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Betsy Maribel Prado Álava había escogido un lugar donde pensó que su familia estaría segura. Alquiló una casa en las colinas de su estado natal de Manabí, en el oeste de Ecuador, a donde solo podía accederse por senderos estrechos aptos únicamente para cruzar a pie o a caballo. Les tomó dos meses encontrarla.

Eran alrededor de las nueve de la noche de un viernes cuando un grupo de hombres armados irrumpió en la casa y abrió fuego contra toda la familia. Betsy y sus hijos escaparon entre la maleza, cuando una bala pasó rozando a su hijo de 15 años mientras huían para internarse en la oscuridad. Pero su esposo Ángel murió de 12 heridas de bala y una puñalada.

*Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.

Los asesinos del esposo de Betsy escaparon, pero los investigadores sospechan que el responsable del ataque es el mismo que cuidaba los incontables millones de ingresos de la cocaína del hermano de Betsy: José Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”. Se cree que Fito iba por la fortuna oculta del narcotraficante Washington Prado Álava, alias “Gerald”.

El ascenso de Gerald para convertirse en uno de los narcos más notorios que Ecuador haya producido en toda su historia fue meteórico. Pero su caída ha sido igual de espectacular, lo que pone en evidencia no solo la violencia y la traición características del tráfico de cocaína, sino también la corrupción que corroe al estado ecuatoriano desde sus mismas entrañas.

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La investigación que provocaría la caída de Gerald no se inició por un alijo de cocaína o por una contienda entre narcos, sino por el homicidio de un trabajador de la construcción. El constructor había hecho varias instalaciones especiales de seguridad en las propiedades de Gerald, donde pudiera acumular el efectivo que recibía a una velocidad mayor de la que podía legalizarlo. Cuando se perdieron varios millones de dólares de esas casas de seguridad, Gerald culpó al trabajador, y este lo pagó con su vida.

Cuando los investigadores comenzaron a indagar los homicidios, quedaron impactados cuando el rastro los llevó hasta un narcotraficante local, de Manabí, quien había ascendido a la cúspide del tráfico regional de cocaína en sus narices.

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Gerald se había iniciado en el tráfico de drogas como lanchero, pilotando las lanchas que hacen el arduo recorrido hasta las costas de Centroamérica y México. Pero para cuando los investigadores comenzaron a desenmarañar su red, Gerald ya era uno de los traficantes más poderosos, no solo de Ecuador, sino también del suroeste de Colombia. Había escalado posiciones en la cadena de suministro, un eslabón a la vez, hasta que llegó a comprar su propia cocaína en Colombia, y a coordinar el transporte en toda la ruta hasta Guatemala, donde lo esperaban sus propios compradores.

Según las autoridades estadounidenses, al momento de su detención, Gerald había traficado por lo menos 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos, aunque las interceptaciones de las comunicaciones presentadas como evidencia en la corte mostraban que despachaba tres a cuatro lanchas a la semana, cada una con capacidad para transportar una tonelada de cocaína.

Aunque gran parte del negocio de Gerald se realizó en Colombia, en Ecuador, este se concentró en convertir su provincia natal de Manabí en un espacio seguro para su familia y su dinero. Levantó una red que podía no solo traficar narcóticos, sino también lavar dinero, ejercer poder armado y manipular al estado.

InSight Crime habló con varios investigadores que tuvieron conocimiento directo del caso, quienes hablaron a condición de que se mantuviera su anonimato. Ellos sospechan que tres miembros claves de esta red fueron los responsables de los hechos que llevaron al descubierto a Gerald en Ecuador: un capitán de la policía, un abogado de derechos humanos y un gángster.

Al constructor asesinado, según la hipótesis de los investigadores, le tendieron una trampa. Gerald había actuado siguiendo supuesta inteligencia de la policía que no existía. La fuente de la información, según los documentos de la corte, fue el capitán de la policía Freddy Zambrano Herrera.

Zambrano presuntamente inició su carrera criminal como guardaespaldas de un capo, mientras trabajaba en una unidad corrupta de operaciones especiales de la policía, que prestaba servicios de seguridad para narcotraficantes y sus operaciones. Luego de su traslado a Manabí, lideró una red de corrupción dentro de la policía al servicio de Gerald, según los investigadores.

Zambrano estaba casado con Olga Rosalía Machuca Mera, abogada de derechos humanos que se lanzó como candidata al congreso en 2017 en una campaña costeada por Gerald, según testigos que declararon en el proceso contra ella. Machuca era un punto de contacto clave entre Gerald y la legalidad.

Los investigadores creen que la pareja tramó la conspiración para robar el dinero e inculpar al constructor y a uno de los lugartenientes de mayor confianza de Gerald: Fito.

Líder de la que fuera la temible banda Los Choneros, Fito dirigía las operaciones desde su su celda en la prisión, aparte de los cuatro meses que pasó fugitivo en 2013, luego de una espectacular fuga de prisión. En un inicio, Gerald buscó a Fito por su profundo conocimiento sobre lavado de dinero, y por su red armada, que prestaba seguridad a las casas de seguridad de Gerald y sus operaciones, relatan los investigadores. Sin embargo muy pronto pasó a formar parte integral de la maquinaria de Gerald, y la evidencia presentada en el juicio muestra que Fito lavaba el dinero, supervisaba los cargamentos de drogas y organizaba las paradas para recargar combustible para las narcolanchas de Gerald.

Después de rastrear el homicidio hasta Gerald, las autoridades en Ecuador comenzaron a trabajar hombro a hombro con sus homólogos colombianos para seguirle la pista a su red, y fue en Colombia donde finalmente lo capturaron, en abril de 2017. Esta, confiesan los investigadores, era la opción preferida, pues temían que la protección de la que gozaba en Ecuador lo hubiera dejado en libertad.

Sin embargo, aunque permitieron que los colombianos se quedaran con Gerald, los investigadores ecuatorianos apuntaron a su red en Manabí. Detuvieron a 11 personas, entre quienes se contaban el capitán Zambrano, Rosalia Machuca y la esposa de Gerald, Julia Mero García.

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Gerald respondió a su arresto y la captura de su familia y aliados con un contraataque en todos los frentes. Contrató una bandada de abogados criminales, reforzó su maquinaria de corrupción y redactó una lista negra.

En su celda de prisión en Bogota, Gerald recibió una caravana de abogados de Estados Unidos, Ecuador y Colombia, cuyas visitas siguió el diario colombiano El Espectador hasta contar por lo menos 26 defensores.

El ejército de abogados de Gerald lanzó un aluvión de demandas en Colombia y Ecuador con el propósito de evitar su extradición a Estados Unidos. También echó mano de sus contactos con guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), quienes habían sido sus principales proveedores de cocaína y en esa época estaban deponiendo sus armas, como parte de su proceso de paz con el gobierno colombiano. Gerald pagó para que lo incluyeran en una lista de combatientes desmovilizados que debían cobijarse con la amnistía, pero fue rápidamente excluido por las autoridades colombianas.

En Ecuador, los intentos de Gerald comenzaron exigiendo la devolución de favores a uno de los gigantes de la política ecuatoriana: José Serrano, según denuncias recientes de uno de los abogados de Gerald.

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Serrano fue ministro del interior durante la administración del expresidente Rafael Correa. Muchos le atribuyen haber logrado una marcada baja en los niveles de violencia durante su gestión como ministro, y fue condecorado por la DEA por sus decomisos récord de drogas bajo su vigilancia. Anteriormente, estuvo acusado de corrupción, abuso de poder e incluso secuestro, y en Ecuador corren rumores de su implicación en asuntos aún más turbios.

Al momento del arresto de Gerald, Serrano ya no era ministro del interior, sino presidente de la Asamblea Nacional. Según el abogado Luigi García, Serrano lo citó a una reunión en un hotel Marriott de Quito. En una entrevista con el sitio web ecuatoriano de investigaciones Plan V en 2019, García describió cómo Serrano le preguntó si sabía de Gerald, antes de contarle que iba a defender al traficante detenido, a quien Serrano enseguida llamó y con quien habló frente a García.

Serrano respondió a las denuncias en Twitter, negando cualquier nexo con narcotraficantes.

Los intentos de Gerald para evitar un proceso en Estados Unidos, sin embargo, fueron infructuosos y en febrero de 2018 fue extraditado.

Entretanto, su equipo legal reunido en Ecuador había estado trabajando para obtener la libertad de su esposa, Mero. En prisión, Mero tenía una habitación para ella sola, seguridad, y sus empleados le llevaban dinero y tarjetas de teléfonos celulares. Pero ella quería estar fuera.

Según los documentos de inteligencia a los que tuvo acceso InSight Crime, el equipo de Mero enfiló sus baterías contra la jueza asignada para presidir su primera audiencia. El informe detalla cómo la jueza denunció la presión a la que fue sometida por un alto funcionario del organismo que vigila la rama judicial en Ecuador, el Consejo de la Judicatura. Al parecer, el funcionario le ofreció una cuantiosa suma de dinero para que enterrara el caso y desestimara los cargos contra Mero.

Pronto se conoció la cantidad ofrecida, cuando uno de los abogados de Gerald abordó a la jueza y le prometió de US$5 a 7millones por el fallo. Cuando la togada se negó, el miembro del Consejo quiso reemplazarla en el proceso, según las fuentes de inteligencia.

Cuando el soborno falló, los abogados recurrieron a la dilación, posponiendo una audiencia tras otra. Uno de los jueces del caso presentó un informe en el que solicitaba una investigación para saber si la defensa estaba dilatando la comparecencia a juicio hasta que los acusados hubieran agotado el tiempo de prisión preventiva permitido por la ley, y entonces debieran ser excarcelados.

Pero la red de Gerald no solo estaba ocupada en las maniobras legales. En junio, Gerald envió un sicario desde Colombia. Las autoridades detuvieron al asesino antes de que pudiera actuar, y hallaron en su billetera los nombres y direcciones de dos agentes de policía que trabajaban en el caso.

Los policías no eran sus únicos blancos. Las autoridades también consiguieron lo que dijeron que era una lista negra, a la que accedió Plan V, la cual incluía los nombres de un fiscal, un miembro de la asamblea de Manabí, y el nombre “Serrano”, por quien Gerald había ofrecido una recompensa de US$2millones.

Las condenas a Gerald y su red se dictaron en 2018. Y aunque Gerald recibió 19 años en Estados Unidos, las sentencias falladas en los casos de los demás miembros de su red eran una cruda ilustración de la impunidad que los investigadores habían temido.

Mero recibió su condena en enero. Ella y los demás acusados habían aceptado acuerdos de oportunidad, mediante los cuales se redujeron los cargos de narcotráfico a crimen organizado. Mero y Fito recibieron 28 meses, mientras que los otros acusados, entre ellos Rosalía Machuca, recibió 20 meses. Con el descuento de los meses por el tiempo ya pasado en prisión, la condena equivalía a poco más de un año.

El único miembro que no se benefició fue el capitán Zambrano, quien no hacía parte del mismo caso. En junio de 2017,  se halló a Zambrano colgado de un nudo hecho con sábanas en su celda, pero aún vivo. Un vocero del Ministerio de Justicia se refirió al hecho como un intento de suicidio “normal” por “estrés en la prisión”.

Aunque no apareció evidencia de nueva corrupción con las sentencias, los sobornos a fiscales y jueces para reducir la gravedad de los cargos, y aceptar un acuerdo de oportunidad con el tiempo ya pagado, es una característica común de la corrupción rampante en el sistema judicial en Ecuador. Indignado, un fiscal fue a la radio a calificar la sentencia de “broma”.

Sin embargo, aun entonces, Mero no quedó satisfecha. Poco después de su arresto, en varias interceptaciones telefónicas puede oírse a Mero comentando que uno de los abogados de Fito mencionó que tenía conexiones con funcionarios de gobierno que podrían garantizar su liberación mediante una solicitud de habeas corpus, por el precio indicado. Un año después, eso fue exactamente lo que sucedió.

En abril 2018, Mero interpuso una solicitud de habeas corpus. En el término de diez horas, los tres jueces que recibieron el expediente lo habían revisado, celebrado una audiencia, aceptado la solicitud y la habían excarcelado.

El fallo fue revocado menos de una semana después. Mero fue recapturada, y los jueces involucrados fueron detenidos y acusados de obstruir la justicia. Pero, en cuestión de una semana, los jueces estaban libres tras una resolución de la Corte Constitucional que concluyó que los jueces de jurisdicción nacional no obstruyen la justicia, según muestran los documentos de inteligencia.

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Mientras Gerald y su esposa libraban sus batallas legales, también tenían otra preocupación: su negocio y su dinero.

Durante los allanamientos que siguieron al arresto de Gerald y de Mero, las autoridades hallaron dinero en efectivo en repetidas ocasiones. Estaban los US$7,5 millones escondidos en un garaje, US$1 millón debajo de una caneca de basura, US$3,1 millones en una casa en la ciudad de Manta. En total, confiscaron US$12 millones.

Sin embargo, el valor estimado de las ganancias de Gerald está en el orden de los cientos de millones y podría incluso llegar a los mil millones de dólares, según fuentes de inteligencia.

La responsabilidad de la administración de la fortuna oculta de Gerald recayó en el miembro de la red que había escapado a los allanamientos: la hermana de Gerald, Betsy. Varias interceptaciones telefónicas muestran cómo Betsy administraba el dinero e incluso seguía traficando drogas en 2017.

En septiembre de 2017, sin embargo, se vio la primera señal de que Gerald estaba perdiendo el control en el hampa cuando un sicario asesinó a su hermano, quien se escondía en un pequeño pueblo de la región cafetera en el centro de Colombia, y compraba tierras bajo un nombre falso.

Y luego, o eso creen los investigadores, apareció Fito, el hombre que tenía conocimiento cercano de las casas de seguridad y de las finanzas de Gerald. Betsy se entregó a las autoridades unos días después del ataque que dejó a su esposo muerto y a su hijo herido. En agosto de 2019, recibió una sentencia de cinco años por enriquecimiento ilícito.

Las tentativas de Gerald de lograr su liberación, entre tanto, continúan supuestamente hoy en día. Las denuncias contra el exministro Serrano se conocieron en agosto de 2019, en una denuncia penal interpuesta por el antiguo abogado de Gerald, Luigi García Cano.

García relató que decidió interponer la denuncia después de recibir amenazas contra su vida. Según afirma, en marzo recibió la llamada del exministro, en la que Serrano lo amenazaba para que guardara silencio sobre la reunión que sostuvieron, y le dijo “no sabe con quién se está metiendo”. Luego en agosto, algunas personas de las que García sabía que tenían conexiones con el crimen organizado, le dijeron que Gerald le había puesto precio a su cabeza, y que su asesinato era una condición puesta por José Serrano para ayudar a Gerald con sus líos legales en Estados Unidos.

Aunque se dice que Gerald continúa usando sus millones ocultos para intentar comprar su libertad, los encargados de proteger su fortuna pronto podrían recuperar la suya, pero poniendo en riesgo sus vidas. Los investigadores creen que el ataque contra Betsy fue apenas el comienzo. Fito sigue a la cabeza de una red de hombres armados desde su celda de prisión, afirman, y está dispuesto a emprender una violenta caza de tesoros que podría dejar aún más víctimas en la saga del ascenso y la caída de Gerald.

*Mayra Alejandra Bonilla participó en la investigación para este artículo.

*Este artículo hace parte de una investigación de InSight Crime sobre cómo Ecuador se convirtió en uno de los principales puntos de despacho del comercio mundial de cocaína.

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