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En 2016, las autoridades de Estados Unidos aseguraron que el empresario panameño Nidal Waked y algunos miembros de su poderosa familia estaban entre “los mayores blanqueadores de dinero de drogas y facilitadores criminales del mundo”. Sus clientes, dijeron, iban desde el Cartel de Sinaloa hasta guerrilleros de las FARC.

Pero dos años después de su arresto, Nidal logró llegar a un acuerdo de culpabilidad, mediante el cual aceptó apenas el menor de los delitos que se le impugnaban y quedó libre después de pagar menos de dos años en prisión.

El caso de Nidal llama la atención sobre la capacidad del gobierno de Estados Unidos de probar en los tribunales sus acusaciones y denominaciones especiales. ¿Se logró escabullir fácilmente uno de los supuestos mayores blanqueadores de dinero de las drogas, o Estados Unidos simplemente no tenía un caso sólido?

La investigación sobre la presunta empresa criminal de la familia Waked comenzó tras una pista anónima que llegó 10 años antes de que Nidal fuera detenido en mayo de 2016 en el aeropuerto internacional de Bogotá, Colombia. Su arresto se produjo tras una denominación especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en la cual se le acusaba de dirigir la “Organización de Lavado de Dinero de los Waked”, junto con su tío Abdul y otros seis socios.

Gráfico cortesía del Departamento del Tesoro de Estados Unidos

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro sostenía que Nidal y Abdul dirigían “esquemas de lavado de dinero basados en el comercio” utilizando “facturación comercial falsa, contrabando masivo de efectivo y otros métodos de lavado de dinero para blanquear los ingresos de las drogas de varios narcotraficantes internacionales y de sus organizaciones”. Según el Departamento del Tesoro, la red de blanqueo estaba compuesta por 68 empresas.

El imperio empresarial de los Waked —que incluye sectores como la banca, los casinos y la construcción, pasando por la hotelería, la importación y exportación, los medios de comunicación, los bienes raíces, hasta el comercio minorista y los productos farmacéuticos— se vio afectado inmediatamente. Una sola empresa perdió más de 5.000 empleados. La Estrella de Panamá, el periódico de 167 años de antigüedad que Abdul poseía en ese momento, estuvo a punto de cerrar después de tener que despedir a miles de empleados y perder millones de dólares debido a las sanciones. Abdul entonces transfirió sus acciones del grupo de medios de comunicación dueño del periódico para liberarlo de las restricciones impuestas por la OFAC.

Los Waked ejercen una enorme influencia en Panamá. Abdul fue uno de los fundadores de la Zona Franca de Colón, uno de los mayores centros de lavado de dinero, establecido desde hace mucho tiempo. El Grupo de Acción Financiera, un observatorio internacional contra el lavado de dinero, en algún momento identificó la zona de libre comercio de Colón como un “punto central de entrega de grandes cantidades de efectivo proveniente de las drogas”.

En documentos judiciales de noviembre de 2016, donde la OFAC resumió su historial de pruebas contra la supuesta red de lavado de los Waked. Los estadounidenses aseguraban que, demás del Cartel de Sinaloa y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), los miembros del grupo eran “lavadores de dinero de confianza” de otras mafias de la droga que operan en Colombia, como el Cartel de Medellín, los Urabeños, la Oficina de Envigado y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Los Waked están “dispuestos y capacitados para lavar narcóticos y ganancias ilícitas de cualquier organización, siempre y cuando se les pague la comisión”, sostiene el Departamento del Tesoro.

La evidencia

Parecía, al principio, que Nidal sería hallado culpable.

“Nidal Waked tiene un largo historial de lavado de dinero de algunas de las redes criminales y de narcotráfico más violentas y sofisticadas del mundo”, dijo el administrador suplente de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), Jack Riley, en un comunicado de prensa al momento de la captura del panameño.

En la audiencia de fianza en enero de 2017, los fiscales afirmaron que tenían muchas pruebas en contra de Nidal y que había altas probabilidades de que se fugara debido a su riqueza. En la mayoría de los casos, los acusados como Nidal se declaran culpables. Según datos de la Comisión Federal de Sentencias de Estados Unidos, cada año se declaran culpables entre el 95 y el 97 por ciento de los acusados de crímenes federales. Pero, con ayuda de su abogado, Nidal se declaró inocente de los tres cargos que enfrentaba en relación con una supuesta conspiración de lavado de dinero y fraude bancario.

El fiscal Frank Tamen dijo que su despacho tenía “fuentes confidenciales que testificarán a su saber sobre la recepción de grandes sumas de efectivo provenientes de traficantes mexicanos”, así como “tratos con venezolanos”, gracias a los cuales “él recibe grandes cantidades de dinero”, como se lee en transcripciones de la audiencia.

Meses más tarde, en documentos judiciales de abril de 2017, el fiscal Walter Norkin agregó que tenían grabaciones de dos interceptaciones telefónicas de octubre de 2014. En ellas, dijo, se escucha que Nidal “habla sobre lavado de dinero” con un socio identificado simplemente como Ramón. En la primera llamada, Nidal supuestamente habló sobre diferentes opciones para transferir dinero a una entidad en Venezuela, cuyo nombre no se menciona. En la segunda, supuestamente se escucha a Nidal dando instrucciones a uno de sus socios para que “altere los montos consignados en los documentos de transferencia”.

La acusación criminal presentada en marzo de 2015 en el Distrito Sur de Florida, sin embargo, fue mucho menos específica. Los fiscales acusaron a Nidal de “fraude a un banco extranjero” mediante “ganancias de una actividad ilícita específica”. No se mencionaron explícitamente los vínculos con organizaciones internacionales de narcotráfico ni el blanqueo de las ganancias criminales derivadas de la venta de cocaína.

En octubre de 2016, un juez federal rechazó la acusación contra uno de los coacusados con Nidal, el empresario Tamas Zafir. La Fiscalía de Estados Unidos había tardado demasiado en presentar los cargos, como señaló el juez. En la audiencia de fianza de enero de 2017, Norman Moscowitz, abogado de Nidal en ese momento, argumentó que el caso contra Nidal también debería ser descartado debido a la “falta de diligencia” por parte del gobierno.

En octubre de 2017, las autoridades llegaron a un acuerdo con Nidal, pocos meses después de afirmar que tenían grabaciones incriminatorias en las que él hablaba sobre lavado de dinero. Con el tiempo que había cumplido, Nidal salió menos de un año más tarde, en abril de 2018. En total, pasó unos dos años en la cárcel, y evadió una posible sentencia de 50 años, la pena máxima a la que se enfrentaba si era declarado culpable de todos los cargos.

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“Nidal tomó una decisión pragmática, aceptó una declaración de culpabilidad por el delito de menos gravedad”, dijo Yasser Williams, el actual abogado de Nidal, en comunicación con InSight Crime.

En el acuerdo de culpabilidad de octubre de 2017, Nidal admitió haber realizado transacciones falsas entre los años 2000 y 2009, así como haber utilizado facturas falsificadas para trasladar fondos —por un valor de entre US$22.000 y US$550.000— de un banco en Panamá y otro en Miami. Consiguió fraudulentamente un crédito bancario para una de sus empresas a partir de una compra inexistente de aparatos electrónicos.

A cambio de esta aceptación de culpa, los fiscales acordaron retirar al panameño otros cargos de conspiración de lavado de dinero y fraude bancario, así como el caso contra sus empresas Star Textile Manufacturing y Vida Panamá, que también fueron coacusadas en el caso.

Los vínculos con el lavado de dinero de las drogas nunca fueron claros, y los fiscales señalaron en el acuerdo de culpabilidad que “ningún banco incurrió en pérdidas financieras debido a estas transacciones, y que todos los retiros de los bancos fueron pagados a tiempo y con intereses”.

InSight Crime envió por correo electrónico una serie de preguntas a un representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la aparente desconexión entre las acusaciones hechas contra Nidal y la familia Waked en la denominación de la OFAC y el resultado final del caso. Dicho representante no hizo ningún comentario.

En un correo electrónico, un funcionario de prensa de la Fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, donde se adelantó el caso de Nidal, dijo que los fiscales no discutirían el caso ni la decisión del despacho de llegar a un acuerdo de culpabilidad.

El Departamento de Justicia y la DEA también se negaron a responder las preguntas de InSight Crime con respecto a las pruebas en el caso de Nidal y el acuerdo al que finalmente se llegó con él.

Antes de aceptar el caso, el abogado Williams participó en una auditoría forense de las empresas de Nidal, la cual duró un año y cubrió las actividades de las empresas durante 10 años. “Básicamente acepté tomar el caso basado en los resultados de la auditoría forense”, dijo Williams. “Si hubiera encontrado algo raro o turbio en la auditoría, me habría negado, pero no lo hice”.

Según Williams, para lograr el acuerdo de culpabilidad, Nidal no proporcionó a las autoridades ninguna información sobre su presunta red criminal. Los casos contra los otros coacusados fueron retirados.

¿Qué falló?

Según Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, quien también trabajó como agente encubierto durante varios años en Colombia, instituciones como el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la OFAC y la DEA suelen coordinar e intercambiar información y pruebas sobre las investigaciones que involucran una acusación criminal o una denominación especial de la OFAC.

Durante esas investigaciones de alto perfil, las agencias estadounidenses también suelen coordinarse con sus homólogos en el país donde se adelanta el caso. En Panamá, dice Vigil, la DEA siempre ha tenido una estrecha relación con las autoridades. Sin embargo, los investigadores locales no siempre obtienen todos los detalles cuando el gobierno de Estados Unidos es el que lidera la investigación y construye el caso. “No se les dice si se trata de un caso sólido o no como una medida de seguridad para la investigación”, dijo Vigil a InSight Crime.

Varios investigadores y funcionarios panameños consultados por InSight Crime en torno a la investigación de Waked hablaron extraoficialmente, pero todos coincidieron en la misma historia: los funcionarios estadounidenses dijeron que tenían las pruebas y los panameños trabajaron sobre esa base.

El resultado del caso contra Nidal indica que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia, la DEA y el Departamento del Tesoro eran débiles. Con base en los años de experiencia que lleva investigando casos similares, Vigil dijo que los fiscales nunca habrían hecho un trato con un acusado si el caso hubiese sido más sólido.

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“Creo que el juez pasó por encima de esos cargos y por eso aceptó un acuerdo de culpabilidad y condenó a [Nidal] a un período tan corto de tiempo en prisión”, agregó.

Un exagente de la Fiscalía de Estados Unidos, que trabajó en varias acusaciones criminales de alto perfil y tenía conocimiento directo del caso, concuerda con Vigil.

Esto no significa que Nidal y otros miembros de la familia Waked no estuvieran involucrados en lavado de dinero, sino que los fiscales se quedaron cortos en la sustentación de esas afirmaciones, por lo que llegaron a un trato para salvar el caso, tal como afirma el exfiscal que conoció este expediente de cerca.

‘Enfrentado a un fantasma’

A pesar de la victoria de Nidal en las cortes, la denominación de la OFAC causó estragos en la familia. Tanto Nidal como su tío Abdul han solicitado ser sacados de la lista de la OFAC.

“El problema de la OFAC y las denominaciones es que básicamente quedas enfrentado a un fantasma”, dijo Williams, el abogado de Nidal, a InSight Crime.

Previamente, el abogado que representó a Nidal en 2017 había comparado las sanciones de la OFAC con “una caja negra”.

En referencia a las acusaciones contra la familia que justificaban la designación especial, el juez dijo en un documento de opinión de 2018 sobre la apelación de Abdul que las acusaciones se hicieron “como si fueran un hecho, pero no tenemos cómo verificar su veracidad; no han sido comprobadas”.

Aun así, el juez negó la apelación en la que Abdul argumentaba que la OFAC había violado su debido proceso al dar “insuficiente notificación posterior a la privación”. El juez consideró que la petición del acusado se basaba un “solo argumento y en extremo artificial” que “carecía de sustento por el precedente”.

“Te ponen en una posición muy vulnerable a pesar de que quizá no eres culpable de lavado de dinero o tráfico de drogas”, dijo Vigil, quien no estuvo involucrado en este caso específico, pero tiene décadas de experiencia en casos similares, al referirse a las sanciones de la OFAC.

“Nidal Waked no era uno de los principales lavadores de dinero del mundo”, agregó Vigil, “por lo menos no en la medida en que Estados Unidos trató de mostrarlo. Dijeron que tenían toda esta evidencia y los testimonios, y lo presentaron como el mayor blanqueador de dinero del mundo, pero la evidencia no era tan sólida como la hicieron aparecer”.

Aunque el caso criminal ha sido resuelto, Nidal y otras personas con presuntos vínculos con los Waked continúan enfrentando sanciones de la OFAC.

* James Bargent, investigador de InSight Crime, contribuyó en la investigación para este artículo. Ilustración de Juan José Restrepo, de InSight Crime.

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