Persisten acosos contra transportistas en Guatemala

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Más de 400 personas murieron en ataques contra el sector del transporte público de Guatemala el año pasado, una violencia que generalmente está vinculada a la extorsión y al crimen organizado. Sin embargo, puede que la respuesta que el gobierno ha dado hasta el momento no sea suficiente para contener los asesinatos.

Cada día, Ricardo López, piloto, se levanta a las 5 horas, le da un beso a su hijo de 3 años, se persigna y sale a trabajar, sin embargo, no sabe si regresará, porque la empresa donde labora es extorsionada.

Este artículo apareció originalmente en Connectas y fue publicado con el permiso de los autores. Vea el artículo original aquí.

Tal como Ricardo —nombre ficticio por seguridad—, muchos choferes del transporte urbano y extraurbano de la ciudad altense y otros lugares abordan los buses con temor, porque los niveles de peligrosidad para ese gremio van en aumento. Un reflejo son las estadísticas del 2014, que dan cuenta de siete crímenes contra sus colegas, y más de 10 atentados. Este año va un piloto muerto en Xela; pero, no solo ellos son los afectados, también los usuarios que por necesidad suben a las unidades del servicio urbano y extraurbano.

Las extorsiones al transporte, desde el 2009, se han convertido en una modalidad que la delincuencia usa para obtener dinero ilícito y para ellos “seguro”. El 40 por ciento de los ataques se dan en los departamentos y el 60 por ciento en la capital.

Quetzaltenango es la segunda ciudad del país y a la vez ocupa el mismo lugar en denuncias de extorsiones, según indica Mario Bosos, asesor específico del tema antiextorsiones del Ministerio Público, con sede en la capital. Agrega que estos delitos se dan contra transportistas, comerciantes y en residencias.

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“La razón es porque en esta ciudad se encuentra la Granja de Rehabilitación Cantel, de donde sale el mayor número de llamadas extorsivas”, refiere Bosos.

De acuerdo a informes oficiales, los acosos provienen en un 10 por ciento de pandillas y el 90 por ciento de personas que aprovechan cualquier coyuntura para infundir temor y conseguir dinero a través de estas acciones, de las que tienen poco control las autoridades.

La extorsión la realizan de forma directa a los empresarios, pero las represalias se dan contra los pilotos, ayudantes y usuarios. Tal es el caso de Ricardo, quien comenta que se arriesga a laborar como conductor porque las cifras de desempleo son altas y no tiene opciones.

Preocupa situación

De acuerdo a Estuardo Miranda, vicepresidente de la Asociación de Transportistas de Quetzaltenango (ATQ), este problema va en aumento y pese a que existen denuncias, la mayoría queda en la impunidad. El panorama se torna más complicado para los empresarios y choferes de los buses extraurbanos, porque los cobros son más altos. Transportistas que prefieren omitir su nombre por temor a represalias, señalan que las amenazas son constantes y prefieren pagar. En diversas ocasiones se han registrado paralizaciones del servicio como protesta y demanda al Gobierno para que actúe para erradicar estas bandas criminales, sin embargo, la capacidad se ve reducida a las acciones.

Edwin Ardiano, jefe de la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil (PNC), explica que tienen un desplegado de seguridad en Quetzaltenango y que en conjunto con las fuerzas especiales le dan seguimiento a este tipo de casos y han realizado las respectivas capturas. Además solicita a los conductores que presenten su denuncia de forma inmediata para que los especialistas investiguen la procedencia de las llamadas y den con los maleantes.

Mientras tanto, Ricardo sigue prestando el servicio a sus clientes y arriesgando su vida al volante.

A nivel nacional

Según la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), el año pasado, en los 22 departamentos asesinaron a 102 pilotos de buses, 42 de microbús, 75 de tuc-tuc [mototaxis], 35 taxistas, 33 ayudantes 102 usuarios, 16 presuntos asaltantes, seis policías privados y agentes de la PNC. En total se reportaron 412 hechos, en su mayoría producto de extorsiones no correspondidas. Este año van 42.

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Julio Jeréz, especialista en seguridad, expone que el tema de fondo se centra en falta de políticas públicas a largo plazo. “Con los cambios de gobiernos se estancan en los procesos, deberían de darle seguimiento para evitar que las cifras de desempleo aumenten y el crimen organizado continúe ganando terreno. Además, la desintegración familiar da pauta para que los adolescentes y jóvenes se inmiscuyan con las bandas criminales.

Édgar Guerra, de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público de la PDH, indica que a nivel nacional los extorsionistas han rebasado la capacidad del Estado para contrarrestar este mal. “Un ejemplo fue la escasez de gasolina que se reportó en la PNC y el reducido número de agentes asignados”, puntualiza.

Fuerza lobo centralizada

El Ministerio de Gobernación implementó el plan para combatir las extorsiones, sin embargo, está concentrado solo en la capital. “Tenemos tres líneas de acción contra este delito, contamos con mil 400 policías para patrullar los sectores más peligrosos de la capital y actuar de forma inmediata”, refirió el ministro Mauricio López. El presidente de la república, Otto Pérez Molina, dijo que un grupo de inteligencia está focalizado para investigar a los sicarios que acosan a los transportistas.

Sin embargo, la Fuerza Lobo no está instituida en Quetzaltenango. Consiste en que elementos de seguridad especializados se conducen en moto en las principales avenidas de la metrópoli, uno maneja y el otro verifica de pie que en los buses no exista ningún movimiento sospechoso. Y realizan operativos sorpresa a pasajeros, ayudantes y conductores. Ante la ola de violencia que opera en Xela, sectores solicitan que se instituya un control de este tipo para evitar que continúen los chantajes y que no se beneficie solo a un sector del país.

* Este artículo fue realizado por Fred Rivera, en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas de El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés) en alianza con Connectas. Vea el artículo original aquí.

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