

Esto, junto con el hecho de que nueve agentes de policía ya han sido condenados a penas de prisión por complicidad con el grupo criminal, demuestra que, si no se aborda la corrupción profundamente arraigada dentro de las fuerzas de seguridad y las autoridades penitenciarias, los logros que se obtengan en los tribunales tendrán poco impacto.