Autoridades de México anunciaron que no levantarán cargos criminales contra un exministro de Defensa acusado por fiscales estadounidenses de coludirse con grupos de crimen organizado para traficar drogas, y desestimaron el caso justo en un momento en que las relaciones en materia de seguridad entre ambos países están mostrando signos de debilitamiento.
La Procuraduría General de la República de México anunció en un comunicado de prensa del 14 de enero que había exonerado al general Salvador Cienfuegos Zepeda, quien se desempeñó como ministro de Defensa de México durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), de todas las acusaciones criminales hechas en su contra por fiscales estadounidenses.
En la declaración, los fiscales afirman que las pruebas demuestran que Cienfuegos Zepeda "nunca tuvo ningún encuentro con los miembros de la organización criminal investigados por las autoridades estadounidenses, ni mantuvo ninguna comunicación con ellos, ni llevó a cabo actos tendientes a proteger o ayudar a dichas personas".
El exgeneral fue arrestado en octubre de 2020 en Los Ángeles acusado de narcotráfico y lavado de dinero. Los fiscales estadounidenses lo imputaban por proteger al llamado Cartel H-2, una facción separatista de la Organización Beltrán Leyva, y permitirles impunemente traficar miles de kilos de cocaína, heroína, marihuana y metanfetamina a Estados Unidos. Los investigadores incluso apodaron a Cienfuegos "El Padrino", con base en grabaciones telefónicas en las que los miembros del cartel se referían directamente a él por su nombre.
Sin embargo, al mes siguiente, los fiscales estadounidenses retiraron abruptamente los cargos contra Cienfuegos Zepeda, quien fue enviado de nuevo a México. En su decisión, los fiscales adujeron "importantes consideraciones de política exterior", y dijeron que permitirían que México investigara al exministro.
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Las autoridades de México dijeron que en una revisión de los registros financieros de Cienfuegos durante su periodo en el cargo no se encontraron irregularidades. Pero dicha revisión no da cuenta de que las fuerzas armadas tienen su propio banco (Banjercito), con sus propias normas.
Durante su conferencia de prensa matutina del 15 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue un paso más allá que el fiscal general, alegando que la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) había "fabricado" los cargos contra Cienfuegos. "No se pueden inventar crímenes", sentenció el mandatario.
López Obrador dijo que ha dado instrucciones al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para que haga público el expediente completo del caso enviado a funcionarios mexicanos por la DEA.
Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo a InSight Crime en un correo electrónico que Estados Unidos "se reserva el derecho de reanudar su investigación en torno a Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace".
Análisis de InSight Crime
La exoneración de Cienfuegos pone un signo de exclamación en torno a una extraña serie de acontecimientos que han agitado las relaciones bilaterales en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, y que sin duda continuarán poniéndolas a prueba durante años.
En última instancia, las autoridades mexicanas tardaron dos meses en absolver al funcionario de seguridad de más alto rango que haya sido acusado por Estados Unidos. Los agentes de la DEA investigaron a Cienfuegos Zepeda durante seis años antes de imputarle cargos en agosto de 2019, y nunca notificaron a sus homólogos mexicanos.
"Es lamentable que la Procuraduría General exonere a Cienfuegos tan fácilmente y sin que un juez y un jurado evalúen las pruebas", dijo Lilian Chapa Koloffon, investigadora sénior del Proyecto de Justicia Mundial, organización internacional de la sociedad civil enfocada en el estado de derecho.
Las reacciones frente al arresto de Cienfuegos no se dejaron esperar. Algunos funcionarios estadounidenses lo criticaron, pues lo consideraron innecesario y afirmaron que puso en peligro las relaciones entre Estados Unidos y México. Otros funcionarios mexicanos, especialmente al interior de las fuerzas armadas, lo vieron como una afrenta a la soberanía mexicana. El presidente López Obrador utilizó la detención para promover reformas que limitan el poder de los organismos de seguridad extranjeros en el país, incluida la DEA, y restringen sus operaciones.
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La pronta exoneración de Cienfuegos Zepeda es indicio del creciente poder de las fuerzas armadas durante la administración de López Obrador, ya que el mandatario recurre con frecuencia a las fuerzas armadas para combatir el crimen organizado, construir infraestructura y proteger puertos, entre otras actividades.
También pone en tela de juicio la capacidad de México para investigar a las fuerzas armadas, en particular las pesquisas importantes relacionadas con presuntas conductas indebidas por parte de las tropas, como en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya.
"El tiempo que tomó esta supuesta investigación va a seguir planteando preguntas, y eso es inevitable", afirma Siria Gastelum, directora del Fondo de Resiliencia de la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional, una organización no gubernamental internacional. "En realidad, este tipo de investigaciones requieren más tiempo, y, para ser aceptadas plenamente, debe exigirse un nivel de transparencia que no se vio en absoluto", añade.
El ejército de México tiene una larga historia de impunidad. Datos obtenidos por Animal Político demuestran que apenas menos del uno por ciento de los casos de presunta tortura y desaparición forzada por parte de las fuerzas armadas entre 2015 y 2019 se presentaron ante un juez. Además, Animal Político descubrió que el Ministerio de Defensa ha pagado subrepticiamente millones de dólares como parte de acuerdos firmados con cláusulas de confidencialidad para obtener el silencio de las familias de al menos 187 personas muertas o heridas en operaciones relacionadas con la represión militarizada del país contra grupos del crimen organizado en los últimos 10 años.
Los fiscales estadounidenses afirman que Cienfuegos Zepeda fue liberado con el fin de demostrar el "frente unido de los gobiernos mexicano y estadounidense contra toda forma de criminalidad", pero su exoneración pone serias dudas sobre esa afirmación.
Sin embargo, podría significar un cambio muy necesario en la estrategia de los dos países para combatir el crimen organizado, que no ha obtenido logros significativos en la última década.
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