Un reciente informe indica que los países centroamericanos recurren cada vez más a las fuerzas militares para combatir el crimen con ayuda de Estados Unidos, una decisión que puede tener consecuencias en materia de derechos humanos y en los niveles de violencia en las democracias jóvenes.
La semana pasada, Costa Rica presentó en Managua el Programa Estado de la Nación (PEN), su más reciente estudio regional sobre las situaciones políticas, sociales y económicas de los países centroamericanos.
El Quinto Informe Estado de la Región sobre Desarrollo Humano —que había sido presentado con anterioridad en Guatemala a principios de agosto y en Costa Rica a principios de septiembre— muestra la magnitud del proceso de militarización en la lucha contra el crimen, una tendencia regional particularmente fuerte en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
Según el informe de 436 páginas, entre 2008 y 2014 las fuerzas militares han crecido en más del 50 por ciento en tres de estos cuatro países. En este sentido, Guatemala lleva la delantera con un crecimiento militar de 57,3 por ciento durante ese periodo, seguido muy de cerca por Honduras y El Salvador, con 51,5 y 50,9 por ciento, respectivamente.
El proceso de militarización se ha visto posibilitado en gran parte por el apoyo financiero entregado por Estados Unidos en el marco de la estrategia de lucha contra el crimen organizado. De los US$768 millones de asistencia que Washington le ha donado a Centroamérica entre 2004 y 2014, US$410 millones fueron introducidos a nivel regional mediante mecanismos como el Sistema de Integración Centroamericano, mientras que el resto ha sido donado directamente, en particular a los países del Triángulo Norte: El Salvador, Guatemala y Honduras. Una vez más, el primer lugar lo ocupa Guatemala, ya que ha recibido un total de US$132 millones en ayuda militar estadounidense.
Pero el papel de Washington en el proceso de militarización va más allá de la financiación. Según el informe, Estados Unidos les vendió a los países centroamericanos más de US$2 mil millones en armas y equipos durante el mismo periodo de diez años, entre 2004 y 2014. A Honduras le vendió US$1,5 mil millones, o más del 75 por ciento del total.
Además de las cifras, el informe señala que la militarización se puede apreciar por la extensión del mandato militar en estos países. Los gobiernos recurren cada vez más al ejército tanto para objetivos de seguridad interna como para mantener la estabilidad social. Por ejemplo, en El Salvador se aprobaron 11 decretos ejecutivos entre 2003 y 2013, en los que se le permitió al ejército participar en operaciones policiales.
El informe PEN también advierte sobre el creciente partidismo de los militares de Nicaragua y el intento del presidente Daniel Ortega por obtener un mayor control de las politizadas fuerzas armadas.
Los autores del informe resumen este patrón argumentando que la “lucha contra el crimen y el narcotráfico ha abierto el camino para la militarización en áreas de la seguridad pública”.
Análisis de InSight Crime
La militarización de la lucha contra el crimen en Centroamérica debe ser considerada dentro del contexto de las democracias jóvenes que buscan —pero que usualmente fallan en el intento— fortalecer sus instituciones judiciales y policiales.
En los países del Triángulo Norte, las fuertes estructuras criminales constituyen una amenaza directa para la democracia debido a la corrupción generalizada, la violencia y el significativo costo económico que todo ello implica. Estos países trabajan constantemente en la tarea de crear cuerpos policiales y judiciales, como se puede observar en la purga de la policía hondureña o en los esfuerzos de la CICIG, el organismo anticorrupción guatemalteco que cuenta con el respaldo de Naciones Unidas.
Sin embargo, en general las instituciones civiles no han logrado disminuir la delincuencia y la violencia a niveles aceptables, lo que ha llevado a los gobiernos a recurrir a los militares para combatir el crimen organizado. Esta decisión política a menudo se ve facilitada por la opinión ciudadana, que considera al ejército como una institución menos corrupta y más eficaz.
Contrario a lo que se cree comúnmente, los soldados no son menos inmunes a los incentivos financieros ilícitos. Sobre todo cuando lideran la lucha contra el crimen organizado, un ámbito en el que la policía y los órganos judiciales se han visto desacreditados. Entre los ejemplos de miembros del ejército que han caído en la corrupción se encuentra el Cartel de los Soles, de Venezuela, una red de oficiales militares involucrados en el tráfico de drogas, así como el violento Cartel de Los Zetas, de México, conformado por miembros de fuerzas especiales que abandonaron el ejército para trabajar para los carteles de la droga y finalmente conformaron su propio cartel. En Centroamérica, ello se ha dado mediante vínculos entre los miembros del ejército y las estructuras criminales de Guatemala.
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Otra justificación para la respuesta militar al crimen organizado es el hecho de que las estructuras criminales han aumentado su capacidad y su poder militar, a menudo superando en este sentido a la policía. Si bien es cierto que los grupos criminales están accediendo a armas más letales con mayor facilidad, los repetidos enfrentamientos con los militares pueden constituir un fuerte incentivo para que lo hagan.
En El Salvador, según los informes, las pandillas han adquirido más rifles de asalto y han buscado entrenamiento militar, como respuesta a la ofensiva gubernamental militarizada.
Más allá del considerable riesgo que constituye la corrupción de los soldados, la militarización de la lucha contra el crimen sin mayores garantías institucionales puede en realidad generar más violencia. Los soldados —con la notable excepción de los miembros de las “gendarmerías”— no están capacitados ni equipados para detener a los criminales. Están entrenados para matar al enemigo. Tener soldados patrullando en las calles ha demostrado ser contraproducente en términos de respeto a los derechos humanos, así como en cuanto a las tasas de homicidio.
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