Estados Unidos acusa de narcotráfico a exfuncionario de seguridad de México

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Las autoridades de Estados Unidos han detenido al principal funcionario de seguridad de México durante la administración del expresidente Felipe Calderón por cargos relacionados con drogas y por recibir sobornos de narcotraficantes, un explosivo hecho tras el juicio de “El Chapo” Guzmán.

Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México entre 2006 y 2012, fue arrestado el 9 de diciembre en el estado de Texas. Los fiscales estadounidenses alegan que, a cambio de “sobornos multimillonarios”, García Luna le “permitió al Cartel de Sinaloa operar impunemente en México”, como se lee en un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos con fecha del 10 de diciembre.

García Luna estuvo a cargo de la policía federal de México durante seis años, en los cuales, según las autoridades estadounidenses, el Cartel de Sinaloa “pudo pasar sin inconvenientes sus cargamentos de drogas y obtuvo información sensible de los organismos de seguridad sobre las investigaciones en torno al cartel, así como información sobre carteles rivales”.

El economista y abogado mexicano Edgardo Buscaglia estima que en 2010, cuando García Luna estaba al frente de la policía federal, el Cartel de Sinaloa controlaba cerca del 45 por ciento del tráfico de drogas en México. Sin embargo, los miembros del cartel representaron solo alrededor del dos por ciento de los detenidos por cargos de crimen organizado entre 2004 y 2010, según un informe de The Economist en ese momento.

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Los fiscales supuestamente tienen pruebas de que, en al menos dos ocasiones, los intermediarios financieros del Cartel de Sinaloa entregaron sobornos a García Luna en maletines que contenían entre US$3 y 5 millones en efectivo. García Luna era millonario cuando se retiró del servicio público y se trasladó a Estados Unidos en 2012.

En caso de ser declarado culpable, García Luna enfrenta una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua.

“Desconozco detalles y estoy pendiente de la información que confirme el hecho”, dijo el expresidente Calderón en Twitter como respuesta a las acusaciones. “Mi postura será siempre en favor de la justicia y la ley”.

Desde que Calderón inició la denominada “guerra contra las drogas” y los grupos del crimen organizado de México en 2006 —de la que García Luna fue el principal artífice—, unos 200.000 ciudadanos han sido asesinados, y decenas de miles más han desaparecido. La guerra continúa librándose en vano, incluso después de que su principal objetivo, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, fue condenado a mediados de este año a cadena perpetua por liderar un imperio del narcotráfico.

Análisis de InSight Crime

El arresto de García Luna es una prueba irrecusable de que las autoridades, al menos en Estados Unidos, se están enfocando en la corrupción generalizada al interior del gobierno mexicano, la cual salió a relucir durante el juicio de El Chapo en Estados Unidos.

Desde las primeras intervenciones, el equipo de defensa del ex narcotraficante llamó la atención sobre la corrupción rampante dentro del gobierno, que, sostenían ellos, facilitó las actividades de narcotráfico de su cliente. Jeffrey Lichtman, uno de los abogados defensores, sostuvo que los expresidentes Calderón y Peña Nieto recibieron “cientos de millones en sobornos” del líder del Cartel de Sinaloa, Ismael Zambada García, alias “El Mayo”.

Además, el hermano menor de El Mayo, Jesús “El Rey” Zambada García, testificó durante el juicio que el Cartel de Sinaloa había entregado US$50 millones en sobornos a García Luna, quien respondió que aquello era mentira. Llegar al bolsillo de funcionarios de alto nivel como el jefe de la policía del país es esencial para que organizaciones como el Cartel de Sinaloa puedan operar con éxito.

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El arresto de García Luna genera varias preguntas interesantes, por ejemplo, si el expresidente Calderón sabía —y cuándo lo supo— de los estrechos nexos de su principal funcionario de seguridad no solo con la organización narcotraficante más poderosa del país, sino también con su máximo dirigente. Además, falta ver si otras personas que durante el juicio de El Chapo fueron nombradas por su supuesta participación en la corrupción generalizada, como el expresidente Peña Nieto, también enfrentarán consecuencias por sus presuntas irregularidades.

El arresto también pone en tela de juicio la fallida estrategia de seguridad del gobierno contra los grupos narcotraficantes mexicanos. Dicha estrategia no solo fue bastante defectuosa, sino que además —como lo sugiere el reciente arresto— los encargados de librar la guerra dormían en la misma cama con aquellos a quienes supuestamente debían perseguir.

Por último, el arresto deja claro que solamente en Estados Unidos los funcionarios mexicanos corruptos pueden ser enjuiciados por trabajar mano a mano con las organizaciones criminales. En México pueden operar a su antojo y a toda costa.

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