Nayib Bukele apenas recibió su credencial como presidente electo el pasado 15 de febrero, pero desde ya las expectativas alrededor de su gabinete y las políticas públicas en materia de seguridad son extraordinarias si se las compara con la transición presidencial anterior en el país. Algunos indicios enviados por colaboradores del nuevo mandatario dan pie a pensar que habrá una dosis de atrevimiento en sus propuestas; otras parecen calcadas de políticas anteriores ya fracasadas.
Aquí, InSight Crime se refiere a tres de los grandes temas relacionados a la seguridad pública salvadoreña y al combate al crimen con los que el presidente electo tendrá que lidiar desde el primer día en que se siente en su despacho de la Casa Presidencial.
1. La amenaza de las pandillas
En el plan de gobierno que presentó durante su campaña, Nayib Bukele hizo público un documento que se suponía de uso restringido de la Policía Nacional Civil (PNC): el mapa que muestra las zonas de El Salvador en que operan las dos principales pandillas del país, la MS13 y el Barrio 18. De acuerdo con un oficial de alto nivel en la PNC, quien habló con InSight Crime bajo condición de anonimato, el equipo de Bukele recibió la información desde el interior de la Policía y hay una investigación abierta para deducir responsabilidades, según una nota de Diario El Mundo.
El plan de gobierno de Bukele recurre a una descripción que es obvia en El Salvador desde hace al menos década y media: las pandillas llevan años expandiendo el control que ejercen a través de la extorsión y el uso indiscriminado de la violencia en amplias porciones del territorio. “La expansión de estos grupos criminales es innegable, así como el impacto producido en la vida del ciudadano común”, dice el plan.
Los dos últimos gobiernos de El Salvador, bajo bandera del FMLN, terminaron apostando por la versión más extendida de las políticas de mano dura, que incluyeron normalizar las llamadas medidas extraordinarias en las cárceles y dar a la Policía y al Ejército una especie de carta blanca en la persecución de pandilleros en las calles, lo cual llevó al país una nueva versión de escuadrones de la muerte incrustados en la fuerza pública.
A pesar de esas medidas, el control territorial de las pandillas, a juzgar por los mapas internos que publicó el equipo Bukele, continúa intacto.
Lo que sí ha disminuido en el país son los homicidios, la mayoría de los cuales las autoridades atribuyen a las pandillas. A pesar de que a principios de 2019 hubo un pico que incluyó varios asesinatos de policías, las cifras se han vuelto a estabilizar hasta llegar a siete homicidios diarios en lo que va de febrero (enero de 2019 terminó con 9,2 diarios), según cifras oficiales.
Cuando fue alcalde de San Salvador, Bukele y sus asesores acudieron a diálogos con las pandillas para asegurar gobernabilidad en algunas zonas conflictivas de la capital, como lo reveló El Faro en una investigación publicada en junio del año pasado.
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2. La reforma policial
Desde 2015 la justicia salvadoreña ha procesado media docena de casos en los que policías de alta, soldados y oficiales han sido acusados de homicidios, intentos de homicidio, amenazas, torturas y otros delitos.
El plan de seguridad del presidente electo Bukele pasa, en gran medida, por dar más protagonismo al componente represivo de la PNC y mantener el rol activo del Ejército en labores de inteligencia criminal y de seguridad pública.
De lo que hay pocas pistas es sobre los mecanismos institucionales a los que recurrirá el nuevo gobierno para procurar una depuración efectiva en ambas instituciones armadas, sobre todo en la PNC.
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Unas de las primeras pistas serán los nombres de los policías de carrera o civiles que nombre para dirigir a la PNC y si sobre estos pesan o no señalamientos pasados. Otra será si el actual ministro de la Defensa nacional, el general David Munguía Payés, cuyos aparatos de inteligencia han sido vinculados con ejecuciones extrajudiciales y otros delitos, seguirán teniendo poder dentro del Ejército.
3. La gran corrupción
Es uno de los temas en que más elaboró el equipo de Nayib Bukele. Desde octubre de 2018 hubo alusiones a la creación de un organismo similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), pero en aquellos días la idea estaba en sus etapas iniciales. A la fecha, no obstante, los asesores de Bukele tienen una idea más clara; su propuesta de Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).
Bukele, ya como presidente electo, volvió al tema de la CICIES desde la noche misma del 3 de febrero, el día en que ganó la elección con cerca de 54 por ciento de los votos. Algunos antecedentes no invitan al optimismo: las acusaciones de corrupción e irregularidades que pesan sobre el mismo Bukele; la reticencia de los políticos locales, encabezados por los más cercanos socios electorales del presidente electo en el partido GANA, investigados ellos mismos por supuesto enriquecimiento ilícito; o el rechazo de la empresa privada local que, acaso amedrentada por investigaciones de corrupción que la CICIG abrió contra poderosos empresarios guatemaltecos, insiste en que una CICIES no es necesaria.
Los colaboradores de Bukele insisten en que GANA, el partido conocido por sus antecedentes corruptos, fue solo un vehículo para llegar a la presidencia, y que el presidente electo asumirá como jefe del Ejecutivo con suficiente margen de maniobra para llevar adelante un proyecto como CICIES. Falta aún ver las primeras señales, no solo en lo que toca a la comisión internacional, sino, en general, de cómo aterrizará sus planes para combatir la inseguridad, el crimen y la violencia.
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