El 9 de agosto, el sitio web en el que el gobierno de El Salvador publica información sobre sus gastos contractuales se cayó repentinamente. La caída se produjo en medio de denuncias por supuesta corrupción de la administración del presidente Nayib Bukele relacionadas con los gastos públicos por el coronavirus.
Cuando el sitio web volvió a estar en línea, la información relativa a los gastos de Casa Presidencial había sido eliminada, según informó El Diario de Hoy. Los datos desaparecieron un día después de que Salud Con Lupa, un sitio de investigación periodística enfocado en la atención en salud en Latinoamérica, publicara un informe según el cual el ministro de Salud de Bukele, Francisco Alabí, había gastado US$50.000 en la remodelación de su oficina durante la pandemia.
Una investigación de la revista Gato Encerrado también reveló que Alabí otorgó un contrato de US$225.000 para botas de goma a una compañía de autopartes de la que su tía es presidenta. Las botas estaban incluidas como gasto de emergencia para la adquisición de suministros médicos.
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La fiscalía salvadoreña ha dicho que investiga a seis funcionarios de la administración de Bukele, entre ellos Alabí, por gastos hechos para atender la pandemia, informó El Diario de Hoy.
El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) de El Salvador ha registrado 124 denuncias de gestión indebida de fondos relacionados con la pandemia, según dijo Néstor Castaneda, director de dicho tribunal, al programa República TV. Alrededor del 90 por ciento de las denuncias involucran al poder ejecutivo, señaló Castaneda.
Las acusaciones de corrupción han tocado a varios funcionarios de la administración de Bukele, entre ellos José Alejandro Zelaya, su ministro de hacienda. Zelaya ha sido señalado por tener vínculos con una compañía que le vendió 300.000 mascarillas al gobierno por US$750.000, es decir, un costo de US$2.50 por unidad, o el doble del precio de fábrica, según una investigación de El Diario De Hoy. La empresa, que solo tenía siete meses de existencia cuando recibió el contrato, es propiedad de dos socios que también ocupan puestos de alto nivel en una empresa fundada por Zelaya.
Según Salud con Lupa, el Ministerio de Salud también adquirió 100.000 máscaras a un elevado costo de US$250.000, que fueron compradas a una empresa de reciclaje de Jorge Aguilar, jefe del Fondo Ambiental del país, según Salud con Lupa. Bukele luego despidió a Aguilar, el único funcionario de su administración que ha perdido su empleo por acusaciones de corrupción.
En total, las 400.000 máscaras tuvieron un sobreprecio de medio millón de dólares, según Salud con Lupa. El Ministerio de Salud también adquirió máscaras por unos US$3 millones, compradas a una empresa en Miami cuyo propietario es decorador de interiores y vende cerámica, según una investigación de El Faro.
También han surgido cuestionamientos sobre la construcción de un hospital de US$13 millones para pacientes COVID-19, y en torno a la falta de información sobre el proyecto proporcionada a los auditores.
Las organizaciones de la sociedad civil se han pronunciado en contra de Bukele por bloquear la información sobre el gasto.
“Es una acción que demuestra que no hay compromiso con la transparencia o con la rendición de cuentas, además de que estaría contra la ley”, dijo Javier Castro, de la organización no gubernamental Fusades, a El Diario de Hoy.
Bukele además ha atacado a los periodistas que informan sobre corrupción durante la pandemia. Miembros de los medios de comunicación salvadoreños informaron a la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), una organización de libertad de prensa ubicada en Miami, sobre un aumento de los ataques del gobierno, el bloqueo selectivo de información y el uso de troles de Internet para difamar a la prensa.
Análisis de InSight Crime
La administración Bukele ha hecho todo lo posible para ocultar el gasto público durante la pandemia, a medida que han proliferado las acusaciones de especulación por parte de su administración.
Una de las primeras controversias entre el presidente y el Congreso durante la crisis del coronavirus fue por la rendición de cuentas de los gastos de emergencia. En marzo, Bukele recibió la aprobación del Congreso para hacer uso los fondos de salud existentes, así como de cientos de millones de dólares en préstamos extranjeros, pero los legisladores exigieron que Bukele y sus ministros proporcionaran informes periódicos.
Dichos fondos se retrasaron hasta que la administración acordó conformar un comité de auditoría. Los cinco líderes empresariales y académicos del comité renunciaron cuando el gobierno se negó a proporcionar información sobre sus gastos.
En mayo, según El Faro, la administración Bukele apenas había presentado informes sobre 36 de los US$179 millones gastados durante la pandemia.
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El mismo mes, el Congreso negó las prórrogas a las medidas de emergencia para hacer frente a la pandemia. Bukele intentó prorrogarlas, pero la Corte Suprema se lo impidió.
Bukele además ha suspendido las solicitudes de información pública, como los resultados de las pruebas COVID-19, datos sobre casos positivos, medidas de detención y condiciones en los centros de cuarentena. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, dijo en un comunicado que estas acciones ponen en peligro la salud de las personas.
Incluso antes de la pandemia la administración Bukele había sido señalada por supuesto uso indebido de los fondos; además, él ha sido objeto de escrutinio por transacciones financieras dudosas.
Transparencia Internacional advirtió en un informe del 11 de agosto que el alto flujo de efectivo ofrecido a la administración de Bukele para hacer frente a la pandemia, y la negativa del gobierno a que se haga una supervisión de sus gastos, son “caldo de cultivo para la corrupción”.
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