Un jurado de Estados Unidos ha declarado culpable al excapo del Cartel de Sinaloa, “El Chapo” Guzmán, por dirigir una enorme y violenta organización narcotraficante. Sin embargo, la histórica decisión no ha atemorizado a los actores políticos de México acusados de corrupción, ni ha logrado derribar al cartel.
El exlíder del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, fue condenado por los 10 cargos incluidos en la acusación federal en su contra, según anunció el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 12 de febrero. Por lo que esperará su condena con la certeza de que pasará el resto de su vida tras las rejas.
“El sangriento reinado de Guzmán Loera a la cabeza del Cartel de Sinaloa ha llegado a su fin, y el mito de que no podría ser llevado ante la justicia ha sido derribado”, dijo el fiscal Richard Donoghue en un comunicado de prensa.
Las deliberaciones se extendieron por seis días, durante los cuales los miembros del jurado analizaron meticulosamente montones de pruebas para poder llegar a un veredicto. Los fiscales presentaron 56 testigos —13 de los cuales cooperaron a cambio de indulgencias— y cientos de exhibiciones, durante aproximadamente tres meses del proceso judicial.
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El Chapo será sentenciado en el mes de junio y, como convicto al frente de una empresa criminal existente, enfrenta una condena de cadena perpetua en una prisión federal de Estados Unidos sin posibilidad de libertad condicional.
Los fiscales afirmaron que, bajo el comando de El Chapo durante unas dos décadas, el Cartel de Sinaloa ingresó cientos de miles de kilos de cocaína a Estados Unidos, que le propiciaron al cartel ganancias por unos US$14.000 millones. Además, el capo de la droga amasó una fortuna personal de US$1.000 millones.
Los abogados de Guzmán Loera dijeron que el juicio fue un “show” y que apelarán el veredicto.
“El gobierno de Estados Unidos sabe muy bien que nada ha cambiado y nada va a cambiar con la condena de El Chapo”, expresó en un tuit uno de sus abogados, Eduardo Balarezo.
Análisis de InSight Crime
El juicio de El Chapo fue extraordinario, y el veredicto de culpabilidad quedará para la posteridad como una de las victorias más importantes de los organismos de seguridad de Estados Unidos contra el tráfico internacional de drogas. Sin duda, El Chapo será recordado como uno de los más prolíficos y conocidos líderes criminales que haya conocido América Latina —y el mundo en general—.
Aun así, gran parte de lo que se dio a conocer durante el juicio no generó grandes sorpresas —salvo por algunos espeluznantes detalles— entre quienes han seguido de cerca la carrera de Guzmán. Y esos detalles poco le importan a quienes en México han padecido por más de una década de derramamientos de sangre como resultado de la llamada “guerra contra las drogas”.
Las historias que se narraron durante el juicio fueron realmente espectaculares: la hacienda de El Chapo con un zoológico; un cargamento de 20 toneladas de cocaína que se hundió frente a las costas de México; el túnel de kilómetro y medio de longitud por el que el capo escapó de la cárcel en una motocicleta. Sin embargo, las grandes ausentes fueron las pruebas de supuesta corrupción gubernamental, que habrían originado grandes escándalos políticos.
Desde el día en que se iniciaron las declaraciones, la defensa hizo denuncias de sobornos que les fueron pagados a altos funcionarios de seguridad y al menos a dos expresidentes mexicanos, entre eso US$100 millones que supuestamente se le pagaron al expresidente Enrique Peña Nieto. Pero desde el principio, el juez Brian Cogan puso límites a lo que el equipo de defensa de El Chapo podía preguntar a testigos que presuntamente tenían información sobre la corrupción en los altos niveles.
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El juicio contra El Chapo en Estados Unidos no reveló la magnitud de la corrupción gubernamental relacionada con el tráfico de drogas, pero sí creó una agitación mediática que desvió la atención sobre el hecho de que el crimen y la violencia continúan rampantes en México, incluso en ausencia del capo de la droga.
La organización criminal liderada por El Chapo permanece intacta y sigue siendo uno de los grupos criminales más poderosos de México actualmente. A pesar de que el Cartel de Sinaloa continúa activo sin su líder —una muestra de las limitaciones de la polémica “estrategia de capos”, que consiste en atacar a los líderes de estos grupos criminales—, las autoridades de Estados Unidos y México siguen empeñadas en ir tras los jefes criminales.
De hecho, ambos gobiernos tienen los ojos puestos ahora en Nemesio Oseguera Ramos, alias “El Mencho”, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se disputa con el Cartel de Sinaloa el título de la organización criminal más dominante de México. El Mencho es uno de los 10 fugitivos más buscados por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), y las autoridades ofrecen una recompensa de millones de dólares por información que conduzca a su captura.
Si algo nos enseña el juicio de El Chapo en Estados Unidos es que eliminar las cabezas de los grupos criminales mexicanos no va a lograr detener el derramamiento de sangre. En tanto los grupos criminales del país continúen fragmentándose y diversificándose, y las autoridades sigan recurriendo a estrategias de seguridad militarizadas, la guerra contra las drogas parece estar condenada al fracaso y a continuar sin un final a la vista.