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ANÁLISIS

Reformas a ley de seguridad obstaculizan lucha de EE. UU. y México contra el crimen organizado

ESTADOS UNIDOS / 18 DIC 2020 POR PARKER ASMANN ES

Los legisladores de México aprobaron una nueva ley que limita el poder y restringe las operaciones de los organismos de seguridad extranjeros en el país, lo que plantea serias dudas acerca de los efectos sobre la lucha de México y Estados Unidos contra los grupos del crimen organizado.

El 15 de diciembre, el Congreso de México aprobó reformas a la ley de seguridad nacional, que eliminan la inmunidad diplomática para funcionarios extranjeros, les obliga a obtener un permiso del Ministerio de Defensa para portar armas de fuego y les ordena compartir la información de seguridad que obtengan en el país con sus homólogos mexicanos, entre otras normas estipuladas en la legislación.

La ley, aprobada por el Senado el 9 de diciembre, no señala a funcionarios de ningún país en particular, pero la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), que ha tenido presencia permanente en México desde la década de los setenta, sería uno de los organismos más afectados.

Según Proceso, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a principios de diciembre envió una propuesta para “regular” la presencia de funcionarios extranjeros. La medida se produjo tras la detención del exministro de Defensa del país, Salvador Cienfuegos Zepeda, imputado por cargos de narcotráfico en Estados Unidos a mediados de octubre.

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El arresto causó conmoción tanto en México como en Estados Unidos. A los funcionarios mexicanos no se les había informado sobre la investigación que por varios años se había adelantado en torno a Cienfuegos, ni de la acusación presentada en su contra más de un año antes, en agosto de 2019. Para algunos exfuncionarios estadounidenses, la importancia de mantener la relación entre Estados Unidos y México fue muy superior a un arresto de tal magnitud.

El presidente López Obrador logró llegar a un acuerdo con funcionarios estadounidenses, y el fiscal general William Barr retiró los cargos contra Cienfuegos un mes más tarde. El exsecretario de Defensa fue entonces liberado de prisión y llevado de regreso a México, donde está siendo investigado, pero aún no ha sido acusado de ningún delito.

Durante mucho tiempo, diversos organismos estadounidenses han trabajado estrechamente con sus homólogos mexicanos para arrestar a los principales narcotraficantes, desmantelar grupos criminales transnacionales y erradicar los cultivos ilícitos de amapola y marihuana, entre otras cosas. En una declaración del 11 de diciembre, el fiscal general Barr expresó que estaba “preocupado” por la legislación. Añadió que “solo beneficiará a las violentas organizaciones criminales transnacionales y a otros criminales contra los que estamos luchando conjuntamente”.

Sin embargo, estos esfuerzos conjuntos, a la par con miles de millones de dólares en asistencia estadounidense, no han producido los beneficios de seguridad deseados. Desde que México aumentó su lucha militarizada contra el crimen organizado en 2006, más de 200.000 personas han sido asesinadas y otras 70.000 han desaparecido. La tasa de homicidios del país ha alcanzado máximos históricos en cada uno de los últimos tres años, y al parecer lo hará de nuevo en 2020.

Análisis de InSight Crime

Después de algunas significativas dificultades, la reconfiguración de la relación que por décadas han mantenido los agentes de seguridad estadounidenses y los funcionarios mexicanos es en efecto necesaria, pero las reformas aprobadas recientemente, que restringen las operaciones extranjeras en México, con mucha seguridad harán más difícil la lucha contra el crimen organizado.

“[La ley] va a obstaculizar estos esfuerzos, especialmente por lo crucial que resulta la información que las agencias estadounidenses ofrecen a las autoridades mexicanas”, afirma Cecilia Farfán-Méndez, directora de los Programas de Investigación de Seguridad de la Universidad de California, en el Centro de Estudios Estadounidenses-Mexicanos, en San Diego.

En efecto, a principios de junio de este año, como parte de la operación “Agave Azul”, el presidente López Obrador reconoció la importancia de que los gobiernos de Estados Unidos y México compartan información. La información de inteligencia ofrecida por la DEA desempeñó un papel importante para que las autoridades mexicanas pudieran congelar varias cuentas bancarias vinculadas al Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aparte de la cooperación formal entre funcionarios de alto rango, también se lleva a cabo una cantidad considerable de intercambio de información en los niveles medio e inferior. A través de diversas vías, los funcionarios estadounidenses y mexicanos intercambian consejos e inteligencia sobre posibles informantes y testigos cooperantes.

Dado que los funcionarios extranjeros, como los integrantes de la DEA, ahora tendrán restricciones y podrán ser procesados en México, los agentes estadounidenses se arriesgarán menos a obtener información mutuamente beneficiosa y que merece ser compartida.

“No hay ningún incentivo para que estas conversaciones e intercambios se lleven a cabo”, agrega Farfán-Méndez. Como resultado, es probable que esos canales de intercambio de información se agoten, lo que en última instancia obstaculizará la recopilación de inteligencia que es utilizada para apoyar los enjuiciamientos y bloquear las operaciones de los grupos del crimen organizado.

Sin embargo, las agencias estadounidenses no tienen un historial limpio en México. En algunas ocasiones, la información sensible de Estados Unidos compartida con funcionarios mexicanos investigados por la DEA ha caído en las manos equivocadas. En un desafortunado caso en 2011, hombres armados de Los Zetas masacraron a decenas de personas en la ciudad de Allende, pues buscaban informantes que descubrieron que cooperaban con agentes de la DEA.

Un año antes, la DEA abandonó una operación encubierta que se estaba realizando de manera conjunta para rastrear a un cabecilla de Los Zetas, pues la agencia se enteró de que la operación estaba en riesgo. Los agentes evacuaron la zona antes de que hombres armados enviados por el grupo criminal llegaran a la escena, y no participaron en la investigación posterior sobre el secuestro y presunto asesinato de cuatro individuos, según una investigación de ProPublica.

En 2018, Vice News informó que la DEA todavía estaba “buscando solucionar problemas importantes” que el inspector general del Departamento de Justicia había identificado una década antes en un informe de 2007, lo que incluía “deficiencias significativas” en cuanto a la “gestión y supervisión” de las actividades de investigación en México.

VEA TAMBIÉN: EE. UU. omitió múltiples casos de corrupción de funcionarios antinarcóticos en México

En otros casos, la información pertinente no se les ha transmitido a los funcionarios mexicanos.

En el caso de Cienfuegos, por ejemplo, la DEA y el Departamento de Justicia pasaron más de un año investigando al exsecretario de Defensa antes de su arresto. Sin embargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos no mencionó ni una palabra a sus colegas mexicanos. Esto molestó a la institución de defensa mexicana, lo que pudo haber influido en la decisión del presidente López Obrador de presionar a Estados Unidos para que retirara los cargos contra Cienfuegos.

A pesar de estos errores, y de la falta de resultados en el largo plazo, los datos de inteligencia de la DEA han sido fundamentales para arrestar, enjuiciar y condenar a importantes traficantes como el exjefe del Cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, lo que no habría sido posible sin la ayuda de la inteligencia estadounidense.

Pero la “estrategia contra capos” (Kingpin strategy) respaldada por Estados Unidos, mediante la cual se busca atacar y detener a los cabecillas de los grupos del crimen organizado, ha tenido muchos inconvenientes, uno de los cuales es la masiva atomización de los grupos criminales y la ausencia de una estrategia para hacer frente a las consecuencias.

Aun así, las reformas a la ley de seguridad de México afectarán la cooperación entre funcionarios estadounidenses y mexicanos, lo que no es bueno para la lucha contra los grupos del crimen organizado.

“Envía un mensaje horrible sobre la confianza y la responsabilidad compartida”, dijo Farfán-Méndez en comunicación con InSight Crime, “a pesar de que los desafíos que enfrenta México están estrechamente vinculados a Estados Unidos y deben ser manejados desde una perspectiva transnacional”.

Además, la nueva ley de seguridad no va acompañada de nada que compense la posible ausencia de la información de inteligencia y que aborde los persistentes problemas estructurales que obstaculizan los esfuerzos de México contra la delincuencia. Esto incluye deficiencias sistémicas en el sistema judicial —lo cual contribuye a las altísimas tasas de impunidad—, la inadecuada capacitación y la poca capacidad investigativa de la policía, especialmente a nivel local, así como la corrupción generalizada, a la que recurren los grupos del crimen organizado para llevar a cabo sus operaciones.

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