El 7 de noviembre de 2018, la noticia tomó por sorpresa a las autoridades bolivianas cuando realizaron un operativo en La Paz para desmantelar una red ‘gota a gota’ que como ya es habitual estaría integrada por colombianos; pero esta vez los capturados fueron tres venezolanos.

Cinco meses atrás, otros dos venezolanos fueron detenidos realizando cobros en Yacuiba, en la región de Tarija, y llamó la atención que se desplazaban en motocicletas, con cascos de vidrio oscuro y con tarjetas de cobros similares a las usadas por los colombianos.

Estamos convencidos, dice uno de los investigadores que participó en el operativo de La Paz, de “que estas redes de colombianos están aprovechando la crisis social y humanitaria de los venezolanos para usarlos como cobradores y evadir la acción de las Fuerzas Especiales”.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Connectas como parte de una serie regional sobre redes de préstamos «gota a gota». No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.

La directora de Inmigración, Yanet Senzano, revela que en Bolivia “en el 2018 se registró el ingreso de 4.301 ciudadanos extranjeros de Venezuela y salieron 2.428, significa que se quedaron 1.873” deambulando por el país, pidiendo dinero en las calles o realizando ventas informales.

Es jueves 20 de Junio y con el solsticio de invierno inicia el Año Nuevo Aymara. Es el año 5527 en el calendario indígena y todo en Bolivia permanece cerrado en este puente festivo. Sin embargo, acudimos para este reportaje de El País en alianza con CONNECTAS a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), donde el coronel Sergio Bustillos Maldonado explica sobre la expansión del delito en Bolivia.

A los comerciantes en Bolivia no solo les ofrecen dinero para la compra de mercancía sino que les venden a crédito electrodomésticos de mala calidad

Relata que pese a que el ‘gota a gota’ llegó a Bolivia en el año 2010, la presencia de prestamistas en La Paz es relativamente nueva, y que “la primera denuncia se recibió en abril del 2018 cuando un colombiano asaltó a una mujer que se transportaba en un taxi y logramos ubicar a esta persona en la Calle González, en Alto Sopocachi”. “En el operativo nos dimos cuenta de que era prestamista ‘gota a gota’ y de que la mujer en realidad estaba atrasada en las cuotas. Esta persona denunció ante los medios de comunicación y empezamos con los operativos para desmantelar estas bandas”, recuerda el uniformado.

El 11 de abril del 2018, un grupo especial de la FELCC, el Ministerio Público y el Tribunal de Justicia realizaron el allanamiento en el que se capturó a Miguel Ángel Duque y diez colombianos más dedicados al préstamo ilegal; las autoridades decomisaron cuatro motos, armas cortopunzantes con las que los detenidos amenazaban a las víctimas, así como dinero y tarjetas con información de las rutas y los deudores.

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En las tres semanas siguientes, hubo dos operativos más en La Paz en los que detuvieron a otras seis personas ubicadas por hacer ‘minipréstamos’, como también conocen el ‘gota a gota’ en Bolivia, con intereses del 40 por ciento. Entre los capturados había una ciudadana boliviana y un ecuatoriano.

“Hemos realizado el llamado Plan Tapón que tiene como principal objetivo limitar el actuar de colombianos que son los que promueven este tipo de negocios en nuestro medio y estamos haciendo seguimiento permanente para limitar o neutralizar su accionar en la sociedad boliviana”, señala el coronel Bustillos.

Han visto también, explica otra fuente policial, “que hay una especie de escuela del crimen en la que los colombianos que hacen parte de estas estructuras, cuyos jefes estarían radicados en la ciudad de Santa Cruz, capacitan a bolivianos y ciudadanos de otras nacionalidades para ampliar este sistema de préstamos de fondos de dudosa procedencia”.

También visitamos el mercado de Kollusuyo, en el oriente de La Paz, donde miles de personas se aglomeran a diario en estrechos pasillos en busca de alimentos. Ahí el término ‘gota a gota’ es sinónimo de temor y desconfianza.

Un hombre de estatura baja, abdomen pronunciado y piel cobriza, a quien bautizamos Manolo porque se negó a dar su nombre, asegura que mucha gente descansó cuando capturaron a los prestamistas en el 2018. “Los que tenían cuentas con los colombianos ya no tenían que responder por el dinero y cuando dijeron que salían expulsados, muchos celebraron. Sin embargo, quedan todavía algunos.”

Fue en marzo de 2019 cuando la Directora General de Migración Bolivia anunció que trece de los colombianos capturados en La Paz por casos de préstamos ‘gota a gota’ serían deportados, como en efecto ocurrió, porque además ingresaron al país burlando los controles migratorios.

Datos entregados por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz revelan que las tres organizaciones desmanteladas tenían 357 víctimas de los cobros diarios, pero ninguno presentó denuncia.

Las autoridades bolivianas consideran el ‘gota a gota’ como una especie de secuestro o un teatro de esclavitud moderna en la que la gente lleva los grilletes sicológicos en su bolsillo. “Las personas que eran víctimas de los prestamistas se sienten como si hubieran sido rescatadas; porque estaban presas del amedrentamiento y la intimidación”, explica el coronel Bustillos.

La autoridad estableció que el dinero producto del ‘gota a gota’ era remitido desde La Paz a los jefes en Santa Cruz de la Sierra y desde allí se enviaba luego a Colombia.

Ocultan un delito con otro

Cuando el ‘gota a gota’ arribó a Bolivia en 2010, a la ciudad de Santa Cruz, esos primeros colombianos enviados para expandir por la región las redes de prestamistas atrajeron a sus víctimas con un delito más grave que la usura.

Para ocultar la verdadera intención de otorgar créditos con altas tasas de interés, las decenas de personas que ingresaron vía terrestre por Perú, a través del municipio de Desaguadero, junto al lago Titicaca, empezaron vendiendo a crédito electrodomésticos chinos de mala calidad o de fabricación nacional, los que etiquetaban con marcas japonesas o alemanas.

Tras la creación de la Comunidad Andina de Naciones, entre otros acuerdos, los colombianos no han tenido restricción para ingresar a Bolivia desde 2009. “Nosotros hacemos parte del Mercosur y este convenio multinacional otorga a los colombianos, entre otras nacionalidades, 30 días como turista para estar en Bolivia. Ya cuando son aprehendidos por algún delito, lo que hacemos a través de Interpol es canalizar la información con las embajadas o las policías para verificar sus antecedentes”, explicó el comandante de la FELCC.

De acuerdo con las cifras de la Dirección de Migración, entre el 2012 y 2015 fueron deportados de Bolivia 1.356 personas por irrespetar las normas migratorias; el número más alto es de colombianos con 274 expulsiones, seguidos por argentinos y peruanos.

La presión y violencia que ejercen los prestamistas a la hora de realizar los cobros, sumados a una histórica presencia en Santa Cruz de miembros de carteles de la droga y de bandas de crimen organizado despertaron un sentimiento de rechazo hacia los extranjeros.

 El 1 de junio del 2010, el hasta ahora congresista, Isaac Avalos, cercano al ahora ex presidente Evo Morales, aseguró que los colombianos eran los extranjeros “más peligrosos” que han llegado a su país.

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Citando las palabras que pronunció entonces el influyente senador, “de cada diez ciudadanos colombianos que llegan a Bolivia hay dos sanos, los demás están comprometidos con cosas ilícitas que puede ser droga o maleantes, ladrones o asesinos”.

De esa forma argumentó la solicitud de un censo de extranjeros en su país, lo que generó un reclamo de parte de las autoridades consulares colombianas que llevó al congresista a retractarse de lo dicho, pero la xenofobia será irreparable.

La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz asegura que han logrado contener a los prestamistas ‘gota a gota’ en la capital de Bolivia, pero siguen operando en otros estados

En febrero de 2011, la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico detuvo a Jesús María Osorio considerado por ese país como el nexo más importante en Bolivia del cártel colombiano del Norte del Valle.

La Policía en Bolivia advierte que la mayoría de los jóvenes que ingresaron al país en los últimos años son del norte del Valle, lugar de donde también son algunos pilotos que llegaron a trabajar a Bolivia y nunca más se supo de ellos. En total son trece los colombianos que figuran como desaparecidos en Bolivia en los últimos seis años según la Cancillería.Pero hay un elemento más que referencia al Norte del Valle. Los que proceden de esa región y fueron claves en la expansión del ‘gota a gota’ a ciudades cercanas a Santa Cruz como Cotoca, Montero, La Guardia y El Torno.

Otro tanto permanece en las cárceles del país respondiendo por delitos conexos al ‘gota a gota’ como usura, extorsión, delitos financieros, asociación delictuosa, amenazas y estafa por la comercialización de productos chinos con marcas falsas.

Según datos entregados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia tras un derecho de petición de información, en Bolivia hay 202 colombianos detenidos aunque no detalla el delito por el cual están presos y el dato es general.

De vuelta en Santa Cruz, el fenómeno creció con el silencio de las víctimas hasta que en julio del 2013, la Fuerza Antidroga de Bolivia inició una investigación en el mercado Los Pozos. Su hipótesis fue que esos créditos obedecían a un sistema de lavado de activos de organizaciones de colombianos vinculados con el narcotráfico en el oriente del país.

En ese entonces, el coronel Gonzalo Quesada, director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELN), aseguró que tras la actividad de los prestamistas ilegales, y tomando como base una investigación del Grupo de Investigación y Análisis Financiero, había “dinero sucio colombiano que tiene como finalidad blanquear dinero de actividades ilícitas”. La presión policial desplazó a varios de los prestamistas de esa zona y con los meses aparecieron en Cochabamba, Pandi, Oruro, La Paz y Tarija, frontera con Argentina.

El operativo policial al ‘gota a gota’ en Bolivia fue en marzo del 2018 en Villa Tunari, en la región de Cochabamba. Ahí capturaron a nueve colombianos acusados de torturar a sus víctimas y detuvieron a su cabecilla, Hugo de Jesús Restrepo. En este operativo también incautaron tres motocicletas, dos armas de fuego calibre 22, dos bolsas y seis sobres de marihuana, dinero en efectivo, billetes falsos y catorce teléfonos celulares, entre otros.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, calificó el operativo como “muy significativo” porque el ‘gota a gota’ en que operan “colombianos hace parte de una organización estructurada y de una asociación delictuosa”. También aseguró que Restrepo operaba desde el trópico de Cochabamba, “tenía residencia en el municipio de Villa Tunari y operaba a través de dos negocios de fachada, que consistían en una tienda de ropa y un servicio de comidas”.

Sin embargo, el ‘pez gordo’ para las autoridades bolivianas se escapó dos meses después, en mayo del 2018, en un operativo en el sector de Miraflores, en La Paz, en el que huyó Christian Gómez. Él es señalado por las autoridades en Bolivia de ser la persona responsable de mover el ‘gota a gota’.

Según la División de Propiedades de Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, el principal accionista abandonó el país por tierra con su esposa y una hija evadiendo controles fronterizos.

*Este artículo fue editado para mayor claridad y publicado con el permiso de Connectas. No representa necesariamente las opiniones de InSight Crime. Vea el original aquí.