Más de un año después de que la Defensoría del Pueblo alertó al país sobre el aumento sin precedentes de asesinatos de líderes sociales en Colombia, la situación continúa empeorando, siendo el departamento del Cauca el más afectado.
El 28 de febrero de 2018, la Defensoría del Pueblo publicó una alerta temprana en la que documentaba 697 casos de violencia contra activistas de derechos humanos y líderes de organizaciones sociales, ocurridos entre 2016 y 2018.
Apenas un año después, en un informe de seguimiento a esta problemática en 2019, la entidad reporta que entre amenazas, atentados y homicidios el número de líderes afectados llega a 1.335 casos, lo que representa un aumento de más del 90 por ciento con respecto al periodo 2016-2018.
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Las agresiones se han concentrado en líderes comunales locales, campesinos e indígenas que trabajan en defensa del territorio.
Históricamente, los departamentos más afectados por estos abusos han sido Antioquia, Norte de Santander y Cauca. En el 2019, las afectaciones se han disparado en este último departamento. La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha denunciado 36 asesinatos de líderes indígenas solo en Cauca en lo que va de este año, junto con otras ocho tentativas de homicidios y 53 amenazas de muerte, según información de TeleSUR.
Según la Defensoría, los municipios más afectados en el Cauca han sido Miranda, Corinto y Caloto, todos puntos clave en el departamento para el trasiego de droga que sale del país por el océano Pacífico.
El asesinato más reciente fue el 13 de octubre, cuando Toribio Canas, líder indígena del municipio de Toribío, fue muerto a tiros. Se cree que desde el año 2000, Canas había estado al frente de la organización de una "guardia indígena" en la zona con el fin de reclamar tierras.
Según el diario El Espectador, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha contado por lo menos nueve muertes de líderes indígenas en Cauca desde septiembre pasado.
Análisis de InSight Crime
Las razones detrás de los asesinatos de líderes sociales en el Cauca representan, en menor escala, los riesgo que estos enfrentan a lo largo de Colombia.
De acuerdo con la organización Somos Defensores, algunas de las principales causas detrás de estos hechos de violencia están relacionadas con el trabajo político que hacen los líderes sociales en Colombia para promover la implementación de los acuerdos de paz. Particularmente, por el trabajo que hacen para crear nuevos espacios de participación comunitaria, y sobre todo, por sus labores para frenar el flujo de las economías ilegales en sus tierras.
En muchos casos los líderes asesinados han estado involucrados en actividades relacionadas con la sustitución de cultivos ilícitos, la creación de proyectos productivos y la repartición de tierras, todas actividades encaminadas a dejar de producir droga y encontrar otra alternativa para su subsistencia.
Sin embargo, esta labor los ha dejado vulnerables ante la presión que ejercen los grupos criminales para que las comunidades sigan cultivando droga y de esta forma los primeros puedan continuar lucrándose de las rentas del narcotráfico.
Un ejemplo reciente de esta lucha entre comunidades y grupos armados ocurrió precisamente en el municipio de Caldono en Cauca, cuando campesinos e indígenas decidieron enfrentar a los grupos armados que ocupaban sus tierras para evitar que cultivaran droga en sus territorios ancestrales e incluso destruyeron cargamentos de marihuana y cocaína.
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De acuerdo con el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), otros de los factores de riesgo detrás de la violencia contra líderes se relacionan con la denuncia frente a la llegada de un nuevo actor armado al territorio, las acusaciones por el mal manejo de recursos públicos en entidades del Estado y la reivindicación de derechos frente al uso de recursos naturales.
Como lo ha documentado la Misión de Observación Electoral (MOE), muchos de estos factores se recrudecen durante la época electoral. Esto ocurre, según la entidad, porque los espacios de participación comunitaria y política donde trabajan muchos de los líderes sociales tienen un papel central en las disputas electorales a nivel regional y local, donde también operan los grupos armados.
Por ejemplo, según la MOE, muchos de los líderes que terminan postulándose para cargos públicos locales vienen precisamente de la Juntas de Acción Comunal (JAC), que son corporaciones cívicas compuestas por vecinos de un lugar para solucionar los problemas de su comunidad.
El hecho de que el Cauca sea el departamento más afectado por esta problemática es en parte consecuencia de las condiciones que lo hacen un territorio y corredor estratégico para el tráfico de droga.
Según el último informe de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en este departamento se produjeron alrededor de 17.000 hectáreas de coca solo en 2018.
Además, su ubicación sobre el corredor del río Naya, una zona al suroccidente de Colombia que a través de casi 120 kilómetros de selva conecta la cordillera central con las costas del océano Pacífico, hacen del departamento un paso obligado para sacar la droga que se produce en esta parte del país.
Por estas razones, el Cauca se ha convertido en un área estratégica para varios grupos armados que confluyen allí para aprovechar sus recursos. En este departamento se tiene registrada la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL) y por los menos cinco frentes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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