En medio de una oleada de críticas en su país y en el exterior por el manejo que dio a la debacle en Culiacán la semana pasada, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enfrenta la prueba más dura de su presidencia en materia de seguridad pública. Además, su estrategia durante los primeros 11 meses de su presidencia le deja poco margen de maniobra, y hay poca evidencia de que su análisis de la crisis tenga mucho asidero en la realidad.

López Obrador, conocido popularmente como AMLO, ha construido su identidad política en buena medida basado en su oposición a la militarización de la seguridad pública, algo que se asoció principalmente a la administración de Felipe Calderón. Durante su campaña en 2018, la promesa más famosa de AMLO fue atacar el crimen organizado con “abrazos, no con balas”. Para que nadie confundiera ese lema con un simple toque de ironía, al llegar a la presidencia AMLO comenzó a hablar de negociaciones con grupos criminales y en repetidas ocasiones ha insinuado que reducirá la presión sobre los narcos.

En resumen, el mensaje del presidente de México fue que les daría mayor libertad, pero que esperaba que ellos respondieran reduciendo sus actos de violencia.

Desafortunadamente para AMLO, los carteles no reaccionaron como él lo esperaba. La violencia, que había mostrado una tendencia a recrudecerse en los últimos años de la administración de Peña Nieto, ha mantenido la escalada; los primeros seis meses de 2019 fueron el semestre más violento en la historia reciente del país.

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La explosión de violencia se concentró en áreas específicas, lo que pareció menoscabar los argumentos de AMLO sobre la eficacia de su política. Una de sus primeras acciones al asumir el poder fue reducir el robo de combustible, una práctica establecida que los grupos criminales han comenzado a practicar a escala casi industrial.

En lugar de evitar el derramamiento de sangre, estas políticas llevaron al una vez tranquilo Guanajuato, punto cero del robo de combustible, a convertirse en el estado más violento del país. En Guanajuato y Tijuana, otra zona donde se han disparado los homicidios, aparecieron recientemente narcomantas con amenazas de muerte dirigidas a AMLO.

Análisis de InSight Crime

Más allá de la retórica, ha habido una falta de lógica detrás de muchos de los cambios de la política real seguidos por AMLO. Ninguna de esas estratagemas ha dado resultado; la Guardia Nacional ha sumido en el caos a la policía federal, pues se reasignaron agentes y se redistribuyeron los organismos, además de que el cambio constitucional se consideró una traición de AMLO a sus principios más arraigados.

Más aún, incluso a la retórica emanada del gobierno del jefe de estado le ha faltado consistencia. A mediados del año, por ejemplo, adoptó una postura más agresiva en una serie de alocuciones públicas, con críticas a los grupos criminales por sus actos de violencia y repudio a cualquier idea de negociación con ellos.

La desconexión entre el discurso de AMLO y sus políticas ha creado una sensación persistente de incoherencia, que culminó en los hechos de la semana pasada en Culiacán. El caos no solo reflejó a un gobierno desorientado y superado, sino también a un grupo criminal que puede haber tenido la impresión de que la presión del gobierno ya no representa una amenaza para sus líderes.

Un escenario en el que ambas partes no se sujetan a las mismas reglas implícitas lleva a malos cálculos que pueden tener consecuencias en el gobierno de AMLO.

Los recientes eventos han dejado la administración de AMLO y sus seguidores sin mucho apoyo retórico. Las justificaciones del presidente a su decisión de liberar a Ovidio Guzmán han sido vagas y poco convincentes, y parecieron totalmente desligadas de cualquier decisión estratégica más amplia.

Los intentos de sus delegados por justificar —como los argumentos de que esto representa el principio del fin del narcoestado que prevaleció en el gobierno de Calderón, y las insinuaciones de que Estados Unidos estuvo detrás del hecho— han rayado lo fantasioso. AMLO ha negado las críticas como producto de la oposición política, pero analistas y periodistas de todo el espectro ideológico han condenado su desempeño.

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El problema básico que enfrenta AMLO es que su viejo discurso lo tiene arrinconado. Desde el comienzo mismo de su campaña, AMLO prometió que una política de seguridad basada en el desescalamiento militar y que atacara las causas sociales del crimen organizado terminaría, en poco tiempo, con el derramamiento de sangre de la pasada década. Ridiculizó a sus predecesores y a sus opositores, y dejó en la audiencia la impresión de que solo un idiota o un delincuente no lograría dominar los desafíos de seguridad de México.

Pero ahora es AMLO quien se encuentra en el banquillo, y las causas de la inseguridad en México no son más manejables que en el pasado. Y con una estrategia construida sobre una serie de medias tintas y fantasías, las fallas de su estrategia se han vuelto manifiestas.