El gobierno de Colombia ha llegado a un acuerdo de paz con el principal grupo guerrillero del país, pero quedan una serie de preguntas relacionadas con las disposiciones incluidas en el acuerdo sobre el tratamiento que se le dará a los crímenes cometidos por los actores durante el conflicto armado.
Uno de los puntos principales del acuerdo final de paz pactado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el pasado 24 de agosto se refiere a la justicia transicional, que pretende abordar los crímenes cometidos durante más de cincuenta años de conflicto armado.
“A los rebeldes que pertenezcan a organizaciones que hayan suscrito un acuerdo final de paz […] así como aquellas personas que hayan sido acusadas o condenadas por delitos políticos [...] se otorgará la más amplia amnistía posible”, dice el texto del acuerdo (pdf).
Según el acuerdo, entre los crímenes “políticos” se incluirán aquellos relacionados con la financiación del conflicto que no fueron cometidos para beneficio personal. El aspecto financiero se agregó recientemente a un acuerdo de justicia que ya había sido publicado, y ha sido interpretado como una manera de incluir al narcotráfico como un crimen excusable. Además, ningún guerrillero de las FARC podrá ser extraditado por ningún crimen cometido durante el conflicto armado.
Sin embargo, los crímenes más graves, como el genocidio, los secuestros, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de menores, no estarán amparados por la amnistía. Los guerrilleros tampoco recibirán beneficios judiciales por cometer “delitos comunes” que no hayan estado vinculados a sus actividades en la insurgencia.
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Quienes confiesen los crímenes más graves serán sancionados con periodos de entre cinco y ocho años, y aquellos que se nieguen a admitir su responsabilidad en dichos crímenes pueden recibir hasta 20 años de prisión.
Quienes sean sancionados no serán enviados “bajo ninguna circunstancia” a prisión o a ninguna institución similar si se acogen a los términos del acuerdo de paz. En su lugar, las sanciones comprenderán las “restricciones efectivas de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”, y pueden incluir la participación en proyectos del posconflicto, como la sustitución de cultivos de coca, la remoción de minas antipersona y la participación en construcciones de infraestructura.
El proceso de justicia aplica no sólo a los miembros de las FARC, sino también a “todos aquellos que participaron directa o indirectamente en el conflicto armado”, incluso si no pertenecen a organizaciones insurgentes armadas. Órganos judiciales creados especialmente para ello asumirán la “responsabilidad exclusiva” de enjuiciar los crímenes relacionados con el conflicto, pero sólo si éstos fueron cometidos antes de que dichos organismos entren en funcionamiento.
Estos organismos también tendrán la responsabilidad de enjuiciar a los terceros que hayan “financiado o colaborado con los grupos paramilitares”, siempre y cuando no hubieran sido obligados a cooperar con los grupos armados ilegales. Algunos medios de comunicación colombianos publicaron una lista de 57 empresas nacionales y extranjeras cuyos casos podrían ser remitidos a los juzgados de paz. Pero el presidente Juan Manuel Santos dijo que esa lista era sólo una parte más de la “desinformación” que está circulando sobre el proceso de paz, y agregó que las sanciones para las empresas que pudieron haber financiado a los grupos criminales serán muy fuertes.
“Escuchen bien, sólo los terceros, sea que se trate de empresas o no, que han sido responsables de crímenes de lesa humanidad de una manera decidida y habitual, sólo en esos casos pueden ser juzgados por el tribunal [de paz]”, dijo Santos durante un foro empresarial el 30 de agosto.
Análisis de InSight Crime
Aunque el texto del acuerdo está finalizado, hay una serie de preguntas acerca de cómo se implementará. En primer lugar, el tema de las drogas y las finanzas criminales probablemente seguirá siendo turbio. No todos los miembros de las FARC han utilizado el tráfico de drogas exclusivamente para apoyar su lucha insurgente; en muchos casos, las ganancias del narcotráfico han servido como enriquecimiento personal. Distinguir entre estas dos posibilidades quizá resultará difícil.
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Otro de los temas se refiere a lo que pasará con los fondos de las FARC que fueron obtenidos de manera ilegal. Las autoridades ya han tomado medidas para rastrear los dineros bajo sospecha de haber sido lavados por los guerrilleros en Colombia y en el extranjero. Pero ha resultado difícil identificar estos dineros, y aún no está claro lo que el gobierno pretende hacer con los activos que llegue a confiscar.
Además, varios grupos de derechos humanos ya han expresado su preocupación por la aparente “impunidad” de las sanciones establecidas por las dos partes. El acuerdo puede abrir la puerta para que quienes sean enjuiciados por violar los derechos humanos se acojan a la justicia transicional y obtengan reducción de condenas. Esto incluye a los jefes militares condenados por su participación en el escándalo de los “falsos positivos”, mediante el cual ciertos miembros del ejército mataron a miles de civiles y los hicieron aparecer como guerrilleros, a cambio de recibir beneficios.
Human Rights Watch (HRW) afirma que estas medidas hacen “amparados” que Colombia cumpla con las leyes internacionales relativas a los castigos para los crímenes graves.
Otra posibilidad es que otros actores criminales se beneficien del acuerdo. Los jefes paramilitares que se desmovilizaron hace una década —como parte del proceso de “Justicia y Paz”— pero que aún no han cumplido sus penas de prisión en Colombia podrían ahora quedar amparados por la amnistía.
El texto del acuerdo también podría permitir que otras organizaciones insurgentes o criminales queden amparadas por la amnistía de las FARC. Sin embargo, las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se han estancado indefinidamente, y los dirigentes de dicho grupo guerrillero ya han expresado su desaprobación con respecto al acuerdo final con las FARC.
Los grupos narcotraficantes que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares —conocidos como “Bacrim”— han hecho frecuentes llamados para que se inicien sus propias negociaciones de paz con el gobierno. Pero si bien algunos colombianos recientemente han hecho eco de estas demandas, parece poco probable que el Estado les conceda una fácil salida de su responsabilidad en acciones criminales, especialmente ahora que gran parte de la atención del ejército, en lugar de enfocarse en la contrainsurgencia, se orientará a la lucha contra el crimen organizado.
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