Casi el 40 por ciento de ciudadanos del continente americano apoyaría un golpe militar para enfrentar los altos índices de crimen o corrupción, según una nueva encuesta de opinión pública que ilustra cómo el no haber resuelto estos problemas ha minado la fe en la democracia en la región.
El último informe del Proyecto de Opinión Pública Latinoamericana (LAPOP) hizo un sondeo de las actitudes del público respecto a la democracia, la gobernanza, el crimen y la corrupción en 21 países en el continente americano.
El informe halló que el respaldo a un golpe militar que hiciera frente a la delincuencia es mayor en Jamaica, donde el 59,3 por ciento de los encuestados dijeron que apoyarían un golpe. Les siguió Perú con 55,3 por ciento, Guatemala con 49,4 por ciento y México con 47,5 por ciento, respectivamente, que indica respaldo a un golpe.
En el último lugar de la lista se situó Estados Unidos, con 23,3 por ciento de apoyo a un golpe como respuesta al crimen, seguido de Uruguay, con 25,4 por ciento, Nicaragua con 26,7 por ciento, y Argentina con 28,2 por ciento.
El respaldo a un golpe como respuesta a la corrupción es mayor en Costa Rica, donde el 53,2 por ciento de los encuestados apoyarían un golpe de las fuerzas de seguridad. (El LAPOP alteró levemente la pregunta para reflejar el hecho de que Costa Rica no tiene ejército). De manera similar, el 53,2 por ciento de los encuestados en Jamaica expresaron respaldo a un golpe para hacer frente a la corrupción, seguido de Perú, con 50,8 por ciento, y de México, con 49,9 por ciento.
En el otro extremo del espectro, Argentina se situó al final de la lista, con un respaldo del 23 por ciento, seguida de Nicaragua, con 25,7 por ciento, Uruguay con 26,7 por ciento, y Estados Unidos con 27,7 por ciento.
(Cifras de LAPOP que muestran el apoyo de golpes de estado)
Los niveles de apoyo a golpes militares como respuesta al crimen y la corrupción se dan en medio de tendencias preocupantes en los niveles generales de apoyo a la democracia.
El apoyo a la democracia en la región tuvo un pronunciado declive desde el nivel registrado en 2014, la última vez que el LAPOP realizó su encuesta. El promedio regional cayó de 66,4 por ciento en apoyo a la democracia, en 2014, a 57,8 por ciento, en la encuesta más reciente. El LAPOP dice que este es el “valor más bajo nunca observado” para el estudio.
(La cifra del LAPOP que muestra el declive del respaldo general para la democracia en la región)
Análisis de InSight Crime
Las actitudes ante la democracia, los golpes militares y el crimen y la corrupción se ven influenciados por una compleja interacción de factores que van más allá de las dinámicas de seguridad o de los escándalos de corrupción actuales. Sin embargo, el mensaje general de los resultados del LAPOP es claro: la incapacidad de los gobiernos latinoamericanos de alcanzar logros sostenibles contra el crimen y la corrupción ha contribuido a erosionar la fe en la democracia en la región.
En muchos casos, la historia puede ser un factor de peso en la explicación de las jerarquías establecidas por el LAPOP.
Perú y México, por ejemplo, tienen una historia plagada de perturbadores autoritarismos populistas. En contraste, Argentina y Uruguay, al otro lado del espectro, padecieron unos de los regímenes militares más brutales que se hayan visto en la región, y los horrores del pasado no tan lejano siguen firmemente arraigados en la memoria colectiva.
Las actitudes sociales modeladas por la circunstancia también pueden tener trascendencia, en especial en casos en los que los ciudadanos se han acostumbrado a coexistir con corrupción y crimen de gran arraigo.
Por ejemplo, Brasil y Colombia se ubican casi en la parte superior de la lista de países en los que los encuestados creen que la mitad o la totalidad de los políticos son corruptos, con 83,4 y 74,9 por ciento, respectivamente. Pero ambos países, que han pasado por una serie de escándalos de corrupción a lo largo de muchos años, solo se situaron en el medio en su apoyo a golpes como respuesta a la corrupción.
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A pesar de estas variaciones locales, los resultados son preocupantes en general, ya que incluso en la punta inferior del espectro alrededor de una de cuatro personas apoyaría el derrocamiento de un gobierno democráticamente elegido para enfrentar el crimen o la corrupción. Los eventos y la dinámica recientes sin duda han desempeñado un rol central en el desmedro de la fe en las instituciones democráticas y las élites que las dirigen.
En los últimos años, han explotado escándalos de corrupción por toda la región, lo que revela cómo se ha corrompido la esencia de la democracia en gran parte del continente americano, y hasta qué punto han penetrado los malos manejos. En países como Guatemala y Brasil, esos escándalos de corrupción han llegado hasta la cima y llevado a la formulación de cargos penales contra presidentes, e incluso a su salida del cargo.
En Guatemala, en particular, apenas sorprende que menos de la mitad de la población no apoye la democracia teniendo en cuenta que el último presidente fue derrocado por dirigir lo que resultó ser un estado mafioso, y su sucesor, elegido bajo un lema anticorrupción, está ahora enredado en intentos por desviar investigaciones por corrupción en su misma administración.
Además, años de palabras duras combinadas con pocos resultados positivos en muchos de los puntos calientes del crimen en la región deben haber agotado la paciencia de muchos ciudadanos. El ejemplo más notable de esto entre los países de mayor puntaje es México, donde más de una década de guerra dura contra las drogas no ha logrado contener el crimen organizado y la violencia.
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Sin embargo, aunque las instituciones democráticas en el continente americano muchas veces han fracasado en lograr avances sostenibles contra la corrupción y la criminalidad, es claro que los golpes militares no son la respuesta a los problemas de gobernabilidad en la región. Incluso aparte de las implicaciones sociales más amplias del dominio militar, los militares en toda Latinoamérica han demostrado ser altamente corruptibles, mientras que la militarización de las políticas de seguridad contra la delincuencia ha producido de manera consistente altos niveles de abusos con poco qué mostrar en cuanto a las ganancias de seguridad a largo plazo.
Los grados de apoyo a la acción castrense pese a las fallas evidentes es una señal de alerta de que la democracia en la región se encuentra quizás en un estado más precario que lo que pueden ver la mayoría de los observadores, y que los problemas de delincuencia y corrupción se encuentran en la base de este problema