El asesinato de siete candidatos a las elecciones municipales en Colombia en solo un mes, la cifra más alta desde 2015, ha generado nuevas preguntas sobre los motivos detrás de la violencia.
El 1 de septiembre, las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez por el partido Liberal, en el departamento de Cauca.
Según información de la Defensoría del Pueblo reproducida por El Espectador, García murió por disparos a manos de desconocidos mientras se desplazaba en su vehículo, el que luego fue incinerado. Otras cinco personas fueron asesinadas en el mismo hecho.
Al día siguiente, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos dijo en una entrevista con W Radio, que un disidente de las ex-FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) era el responsable del asesinato. Sin embargo, la investigación todavía no ha concluido.
Otros seis candidatos han sido asesinados en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Valle del Cauca, y Caquetá entre agosto y 9 de septiembre.
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La violencia contra líderes políticos, sociales y comunales ha sido una constante en Colombia.
De acuerdo con el más reciente informe sobre violencia política de la Misión de Observación Electoral (MOE), 364 líderes políticos, sociales y comunales de todo el país han sufrido agresiones en el último año. De ellos, 91 fueron asesinados.
Además de las muertes, el informe recoge datos sobre otros hechos de violencia que se presentaron en el último periodo preelectoral, incluyendo 224 amenazas, 45 atentados, 2 secuestros y 2 desapariciones forzadas.
La mayoría de estos hechos tuvieron lugar en 25 departamentos de Colombia, siendo Arauca, Cauca, La Guajira, y Valle del Cauca los más afectados.
Las elecciones regionales se realizarán el próximo 27 de octubre con el fin de elegir los cargos de gobernadores, diputados de las Asambleas Departamentales, alcaldes, concejales municipales y ediles de las Juntas Administradoras Locales en toda Colombia.
Análisis de InSight Crime
El control del territorio, el posicionamiento de actores armados y la financiación de las campañas son algunos de los factores que explican parte de lo que hay detrás de los asesinatos de candidatos y líderes políticos en Colombia.
Por lo general, las autoridades utilizan las diferencias ideológicas en cada zona para explicar los repuntes de violencia electoral. Sin embargo, como lo demuestra el informe de la MOE, la violencia política golpea a todas las colectividades independientemente de su posición en el espectro político.
En el último año han sido atacados líderes de por lo menos 15 partidos políticos diferentes, que incluyen desde un candidato del Centro Democrático a la Alcaldía de Toledo en el departamento de Antioquia, hasta dos candidatos al Concejo de los municipios de Bucaramanga y Socorro en Santander por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
Por medio de trabajo en el terreno, InSight Crime ha podido comprobar que el asesinato de candidatos responde, en mayor medida, a la intención de grupos armados en cada zona de poner su sello en el territorio.
Con el propósito de ejercer control y garantizar la operación de sus rentas ilegales, particularmente las que están ligadas al tráfico de droga, los grupos armados ven a algunos candidatos o líderes sociales como un obstáculo.
En particular a quienes de alguna forma promueven la erradicación forzada o sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, o aquellos que patrocinan la creación de proyectos productivos alternativos al trasiego de coca para las comunidades.
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De acuerdo con una alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo, el 31 de agosto, hay un riesgo que las disidencias de las ex-FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL) y varios grupos paramilitares que operan a los largo del país, afecten las próximas elecciones.
Un segundo factor de riesgo, que también es señalado por Defensoría del Pueblo, es la estigmatización política que sufren los candidatos durante la época electoral.
Una semana antes de ser asesinada, Karina García, por ejemplo, había grabado un video en el que decía que sus contrincantes la acusaban, equivocadamente, de querer permitir la entrada del paramilitarismo a la región, llevar multinacionales al municipio para extraer oro y patrocinar el despojo de tierras. García afirmaba que esas acusaciones la ponían en riesgo ante la convulsionada situación de seguridad que vive el Cauca actualmente.
Camilo Vargas, coordinador del Observatorio de Violencia Política y Social de la MOE, dice que las causas de la violencia pueden también estar relacionadas a factores que incluyen disputas internas dentro de los partidos y financiamiento de campañas.
“Los procesos internos de negociación en escenarios locales suelen ser saldados con violencia”, dijo Vargas en conversación con InSight Crime y explicó que, algunas veces, los mismos candidatos entran en disputa por conseguir el aval de sus partidos o ganar la contienda y en ese proceso contratan grupos armados para sacar del camino a sus contrincantes.
Otro factor de riesgo estaría relacionado con el origen de los dineros que terminan financiando las campañas.
“Debido al descontrol de la financiación hay un incentivo perverso a lavar el dinero de la ilegalidad en las campañas electorales,” señala Vargas. En este sentido, el ingreso de dinero ilegal a las contiendas locales y regionales inserta estos procesos electorales en las dinámicas de violencia propias de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal.
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